El recurso de casación en materia penal

El tema central y alcance de la presente tesis de maestría está circunscrito al actual recurso de casación penal, contenido en los artículos 656 y 657 del Código Orgánico Integral Penal. La perspectiva teórico-metodológica utilizada ha sido de tipo documental y dogmática, recurriendo primariamente a textos legales, doctrina y jurisprudencia actualizada. El concepto principal que sigue esta tesis es que actualmente se ha disuelto la pretensión original del fin político de la casación, pues no se puede seguir pensando en términos de una teórica justicia absoluta abstracta, sino más bien en ir hacia una justicia razonable del caso concreto. Por tanto la idea que debe guiarnos es que la protección del sistema jurídico se ha ampliado a la efectiva protección de los derechos y garantías fundamentales, lo cual termina contorneando la casación penal de una manera muy diferente a la originalmente diseñada para su funcionamiento. En el capítulo primero se realiza un análisis histórico de la casación, con su "fin político o Ius constitutionis", esto es las funciones nomofiláctica y la uniformadora, y la creciente importancia del "fin procesal o Ius litigatoris" esto es la función dikelógica. Se analiza las características y principios de la casación penal. Y la llegada y desenvolvimiento de dicha institución procesal penal en nuestro país. En el capítulo segundo, se realiza un análisis de la correcta conceptualización de los conceptos de error in procedendo y error in iudicando, y dentro de éste último el error de derecho (in jure) y el error de hecho (in facto). Se resalta el tema del error de juicio in iudicando in factum, esto es la problemática del segundo inciso del Art. 656 del COIP, que bien puede ser la parte más importante de esta tesis. En el capítulo tercero se analiza la técnica de casación penal; y se hace un análisis de los titulares del recurso, de su admisión, de la audiencia pública de fundamentación; así como de la sentencia de casación.

La presunción de inocencia y prisión preventiva en el proceso penal ecuatoriano

En la presente investigación, se identifica un problema jurídico constitucional: el conflicto entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva en el proceso penal ecuatoriano, en virtud que en la práctica procesal, tanto la presunción de inocencia como la prisión preventiva crean nudos críticos, que colocan en entre dicho el valor jurídico del derecho a la libertad personal en el Estado constitucional de derechos y justicia; por tal razón en los objetivos investigativos se estableció la necesidad de dilucidar las causas por las cuales estas instituciones jurídicas producen visibles conflictos, con la finalidad de buscar soluciones que permitan subsanar las limitaciones observadas. Viabilizar el derecho de libertad personal y la concreción de los fines del proceso penal, premisa importante para edificar una justicia a tono con el Neoconstitucionalismo imperante en el actual paradigma estatal cuya tendencia garantista es impulsada por la Comunidad Internacional que motiva la practicidad del principio pro persona. El Capítulo I, contiene un estudio de la presunción de inocencia, sus referentes históricos, definiciones, su importancia en el Estado constitucional de derechos y justicia, así como su impacto en la realidad procesal y la justicia penal. El Capítulo II, contiene un estudio sobre la prisión preventiva, su evolución histórica, formas de implementación, su carácter de excepcional y medida de última ratio y su apreciación como una pena anticipada. El Capítulo III, contiene un estudio respecto del conflicto o colisión que presentan los institutos de la presunción de inocencia y la prisión preventiva, y las garantías en juego desde un enfoque legal y constitucional. Por esta investigación llegamos a la conclusión que el conflicto persistente entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva, radica por problemas normativos y de la praxis, en casos en concreto.

Problemas jurídicos que plantea la extensión de la responsabilidad de la obligación jurídica tributaria en el régimen ecuatoriano

El presente trabajo analiza las propuestas doctrinarias, ponencias, alcances técnicos, estudios jurídicos y legislación comparada, respecto a la teoría de la responsabilidad fiscal y de los sujetos pasivos como elemento subjetivo de la obligación tributaria; y, las teorías relacionadas a la extensión o vinculación de la obligación tributaria a terceros. Concomitantemente esta tesis valora el alcance de las disposiciones del ordenamiento jurídico ecuatoriano relacionadas a la obligación impositiva, la responsabilidad en materia tributaria, la extensión de la vinculación fiscal a terceros y sus límites, así como la dinámica de su aplicación en casos reales respecto a la gestión tributaria de la administración central. Para estos propósitos, el capítulo primero de esta obra se concentra en realizar un exhaustivo examen de las propuestas doctrinarias nacionales e internacionales, relativas a los fundamentos jurídicos de la responsabilidad y los elementos constitutivos y significativos del fenómeno de la extensión de la responsabilidad, para así profundizar sobre el universo comprendido por los sujetos pasivos, y la influencia que ha recibido este instituto, respecto de las corrientes de vinculación de terceros a la obligación tributaria. En el segundo capítulo, luego de una valoración pormenorizada del ordenamiento jurídico relativo a la responsabilidad y los sujetos tributarios, se estudia sobre la gestión tributaria relativa a estas disciplinas, para así identificar los problemas jurídicos que conlleva la aplicación de la extensión de la responsabilidad, para luego delinear las perspectivas que tendría este fenómeno en nuestro régimen. En suma todos los elementos presentados en el presente trabajo, nos conducen y acercan al conocimiento sobre el tratamiento y consecución de la valoración de los límites de la extensión de la responsabilidad fiscal a terceros, ofreciendo una respuesta acreditada a la comprensión de este fenómeno en el régimen jurídico ecuatoriano.

