888 resultados para Minería ilegal


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El presente trabajo pretende analizar metodologías y herramientas de gestión vigentes en todas las instituciones que conforman el sector público ecuatoriano, se lo contrasta con otras y se presenta una propuesta de “Gestión por Resultados” que no afecte al talento humano, tomando como caso particular la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP). Para tal propósito, en el primer capítulo se establece y delimita el escenario donde se realiza esta investigación, la fijación de objetivos y la metodología a seguir. En el segundo capítulo se analizan los conceptos que enmarcan la investigación y se realiza un análisis situacional de la Empresa Nacional Minera. El tercer capítulo describe la propuesta de gestión por resultados enfocada en la no afectación del talento humano del Sector Público, en términos generales y en particular para el caso de la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP). En el cuarto capítulo, se refieren los métodos que darán operatividad y medición a la propuesta de gestión por resultados, en un sentido amplio se establecerá un mecanismo que permita determinar un camino de implementación organizacional del modelo planteado.

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The mineral sector has an extreme strategic relevance for the social and economic development of any country. Therefore, proper management of existing mineral resources in a given area is closely linked to the full exercise of sovereignty. Thus, in pretending to guarantee efficient control of resources, the majority of the countries classify mineral resources as state property; however, because of the high cost and the risk involved, the economic exploitation of these resources is more efficient when driven by private initiative. Hence, the basic resource exploitation model is a modern legal concept in which the control over resources belongs to the State, but the direct economic exploitation of this heritage belongs to some individuals according to law and by offering the necessary social and economic counterparts.

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In the colonial period, the Spanish politics towards the American frontiers was oriented not only to recognition and military protection of the borders, but also to control trade in the regions. During the demarcation of the boundaries in the 18th Century, the smuggling in the borders degenerated in various conflicts between the Spanish and Portuguese authorities. However, illegal trade played an important role en la satisfaction of the provisions in the zone, making possible the establishment of local alliances. This article addresses these questions taking as object the study the border Luso-Spanish in the Amazon Valley, between captaincy of Negro River and the province of Maynas, 1780-1820.

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Este escrito, pretende poner en evidencia la falta de límites jurídicos a la actual política económica extractiva en los países de la comunidad andina (CAN), actividad impulsada por los actuales gobiernos, quienes sin duda dan mayor importancia al modelo de desarrollo capitalista que a su propia riqueza ambiental, cultural y social; factores gravemente amenazados por el neoextractivismo que recientemente ha generado diferentes tensiones y disputas a nivel jurídico-ambiental; por tanto, esta investigación invita a reflexionar sobre este tipo de problemáticas y sobre la necesidad de cambiar la perspectiva materialista y consumista que envuelve actualmente a nuestra sociedad. En este sentido, se abordará la evolución histórica del Derecho Internacional Ambiental, con el fin contextualizar estos principios en los ordenamientos jurídicos de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia y así dilucidar los problemas que existen en estos países frente a la falta de protección de sus recursos naturales, provocados por la escasez de garantías legales y la permisividad que existe por parte de los gobiernos en lo que a minería y problemas ambientales respecta. Se describe además de forma genral las diferentes dificultades legales que el extractivismo ha generado en cada país analizado, pues cada uno cuenta con particularidades ambientales y normativas que hace difícil abordar a profundidad cada problemáticas en esta investigación, sin embargo se plantean diferentes estrategias que los estados deberían conocer y aplicar para reducir el impacto socio-ambiental que está generando la actual política económica. Cabe resaltar que en esta tesis no se abordarán perspectivas políticas ni sociológicas, pues se limita a realizar un análisis jurídico de los posibles problemas que tendría la legislación actual frente al neoextractivismo (minería a gran escala), que afecta los diferentes territorios biodiversos que se encuentran en inminente peligro por los proyectos económicos que estos gobiernos desean implementar.

