999 resultados para POLÍTICA AMBIENTAL - COLOMBIA
Resumo:
En primera instancia se expondrá en el primer capítulo el progreso paulatino del cambio climático o calentamiento global en el mundo, enfatizando en los factores que lo han proporcionado, y los avances que se han presentado a nivel internacional para mitigación del mismo. En el segundo capítulo se presentarán detalladamente los dos ejemplos a los que se quiere hacer referencia, las problemáticas contextuales de cada uno de ellos, y la medida en que afectan y se afectan, tanto interna como externamente por el cambio climático, dadas las actividades interdependientes implícitas en su respectivo desarrollo. Por último se mostrará la discusión permanente sobre la problemática ambiental, en relación con el cuestionamiento de la viabilidad de las soluciones precisas y la adaptación de las mismas a los diferentes entornos sociales, económicos y culturales.
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En esta monografía se tomaron algunos programas específicos del ICBF que a lo largo de la monografía se podrá apreciar en que consisten. A partir de ellos, se podrá analizar y concluir por una parte, si se dirigen y se orientan hacia el desarrollo integral de la familia y por otra parte, si los programas se ajustan a la perspectiva de familia expuesta por Rodrigo Guerra.
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Esta monografía busca estudiar y evaluar la efectividad del Mecanismo Financiero del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. El estudio se centra en la efectividad que dicho mecanismo ha tenido en Colombia, como país en desarrollo que ha obtenido algunos beneficios del mismo desde 1994, cuando se hizo Parte del Protocolo y hasta 2004, período en el cual, se ha implementado este instrumento en el país para contribuir a la solución mundial al problema del agotamiento de la capa de ozono, a través de la eliminación del consumo de las sustancias químicas que producen ese efecto y alentando la conciencia ambiental.
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La presente monografía es el resultado de un ejercicio analítico de pregrado que estudia cómo se han venido deteriorando las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador como consecuencia de las fumigaciones con glifosato realizadas por el Gobierno colombiano a partir del inicio del Plan Colombia. La aspersión con glifosato es una de las principales estrategias del Plan Colombia para erradicar los cultivos ilícitos de coca y se ha venido implementando de manera extensiva desde el año 2000 hasta el día de hoy en los departamentos de Putumayo y Nariño, los cuales limitan con Ecuador.
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El propósito de este trabajo es, no sólo la realización de un documento de análisis de la realidad jurídica de los Afrocolombianos, sino la creación de espacios, para la ampliación de estudios e investigaciones, que generen una conciencia crítica desde la academia, de las necesidades, la discriminación y desconocimiento de derechos que sufren las negritudes en Colombia. La necesidad de este avance, no sólo se hace imperiosa, por el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, sino también porque los AFROCOLOMBIANOS han sido y son, una parte esencial e importante en el desarrollo social, económico, político, ambiental y cultural de Colombia. Una de las más grandes riquezas de Colombia se encuentra en su diversidad, por lo que la divulgación de los derechos de los negros, su efectiva implementación, es inaplazable para que estos se materialicen, así lograr la consecución de una sociedad con igualdad de oportunidades para los Afrocolombianos, donde se respete su cultura, no se discriminen, una sociedad con mayor justicia y equidad.
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Dados los grandes cambios y desarrollos científicos, económicos y sociales, la industria ha generado avances tecnológicos de gran magnitud que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. A pesar de las buenas contribuciones que conlleva dicho desarrollo, se puede ver que soporta igualmente un sacrificio ambiental y social para hacerlos posibles. De acuerdo con el principio que establece la primacía del interés general sobre el particular, se han tolerado legalmente algunos daños ocasionados a los administrados en beneficio de la comunidad; pero lo anterior no puede desconocer las situaciones en las cuales se generan perjuicios que no deben ser soportados por la comunidad. Igualmente, la Constitución política establece mecanismos de protección en cabeza de todas las personas con el fin de proteger sus derechos, dentro de los cuales se encuentran los derechos de tercera generación. Estos derechos son protegidos a través de la acción popular como mecanismo idóneo, eficaz y directo, el cual busca su restablecimiento.
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Reseña de libro
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Este trabajo tiene como propósito ayudar –a través del estudio comparativo de la experiencia canadiense– a la reflexión sobre unas propuestas de solución de dos de los grandes problemas asociados a la situación de inseguridad ambiental en Colombia: el de la degradación y el de la mala administración de los recursos en agua dulce, en particular los recursos internacionales compartidos, paradójicamente a la vez abundantes y escasos. El objetivo es hacer entrar el tema estratégico de las aguas internacionales y de las cuencas compartidas, es decir el tema de la gobernancia y de los modelos de gestión del agua, en la discusión académica y política sobre la gestión del agua y el ordenamiento territorial en Colombia.
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El presente trabajo busca analizar los factores que llevaron a que se produjera una importante dinámica migratoria de venezolanos que llegaron a Colombia a invertir o a trabajar en el sector de hidrocarburos. Específicamente se busca encontrar la incidencia de la política de Seguridad Democrática en este fenómeno tomando como periodo de estudio el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, es decir, de 2002 a 2010. Se examina la percepción de seguridad en Colombia vista por los venezolanos y por los colombianos y los diferentes factores que contribuyeron al “boom” petrolero en este país. El resultado de las investigaciones de este estudio de caso permite establecer que la Seguridad Democrática si fue un factor incidente en las dinámicas migratorias pero que se articula junto con otros hechos específicos para que se haya dado de la manera que se dio y que en este texto se expone.
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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.
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Este reportaje aborda el desarrollo de la política colombiana para la gestión de residuos de teléfonos celulares, tabletas y computadores, desde la perspectiva de los actores implicados en el proceso y el impacto social de la problemática.
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Este estudio de caso se propone analizar, a partir de dos usos de estetización de la política, la manera en que las prácticas y métodos de las AUC, usados para establecer su proyecto político y social, afectaron el desarrollo de la política en el municipio de San Onofre entre los años 1997 y 2005. Basado en la convicción de que las prácticas de estetización política conducen a la negación de la política en términos arendtianos, este escrito intenta explorar, cómo los elementos esenciales de la política: pluralidad, libertad, acción y discurso, se ven alterados por las estrategias de estetización que buscan dominar y organizar la sociedad como masa pasiva y homogénea