Direito penal do inimigo: no Brasil e no mundo

O objetivo deste trabalho é dissertar acerca da teoria do Direito Penal do Inimigo segundo a concepção de Gunther Jakobs, bem como sua origem, características e as bandeiras defendidas por este...

A psicopatia e seu tratamento jurídico-penal

A pesquisa realizada visa atentar não só a sociedade, mas principalmente os profissionais envoltos na realidade jurídica para a necessidade de uma sanção adequada aos psicopatas, com a devida urgência. Esta individualização propiciará uma reação adequada dos juristas aos atos cometidos por estes indivíduos que não são ressocializados pela penalização comum, tampouco podem ser considerados doentes mentais, vez que não há tratamento químico benéfico para este transtorno que possuem. Indivíduos que tem consciência e capacidade de determinação na prática de atos ilícitos, mas necessitam biologicamente destas práticaspara satisfazerem-se e assim cometem crimes variados, de acordo com o grau de periculosidade deste transtorno. Reincidentes, que sem o tratamento legislativo adequado oferecem perigo eminente à sociedade. Apresentando e esclarecendo como trabalha a mente, as ações e reações de um psicopata, e, principalmente seus resultados jurídicos. Discorrente sobre a razão de procurar um caminho para realizar justiça, ou especialmente prevenir possíveis condutas criminosas. O desafio enfrentado no decorrer deste é encontrar respostas positivas dentro do que nos limita a Lei Maior, para que em um futuro próximo exista definitiva solução, utilizando-se de fontes bibliográficas em Direito, Psicologia, Psicologia Jurídica, Criminologia, Medicina Legal, Psiquiatria Forense, e ainda, algumas considerações jurisprudenciais.

Provas ilícitas no processo penal

Prova é o meio pelo qual as partes buscam esclarecer os fatos apresentados ao Juiz em uma lide. A utilização da prova é vedada quando é produzida em contrariedade a normas do direito material ou processual, podendo ser ilícita ou ilegítima, respectivamente. Ilícitas são aquelas que violam normas de direito material e ilegítimas as que violam regras de direito processual. A respeito da admissibilidade das provas ilícitas, existem três correntes doutrinárias. A primeira as admite, desde que punido aquele que as produziu. A segunda, não as admite por tratar-se de infração à constituição. A terceira, busca a solução através do princípio da proporcionalidade, segundo o qual se deve sopesar o direito fundamental a ser protegido e os interesses da sociedade. Ainda que ilícita, pode a prova ser utilizada se for favorável ao réu, quando podem aplicar-se as excludentes de ilicitude do Código Penal. Se a sentença condenatória se baseou em provas ilícitas, após o trânsito em julgado o réu pode utilizar-se de revisão criminal ou do habeas corpus. São meios ilícitos de obtenção de provas: violação de domicílio, confissão obtida mediante tortura,violação da intimidade pela imprensa e interceptações clandestinas. O Juiz pode autorizar interceptações telefônicas sempre que houver indícios de autoria ou participação em infração penal, desde que não haja outro meio de se produzir a mesma prova e o fato for punível com reclusão. Em tese, todas as provas colhidas por meio de interceptação e escuta telefônicas realizadas antes da lei 9296/96, que regulou o assunto, seriam ilícitas por falta de fundamento.

