953 resultados para Modulação de largura de impulso
Resumo:
Da falhada Conveno Europeia ao Tratado de Lisboa, houve um caminho feito, nomeadamente na delimitao que cada Estado pode definir para as reas de interesse geral, no submetidas s regras dominantes da concorrncia, na venda de bens e servios. A questo central, hoje em dia, a da criao de mecanismos que facilitem uma efetiva governao econmica europeia, cada vez mais necessria a partir da criao do Euro. Da Europa dos Seis Europa dos 28, um longo caminho foi percorrido. preciso agora dar um novo impulso que corresponda s aspiraes fundamentais dos europeus.
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Os objetivos do Milnio constituem um dos maiores desafios com que a Humanidade est confrontada. Retirar da pobreza extrema quase dois bilies de pessoas e conferir-lhes condies para a existncia de uma vida condigna constituram um propsito assumido por 191 pases sob impulso da ONU e de um homem em particular: Kofi Annan. Perceber se esta organizao est em condies de poder assumir a coordenao da implementao dos objetivos promovendo em simultneo a reforma da ONU, reclamada por Kofi Annan como essencial para a prossecuo destes objectivos, o que se pretende com esta reflexo.
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O mbito deste trabalho reside no contributo da Farmacovigilncia para um Uso Racional do Medicamento, focando o relevante papel do farmacutico nestes dois campos. A Farmacovigilncia tem uma actuao a nvel mundial, com um objectivo bem claro, o uso seguro do medicamento. Tem-se verificado uma evoluo ao longo dos sculos, tendo sido a ocorrncia de tragdias o impulso para a implementao de Sistemas de Farmacovigilncia, a tragdia que ocorreu com a administrao de talidomida a mulheres grvidas foi um dos grandes marcos para a criao do Sistema Internacional de Farmacovigilncia. A Reaco Adversa a Medicamento(s) (RAM) uma consequncia do risco subjacente utilizao de frmacos, estando por isso a Notificao Espontnea (NE) de RAMs na base da Farmacovigilncia. Todos os que contactam com tratamentos teraputicos devem notificar, falamos portanto de profissionais de sade, da indstria e dos utentes. No menosprezando qualquer efeito adverso que decorra da utilizao de um medicamento, deve-se notificar todas as RAMs estando elas j reconhecidas ou no. O Uso Racional do Medicamento pressupe a interveno do mdico, do farmacutico e do utente, havendo o objectivo bem claro atravs de vrias medidas implementadas e do apoio dos Estudos de Utilizao de Medicamentos (EUM) de uma prescrio, uma dispensa e um uso correctos. O farmacutico parte activa da Farmacovigilncia e do Uso Racional do Medicamento. O farmacutico tem contacto no s com a prescrio como com a dispensa e com o evoluir do tratamento teraputico, sendo portanto um monitorizador. Devido proximidade do dia-a-dia entre farmacutico e doente cabe a este profissional de sade educar para um uso correcto e seguro do medicamento, transmitindo sempre um elevado nvel de confiana e fiabilidade.
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La descentralizacin se est llevando a cabo con rapidez en muchos pases de Amrica Latina y el Caribe. La responsabilidad del suministro de servicios y del gasto pblico se est delegando cada vez ms en los gobiernos locales, pues es evidente que los gobiernos descentralizados son ms eficientes para responder a las demandas por la provisin de servicios, ms flexibles para adaptarse a los cambios en las circunstancias locales y ms responsables frente a la poblacin local que los gobiernos centralizados. En efecto, los gobiernos locales son mejores que los centrales en reconocer las necesidades y preferencias de sus residentes, lo que puede traducirse en proporcionar un mayor nivel de bienes pblicos en cada jurisdiccin, puesto que para sus habitantes es ms fcil responsabilizar a los funcionarios locales que a los funcionarios del nivel central. Por lo tanto, las consideraciones de eficiencia a largo plazo indican que el reciente impulso descentralizador en la regin es un acontecimiento muy favorable.
