974 resultados para Shipbuilding subsidies


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This paper offers a principal-agent model of feasible private contracting in mitigation and conservation banking aimed at the protection of natural habitat and bio-diversity of US wetlands and uplands. It is shown that while it is straightforward to design an incentive contract, such a contract may not achieve the federally mandated objective of no net loss of habitat. This is because the minimum payment required as an economic incentive to private agents may be greater than what they should receive for the habitat values that they actually created in the field. This possible problem is shown to derive from nonconvexity in the production possibility set between the biological value of land as natural habitat and in non-habitat uses such as in urban development. The paper concludes with a consideration of several institutional devises that may promote the convergence of private contracting and the attainment of no net loss. These include the payment of subsidies, greater accuracy in the identification of actual quality by the principal, and the use of several incentive alignment devises.

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In this paper we develop a simple economic model to analyze the use of a policy that combines a voluntary approach to controlling nonpoint-source pollution with a background threat of an ambient tax if the voluntary approach is unsuccessful in meeting a pre-specified environmental goal. We first consider the case where the policy is applied to a single farmer, and then extend the analysis to the case where the policy is applied to a group of farmers. We show that in either case such a policy can induce cost-minimizing abatement without the need for farm-specific information. In this sense, the combined policy approach is not only more effective in protecting environmental quality than a pure voluntary approach (which does not ensure that water quality goals are met) but also less costly than a pure ambient tax approach (since it entails lower information costs). However, when the policy is applied to a group of farmers, we show that there is a potential tradeoff in the design of the policy. In this context, lowering the cutoff level of pollution used for determining total tax payments increases the likely effectiveness of the combined approach but also increases the potential for free riding. By setting the cutoff level equal to the target level of pollution, the regulator can eliminate free riding and ensure that cost-minimizing abatement is the unique Nash equilibrium under which the target is met voluntarily. However, this cutoff level also ensures that zero voluntary abatement is a Nash equilibrium. In addition, with this cutoff level the equilibrium under which the target is met voluntarily will not strictly dominate the equilibrium under which it is not. We show that all results still hold if the background threat instead takes the form of reducing government subsidies if a pre-specified environmental goal is not met.

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Although, elevated risk for lung cancer has been associated with certain industries and occupations in previous studies, the lack of cigarette smoking information in many of these investigations resulted in estimates that could not be adjusted for the effects of smoking. To determine lung cancer risk due to occupation and smoking, for New Mexico's Anglos and Hispanics, a population-based case-control study was conducted. Incident cases diagnosed 1980-1982, and controls from the general population, were interviewed for lifetime occupational and smoking histories. Specific high risk industries and occupations were identified in advance and linked with industrial and occupational codes for hypotheses-testings. Significantly elevated risks were found for welders (RR = 3.5) and underground miners (RR = 2.0) with adjustment for smoking. Because shipbuilding was the industry of employment for only five of the 18 cases who were welders, exposures other than asbestos could be causal agents. Among the underground for only five of the 18 cases who were welders, exposures other than asbestos could be causal agents. Among the underground miners, uranium, copper, lead and zinc, coal, and potash mining industries were represented. Low prevalence of employment in some of the industries and occupations of interest resulted in inconclusive results. ^

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A lo largo de la post-convertibilidad el esquema de los ganadores y perdedores entre los grandes grupos económicos 'pertenecientes al sector servicios, financiero, agro-industrial, industrial, petrolero-minero' se fue redefiniendo. Este trabajo de cuenta de tales cambios a partir de considerar los estudios sociales más importantes sobre el tema, que incluyen tanto el problema de la crisis de la convertibilidad como la nueva situación de los grandes grupos económicos y el Estado durante la post-convertibilidad. De esta manera es de suponer como necesario comenzar con una conceptualización de la crisis de la convertibilidad y sus consecuencias, para entender la situación y los problemas que debieron solucionar los grandes grupos económicos y el Estado a comienzos de la post-convertibilidad para impulsar un proceso de crecimiento económico sostenido. Así las dicotomías presentes entre los trabajos que priorizan, por un lado, la lucha entre fracciones, y, por otro, el peso de la crisis, nos servirá para dicho fin. En segundo lugar se analizaran los diferentes trabajos que explican, de diversas maneras, la nueva situación en que se encontraron -y se encuentran- las fracciones de la burguesía, y su relación con las funciones del Estado a lo largo de la post-convertibilidad. De aquí saldrán los principales insumos para pensar el rol del Estado -bajo un nuevo tipo de arbitraje- y las acciones de los grandes grupos económicos, ambos condicionados por la crisis de la convertibilidad y el mercado mundial. Con las conceptualizaciones aceptadas, se analizará la acción de los grandes grupos económicos y las funciones del Estado para un caso específico: los grandes grupos económicos de las empresas privatizadas y su relación con el nuevo tipo de arbitraje estatal en la post-convertibilidad, según dos periodos diferentes. Y, se redefinirá el esquema de ganadores y perdedores para tal caso, teniendo como elemento distintivo la relación de las empresas privatizadas y los subsidios

