1000 resultados para GOBIERNO ELECTRÓNICO - COLOMBIA


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La problemática de la reproducción de la especie humana ha ocupado un papel preponderante en la historia de la humanidad. Dicha preocupación, y como una nota particular, presenta dos proyecciones con alcances opuestos. En efecto, resulta tan preocupante para el hombre su imposibilidad de reproducirse, como lo es también el que dicha actividad reproductiva se exprese ilimitadamente y sin ningún control. En las diversas concepciones acerca del desarrollo de la especie humana, modernamente se han postulado, como un verdadero derecho humano, los denominados Derechos Sexuales y Reproductivos, los cuales están llamados a ocupar un papel fundamental en el siglo XXI. El presente estudio tuvo como objeto central abordar el sentido negativo de esta problemática reproductiva; es decir, la indagación sobre los medios de reproducción humana asistida y particularmente sobre uno de ellos, la maternidad subrogada por la vía del arrendamiento del vientre.

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Contenido: Reformas sin control: nadie limita al soberano (1995-1977) -- La Corte Suprema controla la reforma constitucional (1978-1990) – La Corte Constitucional y el control de la reforma a la Constitución de 1991.

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Este libro explora los avances en la institucionalización de la Ciencia Política en Colombia, examinando cuáles son las conquistas y problemas pendientes de este proceso. Se trata de estudiar el momento actual que vive la disciplina, teniendo en cuenta que ya se superaron las etapas de su creación como vocación (1968-1990) y de su expansión como profesión (1990-2006). En este sentido, se propone que a partir de nuevas tendencias como la creación de la Asociación Colombiana de Ciencia Política (ACCPOL), la continuidad relativa de los congresos y encuentros nacionales, el surgimiento de programas de formación de doctorado y la consolidación de varias revistas colombianas en el escenario internacional, es posible hablar hoy del surgimiento de una nueva etapa de institucionalización de la Ciencia Política colombiana.

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Este artículo busca presentar una revisión de la literatura sobre el estado de la Ciencia Política en Colombia y su desarrollo histórico. Para contextualizar esta temática, la revisión empieza en el plano internacional —con un énfasis en el mundo anglosajón— y latinoamericano, para luego llegar al caso colombiano

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En vista del rápido crecimiento del número de programas de formación profesional en Ciencia Política a nivel de pregrado en el país, vale la pena detenerse e indagar, a modo de evaluación, por el estado de la enseñanza en esta disciplina. Esto bien podría llevar a un análisis de las metodologías pedagógicas utilizadas en el aula de clase y fuera de ella, los grados de for-mación de los docentes en el área, o incluso las lecturas que componen los microcurrículos de los distintos cursos impartidos por 32 universidades en el país. Sin embargo, en este trabajo se opta por un acercamiento a esta cuestión desde los macrocurrículos, es decir, a partir de los cursos o materias dictadas en los diferentes programas. La metodología adoptada para este trabajo es estadística, y se complementa con reflexiones teóricas, discusiones existentes en la literatura sobre el tema y con las declaraciones de los propios programas en sus sitios web.

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Dado lo anterior, este artículo plantea la necesidad de abrir la reflexión sobre los contenidos y lecturas que unen a los programas de Ciencia Política en el país, aun a sabiendas de que la fragmentación ha sido una realidad inocultable y que la propia vocación multidisciplinar del estudio de la política es necesaria. No se trata, pues, de un estudio cuyo objetivo sea homologar y homogenizar una disciplina que por su propia naturaleza debe ser abierta, plural y desregulada. Se trata más bien de un trabajo que busca responder a preguntas como: ¿Hay elementos comunes entre estos programas? ¿Hay ele-mentos divergentes? En general, ¿cuáles son las tendencias que se vislumbran en la enseñanza de la Ciencia Política en Colombia? ¿Qué —y cómo— se está enseñando a los estudiantes que aspiran a ser politólogos en el país?

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La Universidad de Medellín, Vicerrectoría de Investigaciones, en desarrollo de la política de socialización y divulgación, y comprometida con el fortalecimiento, apoyo y sostenibilidad de los grupos de investigación, realizó del 2 al 4 de mayo de 2005, las VII Jornadas de Investigación. El evento arrojó resultados altamente satisfactorios, tanto por la calidad de las temáticas como por el establecimiento de redes y amplias posibilidades de concretar alianzas y convenios que indudablemente fortalecerán las capacidades investigativas de la Universidad. Convencidos de la responsabilidad social de contribuir a la promoción de la cultura científica nacional y a la divulgación y aprobación social del conocimiento, compartimos, a través del siguiente texto, las principales reflexiones del evento, con el ánimo de propiciar nuevas e inacabas discusiones.

