1000 resultados para Trujillo (La Libertad, Peru). Cabildo.
Resumo:
El presente trabajo pretende ser una guía de orientación para el enriquecimiento de la ciencia jurídica, dirigido hacia la instrumentalización de una ley de economía solidaria, tomando en cuenta que el Preámbulo y el Art. 242 de nuestra Constitución la enuncian como un principio que rige la economía social de mercado; y, la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada como un principio modernizador de la esfera estatal; de tal manera que se constituya en un posible instrumento eficaz de desarrollo económico y social que conlleve a la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana. Dividimos la investigación en cuatro capítulos: En el Capítulo I se analizan los derechos y los principios económicos constitucionales que rigen a los países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, principalmente: el derecho a la propiedad privada y su función social, el derecho a la libre competencia, el derecho a la libertad de empresa, y el principio de la solidaridad económica. Los objetivos de la economía social de mercado contemplados en las constituciones andinas. En el Capítulo II se realiza un estudio sobre los orígenes remotos y próximos de la economía solidaria, así como los fundamentos del cooperativismo a nivel nacional e internacional. En el Capítulo III se establece un marco conceptual referencial sobre la necesidad de instrumentalizar una ley de economía solidaria, estableciendo su objeto, principios, fines y organización. Por otro lado, se describen los parámetros para la creación de un fondo de fomento y de una Superintendencia de economía solidaria. Finalmente, en el Capítulo IV arribamos al establecimiento de conclusiones y recomendaciones.
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Motiva la elaboración de la presente Tesis, la necesidad del estudio del Peculado Bancario como figura jurídica del Derecho Penal Económico y su relación con los acontecimientos suscitados en la más reciente crisis financiera ecuatoriana iniciada en el año 1998. Es necesario distinguir para el análisis de este tema, el contexto de una tendencia de liberalización de los mercados y la actividad financiera en toda América Latina y obviamente en el Ecuador, proceso en el que se inscribió la legislación nacional reformada en agosto de 1994 con la aprobación de una LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, en sustitución de la LEY GENERAL DE BANCOS existente hasta entonces. Dicha Ley General de Instituciones del Sistema Financiero estableció desde luego un avance importante en la actualización de la legislación bancaria del país a los concepto flexibles de banca múltiple, que como tales pretenden la creación de un verdadero “sistema financiero” en el país, a través de la autorización a las instituciones bancarias de una amplia variedad de servicios financieros en beneficio de los usuarios, acordes con la dinámica actual de la actividad financiera y la complejidad que supone el ejecutar distintos procesos relacionados con diferentes prestadores de servicios. Este concepto laudable en principio no excluye sin embargo la intencionalidad última de todo proceso de liberación que es el mayor desmantelamiento posible de los mecanismos de control, fiel a su premisa teórica de que todo control supone restricción y conculcación de los intangibles atributos de la libertad económica y su congénere más cercana, la libertad de empresa, así como una intromisión del Estado en el principio superior de autonomía de la voluntad y libertad de contratación, todo esto con el corolario de que así mismo, todo mecanismo de control e intervención por parte del Estado se halla dotado de un agregado ineludible de corrupción. Acogiendo estos criterios vio la luz la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y se estableció una permisibilidad que la experiencia ha demostrado resultó ser inconveniente y aún peligrosa para la estabilidad no solo del sistema de pagos, sino de la propia economía y que derivó en el libertinaje de los administradores de las instituciones financieras, con las dolorosas consecuencias que son de todos conocidas. De este libertinaje financiero se siguió que muchos administradores bancarios fueron encausados penalmente por la presunta comisión de delitos bancarios, cuya regulación, vale anotar, al momento de la crisis resultó insuficiente, insuficiencia que se explica desde luego, por esta flexibilización de controles que inspiró la nueva legislación bancaria.