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Con un marco regulatorio de tipo proteccionista que buscaba promover la construcción de barcos en el país, la industria naval argentina se consolidó y expandió hasta los años 80 gracias a una fuerte intervención estatal, iniciada durante el proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones (isi). El presente trabajo se propone describir la historia reciente de este sector industrial, desde 1950 hasta la actualidad, centrando la atención en dos aspectos fundamentales: por un lado, el rol central del Estado (y de su política industrial) como regulador, productor, cliente y agente de financiación de la industria naval; por otro, la activa participación de los actores sociales, especialmente los trabajadores organizados, en la supervivencia productiva del sector en la década del 90. Para llevar adelante este propósito, nos centramos en el estudio de los dos astilleros estatales de construcción y reparación naval más importantes del país: Astillero Río Santiago (ars) y Talleres Dársena Norte (Tandanor). A modo de conclusión, reflexionamos sobre los principales desafíos y la perspectiva futura del sector así como sobre las responsabilidades que, en tal sentido, les caben a los actores sociales más relevantes

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El objetivo de este artículo es mostrar cuáles fueron las características de la política agrícola stricto sensu que favoreció el agronegocio y el desarrollo agropecuario en Brasil en los últimos 30 años. Para entender este proceso, se realiza una breve descripción de los instrumentos de política agrícola adoptados por el Gobierno en ese lapso, en función de la necesidad de adaptarse a las exigencias de la OMC y a las restricciones de la coyuntura. En la primera fase, de 1964 hasta 1985, se consiguió aumentar significativamente la producción agrícola garantizando el abastecimiento interno, que era el gran obstáculo verificado en el período pre-1964. La modernización agrícola fue conseguida con un gran costo social, pero cabe resaltar que esta cuestión no era una preocupación central de los gobiernos militares. En la segunda fase (1985-2001), cuando comienza la redemocratización, la política agrícola también se integra y es consistente con los objetivos macroeconómicos. Se buscaba en esa época disminuir el déficit fiscal y pagar la deuda externa, lo que fue conseguido con los grandes excedentes generados por el agronegocio a pesar de la disminución drástica de los subsidios agrícolas que fue necesario implementar. En el tercer período (2002-presente) se busca conciliar la promoción del agronegocio con la reducción de la pobreza, que era una agenda pendiente de la democratización y que había sido postergada en función de la necesidad de resolver los problemas fiscales e inflacionarios de la década del 80. Una vez resuelto el problema de la inflación, el Estado recupera su capacidad de planificación y comienza a atacar los problemas sociales.

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En la Argentina, el año 2002 marca el inicio de una serie de transformaciones productivas con fuerte impacto sobre las dinámicas territoriales, a partir de la llegada de inversiones extranjeras directas. Una importante porción de dichas inversiones se orienta a desarrollar actividades de baja jerarquización, en donde la competitividad se obtiene vía la reducción de los costos laborales y el otorgamiento de ventajas impositivas y subsidios hacia las empresas. La significativa expansión de la actividad de los call centers tercerizadores -que, en los últimos años, se localizan masiva y vertiginosamente en las principales ciudades del interior de nuestro país- es la evidencia empírica de este fenómeno. Analizar sus características, junto con una detallada descripción de las interacciones de los organismos estatales y los sectores políticos, sociales y económicos involucrados en la instalación de los call centers, no solo permite observar las transformaciones territoriales -en tanto se insertan nuevas actividades productivas y de empleo- sino que visibiliza mecanismos de cooperación y/o conflicto mediante los cuales los actores nacionales y foráneos posibilitan y modelan la inserción de lo global en lo local, materializando así novedosas lógicas de organización territorial, que representamos bajo el concepto "nuevas territorialidades". A lo largo de todo el trabajo, intentamos que nuestra mirada de estos procesos pueda dar cuenta de las (a)simetrías de poder entre los agentes económicos y actores estatales y extraestatales, en el marco de espacios locales periféricos en una época de globalización

