1000 resultados para MUSEO NUMISMÁTICO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR


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La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi en el mes de agosto del año 2008, meses antes de que sea expedida la actual Constitución de la República del Ecuador, lo que ha hecho que existan ciertas incongruencias entre los dos cuerpos normativos. Múltiples problemas se han suscitado desde que esta ley entró en vigencia, debido en gran parte al profundo desconocimiento que existe sobre la materia de parte de todos quienes pasaron a integrar el Sistema Nacional de Contratación Pública. Es por ello que hemos entendido necesario hacer un breve análisis de uno de los aspectos más relevantes de la materia, como son los actos administrativos emanados de las entidades contratantes: sus elementos, características y naturaleza jurídica; así como los mecanismos con los que cuentan las entidades y los particulares para dejarlos sin efecto por diversos motivos, y los medios con los que cuentan los administrados para defenderse en caso de que vean vulnerados sus intereses o el interés colectivo. Adicionalmente hemos pensado pertinente analizar un caso práctico y su desarrollo dentro del ordenamiento jurídico vigente, a fin de entender mejor el proceder de los oferentes, entidades y autoridades de control.

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El estudio presenta un análisis de la determinación socioambiental de la salud de recicladores(as) del basural a cielo abierto de la ciudad de Portoviejo. En el marco de las corrientes de la psicología comunitaria y la salud colectiva latinoamericanas, desarrollamos un proceso de investigación acción participativa que parte de la comprensión de los contextos sociohistóricos generadores de inequidad, develando cómo condicionan los modos de vida de recicladores(as) informales y sus familias, quienes laboran y habitan en uno de los vertederos a cielo abierto más grandes del Ecuador. Finalmente, el estudio valora los impactos y procesos psicosociales (mecanismos de defensa) que se expresan a nivel de los individuos y sus familias.

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Ecuador’s total population numbers some 15,682,792 inhabitants, and includes 14 nationalities accounting for around 1,100,000 people, all joined together in a series of local, regional and national organisations. 60.3% of the Andean Kichwa live in six provinces in the Central-North Mountains; 24.1% live in the Amazon region and belong to ten nationalities; 7.3% live in the Southern Mountains; and the remaining 8.3% live in the Coastal region and the Galapagos Islands. 78.5% still live in rural areas and 21.5% in urban areas. The current Constitution of the Republic recognises the country as a “…constitutional state of law and social justice, democratic, sovereign, independent, unitary, intercultural, multinational and secular”. Over the last five years, the country has undergone a series of political and institutional reforms. At the same time, however, enforcing and guaranteeing the collective rights recognised in the Constitution has become a challenge to the process, and a permanent point of disagreement between the government, headed by the economist Rafael Correa, and the indigenous social organisations. The government’s economic action has been largely marked by an opening up of the extractive industries - oil, copper and gold - to foreign investment, either of Chinese or Belarussian origin, or from other Latin American countries such as Brazil, Chile or Argentina. This has resulted in risk to and impacts on the territorial and cultural integrity of various indigenous peoples, and an uncertainty created around the true validity of the broad collective rights enshrined in the Constitution.

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En Ecuador la población total es de 15.430.577 habitantes y los pueblos indígenas representan alrededor de 1 millón 100 mil habitantes. El 78,5% habita en el área rural. La Constitución de la República vigente reconoce al país como un “… Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. De igual manera, Ecuador se constituyó en el primer país en el mundo en reconocer derechos a la naturaleza en su Carta Magna e incorporar en su texto central principios ancestrales como el “Sumak Kawsay” (Vida límpida y en armonía).

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Al interior de la tradición oral de muchas culturas del mundo, las brujas han sido personajes ligados a lo sobrenatural, mujeres con poderes excepcionales encarnadas de múltiples maneras a través de leyendas, historias, relatos e ilustraciones. Este estudio se ocupa de los relatos orales acerca de las brujas voladoras del pueblo de Mira, en la provincia del Carchi. La voladora es una beldad, ataviada de blancas vestiduras, que se precipita y suspende en el aire con la principal función de transportar noticias entre los pueblos circundantes. Cuando alza el vuelo, su cuerpo sutil abandona la piel de la esposa, la vecina, la madre, rompe los lazos de lo real y se proyecta hacia lo insondable. La autora hace uso de herramientas etnográficas y narratológicas para reflexionar en torno a la memoria oral, entendida como relato en permanente construcción y representación colectiva del pasado. Mediante la tradición oral es posible leer la historia de este pueblo de la Sierra norte del Ecuador. En la construcción permanente y dinámica de estas narraciones y sus personajes, las voladoras, se advierten metáforas cargadas de simbolismo, tanto en el texto revelado y su textura discursiva como en los vacíos y misterios que lo rodean. Los relatos orales de las voladoras son multivocales, polifónicos y creadores de sentido. En ellos se identifican símbolos, representaciones y elementos narrativos, se entablan interrelaciones y se interpreta su dinámica, otorgando valor a los elementos que entran en juego en la narrativa oral. Finalmente, se observa el papel que juega el lector que va desde el habitante de Mira hasta el viajero, el investigador o el detective que descifra el relato.

