975 resultados para Oferta pública (Títulos)


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Este trabajo pretende hacer énfasis, en la dinámica participativa para el fortalecimiento de la capacidad institucional, y expresiones de voluntad política, en el marco de un conflicto armado, con relación a la Problemática del Desplazamiento. Para medir estas voluntades políticas y presencia participativa 4 de los integrantes en el proceso, se tomarán como base las propuestas de petición de fondos, previo estudio de los comités temáticos proporcionales a los componentes del Plan de Acción Humanitaria. En ese orden de ideas esta investigación pretenderá responder al siguiente cuestionamiento: ¿Qué efectos ha generado el Plan de Acción Humanitaria, en la participación y formulación de políticas para la atención a la población desplazada en ONG, el sistema de las Naciones Unidas y el Estado Colombiano

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Antes de la Ley 489 del 29 de diciembre 1998, las entidades de la Administración Pública no estaban todas legalmente organizadas por sectores administrativos. Es apenas con la Reforma Administrativa de 1992, derivada de las facultades concedidas por el artículo 20 transitorio de la Constitución de 1991, que se empieza a hablar del tema: sectores de Justicia (Decreto 2157 de 1992 y Ley 10 de 1990), Salud (Decreto 2164 de 1992), Comercio (Decreto 2350 de 1992, Minas (Decreto 2119 de 1992), Educación (Decreto 2127 de 1992 y Ley 115 de 1994), Comunicaciones (Decreto 1901 de 1990), Transporte (Decreto 2171 de 1992) y Medio Ambiente (Ley 99 de 1993). En el año de 1997, en el gobierno Samper, se expidió la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996 y se hablaba entonces de sectores de la Administración Pública. Con la expedición de la Ley 489 de 1998, se crearon los sectores administrativos integrados por un Ministerio o Departamento Administrativo y sus entidades adscritas y vinculadas, tal como está contemplado en el artículo 42.

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Esta investigación tiene el propósito de analizar los aspectos jurídicos de los desastres naturales y del reasentamiento poblacional. Se presentan las distintas tipologías del reasentamiento poblacional desde la óptica estatal para señalar su importancia en las actividades de las autoridades administrativas. En el trabajo se muestra la vulnerabilidad del Estado Colombiano frente a la ocurrencia de desastres naturales, por la falta de planeación efectiva y la poca importancia de la reducción del riesgo en la agenda pública. Desarrolla igualmente, el fundamento de la responsabilidad de la administración frente a desastres de la naturaleza y su papel ante la protección de los derechos humanos. Además, desarrolla el reasentamiento poblacional como mecanismo de atención y prevención de desastres naturales, y la normatividad nacional y de la región andina en la cual está contenido. Establece estrategias de acción estatal para la atención práctica de los desastres naturales, el planteamiento del reasentamiento poblacional como política pública y herramientas de protección de la población vulnerable. Por último, plantea la importancia de la reducción de los riesgos de la población ante desastres de la naturaleza y la necesidad de protección del Estado de las poblaciones vulnerables para mejorar sus condiciones de vida.

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Expediente sobre las Haciendas del Colegio Mayor del Rosario en Calandaima, sobre su origen, ubicación y adquisición.

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La forma en que se reduce o se limita la entrada de personas para la distribución de recursos parece ser lo que queda de la posibilidad de acceso a derechos luego de transitar por lo que se ha llamado la ruta1 para la Atención a la población en situación de desplazamiento. El conjunto de traducciones propuesto por quienes implementan la política, disponiendo para el acceso a los recursos trámites o acciones no determinados y que exceden los requisitos iniciales, determina un resultado: el sistema que conocen las personas que pretenden acceder a él. 

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La Constitución colombiana de 1991 no opta por un modelo definido de administración pública ni regula sistemáticamente la materia, a pesar de la profusión normativa de su texto. Por el contrario, del conjunto del articulado se deduce un sincretismo involuntario que abarca prescripciones normativas del modelo burocrático y la gerencia pública, y anticipa algunos de los elementos de la gobernanza.

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La formulación de política pública en materia de derechos humanos es una necesidad urgente en las agendas políticas del mundo pero sobre todo en los países de América Latina. En nuestro país más concretamente, la crítica situación humanitaria padecida en muchas circunstancias de la vida nacional plantea la necesidad de construir esquemas y planes de acción con un fuerte componente en derechos humanos que mitiguen, pongan remedio a la preocupante situación y creen espacios para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales vienen siendo conculcados a la población que padece el flagelo del desplazamiento forzado. El presente escrito tiene por objeto examinar de una manera muy breve el estado de la política pública de atención a la población desplazada en Colombia en sus diferentes niveles(nacional, distrital y local), rescatando el caso de la localidad de Usme como eje central, toda vez que en ella existe un interesante planteamiento por parte de la comunidad para contribuir en alguna medida a la solución de la problemática. 