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La presente investigación se halla basada en una experiencia etnográfica realizada en el Centro de Rehabilitación Social Femenina de Quito El Inca. Es una aproximación al motín carcelario realizado por las internas en marzo de 2004. Vincula la efervescencia política de los acontecimientos ocurridos en esa ocasión con la cotidianidad de lo político: ese antagonismo intrínseco a toda relación social, agudizado en las prisiones del país. Esta reflexión parte de la situación particular de las mujeres en prisión, articula la dimensión afectiva a la dimensión política. Aborda las relaciones de amor, poder y subordinación entre los géneros; la libertad como asunto político, no en su sentido emancipatorio sino como posibilidad de realización de vida.
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El presente trabajo investigativo pretende ser una guía orientada a justificar la procedencia de aplicación del arbitraje en materia tributaria en el país. Para ello, dividimos su estudio en tres capítulos: En el Capítulo I se analiza las limitaciones en la aplicación del arbitraje, abordando sus antecedentes y naturaleza; el arbitraje en el Derecho Público; la libertad contractual; otros medios alternativos de solución de conflictos tributarios; el arbitraje tributario interno e internacional, este último a manera de referencia breve; como también algunos principios tributarios relacionados con el arbitraje, tales como: el principio de reserva de ley, de indisponibilidad de las normas tributarias e igualdad; la transacción como esencia del arbitraje, y el papel que juega el Procurador General del Estado. En el Capítulo II se establece las perspectivas de aplicación del arbitraje en el país, examinando la falta de una prohibición constitucional y legal expresa; la estructura de las normas tributarias que incluye el supuesto de derecho y de hecho; el arbitraje en materia aduanera; las condiciones para su aplicación; el arbitraje en la vía administrativa, tanto en la fase administrativa y recaudatoria; el arbitraje en la vía judicial; el arbitraje en equidad o en derecho, institucional y "ad-hoc", voluntario y legal; casos de posible aplicación del arbitraje tributario en el país, en la determinación de la obligación tributaria y en la recaudación del tributo, y el arbitraje tributario internacional. En el Capítulo III se analiza el arbitraje en la legislación de los países miembros de la Comunidad Andina, reflejando la realidad jurídica de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. Finalmente, arribamos al establecimiento de conclusiones y recomendaciones.
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El nuevo escenario internacional, caracterizado por el fin de la guerra fría y el auge de la globalización, no hizo realidad el anhelo de alcanzar una paz estable y duradera, y dio lugar a un orden fracturado en lo político y lo social, en el cual las principales potencias compiten por afianzar sus áreas de influencia y lograr una mayor supremacía política y un mayor poder económico. Frente a esta dinámica de atracción la respuesta de los cinco países andinos, vulnerables, dependientes y con escaso margen de maniobra para intentar de manera individual respuestas propias a sus necesidades, fue agruparse para participar de la manera más beneficiosa posible en el nuevo contexto internacional. La integración surge como la "opción estratégica" de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que a través de la Comunidad Andina decidieron establecer vínculos externos fuertes para adquirir mayor autonomía interna y compensar la relación dependiente con la potencia del norte. El nuevo ímpetu de la integración fue recogido por el Protocolo de Trujillo, adoptado en la reunión presidencial celebrada en la mencionada ciudad peruana en marzo de 1996 que incorporó jurídicamente la dimensión política de la integración, mediante el establecimiento de dos órganos responsables de llevarla adelante: el Consejo Presidencial, responsable de definir la política de laintegración andina; y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, encargado de formular la Política Exterior Común. El fundamento de la Política Exterior Común sería dotar de sentido a la integración, que superando el ámbito económico y comercial, identificará una agenda propia como "base para la definición de una estrategia comunitaria que permita la proyección de la Comunidad Andina en el contexto internacional". La instrumentación de la Política Exterior Común fue recogida por la Decisión 458, que estableció sus lineamientos a partir de la identificación de acciones concretas de cooperación entre los países miembros que permitan definir una acción concertada para "la lucha contra el problema de la droga y la corrupción, el fortalecimiento de la seguridad, el fomento de la confianza y el impulso de la vigencia de los derechos humanos y la profundización de la democracia en la Subregión andina". Desde entonces la Secretaría General de la Comunidad Andina ha comprometido sus esfuerzos por impulsar la integración política, que hasta entonces se había mantenido a la zaga de la integración económica. Si analizamos los resultados de los esfuerzos de la Comunidad Andina en términos de declaraciones, éstos serán alentadores, sin embargo a la luz del contexto andino actual se hace evidente que la estrategia integracionista impone grandes desafíos a las políticas nacionales de cada una de las partes y la adopción de una estrategia en la que converjan factores económicos, políticos y sociales. La Política Exterior Común Andina debería constituirse en el instrumento esencial de la integración que enfrente a lo que Aldo Ferrer llama "los cuatropecados capitales";5 la dependencia; la pobreza y la exclusión social; las asimetrías en las estrategias nacionales; y las divergencias en la inserción internacional. El presente trabajo aspira analizar descriptivamente las posibilidades y limitaciones de la Política Exterior Común Andina como elemento dinamizador de la integración en la Subregión y sus perspectivas en la evolución del sistema internacional.
