872 resultados para Delitos electorales
Resumo:
Sin lugar a dudas, la entronización de Mohamed VI conllevó la profundización del impulso reformista iniciado a finales de los años noventa de la década anterior. Sin embargo, dichas reformas no han supuesto una transformación profunda del régimen majzeniano, heredero de una ancestral tradición política que con base en la legitimidad religiosa, y centrado en la figura del soberano, ha demostrado una gran capacidad de supervivencia, configurándose como un régimen singular en la órbita árabo-islámica, en cuanto goza de una excepcional doble legitimidad: la religiosa por la condición del Príncipe de los Creyentes que ostenta el Rey, y la política, que deriva de la continuidad de la dinastía alauí, respaldada por los tributos del constitucionalismo occidental. Si observamos el proceso de democratización en Marruecos, percibimos una serie de mensajes y decisiones contrapuestos, y notamos que a menudo la reforma va unida a la represión. Para comprender qué significan los cambios que se han producido y su real alcance, se deben traspasar los paradigmas de transición que hacen hincapié nada más que en la validez de los procesos electorales, y los que establecen una correlación entre el grado de desarrollo económico, medido en PIB per cápita y las probabilidades de desarrollo de una democracia efectiva, ya que aunque exista tal vínculo, no resulta del todo determinante, como lo es la ausencia de una sociedad civil vibrante. De ahí que el principal objetivo de la presente tesis es destacar la importancia del rol que juega la cultura cívica en los procesos de transición y consolidación democrática, con la finalidad de avanzar en la articulación de una explicación del problema de la democratización de Marruecos, que supere los apriorismos de atribuir al islam una esencia o naturaleza autoritaria, sin tacharlo de anti-democrático. Es decir, sabiendo distinguir entre los principios éticos del islam, y la suma de formulaciones y modelos producidos por los musulmanes en el curso de su historia, los cuales, sí resultan poco democráticos o no tan afines al ideal democrático. En efecto, nuestro análisis de los obstáculos para la democratización de Marruecos ha revelado la consolidación de una cultura paternalista, de sumisión y acatamiento que ha entorpecido a lo largo de los siglos la conformación de una sociedad civil instruida y participativa, abierta al cambio y capaz de llevar a cabo una tarea tan gigantesca, tal es construir entre todos, un Estado marroquí unido, fuerte y democrático.
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La llegada al poder del primer partido conservador de España tras las elecciones generales de 1996 significó un punto de inflexión en la historia de la joven democracia española. Más de dos décadas después del final de la dictadura militar del general Francisco Franco, el Partido Popular, formación creada por un ex ministro del dictador, se hacía con el Gobierno de la nación después de más de una década bajo gestión socialista. Esta victoria aupó al Ejecutivo, al joven José María Aznar, un político ajeno a la experiencia colectiva de la Transición Democrática que había ensalzado el liderazgo carismático de los mandatarios anteriores –Adolfo Suárez y Felipe González-, y convirtió al partido conservador en una formación de masas más o menos desideologizada y sumada a los ritmos bipartidistas del resto de países occidentales. Este trabajo parte de las contribuciones sobre liderazgo de los principales autores e investigadores en comunicación política para tratar de descifrar los mensajes que sobre el liderazgo de José María Aznar llevaron a cabo los principales medios de comunicación escritos del momento, así como el origen y tradición detrás de ellos. Se ha recurrido al análisis de medios habida cuenta de la extrema discreción del Partido Popular en lo que a sus procesos de comunicación y sus estrategias políticas y electorales se refiere casi dos décadas después de estos episodios. A través del análisis del discurso de los medios escritos, este trabajo trata de poner sobre la mesa las principales estrategias de comunicación del liderazgo – los Elementos del Liderazgo- tras el proceso de formación de la imagen de Aznar, tanto en las elecciones de 1996, como en su reelección por mayoría absoluta en el año 2000; el modelo de liderazgo emanado desde su oficina de campaña y el papel de los medios de comunicación de masas en la creación y definición de ésta. Usando la metodología del análisis cualitativo y cuantitativo, se han analizado las apariciones del candidato José María Aznar en los periodos de pre campaña, campaña y post campaña electoral de 1996 y 2000 en los diarios El Mundo y El País, considerados los principales medios de referencia a favor y en contra del político conservador. El objetivo ha sido poner de relieve el perfil de liderazgo modélico trabajado por la oficina electoral del Partido Popular, la fuerte inspiración norteamericana de éste -con la que se inauguraban mensajes y situaciones inéditas en la comunicación política española- y la profunda filtración que de él hacen los medios de comunicación escritos; poniendo de relieve, además, los principales matices en su tratamiento según el posicionamiento político de cada medio analizado. Es voluntad de esta investigación destacar, además, el papel de estas campañas electorales en general, y del tratamiento del liderazgo de José María Aznar en particular; como el último caso diseñado y comunicado a través del proceso unidireccional de la comunicación 1.0. Una comunicación fuertemente medida y controlada por el emisor, previa a la eclosión de internet, las nuevas tecnologías y las redes sociales que hoy definen el fragmentado escenario de una comunicación política mucho más compleja y multidireccional.
