894 resultados para investigación de la opinión pública
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Under present historical conditions of extreme social inequity, sustained by structural impoverishment, the destruction of living conditions and deterioration of environmental integrity, under the logic of big business, and precisely when the people’s organizations are working intensely in defending creatively human rights and health, academic public health evidences an exasperating passiveness; university departments, local and federal government agencies and even non-governmental organizations, keep implementing ineffective and innocuous health programs -some of them sustained by an expensive propaganda apparatus- that reproduce the same conventional plans, most of which end up reinforcing the rules of the neoliberal game. The present paper seeks to explain this historical surrender of public health; the institutional incapacity to foresee the structural roots of that flourishing pathology of inequity; and its divorce from the struggle of the most progressive social organizations. To accomplish this critique of hegemonic public health, the author analyzes the historical and epistemological roots of that “blindness” and the ideological fundaments of that political passiveness.
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La historia reciente de la investigación en salud pública está repleta de casos demostrativos de una colusión entre quienes trabajan para fabricar dudas científicas acerca de estudios epidemiológicos y ambientales que demuestran los impactos de sistemas productivos malsanos, y los que manipulan estudios para diluir evidencias de tales problemas, con el fin de prolongar la impunidad jurídica, desgastar la credibilidad de denuncias ante tales daños y confundir la opinión pública. Esta breve recopilación sobre casos emblemáticos de tales disensos, tendenciosamente construidos, pretende ser un elemento de reflexión en homenaje al trabajo científico de tres entidades científicas de indudable respetabilidad científica del Brasil, la Fundación Oswaldo Cruz –FIOCRUZ-, la Asociación Brasileña de Salud Colectiva –ABRASCO y el Instituto Nacional de Cáncer –INCA, cuyos estudios sobre el impacto masivo del uso irresponsable de agrotóxicos, ha desencadenado la vieja argucia de una ciencia vinculada, que se coloca consciente o inconscientemente al servicio de meganegocios malsanos y la impunidad.
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Esta tesis se refiere a la agenda pública de los gobiernos liberales radicales (1895-1912) respecto a la instrucción pública primaria en general y de las mujeres, en particular; así como la gestión efectiva que respecto a ese ramo logró ejecutarse. Este examen se realiza desde la subdisciplina de la Historia del Estado como institución, de donde se obtuvieron los instrumentos conceptuales para conocer cómo funcionó la maquinaria estatal, sus dirigentes políticos y cuadros burocráticos, durante la época de referencia. El examen se realiza usando como fuentes primarias las normas referidas a educación emitidas entre 1895 y 1912, “los Diarios de Debate” de los Congresos, los “Informes Presidenciales” y los “Informes de Ministros”.
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Es misión de la UASB Sede Ecuador la transmisión y desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos a través de la investigación, acción que ha venido realizando desde sus inicios, hace ya 20 años. Asimismo, es parte de sus objetivos estratégicos potenciar la investigación como un proceso articulado a la docencia y a los programas académicos y para el cumplimiento de las acciones claves mencionadas en pos de dicho objetivo, es necesario partir de un conocimiento preciso del trabajo investigativo realizado hasta el momento dentro de la institución. Es así que surge como objetivo de la presente investigación, realizar una sistematización cuantitativa de las investigaciones realizadas, su procedencia, temáticas, autores y la forma en que han sido difundidas en el período 1992-2012, cuyo procesamiento permitirá concluir en una serie de recomendaciones que facilitará la detección de las principales fortalezas y debilidades de la investigación realizada en la Universidad Andina hasta la fecha.