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Entendiendo que la obra de Iván Carvajal, se inscribe dentro de un periodo de reconocimiento de la híbrida realidad ecuatoriana, se analiza brevemente los principales postulados de la teoría de la recepción y de cómo el “artefacto” poético de Mukarovsky, se transforma en un “objeto estético”, a través de la concretización de las indeterminaciones. El objeto estético entonces, compuesto de palabras, que por el uso que de ellas hace el poeta, crea y recrea el mundo. Se recurre del mismo modo a la deconstrucción para expresar cómo la poesía difiere la realidad y cómo el poeta mismo deconstruye mitos e historias. Al diferir la realidad, al diferir los significados, consigue que la palabra sea usada libremente, con la libertad que obtiene el signo al liberarse de su cualidad comunicativa. La metáfora, el signo y la palabra iluminan el mundo, oscurecido por el lenguaje, que a pesar de ello, lo recrea. En esta tesis se propone una lectura de tres poemarios: En los labios la celada (“A la luz de Botticelli” y Celadas), Los amantes de Sumpa e Inventando a Lennon. Esta lectura pretende recuperar el viaje que hace Carvajal a través de la mitología clásica, la mestiza ecuatoriana y la producida por la industria cultural hegemónica. En los textos cuya lectura se propone se ve cómo se narra una historia a partir de una voz poética, historia que por la necesidad de ser narrada, recurre al uso de varias voces, de este modo la voz poética, desempeña varios papeles, de varios personajes, en el tinglado que va armando Carvajal en cada una de las obras que conforman el corpus de este trabajo.
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La presente investigación muestra el proceso de construcción de las sociedades negras de la cuenca del río Santiago, que se inicia con la llegada de esclavizados de las minas neogranadinas, en el siglo XVIII, con el fin de abrir una nueva frontera minera y prestar su contingente en los proyectos viales ideados por las autoridades para unir la Sierra con la Costa. El contexto peculiar de la región de Esmeraldas, de carácter marginal, caracterizado por la condición libre de la población negra, junto a un tipo de esclavitud particular en la que no predominaron las formas coercitivas, permitió a los esclavos, a partir de las cuadrillas, desplegar una serie de dispositivos efectivos y tomar posesión de las minas y sus espacios aledaños, dando lugar a la conformación de sociedades domésticas fortalecidas por lazos de parentesco y de solidaridad. Con la fase independentista, las sociedades esclavizadas del distrito minero van a participar a favor de la causa insurgente, motivados por el interés de continuar con su proyecto étnico de conformación social e identidades colectivas en medio de la libertad y legitimado por el nuevo Estado republicano. Con este interés se enrolaron como soldados de las fuerzas insurgentes, actuaron como chasquis y espías en los caminos, y generaron rumores entre la población, causando estragos a las fuerzas realistas. Esta dinámica de identidad y resistencia negra continuó en la república cuando las sociedades negras, en su lucha por el territorio, autonomía y libertad, frente a la intención del Estado nacional de integrar a los sectores excluidos mediante la ley de abolición de la esclavitud, se automanumitieron. Un acto de franco rechazo a una política de los sectores dominantes que, desde la Colonia, marcaron la presencia de fronteras sociales y culturales que los marginó y negó toda posibilidad de existencia digna. Para la segunda mitad del siglo XIX, frente a un nuevo escenario caracterizado por la presencia de empresas extranjeras, que iniciaron formas laborales represivas y usurpación de las tierras, la población liberta se conformó como comunidad del río Santiago y emprendió una nueva lucha, la compra del territorio, como una forma de legitimar sus sociedades. Más tarde y frente al permanente ambiente de agresión, debieron venderlas a los extranjeros, pero antes negociaron su vinculación laboral y su permanencia y de las futuras generaciones, un recurso que les permitió continuar ejerciendo su territorialidad y defendiendo su forma de vida en libertad.