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La evolucin de la sociedad ha determinado nuevos mecanismos para la solucin de conflictos entre los individuos, este proceso ha tenido un fuerte impulso en el Ecuador, a partir que en el Art. 191, inciso 3, de la Constitucin Poltica de la Repblica del Ecuador, se reconoce al arbitraje, la mediacin y otros procedimientos alternativos para la resolucin de conflictos, la expedicin de la Ley de Arbitraje y Mediacin y una participacin cada vez ms activa de organismos como la Cmara de Comercio de Quito. El propsito de esta Tesis, es en primer lugar establecer el sustento legal de la Mediacin como mecanismo alternativo en la solucin de conflictos; si bien la mediacin garantiza su xito o fracaso en la voluntad de las partes, es importante la vinculacin que tiene con las otras normas legales del pas, con el objetivo final de conocer que modificaciones importantes se requiere para impulsar su debida utilizacin. As como es importante conocer como este mecanismo tiene su reglamentacin en cada uno de los rganos establecidos, sea la Defensora del Pueblo, la Cmara de Comercio de Quito, el Centro de Mediacin Judicial de Quito, la Procuradura General del Estado, y el Centro de Mediacin del Colegio de Abogados de Pichincha. El objetivo de esta Tesis es tratar de proponer mecanismos que impulsen la Mediacin, como un proceso idneo para la solucin de conflictos, vinculado siempre a la legislacin existente y verificar las posibilidades de mediacin en el mbito del sector privado y pblico. En este contexto se hace una revisin del proceso en los distintos rganos de mediacin a travs de una pequea evaluacin de los logros obtenidos y se profundiza en el anlisis de casos en el sector pblico en los cuales se confirma que los procesos de mediacin no pueden oponerse a la legislacin general vigente para la administracin de los recursos pblicos.
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La Iniciativa IIRSA, que consiste en el impulso de la integracin regional sudamericana a travs de obras de infraestructura para el comercio, amenaza seriamente los derechos de las poblaciones y los sistemas ecolgicos del continente. Tanto el ambiente como las personas estn en riesgo por proyectos de gran envergadura con inadecuada planificacin, que abarcan represas hidroelctricas, carreteras, oleoductos, gasoductos, hidrovas, etc. En Ecuador, el eje multimodal Manta-Manaos es el proyecto de IIRSA que ms ha motivado la alerta en la sociedad civil y las organizaciones indgenas, ya que buscara convertir al ro Napo en una hidrova para el transporte de mercaderas en grandes cantidades, poniendo en peligro uno de los puntos de mayor diversidad biolgica del planeta por su especial ubicacin, as como los derechos de las personas pertenecientes a las comunidades indgenas y campesinas de la zona. En este marco, es de suma importancia el respeto y garanta de los derechos colectivos de los pueblos indgenas y tribales, quienes han conservado su modo de vida tradicional a lo largo de los aos. Dada la particular relacin con sus territorios, son ellos quienes deben decidir, por medio de adecuados procesos de consulta previa y consentimiento libre e informado, sobre la posibilidad de ejecutar proyectos de desarrollo o integracin regional en sus territorios ancestrales. Los objetivos especficos de este trabajo son dar a conocer la existencia de la Iniciativa IIRSA y su cartera de proyectos en el Ecuador, definir los estndares ambientales y de derechos humanos que debe cumplir un proyecto de infraestructura y analizar el proyecto Manta-Manaos desde un enfoque jurdico, tomando como eje su adecuacin a los estndares nacionales e internacionales de derechos humanos. En este sentido, resultan fundamentales los avances jurdicos recogidos en la normativa internacional, principalmente en el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indgenas y tribales en pases independientes, as como la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indgenas, que constituyen instrumentos jurdicos clave para la exigibilidad de estos derechos. Del mismo modo, el establecimiento de garantas ya no slo jurisdiccionales, sino tambin polticas y normativas en la nueva Constitucin, son avances que debemos aprender a utilizar para la proteccin de los derechos y el ambiente. En esta investigacin, en primer lugar se hace una aproximacin descriptiva a IIRSA, a continuacin se describe la cartera de proyectos de la iniciativa en el Ecuador, tanto del Eje Andino como del Eje Amaznico, pasando directamente al anlisis del proyecto del eje multimodal Manta-Manaos y los estndares internacionales ambientales y de derechos humanos aplicables en el diseo, ejecucin y funcionamiento de proyectos de infraestructura. En esta seccin se tratan los estndares internacionales en materia de participacin social, consulta previa, consentimiento libre e informado en relacin a derechos colectivos de los pueblos indgenas, acceso a la informacin pblica, beneficios compartidos y la obligacin de realizar estudios de impacto ambiental, as como del derecho al desarrollo como un derecho sntesis, que pretende un reforzamiento y profundizacin de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Finalmente, esbozamos algunas conclusiones y recomendaciones.