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El desplazamiento forzado es un fenómeno urgente de nuevas lecturas que permitan arribar a soluciones adecuadas. Desde la perspectiva jurídica, es posible plantearlo a partir de un examen de la responsabilidad estatal por falla del servicio en el diseño e implementación de la política pública, entendiendo por falla aquel evento de atribución de perjuicios por omisión en el cumplimiento –posible– de un deber jurídico. Sin embargo, la revisión del proceso de la política, antes y después de la declaratoria de estado de cosas inconstitucional, muestra los cortos alcances de la institución de la responsabilidad patrimonial, por lo que es necesario habilitar esta vía de exigibilidad de derechos haciendo uso de nuevos aparatos conceptuales.

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La razón por la que se ha elegido este tema estriba en la necesidad de hacer una reflexión crítica sobre la escuela pública y privada en el periodo 1970-1980, manteniendo la hipótesis de que la polémica escuela pública y escuela privada en el periodo que nos ocupa podría ser una variante del antagonismo 'laicismo-confesionalidad'. Se trata de una investigación teórica que va analizando la polémica escuela pública-privada; laicismo-confesionalismo, a través de los siguientes capítulos: 1. Política escolar en la II República. 2. La enseñanza en el franquismo. 3. Intenta analizar en qué medida la situación de la época republicana se reiteraba en el periodo 1975-1980 y, concretamente, en el tema de la antinomia escuela pública-escuela privada. Artículos sobre educación de la Constitución de la II República. Pacto del Frente Popular, 1936. Artículo 27 de la Constitución española, 1978. Comunicado de la Asamblea General de la FERE. Ley Orgánica, 1980, por la que se regula el estatuto de centros escolares. Distribuciones. Porcentajes. La escuela pública tuvo en la II República el intento más serio de configuración como elemento conformador de la democracia. Después de la Guerra Civil, el nuevo Estado, entregará prácticamente la enseñanza en manos de la Iglesia; la inhibición del Estado es casi total, hasta Ruiz Giménez. La LGE de Villar Palasí, 1970, llega con retraso y cuando empieza a aplicarse la crisis económica modifica los presupuestos sobre los que se basaba; esto unido a la demanda educativa de calificación de fuerza de trabajo, hace que casi desde un inicio se modifique y se recorte (contrarreforma educativa de 1973). En el umbral de los 80, casi la mitad de la población escolar en los niveles básico y medio, asiste a centros no estatales, en su mayoría a instituciones religiosas; esto hace que se de una superposición a lo religioso o confesional. Este fenómeno hizo que la contraposicion escuela pública - escuela privada, se deslizase peligrosamente hacia una nueva variante del antagonismo laicismo-confesionalidad, de la época republicana, cuyo fruto fue una contrarreforma legislativa: Estatuto de Centros Escolares a favor de los sectores más conservadores de la sociedad. En estos momentos es pura utopía pensar que la extensión de la educación estatal pudiera conseguir a corto o medio plazo desplazar a la educación privada. Sería atentar contra la lógica del servicio público el despojar de fondos públicos al sector estatal para entregarselos a los colegios privados. En esta perspectiva cobra su significado la polémica acerca de las subvenciones públicas a los centros privados en relación con el 'ideario de centros': estos centros deberían cubrir unos mínimos de enseñanza homogénea con la de los centros públicos. En la medida en que hoy es más posible el acceso a la privada, las familias se plantean la opción en términos de eficacia de la enseñanza.