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La obtención de pensiones alimenticias, a través de un nuevo procedimiento propuesto a partir de julio del año 2009, implica determinar si en verdad se descongestionó, agilitó o creó tensiones en los procesos bajo la nueva normativa vigente. El cimiento del contenido de este trabajo constituye ubicar esos cambios generados y analizarlos en aras de diagnosticar la actual justicia de niñez. El primer capítulo nos abre la puerta a conocer la conceptualización, la naturaleza jurídica de los alimentos y las características de ese derecho, así como los obligados a la misma. Un segundo capítulo desarrolla los elementos necesarios para ser beneficiario del derecho a los alimentos, así mismo analiza los apremios o medidas implantadas para efectivizar el pago de una pensión, tomando en cuenta la ponderación que se ha dado a valores en conflicto tales como la supervivencia y la libertad. Veremos los pro y contras de la nueva ley, para terminar en lo posterior con la comprensión de la tabla de pensiones existente. Concluimos este trabajo, con el capítulo tercero que refleja una investigación in situ, cuyo propósito determinará cuál es la realidad que se presenta en la Función Judicial y las incidencias latentes, así como los aciertos que se presentan en torno a la nueva ley reformatoria al tema de la niñez y que pondrá a la luz algunos hechos de importancia no conocidos, tanto para los administradores de justicia como para los/las usuarios/as. El trabajo analizará el cumplimiento y aplicación de los principios constitucionales tales como la celeridad o la simplificación, entre otros, obteniendo como resultado el concebir una pensión justa que satisfaga las necesidades del alimentario/a en correlación directa con la sociedad en la que se desarrolla, investigando cuáles han sido los antecedentes fácticos para realizar el cambio en dicho procedimiento.
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La presente tesis se centra en el estudio de las migraciones internacionales, teniendo éstas cierta especificidad en relación a las migraciones internas, pues varias de las tensiones manifiestas en el transcurso de este análisis, no ocurren en las migraciones de carácter interno; y aquellas existentes, poseen distintas formas de manifestarse. En un primer capítulo se desarrolla el tema de la migración como un derecho humano. Partiendo de que es efectivamente un derecho, se lo relaciona con la libertad de circulación y residencia y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En adición, se ubica la relación entre migración y ciudadanía y la tensión existente entre ésta y los derechos humanos. Se finaliza el capítulo abordando la significación, características y el alcance del Derecho al Retorno, como parte fundamental del Derecho a Migrar. Como segundo capítulo consta una breve descripción de la evolución histórica de la Política Migratoria Europea, desde su aparición en 1997 –con el Tratado de Ámsterdam – hasta la actualidad; así como de la Política Migratoria del Reino de España. En un segundo acápite se analiza específicamente la Política Migratoria Española, su marco legal y las implicaciones que ésta tiene en los derechos humanos de la población migrante; al tiempo que se caracteriza esta población para identificar a quiénes se dirige en concreto esta política. En un acápite final se estudia la “Directiva sobre los procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio”, más conocida como “Directiva de Retorno”, adoptada por el Parlamento Europeo el 18 de junio de 2008. Finalmente, en un tercer capítulo, se analiza la Política Migratoria de Retorno del Ecuador a fin de determinar si ésta respeta o viola los derechos humanos de la población migrante y, especialmente, si es una política que favorece el retorno voluntario de sus migrantes.