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Al comparar las opciones de explotar el petrleo en el campo ITT o mantenerlo bajo tierra mediante la Iniciativa Yasun-ITT se encuentra que tanto para el Ecuador como para la comunidad internacional la segunda alternativa es ms ventajosa, creando una situacin ganar-ganar, en la que todos los actores se benefician frente a la explotacin de petrleo. Para el Estado ecuatoriano, desde un punto de vista financiero, la Iniciativa Yasun-ITT representa un mayor ingreso de recursos, tanto en el corto como en el largo plazo. El pas en su conjunto se beneficia por la preservacin de la biodiversidad en uno de los lugares de mayor riqueza biolgica del planeta, por el respecto a las culturas de los pueblos no contactados, por el inicio slido de una transicin hacia una economa post-petrolera, con desarrollo de fuentes renovables de energa, racionalizacin del consumo energtico, progresiva eliminacin de la deforestacin e impulso a la reforestacin, y desarrollo social con generacin sustentable de empleo. Adems el Ecuador se beneficia al convertirse en un pas pionero a nivel mundial en mecanismos novedosos de mitigacin del cambio climtico. Para la humanidad en su conjunto, las tres principales ganancias son la mitigacin del cambio climtico, con la creacin de un mecanismo que puede replicarse internacionalmente para mantener inexplotadas reservas de combustibles fsiles en pases megadiversos en desarrollo que posean las reservas mencionadas, la preservacin de la biodiversidad en un lugar de extraordinaria riqueza y endemismo, y la supervivencia de culturas indgenas no contactadas en la Amazona.
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El autor explica el cambio en la naturaleza y sentido de las relaciones entre ambas naciones, luego de la firma de los acuerdos de paz, en octubre de 1998 en Brasilia, culminando un proceso gestado en 1991. El artculo aborda las diversas acciones de cooperacin e interdependencia que se han ido forjando entre ambos pases y sugiere una agenda para profundizar la relacin bilateral en los siguientes aos, que incluye el impulso a iniciativas conjuntas en el marco de la poltica exterior comn de la CAN.
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Realiza un anlisis de la economa ecuatoriana y de sus polticas de desarrollo econmico como la sustitucin de importaciones e impulso a la industrializacin interna y los impactos en la economa de los ajustes estructurales y las reformas neolibarales. Estudia las estrategias de desarrollo en el Ecuador incluyendo la dolarizacin y expone la precaria situacin de vida de la sociedad. Analiza la forma en que se distribuye la riqueza en el pas y compara su situacin econmica con otros pases de la regin, dando a conocer los coeficientes Gini y los niveles de inequidad. Analiza modelos alternativos de desarrollo ms equitativos y sustentables para el pas. Finalmente estudia el contexto poltico del pas bajo la presidencia de Rafael Correa, su poltica econmica y social, particularmente el desarrollo de la economa solidaria.
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El impulso de este trabajo se efecta a base de un proceso de investigacin y de experiencias personales en el trmite de contrataciones sometidas a la norma de excepcin contemplada en el artculo seis, letra a) de la Codificacin de la Ley de Contratacin Pblica, pues he podido establecer que dentro de una misma Institucin del Estado, a quienes es aplicable las disposiciones de la mencionada Ley, no existe uniformidad de criterios para procesar las contrataciones bajo el rgimen de excepcin, ya que se establecen procedimientos, trminos, condiciones y plazos, que difieren unos de otros, no obstante que se trata de procesos similares respecto de la ejecucin de una obra o prestacin de servicio va exoneracin de procedimientos precontractuales bajo declaratoria de emergencia. El objetivo principal del anlisis, evaluacin, conclusiones y recomendacin, en el que se incluyen ciertas reformas principalmente al Art. 5to. del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratacin Pblica, a los que se llega en el desarrollo de esta Tesis, es procurar que las Entidades que conforman el Sector Pblico, para contratar bajo el rgimen de excepcin, cuenten con parmetros claros y determinados para que se uniformice el procedimiento de contratacin bajo excepcin, coartando la ambigedad y la interpretacin antojadiza que al momento contempla el Reglamento General a la Ley de Contratacin Pblica, lo que en cierta forma y a mi criterio, a dado lugar para que una determinada contratacin va emergencias, adolezca de transparencia.