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La relación entre empleados públicos y los órganos del estado ha ido evolucionando notablemente sobre todo en las últimas décadas, hasta el punto que ya no puede decirse que son solamente que estos empleados son un instrumento del Estado para el cumplimiento de sus fines, sino sujetos de derechos no solo subjetivos sino también de aquellos que reconocen los convenios internacionales y la Constitución de la República para el sector laboral en general. En efecto, la Organización Internacional del Trabajo, a través de los convenios 87 y 98 y posteriormente con la expedición de los convenios 151 y 154 reconoce expresamente la aplicación de los derechos colectivos para los empleados públicos, que implica entre otras cosas la posibilidad de asociarse y consecuentemente negociar condiciones de empleo e incluso ejercer el derecho de huelga, lo que trastoca el carácter estatutario que tiene el régimen de la Función Pública. Si bien este tema ya ha sido tratado con mayor profundidad en otros países en donde se han incorporado en sus legislaciones mecanismos de participación directa de los empleados en las decisiones de la Administración Pública, en el Ecuador no ha sido profundamente discutido, por lo que es necesario generar un análisis crítico de esta temática, para que pueda ser motivo de debate jurídico.
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¿Cómo entender desde nuestra visión adulta el mundo de los niños, las niñas y los adolescentes para formular una política pública? ¿Es la infancia un actor social, participante y productor de su propia realidad? ¿Los niños y niñas son ciudadanos sujetos de derechos en el marco de la política pública? ¿Es la edad un factor que requiera integrarse al paradigma normativo de la igualdad? ¿Cuál es el balance de la política pública de reparación en Colombia y qué lecciones nos puede ofrecer a este respecto? La incorporación de un enfoque diferencial en el marco de las políticas públicas se ha convertido en un desafío que pone en evidencia la tensión existente entre la igualdad teórica y la igualdad práctica. La garantía al derecho a la reparación integral para los niños, niñas y adolescentes requiere de medidas expresadas tanto en determinaciones legales explícitas como en planes, proyectos y acciones dirigidos a transformar imaginarios culturales que están fuertemente enraizados en la institucionalidad y la sociedad. El libro está dirigido especialmente a los decisores y funcionarios encargados de formular, ejecutar o evaluar políticas públicas de reparación. Brinda reflexiones y recomendaciones para permitir que la voz de los menores de edad sea escuchada y, con ello, contribuir a superar el predominio de la visión «adultocéntrica» en la política pública.
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Cecília Donnangelo es sin duda una de las figuras mayores del pensamiento crítico latinoamericano sobre la salud. Reavivar su memoria será siempre importante, pero lo es más ahora que la América Latina atraviesa por una etapa de presión ideológica hacia un neo-funcionalismo, que forma parte del ethos tecnocrático del capitalismo del siglo XXI y que ha invadido lamentablemente también la salud colectiva. El propósito de este breve ensayo es enfocar la importancia de sus esclarecedores argumentos sobre los disensos y paradigmas contrapuestos de la epidemiología, terreno en el que sus preocupaciones coinciden con problemas que varios de nosotros hemos trabajado, en el afán de construir una visión crítica sobre la realidad.
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El capítulo VIII de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General trata sobre los procedimientos, requisitos y documentos a suscribir para la formalización de las modificaciones que en la ejecución del Contrato Administrativo deba realizarse, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual. Entre las causas principales para la modificación de los Contratos Administrativos, se encuentran entre otras, las producidas por fuerza mayor o caso fortuito, imprevistos de orden técnico, económico. Las cláusulas exorbitantes con que cuenta el Contrato Administrativo otorga a la Administración, entre otras, la potestad de modificar unilateralmente las condiciones del contrato, dar directivas a su contratista, declarar extinguido el contrato por sí y ante sí, imponer sanciones contractuales. Los documentos accesorios que los contratantes suscriben para dejar constancia de las modificaciones realizadas en el Contrato Administrativo principal, son los denominados contratos complementarios, órdenes de cambio y órdenes de trabajo, los cuales deben reunir ciertos procedimientos y requisitos normados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