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En el contexto global, los países del norte y del sur han implementado diversos modelos de desarrollo para lograr el crecimiento de sus economías, siendo la tendencia de la región latinoamericana, aprovechar su riqueza natural para impulsar modelos extractivistas. La contraposición entre el modelo extractivista y el desarrollo sustentable, se pone de manifiesto en las acciones que han emprendido los Estados, orientadas a la explotación de los recursos naturales sin considerar los límites de la naturaleza y de la sociedad. Los consecuentes impactos ambientales y sociales resultantes de la actividad extractiva minera, han desembocado en conflictos socioambientales, evidenciándose la incapacidad de respuestas asertivas por parte del aparato estatal, a las demandas sociales de la población. Complementariamente, las actividades mineras al estar reguladas por una normativa débil y permisiva, han facilitado a las empresas mineras la ejecución de proyectos mineros. A fin de aportar elementos para el análisis, en la presente investigación se revisa el proyecto minero Llurimagua, ubicado en la cordillera de Toisán; destacándose cómo la institucionalidad estatal relacionada con la actividad minera brinda las facilidades para la gestión de estos proyectos, que mayoritariamente favorecen a los intereses empresariales; así como, la alta conflictividad generada a causa de los impactos ambientales y sociales derivados de la actividad minera. En el proyecto Llurimagua, se describe la problemática de la resistencia minera de la zona de Intag, en los ámbitos institucionales y normativos, considerando para el análisis aspectos ambientales, sociales y económicos; se identifican los actores involucrados y el rol que han jugado en el proyecto, poniendo énfasis en el aparato estatal en sus distintos niveles de gobierno. Adicionalmente, se han identificado los impactos sociales y ambientales que desde el inicio de la actividad minera se han generado en la zona, y se ha efectuado una aproximación de los potenciales impactos ambientales y sociales que pueden resultar de la exploración avanzada, en curso.

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En la provincia de Zamora Chinchipe se implementa el primer proyecto minero de explotación de cobre a gran escala, bajo la modalidad de cielo abierto, en Ecuador, al que se lo ha denominado «Mirador». A partir de este caso se realiza un análisis crítico del alcance y vigencia del derecho de participación de pueblos y comunidades en el marco de un modelo económico extractivista y primario exportador. En este contexto se evidencia que tanto la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, a pesar de estar reconocidos como derechos, no son mecanismos reales de participación, ni están diseñados para influir en las decisiones relacionadas con políticas extractivistas, pues más bien se subordinan a los intereses del desarrollo, noción que, aunque tome diversos nombres, sigue teniendo como sustento ideológico el crecimiento económico y la mercantilización de la naturaleza. El propósito de este trabajo es alentar el debate crítico alrededor del tema de los derechos humanos, que permita su análisis desde una mirada integral que trascienda el ámbito jurídico.

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La presente investigación indaga sobre uno de los acontecimientos más relevantes de la década de los 30 del siglo pasado, como es la Huelga de marzo del 39. Dicho acontecimiento se dio en una coyuntura política compleja, marcada por el regreso al poder de la burguesía liberal, representada en el gobierno de Aurelio Mosquera Narváez, que se caracterizó por su beligerancia a los sectores sociales y su persecución a los dirigentes de izquierda. Una de sus medidas fue la reorganización de las universidades mediante la promulgación de una disposición transitoria a la Ley de Elecciones que dejaba vacante los puestos públicos de periodo fijo. Esta disposición puso en debate uno de los derechos propios de la Universidad como es la autonomía universitaria, consignada por primera vez en el año de 1925. Como consecuencia de esta disposición transitoria, las cátedras universitarias quedaron vacantes, el Ministerio de Educación procedió a nombrar nuevos docentes, excluyendo de estos nombramientos o a profesores de militancia socialista. Este hecho fue interpretado por los estudiantes como una violación a la autonomía del centro de estudio y provocó que el 16 de marzo el Consejo Universitario deje de funcionar y los estudiantes se tomen las instalaciones de la Universidad y declaren la huelga. Frente a estos acontecimientos, otros sectores sociales como los maestros, obreros y textiles, eléctricos y transportistas mostraron su solidaridad y procedieron a plantear sus propias reivindicaciones, declarando una huelga general los días 21 y 22 de marzo y formando el autodenominado Frente de Estudiantes-Maestros-Trabajadores. El resultado final fue una profunda agitación social en las calles, la que obligó al Estado a utilizar su fuerza coercitiva y a declarar ilegal lo actuado por los sindicatos. Este hecho tuvo profundas repercusiones en los dirigentes gremiales, en la firma de contratos colectivos y en la creación de una alternativa educacional que fue la Universidad libre.

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El derecho a la participación social en el procedimiento legislativo es una expresión de la democracia participativa y deliberativa y contribuye al cumplimiento de la responsabilidad estatal de adecuar materialmente todo proyecto de ley a la Constitución y a los estándares de protección de los derechos humanos contemplados en los instrumentos internacionales. A partir de un diálogo interepistémico entre los conocimientos y las prácticas de la democracia de la comunidad indígena, con los conocimientos occidentales del derecho, de la teoría política y de la perspectiva decolonial, se evidencia el origen y evolución histórica de este derecho, así como los mecanismos para alcanzar su pleno ejercicio ante las limitaciones del contexto planteadas por el modelo económico capitalista y el patrón de poder colonial. Luego del abordaje de los alcances y limitaciones del marco constitucional, legal y reglamentario del derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se evalúa su aplicación en la génesis legislativa de la Ley de Minería, evidenciando las razones que de terminaron su impugnación por inconstitucionalidad y el rol de la Corte Constitucional al actuar sobre el tema. Ante la ausencia del respeto al derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se propone institucionalizar el mecanismo de control previo de constitucionalidad de proyectos de ley por parte de la justicia constitucional.