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“Crecemos en democracia” es una actividad didáctica transversal que ha conseguido unir a tres instituciones distintas: la Universidad de Alicante, Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA) y el Colegio Público San Gabriel de esta misma ciudad. Asimismo esta transversalidad se ha visto incrementada porque dentro de la citada institución universitaria dos son los centros que intervienen en ella: la Facultad de Educación y la Facultad de Filosofía y Letras a un doble nivel: participación de profesorado y de alumnado de prácticas externas del Grado de Historia. El objetivo primordial ha sido generar un “aprendizaje en dominó” desde los docentes universitarios a nuestros estudiantes de grado; y éstos a su vez, a través de la asignatura de prácticas externas o prácticas de empresa destinados en el AHPA, han aprendido a aplicar los conocimientos adquiridos, generando recursos educativos destinados a la enseñanza de la Historia para el alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria. Así pues, desde la docencia universitaria hemos generado un vínculo con los centros de Educación Primaria para el aprendizaje y el desarrollo de competencias vinculadas a la Historia y la Educación para la Ciudadanía, a partir de los medios materiales y documentales con los que cuentan los archivos. Tomando como hilo conductor algunos hitos electorales a lo largo de la Historia de España, se dan a conocer los mecanismos de funcionamiento de nuestra sociedad democrática, y al mismo tiempo mostrar el papel que en ella desempeñan las administraciones públicas, en este caso los archivos públicos, en la defensa y desarrollo de los derechos así como en la garantía de los servicios que ofrecen a los ciudadanos.
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Este artículo pretende aclarar la postura de la CNT y la FAI ante las elecciones generales de 1936. Se analiza cómo tradujeron los propagandistas de ambas organizaciones las ponencias electorales aprobadas en sus Plenos durante la campaña electoral. La comparación con la propaganda anarcosindicalista de noviembre de 1933 y el análisis de las concepciones dispares que la CNT y las izquierdas coaligadas en el Frente Popular mantenían sobre la amnistía y el peligro fascista, cuestionan que en 1936 se produjera una convergencia de intereses entre ambas y, por tanto, un relajamiento en las posiciones apolíticas y antielectorales de aquélla.
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La investigación trata sobre un supuesto caso de desaparición de una estudiante universitaria de 18 años, por lo que su padre acude a la agencia de detectives para conocer el paradero de su hija. Durante la investigación se descubre que la investigada se ha introducido en una secta destructiva a la cual ha donado todos sus bienes, dejando así sus amistades, estudios, familia que tenía antes de entrar en la secta. Los detectives durante varias semanas, realizarán seguimientos, recabarán información para poder llegar a comprobar dónde se encuentra la investigada. Finalmente se constata que es una secta ilegal, tiene constituida una sociedad pantalla apropiándose de los bienes de los adeptos de dicha secta, mediante el engaño. Una vez que se constata la constancia de delitos los detectives se pondrán en contacto con las autoridades pertinentes finalizando así la investigación.