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Esta obra analiza el rol del juez garante en la protección de las normas y los derechos dentro del paradigma neoconstitucional garantista consagrado en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. En la primera parte se aborda la reflexión sobre las características primordiales o notas caracterizadoras del neoconstitucionalisrno, los postulados garantistas y los nuevos métodos de la hermenéutica que el juez creador y crítico debe aplicar para garantizar las normas y los derechos. En la segunda parte se examina el sometimiento del juez: al principio de juridicidad integrado por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley; al principio de estricta legalidad, y al principio de supremacía y sujeción constitucional por el cual las disposiciones constitucionales y del bloque de constitucionalidad gozan de aplicabilidad directa. En la parte final se evidencia que estos postulados y principios que el juez debe concretar son controlados a través de la acción extraordinaria de protección estatuida con un triple carácter: mecanismo de control constitucional de las actuaciones judiciales; garantía para la protección del debido proceso, la tutela judicial u otro derecho constitucional, y acción que genera un proceso, sujeta a presupuestos formales y sustanciales para su admisibilidad y aceptación, según la doctrina, normativa y jurisprudencia analizada.

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Las PYMES dedicadas a la producción y comercialización de alimentos en el país, se encuentran atravesando cambios en el mercado producto de la globalización que han dado lugar al ingreso de empresas internacionales que disponen de mayores recursos, economías de escala y tecnología. Esta situación ha afectado su posicionamiento siendo necesario el replanteamiento de sus procesos a fin de que puedan mantener una posición que les genere rentabilidad y crecimiento. La importancia de su desarrollo radica en que las PYMES en general sostienen la economía del Ecuador, generando la mayor oferta laboral imprescindible para la producción nacional. El desarrollo de un modelo de gestión especializado en las ventas es un elemento requerido el cual muchas PYMES no ha podido implementar adecuadamente, situación que afecta su principal fortaleza dada por la capacidad de atender de manera personalizada a sus clientes. Por esta razón, es fundamental establecer procesos que permitan que todas las áreas que componen la empresa generen valor al cliente. El desarrollo de la presente propuesta fomenta el uso de herramientas tecnológicas y de mercadeo dando lugar a un completo conjunto de estrategias sustentadas en un modelo que puede ser aplicado por las PYMES especializadas en el comercio de alimentos, situación que representa una guía de desarrollo útil para fortalecer su participación en el mercado de una forma sostenible y sustentable.

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El propósito del tema de investigación surge a raíz de que actualmente las empresas farmacéuticas de vacunas se ven amenazadas ante la competencia y otros factores relacionados con el presente Gobierno del país.Por lo anterior, se ve la necesidad de diseñar e implementar en estas empresas diferentes modelos de trabajo, comunicación, servicio, promoción y posicionamiento para lograr mejores niveles de rentabilidad y servicio al cliente. La investigación aborda un sinnúmero de análisis necesarios para el desarrollo del modelo, los mismos que empiezan por la situación actual del Ecuador, para posteriormente analizar las falencias de las diferentes áreas de las multinacionales; la información que se recopila en este capítulo es clave para crear el diseño del modelo. Se realizó el estudio de investigación, aplicando una entrevista cualitativa a dos médicos de la ciudad de Quito y a partir de sus respuestas se hizo una investigación cuantitativa, la cual constó de una encuesta que fue respondida por un determinado número de médicos, según el resultado técnico para la determinación de la muestra. Así mismo se entrevistó a empresas que han hecho vacunaciones y a distribuidores. Después de las entrevistas y encuestas se evidenciaron problemas que las farmacéuticas poseen y que son trabas para continuar con su crecimiento. Con los resultados obtenidos se logró elaborar y diseñar un modelo de gestión en función al mix comunicacional acorde con las necesidades de los clientes y de las multinacionales. El modelo aplica a todas las áreas que muestran falencias o debilidades, y aporta con ideas innovadoras y sugerencias adecuadas para el mejor desarrollo de la empresa y enfocadas a lograr un incremento en rentabilidad y posicionamiento de mercado.

