1000 resultados para Legitimidad de los gobiernos


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Luego de un importante ciclo de insurrecciones populares producidas en la primera mitad del siglo XX y principios del siglo XXI en contra de las políticas excluyentes de los gobiernos liberales y neoliberales, se abrió paso a la consolidación de dos acontecimientos políticos de gran trascendencia para la historia de Bolivia: la Revolución Nacional de 1952 y la Revolución Democrática-Cultural de 2006. Si bien ambos procesos revolucionarios responden a determinadas especificidades, existe en ambos procesos un componente común, y es la intervención directa -en distintos espacios de poder político- de los sectores populares: obreros, indígenas y campesinos. La presencia y participación directa de estos sectores en el escenario político nacional, hizo que el mapa soiciopolítico boliviano sea profundamente trastocado. Enfocada en la Revolución Nacional de 1952 y la Revolución Democrática-Cultural de 2006, la presente investigación tiene como objetivo, realizar un análisis a las representaciones discursivas que se desprendieron desde las páginas de los periódicos Los Tiempos de la ciudad de Cochabamba y El Diario de la ciudad de La Paz, sobre la presencia y participación de los actores sociales populares en el desarrollo de los procesos de transformación estatal en Bolivia.

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La Unidad Educativa “San Francisco de Sales” de Alausí regentada por las Hermanas Oblatas tiene un reconocido historial en la vida del pueblo de Alausí, enclavado en el perfil Andino y fiel testigo del encuentro de dos culturas diferentes, la Europea y la Ecuatoriana, relacionadas con la región central de nuestro país. La Iglesia en aquel tiempo, asumió diversidad de tareas, la mayor parte de ellas orientadas hacia la cultura y la educación. Las políticas educativas, siempre asociadas al perfil de los gobiernos que se iban sucediendo uno tras otro, a lo largo del siglo diecinueve, poco o ningún favor hicieron a esta estratégica gestión. Es en 1895, que el país comienza a transitar por una corriente educativa sin influencias dogmáticas. Este es el caso de las dos Instituciones regentadas por la Congregación de las hermanas Oblatas de San Francisco de Sales, la escuela Isidro Narváez de niños indígenas y la Unidad Educativa San Francisco de Sales de niños y jóvenes mestizos, que hoy al compartir la propuesta de inclusión educativa, los directivos han comenzado la fusión, y han diseñado alternativas que benefician y fortalecen el aprendizaje.

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El debate sobre el modelo civilizatorio de la modernidad de Occidente, con su economía concentradora y excluyente, y su matriz económico energética petrolera y extractivista no sustentable, ha reavivado en los escenarios políticos y académicos de la salud la discusión de la propuesta del buen vivir inscrita en las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador. Ante la crisis social, sanitaria y ambiental producida por la imposición de una economía de la muerte, y la consiguiente multiplicación de modos de vivir malsanos, se discuten aquí las tesis de Bolívar Echeverría sobre la base material de la vida y la cultura, como una herramienta para evaluar históricamente los desempeños de los gobiernos de las izquierdas realmente existentes, y trabajar un modelo de transición histórica y el indispensable remozamiento de la conciencia crítica desde una visión radicalmente renovadora, pero que mire la realidad sin dogmatismo, sin estridencias míticas y con un sentido de profunda autocrítica.

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El debate sobre el modelo civilizatorio de la modernidad de Occidente, consu economía concentradora y excluyente, y su matriz económico energética petrolera y extractivista no sustentable, ha reavivado en los escenarios políticos y académicos de la salud la discusión de la propuesta del buen vivir inscrita en las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador. Ante la crisis social, sanitaria y ambiental producida por la imposición de una economía de la muerte, y la consiguiente multiplicación de modos de vivir malsanos, se discuten aquí las tesis de Bolívar Echeverría sobre la base material de la vida y la cultura, como una herramienta para evaluar históricamente los desempeños de los gobiernos de las izquierdas realmente existentes, y trabajar un modelo de transición histórica y el indispensable remozamiento de la conciencia crítica desde una visión radicalmente renovadora, pero que mire la realidad sin dogmatismo, sin estridencias míticas y con un sentido de profunda autocrítica.

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En las páginas que siguen se ofrece una recapitulación de la historia del Grupo Binacional de Diálogo Ecuador-Colombia (GBD) desde la concepción del grupo a mediados de 2007 hasta la reunión de cierre de Bogotá en mayo de 2009. Asimismo, se refieren algunas acciones adicionales que los integrantes del grupo llevaron a cabo después de concluida su existencia formal. En forma paralela, se narran los esfuerzos de mediación conducidos por el presidente Jimmy Carter y el Centro Carter desde el inicio de la crisis diplomática entre los dos países, ocurrida en marzo de 2008, hasta los pasos dados por los gobiernos de Ecuador y Colombia para el restablecimiento de las relaciones, a partir de septiembre de 2009.