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The aim of this research paper is to analyse the key political posters made for the campaigns of Irish political party Fianna Fáil framed in the Celtic Tiger (1997-2008) and post-Celtic Tiger years (2009-2012). I will then focus on the four posters of the candidate in the elections that took place in 1997, 2002, 2007 and 2011 with the intention of observing first how the leader is represented, and later on pinpointing the similarities and possible differences between each. This is important in order to observe the main linguistic and visual strategies used to persuade the audience to vote that party and to highlight the power of the politician. Critical discourse analysis tools will be helpful to identify the main discursive strategies employed to persuade the Irish population to vote in a certain direction. Van Leeuwen’s (2008) social actor theory will facilitate the understanding of how participants are represented in the corpus under analysis. Finally, the main tools of Kress and van Leeuwen’s visual grammar (2006) will be applied for the analysis of the images. The study reveals that politicians are represented in a consistently positive way, with status and formal appearance so that people are persuaded to vote for the party they represent because they trust them as political leaders. The study, thus, points out that the poster is a powerful tool used in election campaigns to highlight the power of political parties.
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Este estudio tuvo como objetivo generar conocimiento sobre el perfil geográfico como técnica de investigación criminal que analiza la ubicación de los delitos para intentar establecer la zona de anclaje de un criminal, siendo especialmente importante la vinculación de casos a un mismo delincuente y evaluar el estado actual de la técnica dentro de la investigación criminal. La metodología empleada se basó en el análisis de revisión bibliográfica pertinente. La información recabada mediante la técnica hizo visible grandes aportaciones, se observó una proliferación de estudios sobre el comportamiento geográfico criminal y se concluyó que el reciente estudio de la materia despierta un gran interés debido, principalmente, a la creación de los Sistemas de Información Geográfica, fundamentales en el desarrollo de la técnica y en la realización de mapas criminógenos. Además concluiremos con una valoración sobre la importancia de la metodología en la realización de un buen perfil geográfico y analizaremos el estado actual en el que se encuentra la técnica dentro de la investigación criminal.
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A presente dissertação versa sobre a prova ilícita na investigação de paternidade, com a percepção que inexistem direitos e garantias absolutos. Sob esse ponto de vista, propõe-se a demonstrar que tanto o direito à prova quanto a garantia constitucional da inadmissibilidade da prova obtida por meios ilícitos são passíveis de sofrer restrições. Essas restrições, entretanto, não podem implicar na supressão de direitos e garantias fundamentais. Elas devem limitar-se ao estritamente necessário para a salvaguarda de outros direitos constitucionalmente protegidos, à luz de um juízo de ponderação entre os valores conflitantes. Os valores colidentes a serem analisados no presente trabalho são, por um lado, a proteção constitucional dispensada à intimidade, à vida privada, à imagem, à honra, ao sigilo da correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados, às comunicações telefônicas e ao domicílio do suposto pai e, por outro, o direito do filho conhecer a sua origem genética e receber do genitor assistência material, educacional e psicológica, além da herança no caso de morte deste. Avultam-se, ainda, os comandos constitucionais da paternidade responsável (CF, o art. 226, § 7º) e da prioridade absoluta que a Constituição Federal confere às questões afetas à criança e ao adolescente. Nessa linha de perspectiva, procura conciliar o direito fundamental ao conhecimento da origem genética com a garantia constitucional que veda a obtenção da prova por meios ilícitos, reduzindo, quando necessário, o alcance de um desses valores contrastantes para que haja a preservação do outro e o restabelecimento do equilíbrio entre eles. Com o intuito de facilitar a