El precedente judicial y el ejercicio del derecho ante las altas cortes

El libro colectivo presenta como énfasis especial, el precedente judicial y el ejercicio del derecho ante las altas cortes, en el que se encontrarán discusiones que vinculan el estudio del precedente judicial en los sistemas del common law y continental europeo para reconocer su origen y reflexionar en torno a la tendencia de acercamiento del derecho legislado hacia el jurisprudencial y cómo ello impacta en el ejercicio del derecho ante las altas cortes. Igualmente se plantea en el texto un análisis del precedente constitucional y en la jurisdicción ordinaria, para concluir con el estudio del tema en los tribunales internacionales. Así, el libro colectivo El precedente judicial y el ejercicio del derecho ante las altas cortes representa una importante reflexión teórica y práctica a una de las tendencias del derecho en la Contemporaneidad, cual es la tendencia del acercamiento del derecho legislado hacia el derecho jurisprudencial. En definitiva, sus autores de Italia, España, Argentina, Brasil, Perú, México, Estados Unidos y Colombia exponen sus visiones frente a la evolución de la teoría del precedente desde las aristas de los sistemas comparados, la jurisdicción constitucional y administrativa, la jurisdicción ordinaria o común y los tribunales internacionales. De esta forma, el Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, con el respaldo de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco -Cartagena-, en el 2015 presenta un trabajo que reúne discusiones de actualidad para cumplir satisfactoriamente su misión de aportar a la comunidad jurídica y académica del mundo las tendencias actuales del precedente judicial en perspectiva comparada.

Tthe right to effective judicial protection and disability: the convention on the rights of persons with disabilities

On 13 December 2006, the General Assembly of the United Nations adopted the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). It is the first comprehensive human rights treaty of the 21st century. The Convention is intended as a human rights instrument with an explicit, social development dimension. It adopts a broad categorization of persons with disabilities and reaffirms that all persons with all types of disabilities must enjoy all human rights and fundamental freedoms. Precisely, the Convention marks a 'paradigm shift' in attitudes and approaches to persons with disabilities The Convention contains two articles directly connected with judicial effective protection, one more than the other, but on the other hand, one cannot be understood without the other. Both articles are Article 12 –Equal recognition before the law- and Article 13 –access to justice- As a scholar in Procedural Law, my contribution to the International Scientific Congress on Private Law of the Philippines and Spain aims to enshrine the relevant importance of the both provisions that guarantee effective judicial protection for persons with disabilities in order to analyze, subsequently, the implementation of them in Spanish legislation

Leyes organica del poder judicial y timbres: tomadas del periódico oficial y anotadas para su reforma y aplicación

Empastado con los siguientes folletos: Ley del regimen municipal. Cuenca: Imprenta de la Universidad, 1893.- Ley de regimen municipal. Reimpresa en Cuenca, 1885.- Leyes orgánica del poder judicial participación de hatos y timbres. Cuenca: Impreso por José Miguel Prieto, 1884.-Cartas políticas. primera carta.- Segunda carta de un proscrito a D. José M.P. Caamaño, presidente de la Républica del Ecuador. Santiago de Chile: Imprenta de El Progreso, 1888

Diseño de un modelo de calidad que contribuya al eficiente servicio al cliente, en el departamento representación judicial de la división de la defensa de los intereses del estado de la Fiscalia General de la Republica de El Salvador.