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En esta sección se analizan el uso y la aplicación de los instrumentos de gobierno en algunos programas de juventud. El objetivo de este análisis es entender, con mayor profundidad, las herramientas que son utilizadas para intervenir los problemas que ha identificado el Estado en una población o sector específico. En primer lugar, se presenta un marco teórico para comprender las discusiones principales sobre este tema y poder contar con una visión general sobre los instrumentos de gobierno, es decir, las herramientas de las cuales se sirve el gobierno local para ejecutar una acción pública. Este marco teórico se complementa con otra literatura que indica la manera como deben ser seleccionados dichos instrumentos y sobre las formas para evaluarlos cuando se está haciendo un análisis de implementación. Una vez construido el marco teórico, se analizan los programas de juventud de acuerdo con el uso de los instrumentos de gobierno. El análisis, entonces, se hace a partir de la información recolectada en las entrevistas realizadas a los operadores de los programas, así como con algunas secretarías encargadas de ejecutar los programas de manera directa. Además, se analiza la información de acuerdo con tres niveles de acción: el primero, que se compone de los programas de política universal, es decir, de programas dirigidos a toda la población; el segundo nivel contiene programas para población vulnerable y se denomina políticas de protección; y el tercer nivel de acción, dirigido a población vulnerada, pretende atender a los jóvenes que no han sido cobijados por las políticas del primer o segundo nivel y, por lo tanto, deben ser formuladas como políticas de recuperación. Esto, con el fin de sensibilizar el análisis a las condiciones de exclusión estructural.

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Bogotá (Colombia) : Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Programa de Finanzas y Comercio Internacional

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En la discusión sobre el aborto se oponen dos problemas importantes: uno es el moral y otro es el problema jurídico. En relación con el juicio moral sobre el aborto, en un país pluralista como Colombia, cada persona tiene concepciones morales muy diferentes y debe ser cada una quien las resuelva individualmente. Es individualmente la mujer considerada como persona, con derechos a un libre desarrollo de la personalidad, con libertad de elegir el camino que debe seguir y libre de elegir el culto o religión, quien debe valorar el fruto de la concepción y tomar las decisiones que la afecten o la beneficien. Otro es el problema jurídico. La ley que penaliza el aborto en Colombia aparece como una legislación poco eficaz, por cuanto en vez de disminuir los abortos, los aumenta cada vez más y genera condiciones inseguras para la salud de la madre. Las mujeres que se plantean el aborto como una opción en sus vidas se enfrentan a la carga moral de la ilegalidad y a la desprotección del Estado, lo que atenta gravemente contra sus derechos fundamentales y acarrea el peligro de que una mala práctica del aborto les provoque una infección o hasta la muerte. El libro considera que la despenalización del aborto, por lo menos en el primer trimestre del embarazo, aparte de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres, ayudaría a disminuir abortos clandestinos y con ello se salvarían miles de vidas.

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Teniendo en cuenta la apuesta institucional del Gobierno de llevar lo acordado en La Habana a la realidad de los territorios del país y la deuda histórica que hay con el campo colombiano, este documento se presenta como un análisis de la relación entre el conflicto armado y la ruralidad, las estrategias de política social y de reforma a la institucionalidad que se han propuesto, con el objetivo de fortalecer el desarrollo rural y asegurando su correspondencia con las necesidades de la población campesina. Para ello, en primer lugar se analiza la relación entre el conflicto armado y la ruralidad para el caso colombiano, haciendo énfasis en el desarrollo económico insuficiente y desigual y el sesgo anticampesino que lo ha caracterizado. Luego se expone una definición para el campesinado colombiano y su relación con la Política de Desarrollo Rural, de acuerdo con el análisis de las propuestas encontradas en dos documentos: el borrador del primer punto de los Acuerdos de La Habana y el informe de la Misión para la Transformación del Campo. En tercer lugar se presentan las Zonas de Reserva Campesina como iniciativas que contribuyen a la construcción de paz territorial, a partir de la exposición de su marco normativo y del análisis de los Planes de Desarrollo Sostenible. Finalmente se plantean algunas conclusiones en torno a la discusión sobre la cuestión rural y la construcción de paz en Colombia.

