937 resultados para Elecciones de senadores
Resumo:
El ejercicio de gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante su primer período presidencial legó importantes cambios al sistema político colombiano. El activo uso que el Presidente dio a los recursos que tiene a su alcance, ha llevado consecuentemente a la transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Esta tesis busca, en primer término, describir el contexto político colombiano que permitió el surgimiento de un personaje con las características de Álvaro Uribe. Segundo, exponer las formas que el Presidente ha usado en su gobierno para relacionarse con diferentes instancias de la sociedad y, finalmente, analizar el ejercicio de gobierno de Álvaro Uribe como una forma de innovación política en Colombia.
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Análisis de coyuntura de la situación política de los movimientos y partidos políticos en Ecuador, después de las elecciones seccionales del 23 de febrero de 2014.
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La paridad, formulada como un derecho para que hombres y mujeres accedan en igualdad de condiciones a los distintos espacios de poder, es un principio consagrado constitucionalmente, que tiene su origen en la lucha de los distintos movimientos de mujeres por democratizar el escenario político, área tradicionalmente masculina, para que incluya equilibradamente, la presencia, intereses y necesidades de hombres y mujeres en el quehacer estatal. En el Ecuador, una mayor participación política electoral de las mujeres ha sido posible por la aplicación progresiva de las leyes de cuotas, instrumentos sustentados en la necesidad de acelerar, jurídicamente, la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres, con la ayuda de medidas de acción afirmativa de carácter temporal. La Constitución de 2008 es novedosa en tanto da un salto cualitativo, al pasar de la progresiva aplicación de cuotas de carácter temporal, a una medida definitiva como la paridad, que se aplica a las listas pluripersonales en procesos de elección popular y también a los altos cargos públicos de nominación, en las cinco funciones del Estado. El presente trabajo analiza desde la perspectiva de género instrumentos internacionales, normas constitucionales y legales; jurisprudencia constitucional y electoral, estudios académicos e históricos previos, notas periodísticas, información estadística y entrevistas a mujeres políticas; con el fin de establecer avances y límites del derecho a la participación política de las mujeres en el Ecuador, desde la superación de las cuotas como medidas de carácter temporal, con la declaración constitucional de paridad, vigente desde 2008.
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Entre los años 1929 y 1933, en una época de transición histórica y de crisis económica y política, al final del reformismo juliano e inicios del velasquismo, los maestros de talleres artesanales quiteños organizados en sus gremios, y los aprendices, operarios y trabajadores autónomos en el marco de las organizaciones mutuales y en tránsito hacia las formas sindicales, ingresaron en la política nacional en medio de la multitud que ocupaba los espacios públicos. Construyeron una agenda política que recogió sus demandas específicas y las aspiraciones, visiones y mentalidad de los distintos sectores. Interpelaron al Estado y a las élites y enfrentaron al poder utilizando variadas formas de lucha: asambleas, peticiones y demandas a las autoridades; participación en elecciones locales y nacionales; movilizaciones, paros, huelgas parciales y generales y resistencia armada. De esta manera,contribuyeron al proceso de formación histórica de la clase obrera ecuatoriana.
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El proceso andino de integración se caracteriza por ser uno de los más antiguos de América Latina. Su estructura orgánica, fortalecida gracias a la constitución del Sistema Andino de Integración, le ha permitido consolidar los vínculos entre los Países Miembros y con terceros a nivel internacional. Hoy el proceso ha sido cuestionado desde diversos frentes. Los presidentes de los Países Miembros, han acordado emprender un proceso de revisión a la estructura institucional y funcional del Sistema Andino de Integración, una de cuyas instituciones centrales es el Parlamento Andino. Para comprender mejor la evolución de la integración andina, esta tesis hace una revisión y análisis de cómo han sido los procesos de integración en Europa y América Latina, con el objeto de identificar dinámicas similares y posibles diferencias de lo que se ha constituido en un proceso que lleva más de cuarenta y dos años. De manera especial pone las bases para un análisis de la trayectoria y el papel cumplido por el Parlamento Andino. La tesis se divide en tres partes, la primera contiene el desarrollo teórico y práctico de la integración; la segunda, la Diplomacia Parlamentaria; y la tercera, el Parlamento Andino y su papel frente al proceso de integración. Finalmente, se presentan las conclusiones. Esta tesis se propone comprender de manera más profunda y detallada los retos a los que enfrenta el Parlamento, el rol que juegan los parlamentarios andinos dentro del proceso de integración y la importancia de las elecciones directas. Se propone hacer algunos aportes para su institucionalización. Este estudio permitirá analizar el desarrollo del Parlamento Andino como órgano deliberante y de control político de la Comunidad Andina. De esta manera, se espera poder identificar qué debilidades ha tenido este órgano, cuáles se mantienen y qué propuestas se pueden considerar para mejorar el papel del Parlamento Andino frente al proceso de integración subregional y latinoamericano.