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Este trabajo pretende ofrecer una visión general de cómo ha funcionado la prensa, es decir el “papel periódico” a lo largo de la historia del Ecuador. No busca los periódicos individuales y sus contenidos, ni se refiere sino muy tangencialmente a los grandes periodistas y debates. Se propone explicar cómo se han producido los periódicos, a quienes han llegado, con qué recursos técnicos han podido contar, cómo se han relacionado con la sociedad; es decir de que manera cumplieron su misión como medios de comunicación. En realidad, tiene alcances más bien modestos, ya que solo intenta describir los elementos del funcionamiento de la prensa que son complementarios para entender su contenido y su papel. Además de la precisión que se ha hecho, es pertinente observar que lo que aquí se expone no es un estudio histórico especializado propiamente dicho, sino un corto esbozo general del tema, que solo podrá ser desarrollado en forma exhaustiva con trabajos ulteriores de investigación que están por realizarse. También se debe advertir que, aunque a veces se hace referencia a otros medios, esta no es una historia de la comunicación social en el Ecuador, sino un estudio centrado exclusivamente en la prensa escrita. Se debe asumir, en fin, que aquí no se pretende hacer un balance sobre la relación de los medios impresos con la realidad social, o sobre la evolución de aspectos tan importantes como la libertad de expresión o las garantías ciudadanas. Todo ello está fuera del ámbito de este trabajo. La exposición comienza con una breve visión de la comunicación en las épocas aborigen y colonial, para pasar luego a la fundación del primer periódico. Se exponen en forma diacrónica las modalidades de prensa que se han dado en la vida nacional, con sus principales características, desde el siglo XIX hasta nuestro presente, a inicios del siglo XXI.
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Presenta la política laboral del gobierno en el sector público, evidenciando una tendencia regresiva en el ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga en el sector público. Denuncia los despidos masivos, hostigamiento, persecución y criminalización y las reformas jurídicas regresivas en materia de derechos sindicales y laborales. Establece los elementos de una política laboral progresista que respete íntegramente la libertad y estabilidad sindical a fin de respetar la negociación colectiva y al derecho de huelga como derechos humanos fundamentales.
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El objetivo de esta investigación es analizar las ideologías que se expresaron a través de los editoriales publicados por los diarios El Universo, El Comercio y El Telégrafo, tras la sentencia contra el primero de éstos, como parte de una disputa por la hegemonía, consustancial a la transformación política posneoliberal, que ocurre simultáneamente tanto en Ecuador como en Venezuela, Argentina y Bolivia. Esta dinámica deriva en discursos de la Prensa privada, que alertan sobre la amenaza contra la libertad de expresión, lo cual, a su vez, es interpretado como oposición al cambio por parte de los medios gubernamentales, poniendo en tensión los valores liberales e incluso el concepto de democracia, vigente. En este sentido analizaremos la relación entre ideología, discurso y mediatización de la política (Félix Ortega 2010), a partir del análisis de discurso comparado, de acuerdo con la propuesta metodológica de Teun Van Dijk (2000 y 2003), según la cual identificaremos las funciones ideológicas, a través de principios de énfasis y sus implicaciones políticas en el marco de la democracia liberal. Esta investigación se basará en el análisis de nueve editoriales publicados por los diarios El Comercio, El Universo y El Telégrafo, después de la sentencia contra diario El Universo, entre el 22 y el 27 de julio. La sentencia contra diario El Universo, resultante de la demanda del presidente Rafael Correa contra este medio, constituyó el momento más álgido de una relación de constante confrontación entre la Prensa privada y el gobierno ecuatoriano.
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Las intendencias de policía en nuestro país, por varias décadas han ejercido jurisdicción penal, facultad que las ha habilitado a privar de la libertad a las personas –hoy por hoy- hasta por treinta días, en condiciones aparentemente arbitrarias, carentes de filtros constitucionales, en las que frecuentemente se ha denunciado la vulneración de derechos humanos. El hecho de que sean un órgano de la función ejecutiva y además sus representantes sean de libre nombramiento y remoción por las gobernaciones provinciales, hace mucho más cuestionable su administración de justicia, por la exigua independencia orgánica que ofrecen, consecuentemente la endeble imparcialidad en el juzgamiento contravencional. Este problema se maximiza cuando analizamos la estructura jurídica del sistema contravencional en el que administrarán justicia; un sistema de siglos pasados que ha sobrevivido hasta nuestros días, que en el campo sustantivo contiene tipos penales que prohíben actos obscenos, impúdicos, inmorales, y contrarios a las buenas costumbres y, en el ámbito adjetivo prevé un proceso eminentemente inquisitivo. Razones por las que, el objetivo de la presente tesis será la confrontación del sistema contravencional con el sistema garantista desarrollado por Luigi Ferrajoli, y el estudio e investigación concreta de la jurisdicción penal ejercida por una intendencia de policía del país, para así evidenciar los niveles de arbitrariedad, decisionismo o ejercicio ilimitado de poder que puede habilitar este sistema penal.