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El trabajo de investigación está conformado por tres capítulos, el primero se denomina Facultad Reglamentaria y Reglamento, en él se revisan las definiciones de facultad reglamentaria, su fundamento, los reglamentos, los límites de la facultad reglamentaria, las clases de reglamentos y sus características. Una vez analizado este tema podemos señalar que en la legislación ecuatoriana el reglamento es una norma secundaria, abstracta, que tiene efectos jurídicos de carácter general, normas que pueden ser complementarias de la ley, como es el caso de los reglamentos ejecutivos, o que se dictan para la buena marcha de la administración pública, como es el caso de los reglamentos autónomos y las ordenanzas. En cuanto a las clases de reglamentos en el Ecuador podemos identificar dos: los internos y los externos; los externos son aquellos que regulan la relación jurídica entre la Administración pública y el administrado; los internos por su parte son aquellos que rigen la organización interna de una institución. En el segundo capítulo se desarrolla el tema relacionado con los sujetos de la facultad reglamentaria, para lo cual se analiza a manera de ejemplificación a las instituciones que forman las funciones del Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Finalmente, en el tercer capítulo se revisa el tema denominado estudio de orden constitucional de la potestad reglamentaria con el resto de países miembros de la Comunidad Andina, para lo cual se escogió a Bolivia, Colombia y Perú, con la finalidad de conocer quiénes ejercen potestad reglamentaria en estos países, qué se denomina reglamento y potestad reglamentaria.

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En la investigación se recogen las posiciones asumidas por los actores colombianos y ecuatorianos, involucrados en el desarrollo del transporte internacional de mercancías por carretera por el paso Rumichaca. Inicialmente se describe la forma en que se ejecuta el transporte terrestre de mercancías en Ecuador y Colombia y se lleva a cabo un análisis de la infraestructura vial, con énfasis en la zona fronteriza entre los dos países. Seguidamente se presenta un análisis de los problemas que inciden de manera negativa en el transporte de carga por carretera en la frontera, destacando como problemas más significativos: la piratería terrestre, transbordo de mercancías no especializadas, deficiente infraestructura administrativa en la zona de frontera, conflicto interno colombiano, narcotráfico, actitudes de los transportistas, descuido de la zona fronteriza por los gobiernos centrales y resistencia de la población local. Estos problemas en las condiciones actuales, son insolubles y hacen imposible que el transporte internacional de carga por carretera se desenvuelva acorde a la reglamentación comunitaria, obstaculizando el comercio entre los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), y por tanto, entorpeciendo la agenda integracionista en la subregión andina. Posteriormente en el estudio se realiza el análisis de la Decisión 399, regulatoria del transporte internacional de carga por carretera entre los países miembros de la CAN y se argumenta que se ha incurrido en desacato a la normatividad por parte de Ecuador y Colombia.

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Con carácter exploratorio y descriptivo, esta investigación tiene por objeto analizar la participación en el escenario internacional de los gobiernos de Bogotá D.C. a partir de la pregunta ¿puede considerarse que los gobiernos de Bogotá D.C. en el periodo 2001-2013 desarrollan una política exterior de estado local, que no desafía las prerrogativas exclusivas del Estado colombiano, a partir de la caracterización de los elementos de las políticas públicas locales orientadas a la internacionalización de la ciudad? Teóricamente se sitúa desde los enfoques funcionalistas del transnacionalismo en relaciones internacionales, los mismos que han propuesto el concepto paradiplomacia para abordar el fenómeno de la participación en el escenario internacional de los gobiernos no centrales (GNC). Metodológicamente, el caso se desarrolla a partir del análisis bibliográfico y documental sobre dos variables: la agenda política de internacionalización, establecida por los gobiernos de Bogotá D.C. en sus Planes de Desarrollo Distritales; y el desarrollo de arreglos institucionales para la internacionalización. El principal hallazgo es que los gobiernos de la capital colombiana han desarrollado una participación internacional “muy alta”, a pesar de que formalmente ésta no ha logrado constituir una política exterior de estado local. En poco más de una década, no se ha construido una agenda política de internacionalización que defina prioridades temáticas y geográficas con sus socios internacionales; y los arreglos institucionales desarrollados evidencian falta de coordinación al interior del gobierno distrital, así como con otros actores estratégicos del territorio.