compreensão do assunto, o estudo sobre a prova ilícita na investigação de paternidade encontra-se dividido em três capítulos. No primeiro capítulo são estudados o objeto da prova na investigação de paternidade, os fatos a provar, as teorias sobre o objeto da prova, o ônus da prova, a distribuição e a inversão do ônus da prova na investigação de paternidade, o momento da inversão do ônus da prova, o dever de colaboração e a realização do exame de DNA sem o consentimento das partes. Partindo da compreensão da prova como instrumento capaz de propiciar ao juiz o convencimento dos fatos pertinentes, relevantes e controvertidos deduzidos pelas partes como fundamento da ação ou da defesa, sustenta-se que os fatos a provar não são apenas os principais, mas, também, os acessórios que se situem na mesma cadeia deles. Desenvolve-se, outrossim, estudo sobre as teorias utilizadas pela doutrina para explicar o objeto da prova, a saber: a) a teoria clássica; b) a teoria da afirmação; c) a teoria mista. Nesse tópico, merece ênfase o fato das legislações brasileira e portuguesa estarem alicerçadas sob as bases da teoria clássica, em que pesem as divergências doutrinárias sobre o assunto. No item reservado ao ônus da prova, este é concebido como uma atividade e não como uma obrigação, diante da autonomia de vontade que a parte tem para comportar-se da maneira que melhor lhe aprouver para alcançar o resultado pretendido. Embora não traduza um dever jurídico demonstrar a veracidade dos fatos que ensejam a constituição do direito alegado, quem não consegue reunir a prova dos fatos que alega corre o risco de perder a demanda. No que tange à regra de distribuição do ônus da prova, recomenda-se a observação das disposições do art. 333 do CPC, segundo as quais incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Argumenta-se que o CPC brasileiro adota o modelo estático de distribuição do ônus da prova, pois não leva em conta a menor ou maior dificuldade que cada parte tem para produzir a prova que lhe incumbe. Porém, ressalta-se o novo horizonte que se descortina no anteprojeto do novo CPC brasileiro que se encontra no Congresso Nacional, o qual sinaliza no sentido de acolher a distribuição dinâmica do ônus da prova. Esse novo modelo, contudo, não afasta aquele previsto no art. 333 do CPC, mas, sim, o aperfeiçoa ao atribuir o ônus a quem esteja em melhores condições de produzir a prova. Ao tratar do dever de colaboração, idealiza-se a busca descoberta da verdade como finalidade precípua do ordenamento jurídico. E, para se alcançar a justa composição da lide, compreende-se que as partes devem atuar de maneira escorreita, expondo os fatos conforme a verdade e cumprindo com exatidão os provimentos formais. Sob essa ótica, sustenta-se a possibilidade de inversão do ônus da prova, da aplicação da presunção legal de paternidade e até mesmo da condução coercitiva do suposto pai para a realização de exames, caso o mesmo a tanto se recuse ou crie, propositalmente, obstáculo capaz de tornar impossível a colheita da prova. Defende-se que a partir da concepção do nascituro, a autonomia de vontade dos pais fica restringida, de forma que a mãe não pode realizar o aborto e o pai não pode fazer pouco caso da existência do filho, recusando-se, injustificadamente, a submeter-se a exame de DNA e a dar-lhe assistência material, educacional e psicológica. É por essa razão que, em caráter excepcional, se enxerga a possibilidade de condução coercitiva do suposto pai para a coleta de material genético, a exemplo do que ocorre no ordenamento jurídico alemão (ZPO, § 372). Considera-se, outrossim, que a elucidação da paternidade, além de ajudar no diagnóstico, prevenção e tratamento de algumas doenças hereditárias, atende à exigência legal de impedir uniões incestuosas, constituídas entre parentes afins ou consanguíneos com a violação de impedimentos matrimoniais. Nesse contexto, a intangibilidade do corpo não é vista como óbice para a realização do exame de DNA, o qual pode ser feito mediante simples utilização de fios de cabelos com raiz, fragmentos de unhas, saliva e outros meios menos invasivos. O sacrifício a que se submete o suposto pai mostra-se, portanto, ínfimo se comparado com o interesse superior do investigante que se busca amparar. No segundo capítulo, estuda-se o direito fundamental à prova e suas limitações na investigação de paternidade, a