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La compraventa de vehículos usados es una de las actividades más informales que se desarrollan en diversos lugares del Ecuador, en donde el comprador y el vendedor asumen en virtud de un contrato diversas obligaciones, que se formalizan con la legalización y otorgamiento del contrato compraventa; para posterior registro en el Servicio de Rentas Internas y actualización de la especie de la matrícula ante las instituciones de tránsito competentes. En ocasiones la transferencia del bien culmina con el intercambio del vehículo y del dinero sin dar cumplimiento con las obligaciones generadas; por lo que, mediante la presente investigación se desea analizar las posibles oportunidades de mejora para que la Administración Tributaria y las instituciones relacionas en este campo, controlen la informalidad y la evasión de impuestos generando mayor transparencia en la propiedad de los vehículos. Para el desarrollo, se debe despejar el siguiente cuestionamiento general: ¿Cuál es el efecto de la legalización del contrato de compraventa de vehículos usados en las obligaciones tributarias derivadas de dicha convención? La investigación es de tipo crítica y descriptiva por cuanto se pretende analizar la normativa vigente relacionada mediante la cual se utilizaran estrategias flexibles para la legalización de los contratos de compraventa de vehículos usados y el cumplimiento de las obligaciones generadas por dichas convenciones. El enfoque a aplicarse será el cualitativo pues se describirá las estrategias de legalización y cumplimiento de las obligaciones generadas por la compraventa de vehículos usados y el cuantitativo porque se analizará la información obtenida para definir la evolución en la venta de vehículos usados y el pago del impuesto del 1% de las mismas. En este documento se lleva a cabo un análisis de la evolución del contrato de compraventa a nivel global del mundo y a nivel nacional, la evolución de los registros de los contratos de compraventa de vehículos usados en el Ecuador, las obligaciones que se generan con este tipo de transacciones para el comprador y vendedor en los campos civiles y comerciales, tributarios y de tránsito y seguridad vial, las estrategias y mecanismos paliativos y preventivos necesarios para la legalización de los contratos de compraventa de vehículos usados para el cabal cumplimento de las obligaciones que se generan.
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Antiguamente se consideraba que la facultad discrecional de la administración estaba exenta de control, lo que constituía, sin lugar a dudas, un privilegio a favor de los gobernantes, quienes podían actuar de manera arbitraria y contra ley, sin resquemor alguno. Frente a esta situación de inseguridad jurídica y abuso del poder, la humanidad siempre luchó por evitar y disminuir el abuso del poder, y es así como llegamos al denominado Estado de Derecho, que propugna la sumisión de todas las actuaciones del Estado a la Constitución y la ley, es decir, nada puede quedar fuera o exento de control. Allí se concibió como necesaria la facultad discrecional de la administración para tomar decisiones oportunas, pero no como una antítesis de la facultad reglada, sino también como una prerrogativa legal. Este cambio de concepción de la facultad discrecional de la administración, lleva implícita otra consecuencia y dice relación a la pregunta de ¿cómo pueden los jueces hacer un control judicial pleno de las actividades derivadas de la potestad discrecional de la administración? El tema que se pone en la palestra para su discusión ha sido objeto de múltiples escritos, foros académicos, debates interminables y mucha tinta derramada, pero aún no existe una posición consolidada y unificada respecto de cómo hacer ese control, en lo único en que todos coinciden es en la circunstancia de que los actos administrativos dictados en ejercicio de una facultad discrecional de la administración, son perfectamente impugnables. Para lograr un control pleno de las actividades administrativas, se hace indispensable el reconocimiento de una jurisdicción contencioso administrativa plenaria y universal, integrada por jueces independientes, imparciales y competentes, que conciban su labor de control efectivo, sin escudarse en subterfugios, ya sea para dejar de resolver o negar demandas de manera sistemática en casos discrecionalidad. Tal situación resulta inconcebible con el actual marco constitucional en vigencia, que determina la obligación de fallar no solo sobre normas sino también sobre principios, lo que permite a los jueces ampliar sus fronteras, superar el criterio de que la jurisdicción contencioso administrativa es exclusivamente revisora e impide que se deje sin tutela judicial efectiva a ningún ciudadano.
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Plantea una somera revisión de los principales cambios constitucionales que se están impulsando en los diferentes países de la región, dentro de los cuales se incluye la propuesta del actual gobierno del Ecuador. Luego se explicitan los cambios radicales que en materia educativa se requiere impulsar, para mejorar la calidad de vida de los habitantes ecuatorianos y contribuir en el necesario proceso de integración latinoamericana.
