998 resultados para ley de costas


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La ley 8051 de Ordenamiento Territorial representa una profunda innovación institucional en la provincia de Mendoza. Actualmente esta ley se encuentra en la etapa de su implementación, que está demorada. El objetivo de la investigación es demostrar mediante una metodología cualitativa y hermenéutica cuales serían los obstáculos e inconvenientes que subyacen a esta etapa actual de la ley, ya que hemos encontrado insuficientes respuestas al problema. Mediante la contextualización geopolítica mundial y nacional en la cual se encuentra la estructura productiva mendocina podemos problematizar la implementación de la ley desde una teoría política que directamente aborda la cuestión del conflicto político dentro del Estado de Derecho. Finalmente, los resultados de nuestra investigación indican que la ley 8051 no es una simple ley de orden técnico sin implicancias político-económicas sino más bien lo contrario, la ley 8051 sería para nosotros una práctica contrahegemónica de la comunidad científico-técnica provincial contra la emergencia de la reelaboración en ciernes del neoliberalismo a manos de la elite económica local.

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El año 2009 significó para Argentina un momento de discusiones que provocaron interpelaciones al sistema democrático. Después 26 años de recuperada la democracia, el Estado modificó la dictatorial legislación que regula los servicios de comunicación audiovisuales. Esto implica una ampliación de la democratización del sistema de medios, tanto en las voces presentes, como en los autorizados para su uso y explotación. Esta nueva legislación permite que más y diversos sujetos puedan hacer uso de su derecho a comunicar y obliga a los oligopolios de la comunicación a ceder parte de sus licencias, de ahí las presiones económicas para frenar la nueva norma.

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En base al modelo teórico metodológico de la intencionalidad editorial, que sostiene que el periodismo es objetivo (en tanto remite a fuentes), y parcial (toma de posición), analizamos la cobertura realizada por los diarios Los Andes y UNO sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La hipótesis fue que los diarios locales construyeron, a través de piezas periodísticas, un sentido común que respondió a sus intereses corporativos en detrimento del derecho humano a la comunicación. El análisis consistió en un observatorio de medios que combinó metodología cuantitativa y cualitativa, desde el 27 de agosto al 11 de octubre de 2009.

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La justicia penal adolescente es un sistema de administración judicial que extiende los derechos y garantías del debido proceso a los adolescentes a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la ley penal. Se podría decir que las finalidades de la justicia penal juvenil, por orden de importancia son: Administrar justicia de forma democrática. Fomentando la responsabilización del adolescente que ha cometido una infracción penal; promoviendo su integración social y favoreciendo la participación de la comunidad en el proceso de reinserción social, mediante la oferta de servicios y programas para el cumplimiento de medidas socio-educativas. Cabe preguntarse ¿Las instituciones correccionales son coadyuvantes en la reinserción de los jóvenes en conflicto con la ley de tal modo que no vuelvan a confrontar con el orden jurídico vigente cuando egresen? La respuesta es muy compleja porque si bien desde la situación de las instituciones el aislamiento que sufre el joven no les da defensas para poder cambiar sus circunstancias de vida a la hora de reingresar a la sociedad y esto lleva a una alta probabilidad de volver a delinquir. Sin embargo las Ciencias Sociales plantean otras alternativa para logran la inserción de los jóvenes, una de ellas, se inclina a la estimulación de la resiliencia. Esta implica: sobreponerse a las dificultades y tener éxito a pesar de estar expuestos a situaciones de alto riesgo; mantener la competencia bajo presión, esto significa adaptarse con éxito y recuperarse de un trauma ajustándose de forma exitosa a los acontecimientos negativos de la vida.