prova vedada ou proibida, a distinção entre as provas ilegítima e ilícita, a manifestação e alcance da ilicitude, o tratamento dispensado à prova ilícita no Brasil, nos Estados Unidos da América e em alguns países do continente europeu, o efeito-à-distância das proibições de prova na investigação de paternidade e a ponderação de valores entre os interesses em conflito: prova ilícita x direito ao conhecimento da origem genética. Nesse contexto, o direito à prova é reconhecido como expressão do princípio geral de acesso ao Poder Judiciário e componente do devido processo legal, materializado por meio dos direitos de ação, de defesa e do contraditório. Compreende-se, entretanto, que o direito à prova não pode ser exercido a qualquer custo. Ele deve atender aos critérios de pertinência, relevância e idoneidade, podendo sofrer limitações nos casos expressamente previstos em lei. Constituem exemplos dessas restrições ao direito à prova a rejeição das provas consideradas supérfluas, irrelevantes, ilegítimas e ilícitas. A expressão “provas vedadas ou proibidas” é definida no trabalho como gênero das denominadas provas ilícita e ilegítima, servindo para designar as provas constituídas, obtidas, utilizadas ou valoradas com afronta a normas de direito material ou processual. A distinção que se faz entre a prova ilícita e a ilegítima leva em consideração a natureza da norma violada. Quando há violação a normas de caráter processual, sem afetar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, considera-se a prova ilegítima; ao passo em que havendo infringência à norma de conteúdo material que afete o núcleo essencial do direito fundamental, a prova é tida como ilícita. Esta enseja o desentranhamento da prova dos autos, enquanto aquela demanda a declaração de nulidade do ato sem a observância da formalidade exigida. A vedação da prova ilícita, sob esse aspecto, funciona como garantia constitucional em favor do cidadão e contra arbítrios do poder público e dos particulares. Nessa ótica, o Direito brasileiro não apenas veda a prova obtida por meios ilícitos (CF, art. 5º, X, XI, XII e LVI; CPP, art. 157), como, também, prevê sanções penais e civis para aqueles que desobedeçam à proibição. A análise da prova ilícita é feita à luz de duas concepções doutrinárias, a saber: a) a restritiva - exige que a norma violada infrinja direito ou garantia fundamental; b) a ampla – compreende que a ilicitude afeta não apenas as normas que versem sobre os direitos e garantias fundamentais, mas todas as normas e princípios gerais do direito. A percepção que se tem à luz do art. 157 do CPP é que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o conceito amplo de ilicitude, pois define como ilícitas as provas obtidas com violação a normas constitucionais ou legais, sem excluir àquelas de natureza processual nem exigir que o núcleo do direito fundamental seja atingido. Referido dispositivo tem sido alvo de críticas, pois a violação da lei processual pode não implicar na inadmissibilidade da prova e aconselhar o seu desentranhamento dos autos. A declaração de nulidade ou renovação do ato cuja formalidade tenha sido preterida pode ser suficiente para contornar o problema, sem a necessidade de exclusão da prova do processo. Noutra vertente, como a vedação da prova ilícita não pode ser levada às últimas consequências nem se converter em meio facilitador da prática de atos ilícitos e consagrador da impunidade, defende-se a sua admissão nos casos de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Assim, entende-se possível a utilização pela vítima de estupro, no processo de investigação de paternidade movido em prol do seu filho, do exame de DNA realizado mediante análise do sêmen deixado em sua vagina por ocasião do ato sexual que resultou na gravidez. Sustenta-se, ainda, a possibilidade de utilização das imagens captadas por circuito interno de câmaras comprobatórias do estupro para fazer prova da paternidade. Ressalta-se, outrossim, que no Brasil a doutrina e a jurisprudência têm admitido a prova ilícita, no processo penal, para comprovar a inocência do acusado e, em favor da vítima, nos casos de extorsão, concussão, sequestro e outros delitos similares. No ponto relativo ao efeito-àdistância das proibições de prova, aduz-se que as experiências americana e alemã da fruit of the poisonous tree doctrine e da fernwirkung são