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Este libro analiza los contenidos y discursos que el semanario La Antorcha utilizó en sus páginas para mostrarse a la opinión pública entre noviembre de 1924 y junio de 1925, tiempo que duró su circulación en la ciudad de Quito. Este periódico fue el primero en circular en la capital y en el país, con una clara filiación a la ideología socialista, la misma que empezaba a ser parte del debate político, so cial y cultural, especialmente, a partir de los acontecimientos ocurridos el 15 de noviembre de 1922 en la ciudad de Guayaquil. El autor parte justamente de ese entorno político, económico, social y cultural, in fluenciado por ideologías y fuerzas políticas conservadoras y liberales, para desentrañar cómo ese contexto permite la irrupción de La Antorcha en la esfera política, con el matiz socialista marxista y poético literario de sus fundadores. El libro se adentra en estudiar los inicios del periódico, sus fundadores y sus principales redactores. Analiza los contenidos y discursos que estos utilizaron para llegar a sus lectores, principalmente, estudiantes universitarios, obreros artesanales y jóvenes militares progresistas. El estudio concluye con un análisis del tipo de socialismo que impulsó La Antorcha, sus acercamientos con diversos actores y su táctica de alianza con los grupos de obreros al rededor de dicha ideología.
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El presente trabajo investigativo pretende ventilar la problemática existente en el derecho ecuatoriano referente a la arbitrabilidad de los actos administrativos que se derivan de la existencia de una relación contractual en donde una de las partes es la Administración. El conflicto se origina cuando a pesar del reconocimiento del arbitraje como un mecanismo heterocompositivo de solución de disputas en la Constitución de la República y en el resto del ordenamiento jurídico vigente, existe vaguedad en la Ley de Arbitraje y Mediación sobre la arbitrabilidad de los actos administrativos, lo que impide a los árbitros ejercer su competencia a cabalidad, pues existe el riesgo que ante tal vacío, la declaratoria de competencia del Tribunal resulte en violaciones a derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, o a nivel legal la nulidad de la decisión proferida. Para ello, en el primer capítulo de este trabajo académico se estudiará el marco teórico que rige a los actos administrativos, a la contratación pública y al arbitraje, a partir de tres criterios: el legal ecuatoriano, el doctrinario y el derecho comparado. Atender las similitudes en otros derechos permitirá al Ecuador determinar la existencia de una solución al problema jurídico planteado. En el segundo capítulo, se desarrollará la institución arbitral en el Ecuador, estudiado desde un punto de vista histórico, revisando los requisitos constitucionales y legales que imperan dentro del mismo, y los elementos que permiten la existencia del arbitraje, la transigibilidad y la competencia arbitral. Finalmente dentro de este capítulo se estudiará y resolverá el fondo de la problemática, analizando los tres escenarios posibles en cuanto al problema: i) arbitrabilidad total, ii) negativa a la arbitrabilidad de los actos administrativos y, iii) una posición intermedia. Para finalizar, se detallarán las conclusiones de este trabajo y se consignarán algunas recomendaciones que solucionen la problemática.
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O objetivo da presente dissertação é analisar a viabilidade de aplicação do Contrato de Gestão na administração pública do Equador e simular um contrato nas empresas públicas do Equador. O primeiro capítulo apresenta uma análise histórica, os "pontos críticos" atuais e uma análise estratégica da administração pública do Equador, baseando-se nas qualificações do pensamento estratégico. O segundo capítulo faz uma descrição do setor empresarial público equatoriano. O terceiro capítulo apresenta um referencial teórico da Administração Estratégica, da Administração por Objetivos e do Contrato de Gestão. O quarto capítulo contem um modelo para implementação do Contrato de Gestão nas empresas públicas equatorianas, incluindo o instrumento jurídico de acordo com o modelo proposto. O presente trabalho chega à conclusão de que a administração pública do Equador se ressente de instrumentos modernos de administração, como é o caso do Contrato de Gestão e que, ao mesmo tempo, possui as condições legais e institucionais para sua aplicação.