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El presente trabajo est dirigido a determinar cmo operan las reformas de segunda generacin en el mbito educativo, as como los consensos y contradicciones encontrados en su implementacin. El primer captulo est dedicado a describir la segunda generacin de reformas desde una visin retrospectiva, iniciando con la adopcin del Consenso de Washington, su crtica por la exclusin de los temas sociales y del rol estatal en el modelo econmico; hasta culminar con la visin neo institucional contenida en las reformas de segunda generacin, donde se regula la interaccin humana, limitando el papel del estado como catalizador del desarrollo. Este nuevo enfoque ubica a la educacin y capacitacin como su sustento, la primera al concebirla como la herramienta capaz de interiorizar y fomentar la aceptacin del Consenso; y la segunda al cualificar y complementar la educacin. La segunda parte corresponde al anlisis de los lmites y aciertos de la implementacin de las reformas de segunda generacin en las polticas de educacin y capacitacin impulsadas desde la gestin de agencias multilaterales de financiamiento (BID y BM) y el estado ecuatoriano, actores que desde una perspectiva neoliberal promueven que la inversin en conocimiento se convierta en el impulso a la competitividad de la fuerza laboral, a travs de aspectos como calidad, equidad, sistemas de evaluacin, inclusin de nuevos actores, adaptabilidad geogrfica, entre otros. El desarrollo de la tercera parte se centrar en el impacto del programa A Ganar en Ecuador, una iniciativa que nace desde el BID para insertar a los jvenes en el mundo laboral a travs de la capacitacin en valores (cuya metodologa emplea la disciplina del ftbol), cursos tcnicos y una experiencia laboral.
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Este trabajo tiene que propsito evidenciar las tensiones existentes en la vigencia de los derechos humanos, particulamente el de participacin, y las polticas que se implementan en el marco de un modelo de desarrollo que se sustenta en la extraccin de recursos naturales. A pesar del reconocimiento en la normativa nacional e internacional de mecanismos de participacin, como la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada a los pueblos indgenas, se evidencia que estos no estn realmente diseados para influir en las decisiones que toma el Estado respecto a programas extractivos, y ms bien se subordinan a los intereses del desarrollo, nocin que aunque tome diversos nombres, sigue teniendo como sustento ideolgico el crecimiento econmico y la mercantilizacin de la naturaleza. La actividad minera en el pas no ha sido hasta ahora relevante, sin embargo est tomando un gran impulso una vez que la actividad minera ha sido catalogada como estratgica para el pas. El primer proyecto minero a gran escala de explotacin de cobre y bajo la modalidad de cielo abierto, es el denominado Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, que es objeto de estudio en esta tesis, y a partir del cual se pretende evidenciar los lmites prcticos del derecho de participacin que se hace referencia en el prrafo anterior. La promulgacin de la Constitucin del 2008, trajo consigo expectativas respecto al ejercicio de derechos, as como tambin en relacin a un progresivo cambio del paradigma de desarrollo, sin embargo la expedicin de una nueva Ley de Minera, la demanda de inconstitucionalidad de la misma por parte de organizaciones indgenas y ecologistas, y la respuesta que dio la Corte Constitucional, no presagian el mejor escenario para la vigencia de los derechos humanos de las personas y pueblos afectados por el proyecto Mirador, y otros proyectos mineros que ya se estn promoviendo. El propsito de este trabajo es alentar un debate crtico de los derechos humanos, que a su vez propicien la generacin de propuestas y alternativas a la nocin de desarrollo imperante.