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Este trabajo revisa las diferentes etapas de la cadena de valor del narcotráfico en Colombia, empezando por el cultivo de la hoja de coca, pasando por el microtráfico en ciudades del país y el lavado de las rentas provenientes de este negocio. Asimismo, revisa las implicaciones que sobre la cadena del narcotráfico tiene la firma de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC. Esta revisión hizo evidentes dos retos principales de cara al posacuerdo: Primero, la lucha contra la cadena del narcotráfico se ha fundamentado en acciones dirigidas a los eslabones más fáciles de atacar, que a su vez son los menos valor agregado generan en el negocio. En particular, gran parte de los recursos se ha orientado a la reducción de cultivos ilícitos enfrentando campesinos cultivadores, con menos acciones dirigidas a la destrucción de laboratorios e interdicción, pocas al microtráfico y casi ninguna al lavado de activos. Esto tiene serias implicaciones sobre la legitimidad del Estado y sobre resultados tangibles que logren disminuir de manera significativa las rentas del tráfico de cocaína. Segundo, no es claro que el Gobierno Nacional tenga la capacidad de copar los espacios de control territorial que tienen hoy las FARC. Este grupo armado ilegal controla gran parte de los cultivos ilícitos de coca y pretende apoyarse en los cultivadores, entre otros, como base política en el posacuerdo. No obstante, es claro que otros grupos como el ELN y las bandas criminales tienen suficientes incentivos para, una vez las Farc estén por fuera del espectro político y se vean impedidas para obtener sus intereses por la fuerza, ampliar su control territorial sobre estas zonas. Una parte importante de las ganancias que trae el posacuerdo para el país dependerán de cómo se sortea esta situación. Este trabajo propone una revisión de estos retos, y contribuye a la discusión de política pública sobre las que se fundamentarán las instituciones del posacuerdo.

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La concepción originaria de la Corte Constitucional, respecto de si el nasciturus es poseedor o no del derecho absoluto a la vida, ha ido cambiando gradualmente a medida que han ido pasando las sentencias que han estudiado el tema. En un principio, se consideraba esta idea como absoluta, al punto de no permitir en ningún caso el atentado contra el nasciturus. Pero la idea ha ido cediendo, y hoy se considera que no se debería punir cuando una mujer se encuentre en extraordinarias circunstancias anormales de motivación y, además, desde el momento en que haya sido víctima de acceso carnal, inseminación o transferencia de óvulo no consentido y malformación grave del feto. Esta posición, llegó a despenalizar parcialmente el delito de aborto, aceptando que el derecho a la vida del nasciturus no es absoluto y por eso en ocasiones debe ceder frente a los derechos de la mujer. Por ello, para una mejor comprensión de la última decisión de la Corte Constitucional en materia de aborto, se analizara, en un primer capítulo, la penalización del aborto en Colombia, antes de evidenciar, en un segundo capítulo, las ventajas y los límites de la Jurisprudencia que despenaliza parcialmente el aborto en el país. Por último en un tercer capítulo, la tendencia mundial hacia la despenalización de la conducta del aborto.

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Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el IASB (International Accounting Standar Board), nacieron como una necesidad mundial de estandarizar el lenguaje financiero y contable de las empresas -- Para cada país que las adopta, constituyen un medio que facilita el intercambio de bienes y la participación en el comercio mundial a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC) -- A pesar de que las NIIF tengan aceptación mundial, cada uno de los países ha tenido que realizar procesos de adaptación con el fin de que las mismas se ubiquen en el contexto local y particular de cada nación -- La convergencia como tal en Colombia inició en el año 2009 con la expedición de la Ley 1314 y desde allí se iniciaron múltiples actividades que han tenido la participación de diferentes actores de la economía nacional, entre las que se destacan también las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) -- No obstante, a partir de esta fecha, por medio de diferentes conceptos solicitados al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, se sigue cuestionando la aplicación de las normas en este tipo de entidades (Véase Concepto 109 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de febrero de 2015) -- A pesar de todo, a partir del año 2014, la convergencia a NIIF inició con las empresas más grandes del país, el resto comenzó a partir del 1 de enero de 2015 -- Las ESAL deberán encontrar entonces la mejor manera de incorporar las normas internacionales de contabilidad y el Gobierno nacional, al mismo tiempo, tendrá que ir realizando los ajustes necesarios para que esta etapa de transición de las normas tradicionales contables a las NIIF, se lleve a cabo sin mayores dificultades