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El objetivo del documento es analizar el concepto y estrategias oficiales del Buen Vivir a través del filtro de las principales definiciones de ideología (de Marx y Engels, Lenin, Lukács, Gramsci Manheim, Freud, Marcuse, Althusser, Lacan y Žižek) con el fin de contrastar el discurso del Buen Vivir (recogido en la Constitución de la República de 2008, los Planes Nacionales para el Buen Vivir 2009-13 y 2013-17, y en la publicística y discursos oficiales mantenidos sobre el tema por parte de las máximas autoridades políticas del Ecuador) con la orientación y resultados de las políticas públicas diseñadas e implementadas supuestamente para alcanzarlo. El trabajo contiene dos hipótesis. La principal es que el concepto de Buen Vivir, a la vez que recupera un conjunto de principios y aspiraciones propios de la tradición multicultural del Ecuador, incorpora una buena parte de las definiciones de ideología (como falsa conciencia, programa movilizador, utopía-ilusión-fantasía, discurso hegemónico) y, por tanto, asume un significado ideológico análogo al que los defensores del Buen Vivir achacan al desarrollo económico. La segunda hipótesis, subordinada a la anterior, es que el concepto de Buen Vivir, en su dimensión ideológica plural, es funcional a un modelo económico primario exportador (antitético a los principios del Buen Vivir) y se ha utilizado para consolidar el apoyo a la verdadera utopía desarrollista y modernizadora de los gobiernos de Rafael Correa: un proceso de desarrollo basado en la staple theory, que debe culminar en una diversificación de la estructura productiva del país por ahora inédita.

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El periodo liberal, iniciado en 1895 con el régimen de Alfaro, enfrentó graves problemas estructurales de salud-enfermedad, heredados a lo largo del siglo XlX, a los cuales, hegemónicamente, los confrontó desde una perspectiva de asistencialismo público. La siguiente administración liberal, la de Plaza Gutiérrez, definió la atención de salud desde el higienismo público, de primer grado, que tibiamente lo había esbozado Alfaro. No obstante fue el propio Alfaro quien en su segundo gobierno imprimió a la gestión de salud la huella del higienismo público al que he denominado de segundo grado. Por su parte el periodo juliano marcó dos etapas concretas: en los gobiernos provisionales impulsó el higienismo público de tercer grado mientras en los regímenes de Isidro Ayora se construyeron políticas de salud que dieron paso a las bases de la Salud Pública. Tanto el periodo liberal como el juliano se preocuparon desde lo público para la atención de la enfermedad. En aquello no solamente hubo una determinación ideológica y política; también estuvo presente la incidencia de la escuela de salud europea, a pesar de que para entonces la visión de salud, en Estados Unidos, había asumido roles de acción mediante corporaciones y fundaciones que propusieron el cuidado de la salud a partir de la gestión privada. Por las características señaladas esta investigación hace una caracterización del pensamiento y la práctica en salud de los períodos históricos estudiados.

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A partir del año 2009, la cooperación energética, en particular, ha ubicado al Ecuador entre los cuatro principales receptores de financiamiento e inversión de China en América Latina. La relación en términos políticos y económicos ha sido presentada por los gobiernos de ambos países como una relación de cooperación y “mutuos beneficios”, basada en principios de igualdad, no interferencia, y complementariedad energética. Sin embargo, mucho se ha cuestionado el actuar de China en Ecuador y los reales beneficios o desafíos que están detrás de estas relaciones de “cooperación”. Encausado en la misión de diversificar la matriz energética, el Ecuador se ha vuelto hacia China para obtener financiación a través del Eximbank de China y el Banco de Desarrollo de China. De entre los muchos proyectos emblemáticos financiados y construidos por China, en este estudio se analizarán a profundidad los tres más importantes hasta la fecha tanto por su magnitud como por la inversión requerida: Coca Codo Sinclair (1500MW), Sopladora (487 MW), y Minas San Francisco (270MW). La investigación girará en torno a los procesos de negociación y financiación, así como a la construcción de las centrales y las discusiones medioambientales, tecnológicas y laborales que se han presentado.

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La crisis alimentaria mundial de 2007-2008 marca una nueva etapa en la inseguridad alimentaria mundial y presenta una naturaleza bien distinta a la de crisis anteriores. Dos son las principales características que definen la naturaleza de la actual crisis alimentaria mundial: factores de corto plazo y factores estructurales o de largo plazo. Esta compleja naturaleza de la actual crisis alimentaria estuvo en la raíz de la enorme dificultad de los Gobiernos y de las instituciones internacionales para afrontar la crisis y aliviar los impactos negativos sobre la seguridad alimentaria mundial. Algunos de los factores que inciden en la crisis están en manos de los Gobiernos, como las políticas, pero otros son muy volátiles y no están en sus manos sino que son dirigidos por los mercados. En los mercados de Sudamérica, aquellos países ricos en materias primas, la crisis se presenta como una oportunidad para el crecimiento sostenido y la posibilidad de pasar a una producción con mayor valor agregado: de las materias primas a la agroindustria. El desafío en Sudamérica hoy por hoy es crecer sostenidamente, al tiempo que se enfrentan las nuevas condiciones globales y regionales. Dentro de Sudamérica han existido, por muchas décadas, iniciativas de integración subregional que buscan profundizar el comercio agrícola. Según la FAO y ALADI una de las regiones que se vería menos afectada es la zona andina (con excepción de Bolivia y Ecuador que tienen mayor grado de vulnerabilidad). Es dentro de ese escenario de desarrollo rural e integración donde se plantean potencialidades que tiene la CAN para enfrentar la crisis alimentaria, mediante políticas compartidas en el sector agrícola que permita mejorar las convergencias de la subregión andina para alcanzar acuerdos mínimos de cooperación, tales como: Organismo Supranacional, Comité de Monitoreo de precios, Intercambio de tecnología e investigación, Ventajas competitivas y Aumento de la Productividad.