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El nuevo escenario internacional, caracterizado por el fin de la guerra fra y el auge de la globalizacin, no hizo realidad el anhelo de alcanzar una paz estable y duradera, y dio lugar a un orden fracturado en lo poltico y lo social, en el cual las principales potencias compiten por afianzar sus reas de influencia y lograr una mayor supremaca poltica y un mayor poder econmico. Frente a esta dinmica de atraccin la respuesta de los cinco pases andinos, vulnerables, dependientes y con escaso margen de maniobra para intentar de manera individual respuestas propias a sus necesidades, fue agruparse para participar de la manera ms beneficiosa posible en el nuevo contexto internacional. La integracin surge como la "opcin estratgica" de Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela, que a travs de la Comunidad Andina decidieron establecer vnculos externos fuertes para adquirir mayor autonoma interna y compensar la relacin dependiente con la potencia del norte. El nuevo mpetu de la integracin fue recogido por el Protocolo de Trujillo, adoptado en la reunin presidencial celebrada en la mencionada ciudad peruana en marzo de 1996 que incorpor jurdicamente la dimensin poltica de la integracin, mediante el establecimiento de dos rganos responsables de llevarla adelante: el Consejo Presidencial, responsable de definir la poltica de laintegracin andina; y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, encargado de formular la Poltica Exterior Comn. El fundamento de la Poltica Exterior Comn sera dotar de sentido a la integracin, que superando el mbito econmico y comercial, identificar una agenda propia como "base para la definicin de una estrategia comunitaria que permita la proyeccin de la Comunidad Andina en el contexto internacional". La instrumentacin de la Poltica Exterior Comn fue recogida por la Decisin 458, que estableci sus lineamientos a partir de la identificacin de acciones concretas de cooperacin entre los pases miembros que permitan definir una accin concertada para "la lucha contra el problema de la droga y la corrupcin, el fortalecimiento de la seguridad, el fomento de la confianza y el impulso de la vigencia de los derechos humanos y la profundizacin de la democracia en la Subregin andina". Desde entonces la Secretara General de la Comunidad Andina ha comprometido sus esfuerzos por impulsar la integracin poltica, que hasta entonces se haba mantenido a la zaga de la integracin econmica. Si analizamos los resultados de los esfuerzos de la Comunidad Andina en trminos de declaraciones, stos sern alentadores, sin embargo a la luz del contexto andino actual se hace evidente que la estrategia integracionista impone grandes desafos a las polticas nacionales de cada una de las partes y la adopcin de una estrategia en la que converjan factores econmicos, polticos y sociales. La Poltica Exterior Comn Andina debera constituirse en el instrumento esencial de la integracin que enfrente a lo que Aldo Ferrer llama "los cuatropecados capitales";5 la dependencia; la pobreza y la exclusin social; las asimetras en las estrategias nacionales; y las divergencias en la insercin internacional. El presente trabajo aspira analizar descriptivamente las posibilidades y limitaciones de la Poltica Exterior Comn Andina como elemento dinamizador de la integracin en la Subregin y sus perspectivas en la evolucin del sistema internacional.
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El propsito del anlisis de la presente investigacin, cuyo ttulo es: JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN BOLIVIA, surge como una inquietud de plasmar puntual y objetivamente la significacin del Tribunal Constitucional Boliviano como una nueva institucin en la administracin y fortalecimiento de la justicia, as como un rgano especializado del control constitucional que permita contribuir a la defensa, proteccin, garanta y promocin eficiente de los derechos fundamentales, que son requisito sine quanum para la consolidacin del rgimen democrtico en Bolivia; y que gracias a la globalizacin se encuentran presentes en los pases latinoamericanos y por ende en los pases andinos, por el impulso de factores irresistibles. Sealado lo anterior, cabe describir sintticamente el contenido explorado y explotado en sta investigacin, as se tiene que: En el Captulo I, se consignan generalidades y consideraciones necesarias respecto de lo que se entiende por Estado de Derecho y Estado Constitucional de Derecho, dentro de un Estado Moderno; asimismo, se realizan puntualizaciones sobre Justicia Constitucional, las razones y motivos para su existencia, as como los presupuestos jurdicos que la sustentan. El Captulo II, est referido a los Principios de la Justicia Constitucional, comprendiendo a la Supremaca Constitucional y Jerarqua Normativa. En el primer principio, se desarrollan los fundamentos, doctrina y la relevancia de la