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Entre los años 1929 y 1933, los maestros, los operarios y los aprendices de los talleres artesanales quiteños ingresaron en la política nacional en medio de la multitud que ocupaba los espacios públicos. Construyeron una agenda política con demandas específicas y generales para expresar su identidad y sus aspiraciones. Utilizaron diversas formas de lucha, como asambleas, peticiones y demandas a las autoridades; y participaron en elecciones locales y nacionales, movilizaciones, huelgas parciales, huelgas generales y la acción armada para interpelar a las élites y enfrentarse al Estado. Así contribuyeron al proceso de formación histórica de la clase obrera ecuatoriana. Aquí unas páginas sobre esta historia, escritas en diálogo con periódicos de la época, hojas volantes y otros documentos, contestimonios de testigos y con los aportes realizados por quienes se han ocupado del tema, desde la historia y otras ciencias sociales.
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La presente investigación indaga sobre uno de los acontecimientos más relevantes de la década de los 30 del siglo pasado, como es la Huelga de marzo del 39. Dicho acontecimiento se dio en una coyuntura política compleja, marcada por el regreso al poder de la burguesía liberal, representada en el gobierno de Aurelio Mosquera Narváez, que se caracterizó por su beligerancia a los sectores sociales y su persecución a los dirigentes de izquierda. Una de sus medidas fue la reorganización de las universidades mediante la promulgación de una disposición transitoria a la Ley de Elecciones que dejaba vacante los puestos públicos de periodo fijo. Esta disposición puso en debate uno de los derechos propios de la Universidad como es la autonomía universitaria, consignada por primera vez en el año de 1925. Como consecuencia de esta disposición transitoria, las cátedras universitarias quedaron vacantes, el Ministerio de Educación procedió a nombrar nuevos docentes, excluyendo de estos nombramientos o a profesores de militancia socialista. Este hecho fue interpretado por los estudiantes como una violación a la autonomía del centro de estudio y provocó que el 16 de marzo el Consejo Universitario deje de funcionar y los estudiantes se tomen las instalaciones de la Universidad y declaren la huelga. Frente a estos acontecimientos, otros sectores sociales como los maestros, obreros y textiles, eléctricos y transportistas mostraron su solidaridad y procedieron a plantear sus propias reivindicaciones, declarando una huelga general los días 21 y 22 de marzo y formando el autodenominado Frente de Estudiantes-Maestros-Trabajadores. El resultado final fue una profunda agitación social en las calles, la que obligó al Estado a utilizar su fuerza coercitiva y a declarar ilegal lo actuado por los sindicatos. Este hecho tuvo profundas repercusiones en los dirigentes gremiales, en la firma de contratos colectivos y en la creación de una alternativa educacional que fue la Universidad libre.
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Esta dissertação de mestrado em economia foi motivada por uma questão complexa bastante estudada na literatura de economia política nos dias de hoje: as formas como campanhas políticas afetam votação em uma eleição. estudo procura modelar mercado eleitoral brasileiro para deputados federais senadores. Através de um modelo linear, conclui-se que os gastos em campanha eleitoral são fatores decisivos para eleição de um candidato deputado federal. Após reconhecer que variável que mede os gastos em campanha possui erro de medida (devido ao famoso "caixa dois", por exemplo), além de ser endógena uma vez que candidatos com maiores possibilidades de conseguir votos conseguem mais fontes de financiamento -, modelo foi estimado por variáveis instrumentais. Para senadores, utilizando modelos lineares modelos com variável resposta binaria, verifica-se também importância, ainda que em menor escala, da campanha eleitoral, sendo que um fator mais importante para corrida ao senado parece ser uma percepção priori da qualidade do candidato.
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Ao longo da década de 1990, as decisões sobre endividamento público no Brasil passaram por processo de institucionalização, no qual se destacou a atuação do Senado Federal. A Câmara Alta tem a prerrogativa constitucional de fixar os limites de endividamento das três esferas de governo, bem como tem a competência de analisar e autorizar os pedidos de cada ente federativo. O fato de essas prerrogativas estarem sujeitas a uma intensa disputa política, evidenciada nas “pressões irrecusáveis” exercidas pelos governadores e mesmo prefeitos, motivou os senadores a delegarem a análise técnica das autorizações de endividamento para o Executivo Federal, como forma de se protegerem das pressões políticas e ampliarem o comprometimento com o ajuste fiscal. Dessa forma, as autorizações só são examinadas no Senado depois de passarem pelo crivo da Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda, que faz avaliações prévias das possibilidades de endividamento seguindo normas bastante rígidas. À primeira vista, a delegação da análise técnica para a burocracia parece ter configurado o afastamento dos políticos do controle do endividamento. No entanto, um olhar mais aprofundado permite identificar a presença da ação política nesse processo. Nesse sentido, com base nas proposições weberianas acerca da relação entre políticos e burocratas, e na conseqüente necessidade de controle político sobre a burocracia, o presente trabalho procurou examinar a problemática fiscal no presidencialismo brasileiro a partir do ângulo específico das relações entre o Senado