Los modelos de calidad son empleados para medir la evaluación, de las organizaciones o instituciones, bien por su personal interno o externo, llegando a conocer cuál es la situación de esta, respecto al ideal de excelencia así como las oportunidades de mejora. En el orden de las ideas anteriores, la presente investigación se elaboró con el objetivo de diseñar un modelo de calidad que contribuya al eficiente servicio al cliente, en el Departamento Representación de la División de la Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalìa General de la República de El Salvador. Para el diseño del modelo de calidad, se realizó previamente un diagnóstico en el Departamento de Representación Judicial, con el objetivo de conocer la situación actual de dicho ente, este diagnóstico es resultado de la investigación de campo, cuyo método utilizado fue el inductivo; razonamiento que aborda un problema partiendo de lo particular a lo general,analizando las variables que influyen en el objeto a investigar, empleando como técnicas la entrevista, encuestas y la observación. La entrevistas fueron realizadas a los directivos del Departamento de Representación Judicial, mediante el instrumento denominado guía de preguntas, en lo concerniente a las encuestas se efectuaron por medio de cuestionarios dirigidos a usuarios y empleados del Departamento de Representación Judicial y como técnica final se utilizó la observación directa auxiliándose del instrumento hoja de observación, todo esto permitió obtener información del estado actual del objeto a investigar, pudiendo así diagnosticar una serie de carencias que obstaculizan el buen y eficiente servicio, como por ejemplo la inexistencia de un modelo orientado a servicio al cliente, retraso en la resolución de trámites, deficiencias a la hora de canalizar las insatisfacciones o quejas de los usuarios. En consecuencia a la situación anteriormente planteada, se propone el diseño del modelo de calidad que contribuya al eficiente servicio al cliente en el Departamento de Representación Judicial, el cual consta de catorce pasos lógicos de cómo establecer una cultura de calidad orientada hacia el servicio, el tiempo de ejecución de este modelo es de doce meses en concordancia al periodo laboral presupuestado por las instituciones públicas, como lo es la Fiscalía General de la República, con la implementación de este modelo, se pretende alcanzar la satisfacción de los usuarios en sus necesidades y exigencias al solicitar los servicios que ofrece el Departamento de Representación Judicial.

Muertes cuestionadas en combate producto de errores administrativos en operaciones militares. La guerra judicial en el Departamento de Caquetá, 2002-2010

104 p.

Pena de muerte: la “venganza” del sistema judicial

El presente trabajo tiene por objeto el análisis del castigo supremo por el cual se lleva a cabo la privación del derecho fundamental por antonomasia, como es, el derecho a la vida; todo ello por parte del Estado y de una forma premeditada. Pena que actualmente han abolido, para todos los delitos, 140 países, es decir, dos tercios del total mundial. Se ha llevado a cabo un trabajo multidisciplinar en el que se ponen de manifiesto aspectos de índole jurídico pero teniendo siempre muy presente aspectos de carácter social, ético y de derechos humanos; queriendo con ello presentar la relación existente entre la pena de muerte y el derecho a la vida y dignidad humana; todo ello al analizar, entre otros, el riesgo que supone para las personas inocentes, la discriminación y arbitrariedad a la hora de hacerla efectiva, su aplicación únicamente por los delitos considerados “más graves”, así como los límites y restricciones en su aplicación.

Imagens da imparcialidade entre o discurso constitucional e a prática judicial

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito, 2016.

El precedente judicial: exploración para una aplicación adecuada en la práctica judicial

62 p.

Exploring judicial opinion on the relationship between anabolic-androgenic steroid use and violent offending

Research suggests that there is a link between the use of anabolic-androgenic steroids (AAS) and violence, though this link may be moderated by other substance use such as alcohol. Violent acts in the nighttime economy in recent times has led to governments adopting a law enforcement approach. This study sought to investigate whether the judicial system considers that there is a link between AAS use and violence. Sentencing decisions in Victoria, Australia, were identified using three publically available case law databases. Of the six cases identified, three cases had some mention of a potential link between AAS use and violent offending; however, it appears that evidence of AAS use had neither an aggravating nor mitigating effect on sentencing. In all six cases, a history of other substance use had more of an impacting upon sentencing. Harm reduction approaches should be adopted to reduce violence related to any substance use, including AAS.