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Hipótesis: 1. Los pedagogos, en la mayoría de los casos, no desempeñan tareas como tales. 2. La única salida en el mercado de trabajo de los licenciados en Pedagogía se halla en el propio sistema de enseñanza. 3. En el caso específico de Canarias, los pedagogos no tienen 'todavía' demasiados problemas de empleo, si por ello entendemos la posibilidad de encontrar algún empleo, poco o nada relacionado con sus estudios. 4. Las enseñanzas impartidas en las Facultades de Ciencias de la Educación no guardan relación directa con las exigencias de los puestos de trabajo que luego ocuparán los pedagogos. 260 individuos de una población de 880 licenciados en Pedagogía de la Universidad de La Laguna entre 1978 y 1989. Estructurada en cuatro bloques: 1. Aspectos socio-demográficos: edad, sexo, origen geográfico y socioeconómico. 2. Aspectos académicos: año de finalización de estudios, especialidad(es) cursada(s), estudios anteriores -principalmente Magisterio- y posteriores, publicaciones y-o colaboraciones de carácter científico. 3. Situación laboral: tasa de ocupación, características del empleo actual y de posibles empleos anteriores, problemática del paro. 4. Valoraciones de la carrera, especialmente en relación con la práctica laboral; reconocimiento social de la titulación; suficiencia de los conocimientos; principales aportaciones y deficiencias de los estudios; modificaciones propuestas por los licenciados. Cuestionario. Programa estadístico SPSS. 1. Alto grado de feminización, situándose la carrera de Pedagogía por encima de la media. A partir de los noventa, la feminización se sitúa sobre el 80 por ciento. La mayoría de los encuentados son de Canarias, en torno al 90 por ciento. Pueden encuadrarse dentro de los estratos medio, medio-bajo, situándose por debajo de la media de otras facultades, aunque superando a los de Magisterio. En este sentido, el origen socioeconómico de los procedentes de Magisterio, maestros-pedagogos, se encuentra en valores intermedios entre los de ambas titulaciones. 2. Acerca de las diferentes concepciones de la Pedagogía y la profesión pedagógica, predominio de educación especial, más del 54 por ciento del total, frente al bloque formado por las dos especialidades 'políticas', en especial, a partir del plan 1979. Un 34,6 por ciento poseen otros títulos universitarios con anterioridad al de Pedagogía, el 92,2 por ciento Magisterio. Apenas un 2,7 por ciento ha realizado otra carrera al acabar Pedagogía, un 6,9 master o cursos de especialización y un 2 por ciento, cursos de doctorado. 3. De 10 licenciados, 3 están colegiados. El 80 por ciento de los pedagogos estaban empleados en 1992 y aproximadamente el 17 por ciento en paro. En torno al 4 por ciento desempeñan labores domésticas, y el resto no encuentra un trabajo adecuado. La incidencia de paro no es uniforme, crece para las últimas promociones, sobre el 73 por ciento. Se centra en los recién licenciados, menores de 30 años con un 29,5 por ciento. El 81 por ciento aceptaría un trabajo sin relación con sus estudios, el 72,7 lo aceptaría fuera de su lugar de residencia, y un 13 está dispusto a trabajar en la península. Sobre la posibilidad de encontrar trabajo es pesimista el 60 por ciento. El pedagogo y la pedagoga se hallan en situación de bastante igualdad. Tasa de paro con titulación previa de Magisterio, 2,4 por ciento y sin titulación, 23,7. Los más empleados son los de Orientación y los menos los de Política y Educación. La mayoría trabajan dentro del sistema de enseñanza pública. Este predominio del sistema público es más acusado entre los hombres, 86,4 por ciento frente a 75,7 de las mujeres. El porcentaje más alto en EGB, el 22,2 por ciento. 4. Consideración que hacen los licenciados acerca de la imagen de su titulación en la sociedad: valoración media 54,9 por ciento e insignificante 40,2 por ciento. Los conocimientos adquiridos son para el: 70 por ciento total o parcialmente insuficiente; 29,6 alejados de la realidad; y 13,2 excesivamente teóricos. Aportaciones: el 30,8 por ciento señala los conocimientos teóricos generales; el 26,3 conocimientos específicos; el 21 actitud crítica y concienciación; 20,7 conocimientos generales sobre el sistema de enseñanza; 15,8 técnicas de investigación y trabajo; título 13,7; y empleo de bibliografía 11,6. Deficiencias: curriculares 92,7 por ciento; profesorado 40,4; profesionales 19,2; infraestructura 7,8. Se Considera que la formación del pedagogo debe ser lo más intermultidisciplinar posible, desde una vertiente analítica, crítica y generalista; profundizándose no sólo en los posibles ámbitos de actuación de dichos profesionales, sino en el conocimiento de la realidad económico-socio-educativo en la que se hallan inmersos, con el objetivo de intentar transformar ésta en la medida de lo posible. Dicha formación integral y crítica pasa por la implantación de dichos estudios en forma de un único ciclo superior, al que se puede acceder tanto desde la titulación de Magisterio como desde otras carreras.

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Objetivo. El artículo presenta la propuesta teórico-metodológica que, a partir de elementos ya trabajados previamente, se construyó durante la primera fase de un proyecto de largo alcance que busca elaborar una historia comparada de la medicina y la salud pública en América Latina. Metodología. Para exponer dicha propuesta, en un primer momento se elabora un breve balance historiográfico de la literatura existente sobre la historia de la medicina y de la salud pública en América Latina; en un segundo momento, se plantea una reconfiguración del concepto de ‘campo de la salud’, basada en un análisis crítico del concepto, y que se va perfilando como el marco de referencia para un programa de investigación en estudios sociales de la salud de largo plazo, en la Universidad del Rosario, programa en el cual se enmarca este proyecto comparativo; y, en un tercer momento, se presentan los lineamientos generales de la propuesta sobre la que se sustentará el Proyecto. Resultados: Como resultado final se presenta una matriz que se estructuró a partir de todos los elementos teórico metodológicos articulados en este estudio historiográfico. Dicha matriz está compuesta de nueve atributos y sus correspondientes categorías, que se utilizarán para llevar a cabo la segunda fase del proyecto comparativo de la historia de la medicina y la salud pública. La matriz se usará tanto para guiar la búsqueda de la información histórica como para llevar a cabo el análisis y la comparación.