e a burocracia governamental ligada ao controle do endividamento público. A metodologia qualitativa, através de um estudo de caso exploratório, mostrou-se mais adequada, pois mesmo perdendo em generalização, permitiu ganhar em profundidade, possibilitando observar como os vínculos de tensão entre políticos e burocratas se configuram concretamente e se desdobram para situações ora de conflito, ora de acomodação. Foram analisados os casos de dois pedidos de autorização de crédito por parte dos governos estaduais que foram autorizados pelo Senado Federal, com uma diferença significativa entre eles: o pleito de Minas Gerais – utilizado como exemplo de um caso “típico” – foi aprovado pela STN, enquanto o pedido do Rio Grande do Sul – utilizado como exemplo de um caso fora dos padrões institucionalizados – não passou pelo crivo da avaliação técnica daquela secretaria, não devendo, portanto, pelas normas estabelecidas, ser encaminhado ao Senado. Da análise dos casos foi possível lançar luz, ainda que na forma de hipóteses, sobre novos aspectos que devem ser considerados em futuros estudos sobre as relações entre política e burocracia no federalismo fiscal brasileiro. Primeiramente, a dimensão política demonstrou ainda desempenhar um papel importante nas autorizações de endividamento estadual. No entanto, a ação política foi mais acentuada em momentos nos quais a tensão entre políticos e burocratas se exacerbou, como por exemplo, quando a decisão técnica contrariou a vontade política. Ademais, a participação do Poder Judiciário mostrou-se importante para a solução do conflito entre políticos e burocratas, sugerindo que a inclusão desse Poder nos futuros estudos pode enriquecer o debate teórico no Brasil. E, por fim, foi possível detectar uma sinalização de que a flexibilização das regras fiscais já seria desejável no novo contexto fiscal brasileiro.
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Em comemoração aos 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a FGV Projetos e o Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) organizaram um seminário para analisar o histórico e os desafios desta importante ferramenta jurídica, desde sua implementação. Esta edição do Cadernos FGV Projetos traz, com exclusividade, as conferências e os depoimentos proferidos pelos ilustres participantes do seminário, a saber: os Ministros Gilmar Mendes, Guido Mantega, Nelson Jobim, Martus Tavares e José Jorge; os senadores Francisco Dornelles, Alvaro Dias e Tasso Jereissati; os deputados Pedro Novais, Antonio Palocci; o governador Paulo Hartung; e o prefeito Gilberto Kassab. Nesta edição, também participou o presidente da Fundação Dr. Carlos Ivan Simonsen Leal e os professores Sergio Quintella, Cesar Cunha Campos, Carlos Augusto Costa, além dos especialistas José Roberto Afonso, Teresa Ter-Minassian, Joaquim Levy e Yoshiaki Nakano.
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A elaboração do orçamento público é uma das mais importantes atribuições do Poder Legislativo nos países de regime democrático, não obstante a iniciativa das leis orçamentárias tenha se transferido para o Executivo. Atualmente, os papéis desempenhados pelos Poderes Executivo e Legislativo na elaboração do orçamento estão definidos nas constituições, onde se observa uma tendência ao equilíbrio entre os dois Poderes. A história do orçamento está intimamente associada ao poderio crescente dos parlamentos que passaram a reivindicar o direito de autorizar as receitas e dispor sobre as despesas públicas. O orçamento, introduzido primeiramente na Inglaterra, como um instrumento de controle político do Parlamento sobre a Coroa, e adotado pelos franceses e norte-americanos em suas lutas por liberdade, aos poucos, foi sendo utilizado pela maioria das nações. No Brasil, tomando-se por referência as constituições ao longo de sua história, a participação do Poder Legislativo na elaboração do orçamento caracterizou-se pela oscilação em termos do maior ou menor controle sobre as decisões orçamentárias. A Constituição Federal de 1 988 recuperou as prerrogativas do Congresso Nacional para dispor sobre matéria orçamentária que haviam sido retiradas na Constituição de 1 967. A Constituição trouxe importantes mudanças nesta área, entre elas a conclusão do processo de unificação orçamentária, a aprovação pelo Legislativo não só da lei orçamentária como dos novos instrumentos de planejamento (lei do plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias), a instituição de uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados e a possibilidade de emendar os projetos de lei do Executivo. A lei de diretrizes orçamentárias, considerada uma das mais relevantes inovações introduzidas ao capítulo da Constituição que trata do orçamento público, foi concebida com o objetivo maior de permitir uma intervenção prévia do Poder Legislativo na elaboração do projeto de lei do orçamento, antecipando as decisões sobre as metas e prioridades a serem contempladas na elaboração orçamentária. Apesar dos novos instrumentos e do amplo poder de intervenção, no período de 1990 à 1995 a atuação do Legislativo no que diz respeito à definição de metas e prioridades ficou comprometida principalmente pela falta de vontade política para aprovar a Lei Complementar de Finanças Públicas e para implantar na comissão mista de orçamento uma estrutura e processos de funcionamento correspondentes ao novo papel que a Constituição reservou a esta comissão. A análise dos documentos e os depoimentos levantados mostraram que a atuação do Legislativo foi prejudicada também pela inexistência do planejamento governamental e pela deficiência dos projetos de lei do Executivo, que pouca atenção deram às metas e prioridades.