Examining the approaches to diminish judicial intervention in statutory adjudication in Australia

In Australia, statutory construction adjudication is a fast payment dispute resolution process designed to keep the cash flowing down the hierarchical contractual chain in construction projects. Its rapid, highly regulatory and temporarily binding nature have led to it being often described as a ‘quick and dirty’ process that delivers ‘rough and ready’ justice. Adjudicators often have to grapple with complex legal issues related to jurisdictional facts and interpretation of contract provisions, though the majority of them are not legally trained. This has often led to a poor quality of adjudication outcome for large and complex payment claims which has, in turn, led to a mounting dissatisfaction due to the many judicial challenges to adjudicators’ determinations seen in recent years. The evolving tension between the object of the security of payment legislation and excessive involvement of the courts has often been the subject of comment by the judiciary. This paper aims to examine the legislative and judicial approaches to support the object of the security of payment legislation to ease cash flow. The paper adopts a desktop study approach whereby evidence is gathered from three primary sources – judicial decisions, academic publications and governmental reports. The paper concludes that there is a need to adopt other measures which can provide more convenient relief to aggrieved parties to an adjudication process, such that the adjudication process is kept away from the courts as far as is possible. Specifically, it is proposed that a well-designed expanded legislative review scheme of allegedly flawed adjudication, based on that provided in the Western Australian legislation, might stand as a promising remedy to eliminate the evolving tension.

What do you do with a High Court decision you don’t like? Legislative, judicial and academic responses to Gambotto v WCP Ltd

The decision of the High Court of Australia in Gambotto v WCP Ltd wasboth controversial and widely debated. Some saw the decision as radically altering the balance of power in corporate law by granting minority shareholders extensive new powers to prevent the compulsory acquisition of their shares and thereby impeding commercial transactions that would benefit companies. There was also concern that the principles developed by the High Court for compulsory acquisition of shares undertaken by way of amendment of the corporate constitution would apply to other forms of compulsory acquisition, and corporate law more generally, again impeding many types of corporate transactions.We analyse the responses to the High Court decision. The decision had the potential to have a significant influence on Australian corporate law and the way corporate transactions involving compulsory share acquisitions are conducted. In particular, Gambotto was considered in more than 50 subsequent judgments giving many judges the opportunity to extend the Gambotto principles into new areas.We show that the responses to Gambotto were largely negative. Initial commentary in themedia and subsequent academic commentary was mostly critical. Almost uniformly, courts decided that the principles should not be extended.Parliament responded by enacting new provisions in the corporationslegislation facilitating the compulsory acquisition of shares and limiting the application of Gambotto. We document how courts and Parliamentresponded to a decision they did not like — a decision that had the potential to have major implications for corporate law and commercial transactions.We also analyse Gambotto by placing it in the broader political context ofthe role of the High Court at the time of the decision. Gambotto was decided when the High Court was in a period of unprecedented judicial activism.Subsequently, the High Court retreated from this judicial activism and weobserve similarities in how other courts restricted the application ofGambotto.

Towards diminishing judicial intervention in statutory adjudication: a pragmatic proposal

Statutory adjudication was introduced into the Security of Payment (SOP) legislation as a fast-track payment dispute resolution process aiming to achieve the object of the legislation to facilitate cash flow within the construction contractual chain. As such, adjudication determinations were usually released and enforced on a "pay now, argue later" 1 basis in order to protect a vulnerable class of smaller businesses within the building and construction industry. The SOP legislation was extremely successful in attaining the stated object in the context of small adjudicated payment claims where both parties used to comply with the adjudication determination.

Report on the Iowa Judicial Branch – County Clerks of District Courts, a part of the State of Iowa, for the year ended June 30, 2015

Report on the Iowa Judicial Branch – County Clerks of District Courts, a part of the State of Iowa, for the year ended June 30, 2015

Audit report on the Iowa Judicial Retirement System for the year ended June 30, 2016

Audit report on the Iowa Judicial Retirement System for the year ended June 30, 2016

Report on the Iowa Judicial Retirement System for the year ended June 30, 2016

Report on the Iowa Judicial Retirement System for the year ended June 30, 2016