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A lo largo de la post-convertibilidad el esquema de los ganadores y perdedores entre los grandes grupos económicos 'pertenecientes al sector servicios, financiero, agro-industrial, industrial, petrolero-minero' se fue redefiniendo. Este trabajo de cuenta de tales cambios a partir de considerar los estudios sociales más importantes sobre el tema, que incluyen tanto el problema de la crisis de la convertibilidad como la nueva situación de los grandes grupos económicos y el Estado durante la post-convertibilidad. De esta manera es de suponer como necesario comenzar con una conceptualización de la crisis de la convertibilidad y sus consecuencias, para entender la situación y los problemas que debieron solucionar los grandes grupos económicos y el Estado a comienzos de la post-convertibilidad para impulsar un proceso de crecimiento económico sostenido. Así las dicotomías presentes entre los trabajos que priorizan, por un lado, la lucha entre fracciones, y, por otro, el peso de la crisis, nos servirá para dicho fin. En segundo lugar se analizaran los diferentes trabajos que explican, de diversas maneras, la nueva situación en que se encontraron -y se encuentran- las fracciones de la burguesía, y su relación con las funciones del Estado a lo largo de la post-convertibilidad. De aquí saldrán los principales insumos para pensar el rol del Estado -bajo un nuevo tipo de arbitraje- y las acciones de los grandes grupos económicos, ambos condicionados por la crisis de la convertibilidad y el mercado mundial. Con las conceptualizaciones aceptadas, se analizará la acción de los grandes grupos económicos y las funciones del Estado para un caso específico: los grandes grupos económicos de las empresas privatizadas y su relación con el nuevo tipo de arbitraje estatal en la post-convertibilidad, según dos periodos diferentes. Y, se redefinirá el esquema de ganadores y perdedores para tal caso, teniendo como elemento distintivo la relación de las empresas privatizadas y los subsidios

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Con un marco regulatorio de tipo proteccionista que buscaba promover la construcción de barcos en el país, la industria naval argentina se consolidó y expandió hasta los años 80 gracias a una fuerte intervención estatal, iniciada durante el proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones (isi). El presente trabajo se propone describir la historia reciente de este sector industrial, desde 1950 hasta la actualidad, centrando la atención en dos aspectos fundamentales: por un lado, el rol central del Estado (y de su política industrial) como regulador, productor, cliente y agente de financiación de la industria naval; por otro, la activa participación de los actores sociales, especialmente los trabajadores organizados, en la supervivencia productiva del sector en la década del 90. Para llevar adelante este propósito, nos centramos en el estudio de los dos astilleros estatales de construcción y reparación naval más importantes del país: Astillero Río Santiago (ars) y Talleres Dársena Norte (Tandanor). A modo de conclusión, reflexionamos sobre los principales desafíos y la perspectiva futura del sector así como sobre las responsabilidades que, en tal sentido, les caben a los actores sociales más relevantes

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El objetivo de este artículo es mostrar cuáles fueron las características de la política agrícola stricto sensu que favoreció el agronegocio y el desarrollo agropecuario en Brasil en los últimos 30 años. Para entender este proceso, se realiza una breve descripción de los instrumentos de política agrícola adoptados por el Gobierno en ese lapso, en función de la necesidad de adaptarse a las exigencias de la OMC y a las restricciones de la coyuntura. En la primera fase, de 1964 hasta 1985, se consiguió aumentar significativamente la producción agrícola garantizando el abastecimiento interno, que era el gran obstáculo verificado en el período pre-1964. La modernización agrícola fue conseguida con un gran costo social, pero cabe resaltar que esta cuestión no era una preocupación central de los gobiernos militares. En la segunda fase (1985-2001), cuando comienza la redemocratización, la política agrícola también se integra y es consistente con los objetivos macroeconómicos. Se buscaba en esa época disminuir el déficit fiscal y pagar la deuda externa, lo que fue conseguido con los grandes excedentes generados por el agronegocio a pesar de la disminución drástica de los subsidios agrícolas que fue necesario implementar. En el tercer período (2002-presente) se busca conciliar la promoción del agronegocio con la reducción de la pobreza, que era una agenda pendiente de la democratización y que había sido postergada en función de la necesidad de resolver los problemas fiscales e inflacionarios de la década del 80. Una vez resuelto el problema de la inflación, el Estado recupera su capacidad de planificación y comienza a atacar los problemas sociales.