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El presente trabajo pretende analizar las modificaciones de la Ley Penal Tributaria 24.769, a partir de la sanción, en el año 2011, de la Ley 26.735. Así como también la responsabilidad del actuar profesional del contador, conforme lo que establece la ley. Para poder comprender mejor dichas modificaciones, se comienza haciendo referencia a aquellos conceptos propios y básicos del derecho penal. Si bien este contenido es propiamente jurídico, para nuestra profesión de contadores, se considera necesario desarrollarlo para una mejor comprensión del contenido de cada artículo de la Ley Penal Tributaria. Se incluyen conceptos como el de delito; su tipificación en las normas; el dolo o culpa que puede haber en el delito cometido. Así como también principios y garantías que nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional, nos asegura; entre otros temas. Luego se explica cómo fue cronológicamente la modificación de la Ley Penal Tributaria desde la primera ley sancionada hasta la que rige actualmente. Y para entender las modificaciones, se analiza más detenidamente cuatro de los artículos modificados de la ley 24.769. Se procedió de esta manera, para poder darle una mayor explicación a aquellos delitos, que son los que más se suelen presentar. Estos delitos son los de evasión simple y agravada; tanto en lo impositivo como en el aspecto previsional. Por último se hace referencia a la responsabilidad del contador desde este punto de vista penal-tributario. Este tema es muy importante para los contadores, porque muchas veces no asumimos el riesgo que corremos al ejercer nuestra profesión, si la misma no se ejerce con cuidado y profesionalismo. Hay que saber trabajar con buenos papeles de trabajo que respalden nuestra tarea. Puede ocurrir que terminemos siendo cómplices de un delito de manera intencional, o simplemente porque llevamos a cabo la tarea que fue necesaria para cometer el delito, sin tener la intención de hacerlo. Entonces es necesario, que el profesional, tenga presente en su actuar de la existencia de esta ley.

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A lo largo de esta investigación se ha tratado de describir cómo ciertos discursos de verdad que operan en el marco de la ley 22.278/22.803, construyen un nuevo tipo de subjetividad en torno a los adolescentes que ingresan al sistema penal de menores imputados por la comisión de un delito. Describir a grandes rasgos el proceso de formación de ese nuevo tipo de subjetividad y comprender su existencia en el marco de la gubernamentalidad neoliberal ha constituido el principal objetivo. Se pretendió señalar cuáles han sido las condiciones de aparición, de continuidad, de variación de esas prácticas discursivas, para así poder comprender sus condiciones externas de posibilidad.

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Esta investigación no es la primera en lo que hace al modo de construcción de consenso en la gestión del ex presidente Néstor Kirchner y en la de la presidente Cristina Fernández, ya que es un tema muy controvertido que actualmente reúne posturas tanto a favor, como en contra. El objetivo propuesto es detectar y analizar los principales mecanismos de construcción de consenso utilizados en el proceso de sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, y en el de la ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, sancionadas en 2009.

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El presente trabajo se realiza en relación a la problemática de los adolescentes, la violencia y el delito en nuestra sociedad, específicamente interesa abordar una problemática que involucra a adolescentes infractores de la ley insertos en el Programa Unidad de Medidas Alternativas (en adelante U.M.A.) del Valle de Uco de Mendoza. Lo que lleva a trabajar en este tema es poder analizar la problemática del adolescente desde un enfoque distinto, interpretativo e integral. La participación de los jóvenes en hechos delictivos se plantea hoy como un problema de gran connotación social y son muchos los debates que giran en torno a dicha problemática. Los hechos de inseguridad en donde los protagonistas son los adolescentes ocupan un lugar importante en la agenda política y de las políticas públicas. Sin embargo, la vigencia de discursos positivistas y represivos – de corte retributivos, del castigo por el castigo mismo- se ponen a la orden del día, constituyéndose en políticas de estado que poco tienen que ver con solucionar el problema de raíz, menos aún en los contextos rurales. Por otra parte, la motivación a dicho trabajo, se contextualiza en la necesidad de realizar un aporte teórico metodológico a la temática, desarrollando y describiendo a los adolescentes en conflicto con la ley como “un fenómeno social", pertenecientes a familias transgresoras, tradicionales y vulnerables, expuestas a factores de riesgos como inicio temprano en el consumo de drogas, vivir en lugares conflictivos, vulnerabilidad socioeconómica entre otras.

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Presentación realizada en la Primera Conferencia Latinoamericana Prevención y Atención del Aborto Inseguro. Lima, Perú, 29 y 30 de junio de 2009

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El 31 de julio de 1999, Paulina del Carmen Jacinto, de trece años, fue violada enfrente de su familia por un hombre que se metió a su casa. Paulina quedó embarazada. Ella y sus familiares solicitaron el aborto al que Paulina tenía derecho. Las autoridades de salud, anteponiendo sus creencias religiosas, impidieron que Paulina interrumpiera su embarazo. Paulina, en el nombre de la ley, relata estos eventos en la voz de Paulina, sus familiares y su abogada.