1000 resultados para Atitude Frente à Morte


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Salvedad hecha por Colombia frente a la competencia de la CPI para juzgar Crímenes de Guerra en el ámbito nacional el fortalecimiento de la capacidad de negociación del gobierno frente a los grupos armados ilegales produjo el rechazo de amplios sectores de la sociedad civil

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Las políticas generales de la Comunidad Andina, las que se refieren a la integración económica como a la seguridad común, no son respetadas a cabalidad por los Estados miembros, es preocupante después de cuarenta años de haber sido firmado el Acuerdo

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está encaminado a que en virtud del precepto constitucional consagrado en el artículo 42, se le de un mayor desarrollo a la familia natural, tomando algunos aspectos de la familia matrimonial en cuanto se pueda establecer una compatibilidad.

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presentar la realidad portuaria de Cartagena y verificar si efectivamente se están dirigiendo los esfuerzos a la optimización de la operación del puerto, para adecuarse a la corriente económica vigente

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Tradicionalmente las compañías de seguros han llegado a sus clientes por medio de canales de distribución directos e indirectos. Los primeros, utilizando la infraestructura propia de la aseguradora

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establecer de manera clara y precisa la importancia y repercusión que tiene la regulación de la extinción de dominio en la legislación colombiana frente a la posibilidad de declarar extinción sobre los bienes que se encuentran en manos de terceros

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analizar las normas a partir de las cuales fue posible identificar la existencia de un vacío legal al interior del ordenamiento que regula la obligación alimentaria.

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conjunto de propuestas específicas para salir de la crisis y para mejorar ese concepto de representatividad

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diversos aspectos relacionados con la actividad del leasing en Colombia, para formular los atractivos reales, perspectivas y estrategias del sector a raíz de los cambios que conlleva la Reforma Tributaria de 1.995, sustentándolos de manera adecuada.

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Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.

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El objetivo de esta monografía es explicar en qué medida los efectos de la crisis del régimen autoritario del General Gustavo Rojas Pinilla influyeron en la transición hacia el Frente Nacional (FN) en Colombia entre 1954 y 1960. Este caso ilustra bien cómo los efectos de la crisis del régimen autoritario de Rojas, es decir, los problemas políticos y sociales no resueltos u originados durante su Gobierno, determinaron en gran medida la modalidad de la transición hacia el FN y el diseño institucional del régimen de coalición. El examen de este fenómeno de cambio político a la luz del cuerpo teórico y conceptual de las transiciones democráticas implicó realizar la periodización en etapas transicionales del caso de estudio, analizar la interacción entre los actores, sus estrategias y los procesos políticos en cada una de ellas, y emplear una serie de conceptos clave para evaluar la transición hacia el FN.

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Este estudio de caso busca analizar la Política Exterior Japonesa en materia económica frente a las dinámicas comerciales tanto de Corea del Sur como del mismo Japón en el Periodo 2001 – 2011, teniendo como objetivo concreto la identificación de la incidencia que tienen dichas dinámicas comerciales, en términos de competitividad por precio y calidad, sobre la Política Exterior Comercial Japonesa (PECJ).

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Resumen tomado de la publicación en catalán. Este artículo forma parte del monográfico: Violencia, género y educación (Violència, genere i educació)

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El presente estudio de caso busca analizar, de manera crítica, la influencia que la ONG Human Rights Watch (HRW) tuvo frente al manejo de la práctica de reclutamiento de niños en Liberia y Sierra Leona durante el periodo 1989 – 2003. Con este fin se analiza la participación de la ONG en el reconocimiento internacional de dicha práctica como una problemática de derechos humanos, al tiempo que se contrapone a las perspectivas de los contextos socio-políticos y culturales de ambos países frente a la vinculación de niños en los conflictos armados. Este estudio mostró que la difusión de las ideas de derechos humanos por parte de HRW, a pesar de enfrentarse a conceptos distintos del „deber ser‟ de los niños en distintos contextos, termina siendo aceptada por ambos países mediante el reconocimiento de la normatividad internacional y por tanto, de esta práctica de vieja data como una violación de derechos humanos.

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Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el ISS prestaba los servicios de salud a los asalariados del sector privado en un monopolio que no le exigía ningún esfuerzo. El déficit acumulado por la falta de los aportes de la nación previstos en la Ley 90 de 1946 y los cambios en su naturaleza jurídica no le permitieron asumir el reto de la libre competencia de los actores dentro del sistema, por lo que su gestión fue cuestionada por los organismos de control y por varios fallos judiciales adversos que profundizaron su crisis financiera, sumado a los altos costos laborales por los beneficios de la convención colectiva de trabajo, cuyos mayores beneficiarios eran los servidores de las clínicas y CAA, llevando a la formulación del Documento Conpes 3219 del 31 de 2003 denominado “PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SALUD”, cuyo resultado fue la expedición del Decreto 1750 de junio 26 de 2003, que ordenó la escisión de la vicepresidencia prestadora de servicios de salud, clínicas y centros de atención ambulatoria (CAA) y la creación de siete empresas sociales del Estado. La escisión produjo cambios significativos en materia laboral para los servidores que hasta esa fecha laboraban en calidad de trabajadores oficiales del Instituto ya que fueron incorporados automáticamente a las plantas de personal de las nuevas empresas en calidad de empleados públicos, con excepción de los que desempeñaban cargos directivos o funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales, considerados trabajadores oficiales; cuyo régimen salarial y prestacional es el estipulado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional (artículos 16 y 18), lo que condujo al aparente desconocimiento de los derechos adquiridos por estos servidores en materia de negociación colectiva. El Decreto 1750 de 2003 fue demandado por vulnerar el ordenamiento superior y, en sentencias de control de constitucionalidad y desde la teoría de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional estimó que el artículo 18 era restrictivo por hacer referencia solo a los derechos adquiridos en materia prestacional sin contemplar los relativos a materia salarial y los contenidos en convenciones colectivas de trabajo. Al existir entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores una convención colectiva de trabajo vigente, de conformidad con las Sentencias C-314 de 2004 y C 349 de 2004, la Corte Constitucional indicó que dicha convención debía aplicarse a los servidores de las nuevas entidades por el tiempo de su vigencia.