fonte de inspiração para as legislações de vários países. Por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, o vício da planta transmite-se aos seus frutos. Ainda no segundo capítulo, estabelece-se breve comparação do tratamento conferido à prova ilícita nos ordenamentos jurídicos brasileiro e português, destacando-se que no regime de controle adotado pela Constituição da República Federativa do Brasil a prova ilícita é tratada como ineficaz e deve ser rejeitada de plano ou desentranhada do processo. Já na Constituição portuguesa adotou-se o regime de nulidade. Após o ingresso da prova ilícita no processo, o juiz declara a sua nulidade. O terceiro capítulo é dedicado ao estudo dos meios de prova e da incidência da ilicitude no processo de investigação de paternidade. Para tanto são eleitos os meios de prova enumerados no art. 212 do Código Civil, quais sejam: a) confissão; b) documento; c) testemunha; d) presunção; e) perícia, além do depoimento pessoal previsto no CPC, analisando a incidência da ilicitude em cada um deles. Má vontade a investigação de paternidade envolva direitos indisponíveis, isso não significa que as declarações das partes não tenham valor probatório, pois o juiz pode apreciá-las como elemento probatório (CC, art. 361º). Por meio do depoimento e confissão da parte são extraídas valiosas informações sobre o tempo, o lugar e a frequência das relações sexuais. Todavia, havendo emprego de métodos proibidos, tais como ameaça, coação, tortura, ofensa à integridade física ou moral, hipnose, utilização de meios cruéis, enganosos ou perturbação da capacidade de memória, a prova será considerada ilícita e não terá validade nem mesmo como elemento probatório a ser livremente apreciado pelo juiz. A prova documental é estudada como a mais vulnerável à incidência da ilicitude, pelo fato de poder expressar-se das mais variadas formas. Essa manifestação da ilicitude pode verificar-se por ocasião da formação da prova documental, no ato da sua obtenção ou no momento da sua exibição em juízo por meio falsificação material do documento público ou particular, da omissão de declaração deveria constar, inserção de declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, alteração de documento verdadeiro, emprego de métodos proibidos de prova para confecção do documento, etc. Na esteira desse raciocínio, em se fazendo constar, por exemplo, da escritura pública ou particular ou do testamento (CC, art. 1.609, II e III) declaração falsa da paternidade, a prova assim constituída é ilícita. Do mesmo modo, é considerada ilícita a prova obtida mediante indevida intromissão na vida privada, com violação de domicílio, emails, sigilos da correspondência, telefônico ou fiscal, realização de gravações, filmagens, etc. Na prova testemunhal entende-se como elemento configurador da ilicitude o emprego de métodos proibidos por parte de agentes públicos ou particulares, tais como tortura, coação, ameaça, chantagem, recursos que impliquem na diminuição ou supressão da capacidade de compreensão, etc, para que a testemunha faça afirmação falsa, negue ou cale a verdade dos fatos. Destaca-se, ainda, como ilícita a prova cujo acesso pela testemunha tenha ocorrido mediante violação à reserva da vida privada. No caso das presunções, vislumbra-se a possibilidade de incidência da ilicitude quando houver ilicitude no fato conhecido, do qual se vale a lei ou o julgador para extraírem as consequências para dedução da existência do fato desconhecido. A troca maliciosa de gametas é citada como meio ilícito de prova para alicerçar a presunção de paternidade no caso de inseminação artificial homóloga. A consecução da prévia autorização do marido, mediante coação, tortura, ameaça, hipnose, etc, na inseminação artificial heteróloga, também é tratada como ação danosa e capaz de viciar e infirmar a presunção legal de paternidade. Enxerga-se, outrossim, no meio de prova pericial, a possibilidade de maculação do resultado do exame por falha humana intencional no processo de coleta, transporte, armazenamento, manipulação ou troca do material genético coletado. Em se verificando essa situação, fica comprometida a credibilidade da prova pericial ante a sua ilicitude.
Resumo:
At head of title: Partido Nacional. Oficina de Asuntos Electorales del Directorio.
Resumo:
Contiene: T.1 (156 p.) - T.2: [Troisieme et quatrieme partie] (207 p.,163 p.)