Supremaca Constitucional en el Estado Constitucional de Derecho. Respecto del segundo principio, se examina la Constitucin de la Constitucin, entendida sta como las Decisiones Constitucionales Fundamentales, que rigen el desarrollo dogmtico y orgnico de la Ley Fundamental. Los Sistemas de Control Constitucional reconocidos en la Justicia Constitucional, son analizados en el Captulo III, explicndose la diferencia entre el Control Poltico y el Control Jurisdiccional dentro del cual se definen los Sistemas de Control Difuso, Concentrado y Mixto, haciendo referencia a las experiencias de modelos adoptados por pases en Estados Unidos de Norteamrica, Europa y la Regin Andina; y su efectividad respecto de los regmenes democrticos. En el Captulo IV, se examina en forma exhaustiva el Control Constitucional en la Justicia Constitucional Boliviana, haciendo un anlisis de los antecedentes histricos, tomando en cuenta el control constitucional en la Constitucin de 1967, para posteriormente ingresar en la nueva propuesta de dicho control en la Reforma Constitucional de 1994, determinando las justificaciones para la creacin del Tribunal Constitucional y la referencia de los criterios necesarios para la elaboracin de la Ley del Tribunal Constitucional Boliviano. El Captulo V, referido al Tribunal Constitucional como actor principal en la Justicia Constitucional Boliviana, comprende un estudio profundizado de su naturaleza jurdica, composicin, su estructura orgnica y, finalmente, se examina el estatuto jurdico constitucional de los Magistrados del Tribunal Constitucional. El papel del Tribunal Constitucional en Bolivia, se encuentra ampliamente desarrollado en el Captulo VI, estableciendo las funciones y atribuciones de ste rgano de control constitucional, as como los alcances y efectos de sus resoluciones emitidas. Concluyendo ste captulo, con el enfoque de la actuacin del Tribunal Constitucional en el fortalecimiento del rgimen democrtico boliviano y en la consolidacin de la Constitucin, permitiendo as la defensa, proteccin, garanta y promocin eficiente de los derechos fundamentales. Finalmente, en las conclusiones se da a conocer la trascendencia del rol que cumple el Tribunal Constitucional en Bolivia, al encontrarse encaminado a garantizar, que el modelo de jurisdiccin constitucional diseado se fortalezca cada da ms en busca de una jurisdiccin constitucional anhelada por los bolivianos. Para la realizacin y anlisis de los captulos enunciados, se recurri a fuentes bibliogrficas y documentales, as como a fuentes de normas legales, doctrinales y jurisprudenciales que fueron el objeto de estudio y sistematizacin de sta investigacin jurdica. Se considera que el presente tema, es de importancia incalculable tanto para estudiosos de derecho, juristas, administradores de justicia o simples ciudadanos que desconocen y anhelan que el Tribunal Constitucional Boliviano, intrprete supremo de la Constitucin refleje y responda a los principios y fundamentos para los que fue creado.
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Los problemas por los que atraviesa la Funcin Judicial en el pas debido a la acumulacin de procesos, despacho lento de las causas y otras dificultades, hacen que los usuarios no tengan confianza en la Administracin de Justicia. Adems en nuestro pas todava existen zonas geogrficas y poblacionales aisladas de los servicios pblicos y por ende del acceso a la justicia siendo necesaria su incorporacin dentro de una justicia ms inclusiva. Se busca entonces a travs de los mtodos alternos de solucin de controversias, y en especial de la mediacin, hacer que las personas sean sus propios jueces y que decidan sus conflictos de una manera amigable y pacfica, ms an en asuntos de inters pblico, de manera que se fomente una cultura de paz y en una cultura social que ha girado alrededor del litigio. Para lograr comprender el alcance de este trabajo, es necesario de dar un impulso a la mediacin con un cambio en la mentalidad en los agentes de justicia ya que el conflicto no es malo por s mismo, sino que constituye una importante fuente de dinamismo social, que acaba en el lugar comn, decisivo, segn el cual no importan los conflictos sino la forma de resolverlos. La investigacin pretende a partir de la experiencia Argentina, EE UU y de otros pases que acogieron a la mediacin como requisito previo, plantear una propuesta de reforma a la actual Ley de Arbitraje y Mediacin, la cual se sustentar adems en los criterios de los 100 estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de tres diferentes universidades, as como se cont con el apoyo mediante las entrevistas a los Directores y Subdirectores de Centros de Mediacin de la ciudad de Quito. El presente trabajo aborda adems como tema de estudio la conciliacin en el Derecho Administrativo con enfoque en la Contratacin Pblica por ser un tema de evidente inters pblico y de vital importancia en nuestros das.