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El presente estudio se centra en contrastar los discursos elaborados por intelectuales de izquierda con los significados asociados a los usos de los términos Sumak Kawsay en las comunidades del Pueblo Kayambi. Hasta ahora conocemos sobre los discursos de los intelectuales, pero se conoce poco de los significados asociados al término en las comunidades indígenas. Esto, a pesar de que los discursos intelectuales generalmente afirman que el término nació precisamente en el mundo indígena. Por ello, propusimos hacer un trabajo de campo en el territorio de Pueblo Kayambi, encontramos información en los presidentes de cabildos pertenecientes a las comunidades y organizaciones de segundo grado asentados en distintos pisos ecológicos con diferentes militancias políticas, distinto nivel de escolaridad y acceso a recursos naturales. Buscamos comparar esos usos cotidianos con los conceptos dominantes de “desarrollo”, “progreso” y “bienestar” y con la elaboración de los intelectuales respecto al “Sumak Kawsay” en el Ecuador y América Latina. En tal perspectiva, nos preguntamos, por los acercamientos y diferencias entre los usos cotidianos del Sumak Kawsay y las nociones de “desarrollo”. Preguntamos también si en el territorio Kayambi se usan las palabras “sumak” o “alli” asociadas a otras palabras distintas de “Kawsay”. Finalmente, nos preocupamos por indagar específicamente si estas expresiones y palabras se asocian con elementos de la naturaleza (tierra, agua, lluvias, plantas y otras) o con factores materiales y espirituales asociados a un tipo de vida distinto. Por esta razón, el trabajo buscó hacer un estudio de caso mediante el análisis comparativo sobre las coincidencias y diferencias conceptuales sobre el Sumak Kawsay de los intelectuales y de los líderes comunitarios del territorio Kayambi.

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Constitucionalizar el derecho resulta una tarea que involucra, no solo a los operadores de justicia, sino a los abogados y la sociedad en su conjunto, porque aquello significa desarrollar nuestra conducta, en armonía con la filosofía del Estado Constitucional de Derecho y Justicia, conforme así se define el Ecuador en el Artículo 1 de la Constitución de la República. Entonces, nuestro trabajo tiene como núcleo, llevar a consideración de ustedes, una serie de ideas, reflexiones, críticas con respaldo de estudios de varios autores, que han desarrollado el tema relativo a la constitucionalidad del derecho, para luego de la confrontación de ideas doctrinales con las nuestras, obtener una conclusión que permita afirmar cual “debe ser” la forma de interpretar y aplicar el derecho en los actuales momentos, teniendo como centro de regulación del ordenamiento jurídico a la Constitución que es la fuente de las fuentes del derecho contemporáneo, conforme lo vemos en nuestro trabajo.

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En este trabajo se dará a conocer la importancia de constituir reservas para créditos incobrables en las instituciones bancarias, considerándolas como cuentas reguladoras del activo. Además se realizará una comparación entre el efecto tributario de constituir dichas reservas aplicando las NIIF y la Normativa establecida por la SIB, considerando el caso de un Banco ecuatoriano. La investigación se desarrolla en cuatro capítulos; en el primero se presenta una breve reseña histórica del desarrollo de las instituciones bancarias en el Ecuador el cual se encuentra estrechamente ligado al desarrollo económico del Ecuador; se muestra también la importancia de la cartera de crédito en el balance de una institución bancaria. En el segundo capítulo se estudian los conceptos de provisiones para créditos incobrables establecidas en diferentes fuentes de información como: las NEC, NIC, y NIIF. El tercer capítulo, es complementario al segundo, se profundiza el estudio de la normativa establecida por el ente regulador de la banca; confrontando dicha normativa contra la establecida en el segundo capítulo, determinando así las diferencias y sus efectos financieros. En el cuarto capítulo, se demuestra el efecto tributario y financiero práctico de la aplicación de las distintas normas, tomando como referencia los datos reales de un crédito concedido a un cliente de un Banco ecuatoriano. Finalmente, en el quinto capítulo se llega a concluir sobre la hipótesis planteada, que las NIIF exigen un mayor nivel de cobertura de provisiones y por lo tanto un mayor gasto en relación a lo establecido por el ente de control. Se proponen además reformas legales así como aplicación de procedimientos y estratégicas, a las entidades de control tributario para que puedan considerar como deducible o no una reserva constituida adecuadamente.