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En la Argentina, el año 2002 marca el inicio de una serie de transformaciones productivas con fuerte impacto sobre las dinámicas territoriales, a partir de la llegada de inversiones extranjeras directas. Una importante porción de dichas inversiones se orienta a desarrollar actividades de baja jerarquización, en donde la competitividad se obtiene vía la reducción de los costos laborales y el otorgamiento de ventajas impositivas y subsidios hacia las empresas. La significativa expansión de la actividad de los call centers tercerizadores -que, en los últimos años, se localizan masiva y vertiginosamente en las principales ciudades del interior de nuestro país- es la evidencia empírica de este fenómeno. Analizar sus características, junto con una detallada descripción de las interacciones de los organismos estatales y los sectores políticos, sociales y económicos involucrados en la instalación de los call centers, no solo permite observar las transformaciones territoriales -en tanto se insertan nuevas actividades productivas y de empleo- sino que visibiliza mecanismos de cooperación y/o conflicto mediante los cuales los actores nacionales y foráneos posibilitan y modelan la inserción de lo global en lo local, materializando así novedosas lógicas de organización territorial, que representamos bajo el concepto "nuevas territorialidades". A lo largo de todo el trabajo, intentamos que nuestra mirada de estos procesos pueda dar cuenta de las (a)simetrías de poder entre los agentes económicos y actores estatales y extraestatales, en el marco de espacios locales periféricos en una época de globalización

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El objetivo de este artículo es mostrar cuáles fueron las características de la política agrícola stricto sensu que favoreció el agronegocio y el desarrollo agropecuario en Brasil en los últimos 30 años. Para entender este proceso, se realiza una breve descripción de los instrumentos de política agrícola adoptados por el Gobierno en ese lapso, en función de la necesidad de adaptarse a las exigencias de la OMC y a las restricciones de la coyuntura. En la primera fase, de 1964 hasta 1985, se consiguió aumentar significativamente la producción agrícola garantizando el abastecimiento interno, que era el gran obstáculo verificado en el período pre-1964. La modernización agrícola fue conseguida con un gran costo social, pero cabe resaltar que esta cuestión no era una preocupación central de los gobiernos militares. En la segunda fase (1985-2001), cuando comienza la redemocratización, la política agrícola también se integra y es consistente con los objetivos macroeconómicos. Se buscaba en esa época disminuir el déficit fiscal y pagar la deuda externa, lo que fue conseguido con los grandes excedentes generados por el agronegocio a pesar de la disminución drástica de los subsidios agrícolas que fue necesario implementar. En el tercer período (2002-presente) se busca conciliar la promoción del agronegocio con la reducción de la pobreza, que era una agenda pendiente de la democratización y que había sido postergada en función de la necesidad de resolver los problemas fiscales e inflacionarios de la década del 80. Una vez resuelto el problema de la inflación, el Estado recupera su capacidad de planificación y comienza a atacar los problemas sociales.

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En la Argentina, el año 2002 marca el inicio de una serie de transformaciones productivas con fuerte impacto sobre las dinámicas territoriales, a partir de la llegada de inversiones extranjeras directas. Una importante porción de dichas inversiones se orienta a desarrollar actividades de baja jerarquización, en donde la competitividad se obtiene vía la reducción de los costos laborales y el otorgamiento de ventajas impositivas y subsidios hacia las empresas. La significativa expansión de la actividad de los call centers tercerizadores -que, en los últimos años, se localizan masiva y vertiginosamente en las principales ciudades del interior de nuestro país- es la evidencia empírica de este fenómeno. Analizar sus características, junto con una detallada descripción de las interacciones de los organismos estatales y los sectores políticos, sociales y económicos involucrados en la instalación de los call centers, no solo permite observar las transformaciones territoriales -en tanto se insertan nuevas actividades productivas y de empleo- sino que visibiliza mecanismos de cooperación y/o conflicto mediante los cuales los actores nacionales y foráneos posibilitan y modelan la inserción de lo global en lo local, materializando así novedosas lógicas de organización territorial, que representamos bajo el concepto "nuevas territorialidades". A lo largo de todo el trabajo, intentamos que nuestra mirada de estos procesos pueda dar cuenta de las (a)simetrías de poder entre los agentes económicos y actores estatales y extraestatales, en el marco de espacios locales periféricos en una época de globalización

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