Redução da maioridade penal

Maioridade Penal é um assunto que vem sendo bastante discutido por toda a sociedade. A conotação que vem sendo dada pela mídia é no sentido de que há necessidade da redução da maioridade penal, diante de tal questionamento, essa obra de monografia visa tentar elucidar algumas dúvidas que ao longo desses anos vem conturbando o cenário penal brasileiro. Notadamente temos correntes que defendem a redução da maioridade, com fortes campanhas mostrando o adolescente como o indivíduo violento e consciente, com capacidade de responder por seus atos. Por outro lado, temos outra corrente que defende que a maioridade não deve ser diminuída, pois a causa do aumento da violência não é a idade e sim a política social haja vista que o governo não trata o assunto com a importância necessária. Diante disso temos que analisar, REDUÇÃO É A SOLUÇÃO? O Estatuto da Criança e do Adolescente nasceu com a função de tentar enquadrar o menor infrator em contexto mais justo, temos que valorizar nossa legislação, pois ela está apta para contornar problemas dessa ordem. Enfim à pesquisa tenta sanar tais perguntas. Nossa pesquisa mostra que antes de qualquer movimento temos que rever a forma de educar, acompanhamento social de famílias bem como a criação de empregos, estruturando assim a base de pirâmide, que com certeza é a família, alicerce verdadeiro, que da base para a criação de homens dignos de bom caráter e com vontade de crescimento social. Dessa forma teremos jovens compromissados, buscando sua colocação profissional não dando margem para marginalidade invadir sua vida.

Das provas Ilícitas no processo penal

Questão polêmica é a da admissibilidade das provas colhidas ilicitamente, especialmente no âmbito penal.De um lado a proteção das Liberdades Públicas, o direito à intimidade, da dignidade da pessoa humana.De outro o poder-dever do Estado de exercitar o jus puniendi em desfavor do criminoso, buscando manter a harmonia social.Também são contrastes o direito à prova, a verdade real do processo penal e os limites éticos impostos pela atual concepção de dignidade da pessoa humana.Nesse contexto de valores constantes merece destaque a teoria da proporcionalidade que visa sopesar os valores em jogo e proteger valores mais relevantes do que aqueles infringidos na colheita da prova e também constitucionalmente protegidos.Como forma de assegurar a aplicação da inadmissibilidade da prova ilícita tem-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, de origem estadunidense, visa inadmitir no processo penal as provas derivadas das provas obtidas ilicitamente.Adotou a estratégia de frisar as exceções no país de origem para demostrar que a mitigação é ponto crucial para aplicação dessa teoria.O trabalho se deslinda levando em conta a idéia de proteção das garantias e direitos individuais do cidadão sem desconsiderar que o Estado deve manter a harmonia social, e que a sociedade é tão merecedora de proteção quanto o indivíduo.

Responsabilidade penal da pessoa jurídica no crime ambiental

As teses que se colocam diante da aceitação da responsabilidade penal da pessoa jurídica por conduta ou atividades lesivas ao meio ambiente são inúmeras, por isso, ilustra a importância da tutela penal, que surge como medida de urgência"ultima ratio" para assegurar que os verdadeiros agressores do meio explanação sobre a evolução histórica do estatuto jurídico do meio ambiente no Brasil, discrimina o conceito jurídico de meio ambiente,exige a preservação do meio ambiente há direito fundamental.Este estudo demostra, que o meio ambiente é bem de uso comum do povo e que a sobrevivência do ser humano só será possível com a existência de meios eficazes capazes de cessar as agressões ambientais.Trata com evidência o princípio da entre a responsabilidade civil, administrativa e criminal, tendo em vista as divergentes esferas em que são determinadas.Analisa brevemente, em outro plano, uma série de críticas por parte de vários tratadistas de renome que não acolheram a responsabilidade penal da pessoa jurídica apresentado diversos fundamentos fáticos e jurídicos em defesa do respectivo posicionamento, mesmo este sendo contrário á legislação brasileira responsabilização diante da prática de crime ambiental, para garantir que as futuras gerações tenham ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O aborto e o direito penal brasileiro:o processo de descriminalização do aborto eugênico no Brasil