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El derecho a la consulta previa se encuentra consagrado desde la Constitución de 1998. Desde su vigencia, el Estado ha venido ignorando este derecho, ya que su interés prioritario ha sido el desarrollo económico, ocasionando graves prejuicios culturales y ambientales a las comunidades indígenas y a la sociedad en general. La Constitución del 2008 amplia la protección de estos derechos colectivos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, tomando como punto de partida el hecho de introducir en el artículo primero la noción del "estado constitucional de derechos y justicia", caracterizado no solo por la extensa gama de derechos sino por la protección que se da a los mismo a través de las garantías. En la misma línea, esta nueva noción de estado, para mayor protección de los Derechos, coloca a la par tanto a las normas constitucionales como aquellas que se encuentran dentro de los instrumentos internacionales de derechos humanos y que sean más favorables a los derechos humanos. Por lo que, el derecho a la consulta previa a pesar de encontrarse determinado de una forma más explícita en nuestra actual Constitución, todavía nos deja incógnitas acerca de la aplicación y cumplimiento de este derecho, por lo que debemos recalcar que de conformidad a la Constitución ecuatoriana vigente debe ajustarse a los términos señalados a la misma, así como también al Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior.

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El presente trabajo de investigación supone un análisis detallado de las características, delimitación y funcionamiento del principio democrático como base de un estado que reconozca la participación social como una forma de dirigir y administrar el poder constituido. En consecuencia, hacia el reconocimiento de la participación social y la devolución del poder a la población para así, fijar la vigencia de una teoría democrática. En tal virtud, se presenta un problema con la facultad reglamentaria del ejecutivo, pues, conforme la praxis existente en el Ecuador, el Presidente de la República rebasa su atribución constitucional con este acto normativo, llegando a establecer regulaciones y condiciones nuevas que no han sido previstas por la ley superior; luego, se generaría una afección trascendental y directa al principio democrático, división de funciones, normatividad de la Constitución, principio de reserva legal y jerarquía normativa. Este fenómeno jurídico político de consecuencias relevantes para el constitucionalismo será el centro de análisis en tanto se llegue a determinar las características y configuración que este acto normativo desarrollado por el Presidente de la República debe cumplir para su correcta validez material y formal en respeto a la Constitución ecuatoriana. Así, se mostrará características establecidas a los reglamentos, la configuración de los mismos y casos concretos provenientes de la praxis ecuatoriana que demuestre la realidad vigente. Además, no se desatenderá el papel que ha venido desempeñado la Corte Constitucional del Ecuador respecto de este conflicto de tipo constitucional, órgano que por cierto, mantiene un rol de guardián de la Constitución y garante de los derechos de las minorías que no detentan poder.

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En el Art. 285 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador se enuncia como objetivo específico de la política social la generación de los incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables; concomitantemente en el Título III del Código de la Producción, Comercio e Inversiones en el Art. 24 numeral 1 establece los incentivos generales de aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del territorio nacional. Partiendo de esta base legal, al ser tantos incentivos no sabemos si se están aplicando correctamente, si se está cumpliendo con el objetivo para el cual fueron creados y si están siendo útiles para la política fiscal como para los contribuyentes, me lleva a plantear esta pregunta de investigación. ¿Cuál es la incidencia de los incentivos generales de aplicación para las inversiones, en la recaudación del Impuesto a la Renta de las sociedades del Ecuador?; para contestarla a lo largo de este estudio de investigación, se analiza el sistema tributario, la política económica, el impuesto a la renta y los incentivos tributarios desde una visón doctrinaria y normativa, pasando a enfatizar en el cumplimiento de los objetivos y aplicación de cada uno de los incentivos generales para las inversiones del Art. 24 del COPCI, análisis y comparación de los niveles de recaudación de impuesto a la renta antes y después de la publicación del COPCI para determinar el impacto a futuro que podrían tener los incentivos generales.

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El diseño de las funciones del Estado, en el marco del régimen liberal caracterizado por la representación política, ha sido profundamente criticado, desde una perspectiva de índole jurídica y política. Sin embargo, a partir de la vigente Constitución ecuatoriana se han producido cambios significativos en el diseño institucional, los cuales han generado una profunda discusión teórica y normativa sobre la vigencia de paradigmas constitucionales tan antiguos como la tripartición de poderes o la forma de democracia. Sin embargo, esta aparente dicotomía entre tipos de democracia, en nuestro caso la representativa y la participativa, no ha permitido, examinar los avances, retrocesos en la implementación de unas instituciones democráticas en el Ecuador. Es por ello necesario analizar dentro de los cambios constitucionales, a la nueva Función de Transparencia y Control Social, en especial al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En especial la facultad de designar a las máximas autoridades del Estado. Finalizado el presente estudio, estaremos en la capacidad de establecer si la nueva forma de designación de las máximas autoridades, unida al novedoso esquema institucional del Estado ecuatoriano se convierten en un aporte a la consolidación del proceso democrático en nuestro país.