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El 19 de junio de 2012, Julián Assange se presentó en las Oficinas de la Embajada del Ecuador en Londres y solicitó asilo diplomático. El 16 de agosto, el Gobierno del Ecuador le concedió el asilo solicitado. Se formalizó así una controversia entre Quito y Londres, empeñado; el primero en obtener un salvoconducto para que Assange pudiera viajar a otro país, y resuelto Londres a someter a dicho ciudadano a la justicia ordinaria británica. El Canciller inglés, por intermedio de su Embajada en Quito hizo saber al Ecuador que, según su legislación interna, estaba facultado para tomar medidas a fin de aprehender a Assange, lo que fue considerado por Ecuador como una clara amenaza a la inviolabilidad de los recintos diplomáticos en Londres. Hay que tener en cuenta, a este respecto, que el asilo, prácticamente desde sus orígenes, se ha vinculado al concepto de inviolabilidad del recinto en el que se busca la protección. Singularmente, desde la época de la república veneciana, es el carácter de inviolable, propio de la residencia de los Embajadores, el factor que da fundamento a la respetabilidad del asilo. Con estos antecedentes, la advertencia de la diplomacia británica, en el sentido de que estaría autorizada por su ley interna para intervenir en la Embajada del Ecuador en Londres, constituyó, además de un grave e inaceptable error, un acto claramente violatorio de la Convención sobre Agentes Diplomáticos, reconocida y respetable universalmente. El apoyo internacional que gestionó y obtuvo Ecuador, en rechazo al pretendido desconocimiento de la inviolabilidad de sus oficinas en Londres, fue extensivamente interpretado y presentado como un apoyo al asilo que había sido concedido a Julián Assange. Las conversaciones entre los gobiernos del Ecuador y Gran Bretaña para buscar una salida al problema no han dado resultado alguno hasta la fecha.

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La descentralización fiscal ha tenido un mejor desarrollo relativo si se la compara con la descentralización administrativa de la que es su complemento, se pueden mostrar resultados visibles en dos escenarios que forman parte de su contenido esencial: por una parte, la transferencia de recursos del presupuesto general del Estado a favor de los gobiernos autónomos descentralizados que observan los criterios de asignación contemplados en la Constitución, ha logrado definir el sistema de transferencia de recursos que cumple con sus características esenciales: ser predecible, automática y oportuna. Por otra parte, está el sistema impositivo subnacional que, con su base constitucional, se ha desarrollado en la legislación secundaria, de manera que tres de los cuatro niveles de gobierno subnacional tienen la posibilidad real de incrementar sus recursos propios, a través del ejercicio de la potestad tributaria que les permite crear, modificar y exonerar tasas y contribuciones especiales de mejoras, dentro del ámbito de competencias de cada nivel.

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El Presupuesto Participativo evidencia la voluntad democrática en la gestión del dinero público, herramienta de contenido político, económico y jurídico. En el campo financiero es indiscutible la importancia del Presupuesto General del Estado siendo el instrumento fundamental del modelo económico aplicado. En el área política se trata de la herramienta que trastoca la mera representación y democratiza la acción de un gobierno, lo que conduce a pensar en el moderado camino de la gobernabilidad o en la radicalidad de la democracia participativa. En lo jurídico es por excelencia el instrumento que equilibra el poder. Ciertamente, se trata de aquello que le permita a la ciudadanía ser parte de las decisiones de la administración pública, lo que es beneficioso a la hora de construir una sociedad justa, en donde el Estado cumpla su fin social y mejore la calidad de vida de los ciudadanos. En el Ecuador el presupuesto participativo se aplicó en varios gobiernos locales con respuestas generalmente favorables pese a las condiciones políticas adversas. Actualmente los ecuatorianos contamos con normas de carácter constitucional y legal que mandan la aplicación del presupuesto participativo en todos los niveles de gobierno, sin embargo la herramienta no es aplicada en su dimensión real. Este documento contiene las distintas aristas de este instrumento partiendo de un análisis general desde el Estado y los Gobiernos Locales a una particularización de las experiencias.