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Prisão é a privação da liberdade de locomoção, por motivos ilícitos ou por ordem legal,podendo esta se dar cautelarmente quando aplicada e cumprida antes e independente do transito em julgado sentença condenatória.Essa custódia cautelar do acusado além de atingir vários princípios, fere um dos principais direitos individuais do homem, qual seja, a liberdade humana.No entanto, o Estado diante de uma violação a normal penal é obrigado a utilizar tal medida em prol da sociedade.Essas medidas cautelares são uma exceção, podendo ser decretadas pela autoridade competente, com exceção da prisão em flagrante que poderá ser decretada por qualquer pessoa, visam assegurar a efetividade da providência e a concretização de um resultado. È necessário verificar a presença do fumus commissi delicti, isto é, a certeza da materialidade de um delito, e do periculum libertatis, o perigo concreto que o agente do delito pode ocasionar se estiver em liberdade.É previsto em nosso ordenamento cinco espécies de prisão cautelar, iniciamos primeiramente pela prisão em flagrante, pois é a primeira medida que pode ser utilizada pela autoridade policial, a prisão preventiva, a prisão decorrente de pronuncia, a de uma sentença penal condenatória e a prisão temporária.Ressaltamos que, em todas esses casos é fundamental a motivação do juiz, sob pena da prisão ser considerada ilegal e ensejar para o Estado uma indenização civil e moral em favor do acusado.

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Esta monografia é o resultado de um estudo sobre a permanência, que pode ser entendida como ilegal e inconstitucional, da contribuição social de 10% do FGTS, incidente em todas as demissões sem justa causa dos empregados regidos pela CLT. Veremos inicialmente as características mais comuns deste instituto e seu contexto histórico dos motivos de criação. Adiante, serão discutidas as teses que demonstrarão a inconstitucionalidade superveniente do referido adicional e a perda do seu objeto, além da possibilidade de restituição de valores já pagos e a duvidosa natureza jurídica do instituto. Finalmente, serão discutidas as perspectivas futuras a respeito da manutenção ou a dissolução do tributo.

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Este trabalho buscou analisar a utilização da cláusula de exclusividade no aprovisionamento inserida por operadora de telefonia celular no Estado do Rio Grande do Sul em contratos de credenciamento de canais de distribuição caracterizados por redes de lojas de varejo multimarcas, utilizando-se nesta análise de conceitos de marketing e jurídicos, procurando na literatura das duas ciências as assertivas que embasassem suas conclusões. Todos os aspectos disponíveis na literatura, utilizáveis a juízo do autor para justificar os prejúizos sofridos pelas operadoras entrantes no mercado relevante retro referido foram abordados, de forma a dar sustenção às premissas de conclusão do trabalho. Preocupou-se este trabalho também em demonstrar a importância do Marketing como ciência complementar do Direito, especializado na obtenção de dados e métricas capazes de alicerçar as decisões a serem proferidas pelos profissionais do Direito na solução de práticas alegadamente restritivas à concorrência ou colusórias. A demonstração se faz através da busca dos conceitos que espelhem a realidade dos mercados e fatos econômicos que clamam pela incidência de normas jurídicas, conceitos estes que explicam o uso do poder nos canais de distribuição analisados na ótica do marketing, bem como no conflito dentro destas estruturas organizacionais de mercado, que medidos, na forma sugerida no trabalho, se constituem em preciosa referência a ser utilizada pelo direito, para declarar se determinada prática é legal ou ilegal. Todos os aspectos disponíveis na literatura, que seriam utilizáveis a juízo do autor para justificar os prejuízos sofridos ou eficiências ganhas pelas operadoras que atuavam ou pelas que estavam entrando ou viriam a entrar no mercado analisado, foram abordados, algumas vezes de forma até bem sucinta. Para tanto, foram analisadas as condições de mercado, a posição dominante, o mercado relevante, para definir se era todo o Estado, ou se algum dos municípios, a eficiência alcançada na transação resultante da inserção da cláusula de exclusividade, as práticas utilizadas nos países com alta industrialização e por conseqüência envolvidos em mercados bem mais sofisticados e complexos para resolver problemas equivalentes, e, até mesmo, considerados os custos da operadora entrante em desenvolver alternativas comerciais aos canais obstaculizados, para avaliar a capacidade de resposta eficiente ao problema e custos atinentes ao desenvolvimento destas alternativas. Ao final, procurou-se dar uma conclusão ao trabalho, utilizando-se as métricas indicadas, de forma a concretizar a possibilidade de utilização do marketing como uma das mais eficientes ciências para metrificar coerentemente o suporte fático sobre o qual devem incidir os juízos de valor a serem emitidos pela ciência do Direito.