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La historia del Cabildo es la historia de la ciudad, pues a través de su accionar cotidiano se define la vida de la urbe y de su gente. Históricamente esta instancia capitular ha tenido amplios poderes jurisdiccionales. Sus miembros, por lo general, han sido una minoría selecta y rectora de tales decisiones, llegando la misma a configurarse en una élite con gran poder y prestigio local; y manteniendo relaciones de parentesco entre algunos de sus integrantes. La presente tesis investiga cómo estuvo configurado –social y políticamente- el cabildo quiteño entre 1895 y 1906, escrutando las actas capitulares de dicho período y analizando los procesos eleccionarios municipales que llevaron a ciertos ciudadanos al seno de dicho organismo; en concordancia con lo establecido en el marco jurídico de la época. Ello nos conduce a develar las principales ‘redes familiares’ que se crearon dentro del cabildo de Quito y lo controlaron durante esos años, intentando permanecer en él para defender sus espacios de poder individual y de clase. A ello se suma el análisis de una serie de tensiones políticas entre el poder local y el poder central, que reflejan, por un lado, la lucha de aquellas élites capitulares por defender su espacio de influencia política y social, corroborando el hecho de que ciertamente aspiraban precautelar sus intereses. Por otro lado se patentiza el afán gubernamental de controlar de manera directa o indirecta la instancia municipal, a través de diversas injerencias o atropellos a su autonomía, en la necesidad última de restarle competencias y poder político al Cabildo.
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En el presente trabajo recupero textos dispersos de la diversidad de la dramaturgia ecuatoriana con el objeto de incorporarlos a la memoria de la literatura teatral y/o la tradición de nuestro país y de Latinoamérica para vincularlos a un lector/espectador actual. Establezco un diálogo reflexivo-interpretativo, sumamente enriquecedor, entre el Teatro del Absurdo y los textos dramatúrgicos ecuatorianos: Procedimiento de Juan Manuel Valencia, Bajo la puerta de Ernesto Proaño y Álvaro Rosero y El estigma y el ladrón de Fabián Patinho cuyas dramaturgias se han construido bajo la influencia o la referencia de dicho Teatro. Me ha interesado pensar los textos a la luz del Teatro del Absurdo. Para dicha empresa he revisado los aportes teóricos que han trazado Martin Esslin o los propios creadores/críticos sobre este Teatro, catalogado como un subgénero literario teatral o movimiento literario que acusa la ruptura de la lógica en el discurso, el descrédito de la realidad o la ilógica dramatúrgica para develar el vacío existencial de la condición humana. También he recorrido, a manera de una pequeña radiografía, su uso en la tradición contemporánea y actual de la dramaturgia internacional, latinoamericana y ecuatoriana. Mi propósito ha sido descubrir de qué manera se subvierte el uso del Teatro del Absurdo en nuestras creaciones dramatúrgicas, con el propósito de reivindicarlas para estimular la producción dramatúrgica y enriquecer el acerbo así como la experiencia cultural de la Literatura Hispanoamericana. El resultado es una nutritiva diversidad de miradas que vinculan a la Literatura con los Estudios de la Cultura desde sus aristas estéticas, políticas y sociales. Cada uno de los textos dramatúrgicos ha sido leído desde la clave que brinda Paul Ricoeur acerca de la libertad para la interpretación hermenéutica, que se genera a partir de una lectura desde donde el lector significa o re-significa de manera inagotable lo que el autor ha puesto en palabras.