Em busca do desenvolvimento e do futuro sempre tão almejado são evidentes os avanços científicosw e tecnológicos da humanidade.Assim como também se torna visível aos olhos humanos os crimes cometidos em qualquer lugar, que se tornam cada dia mais banalizados e constantes num mundo que se apresenta destituído dos valores humanos, mais genuínos, onde perdemos, simplesmente, o respeito pela vida e pela dignidade humana.O aborto, uma prática realizada não somente no Brasil mais em qualquer outro país, não deve ser ignorado pelas autoridades, nem mesmo pela sociedade, pois envolve não somente aspectos éticos, religiosos e políticos, como também questões relacionadas aos aspectos sócio-econômicos, psicológicos e de saúde pública.Desta maneira, se torna necessário entender de forma clara o que é o aborto, quais os tipos classificados, quais deles são criminosos ou legalizados, isto é, permitidos ou não pela lei, para que possamos abrir a discussão sobre esta conturbada questão e sobre as suas consequências, quando realizados em clínicas clandestinas.Na realidade, este estudo fornece elementos para que haja a reflexão deste problema da mais alta importância nos tempos atuais, já que nele se engloba o sentido da vida humana, não somente do feto, mas também das mulheres, e ainda delas, o direito de dispor do próprio corpo.Neste ponto, nos deparamos com a descriminalização do aborto eugênico, ou seja a descriminalização da interrupção da gravidez de feto anencefálico(feto sem cérebro, sem nehuma condição de vida extra-uterina),pois não é aceitável que uma mulher seja obrigada a levar adiante, durante nove meses, a gravidez de uma criança sem amínima condição de sobrevida, esta clinicamente comprovada pelos diagnósticos precisos que a medicina consegue comprovar e prever com certeza devido ao avanço da tecnologia.Hoje, é possível afirmar os fetos anencefálicos, que entre 75 e 80 por cento deles, são natimortos e os restantes sucumbem dentro de horas ou poucos dias após o nascimento.Busca-se desta forma,politizar o assunto demostrando as diversas posições(contra e a favor) existentes na nossa sociedade, e mostar Código Penal que se condena a prática do aborto, não o define, simplesmente o menciona através de condutas onde este somente irá se caracterizar se houver a possibilidade de vida ou sobrevida extra-uterina, não se englobando, por este motivo, nesse conceito, o aborto eugênico.Assim, atráves do estudo e da discussão, espera-se que esta obra venha contribuir com o tema do Aborto, sendo igualmente capz de despertar em cada um, um raciocínio e uma conclusão sensata e justa.

Tribunal penal internacional

No que se concerne á criação do Tribunal Penal Internacional pelo Estatuto de Roma, menciona os seus principais antecedentes políticos e jurídicos como por exemplo, o fim da guerra fria, a globalização e a interdependência, fatores que contribuíram para que a comunidade internacional criasse, em pouco tempo, os tribunais crimonais ah hoc, por meio de decisões do Conselho de Segurança das Nações Unidas.Destaca também, como principais aspectos desse Estatuto, considerando o caráter sui generis e excepcional do TPI:o principio da complementaridade e a definição dos crimes, comparando o Estatuto a um código criminal internacional.Analisa em quais condições se processa o estabelecimento da Jurisdição desse Tribunal e além disso, elucida que a cooperação internacional e assistência judiciária dos Estados são elementos essenciais para o bom funcionamento do TPI.Esse regime estipula a obrigação geral dos Estados- parte de cooperar plenamente com o Tribunal.Assegurando que as legislações nacionais estipulem figuras processuais compat´veis com as formas de cooperação previstas no Estatuto.Não há intervenção em assuntos internos, tendo aplicação somente aos crimes cometidos após a entrada em vigor dos Estatutos.A criação do TPI atenderá a necessidade da ordem plítica e jurídica internacional no seu sentido mais amplo e contribuirá para o desenvolvimento do Direito Internacional

O sistema penal brasileiro e a prescrição: violação ao dever de proteção no estado democrático de direito

Cuida a presente dissertação do tema Prescrição Penal, enfrentado na perspectiva do dever de proteção que incumbe ao Estado proporcionar aos membros da sociedade. No Estado Democrático de Direito, é dever estatal e, portanto, do Poder Judiciário, conferir a devida eficiência ao Direito Penal, para que possa desenvolver com plenitude sua missão fundamental de proteção social. São examinadas a função do Direito Penal e as tendências de ampliação de sua intervenção, tais como manifestadas nos sistemas penais europeus. Sustenta-se que há, ao lado do direito fundamental do réu de ver-se julgado em prazo razoável, um direito fundamental da sociedade de obter o resultado deste julgamento em prazo que não torne inócua a tutela penal dos bens jurídicos que a incriminação da conduta almeja salvaguardar. A prescrição penal, resultante da demora na persecução penal, conforme dados levantados de julgados do Tribunal Regional Federal da 4a Região, refletindo, portanto, uma realidade da Justiça Federal da 4a Região na esfera criminal, alcança percentuais significativos em relação aos casos julgados, merecendo, portanto, especial atenção dos operadores do direito e, principalmente, da administração da justiça federal. A partir dessa constatação, desenvolve-se um esboço crítico do fenômeno prescritivo, com análise de suas idiossincrasias e conseqüências negativas: a impunidade, a seletividade da justiça penal, a violação do princípio isonômico e, com particular relevo, a insuficiência na proteção e garantia de direitos fundamentais diante das ameaças e lesões decorrentes de condutas criminosas. Por fim, são sugeridas reformas legislativas e mudanças de postura do Poder Judiciário em relação ao processo penal. Destaca- se: o aumento dos prazos prescricionais, sobretudo para a prescrição da pena, o fim da prescrição retroativa e a criação de instrumentos tecnológicos de controle do tempo no processo.