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Nesse trabalho, estudamos o papel que a percepção de impunidade tem sobre os agentes que escolhem invadir áreas públicas na Amazônia para explorar de forma predatória os recursos florestais e ocupar a terra. Para isso, foi desenvolvido um modelo microeconômico de escolha sob incerteza, em que os fazendeiros comparam os payoffs provenientes da invasão ou de seguir a lei. O payoff da invasão foi calculado do ganho/perda resultante de ser pego ou não no ato ilegal, pesando as probabilidades de cada um desses eventos ocorrer (que é função dos gastos do governo com fiscalização na região). Em seguida, foi calculado a quantidade ótima de gastos do governo em fiscalização, levando em conta um governo interessado em maximizar a produção agropecuária regional, já que, por um lado, o desmatamento resulta em maior disponibilidade de terra para o setor agropecuário, porém, por outro, diminui a produtividade dado seu impacto sobre a qualidade ambiental. Depois, fazemos uma analise sobre desenho de mecanismo e desmatamento, desenvolvendo o melhor mecanismo direto de um Equilíbrio de Nash no jogo de informação perfeita, para em seguida descrever as opções de mecanismos possíveis para o governo brasileiro lidar com o desmatamento na Amazônia.

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O presente trabalho tem por objetivo conhecer as práticas socio-ambientais no setor de mineração do Peru. Setor que esta dominada pela presença de empresas transnacionais que se encontram com duas realidades de regulamentação de meio ambientais muito discordantes, a primeira, as normas corporativas onde se encontra a matriz e, a segunda, a regulamentação do país onde esta a subsidiaria, neste caso o Peru. Com a internacionalização do tema socio-ambiental, se dá a devida importância ao tema da Responsabilidade Social Corporativa, já que as empresas transnacionais estão pressionadas a manter uma boa imagem internacional, que pode ser vulnerável a criticas negativas em relação à heterogeneidade, já que suas praticas socio-ambientais têm que ser as mesmas em qualquer parte do mundo. Na presente dissertação se enfatiza as praticas socio-ambientais das empresas com relação às comunidades circundantes, sendo um tema pouco difundido na mineração peruana. As desconformidades das comunidades frente aos projetos de mineração constituem o maior problema social atual, gerando a paralisação das atividades nesse setor. O Peru não tem Ministério do Meio Ambiente, embora exista um Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAM) que é um organismo público descentralizado e, esta aderido ao âmbito da Presidência do Conselho de Ministros. Nesta investigação se analisa a função do Ministério de Energia e Minas do Peru, já que ele é um ente que incentiva a promoção de investimento privada no setor de energia e minas e, por outro lado, mediante a Direção Geral de Assuntos Ambientais do Ministério de Energia e Minas aplica a guia de gestão ambiental emitidas pelo CONAM. Finalmente, no estudo de caso, são analisadas duas empresas transnacionais maiores do setor de mineração peruano, aplicando entrevistas e um questionário com perguntas abertas para poder conhecer suas praticas socio-ambientais. Desenvolve-se uma análise dos resultados obtidos no estudo de caso, utilizando o referencial teórico para situar a realidade peruana, numa realidade internacional. Pelos dados obtidos, podemos interpretar que as empresas estudadas não se encaixam totalmente nos parâmetros internacionais do auto-regulamentação. Observamos a falta de políticas públicas sócio-ambiental, é por esse motivo, a conclusão desta investigação propõe a criação e aplicação de políticas públicas a dois problemas socio-ambientais, o primeiro, a geração de emprego indireto e a segunda, a recuperação dos passivos ambientais.

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Esta dissertação tem por objetivo prover uma visão das Políticas Públicas de Controle de Armas em Mãos de Civis na Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Brasil. Apresenta-se o debate que divide os especialistas acerca da necessidade e eficácia do controle de armas para o controle da violência. Descreve-se a evolução e atual forma de controle dos países que têm como principal dificuldade o estoque e mercado ilegal de armas e a resistência ao aumento do controle das armas legais pelo chamado "lobby das armas". Apesar da resistência o controle vem sendo movido a frente devido às freqüentes tragédias coletivas e pelo peso dos problemas diários de violência com as armas de fogo que preocupam as sociedades, pressionam os governos e vêm fortalecendo o movimento pró-controle.