791 resultados para DESPLAZAMIENTO FORZADO - INVESTIGACIONES - ANTIOQUIA (COLOMBIA)


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The problem of land ownership protection in this country is an issue that must be faced by those who have as part of their responsibilities the recognition, the restitution and the reparation of victims of forced displacement. One of the points that must be analyzed is the protection of ownership of urban lands, a subject falling under municipal responsibility. The development of a public policy by the City of Medellín for the protection of such lands is a significant advance for the creation of protocols and for the return of rights to those who have adandoned their lands because of violence or who have been divested of their homes in urban areas.

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This article reviews the evidence collected by diverse national and international organizations regarding the relationship between sexual violence against women, forced displacement, and dispossession in the context of the Colombian armed conflict. To this end, it uses the concept of “sexual violence regimes” to highlight that the endspursued by sexual violence are not always exhausted by simple consummation (that is, the act of sexual violence itself), but depending on the context, can be connected with broader strategic goals of armed actors. At the same time, this document admits the difficulty of proving this relationship with respect to judicial procedures, and thus sets out the possibility of creating a rebuttable presumption, in the framework of “unconstitutional state of affairs” created by judgment T-025 of 2004, that alleviates the burden of proof of the victims, and serves as a catalyst to promote new genderbased mechanisms of reparations.

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Este artículo de antropología jurídica busca desentrañar las estructuras de significación desde las cuales víctimas y desmovilizados, de un municipio de Antioquia (Colombia), se aproximan al derecho a la justicia. Evidencia cómo el protagonismo que la literatura sobre justicia transicional le atribuye al castigo criminal se desdibuja peligrosamente en las expectativas expresadas por las víctimas en el nivel local. La tesis que sugiero demuestra cómo esta interpretación local del derecho a la justicia esta muy asociado a la forma en que las víctimas definen las categorías de víctimas y victimarios. 

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Santo Domingo Savio es un barrio de la Comuna Popular número 1,1 ubicado en el nororiente de la ciudad de Medellín (Antioquia, Colombia). Es un territorio formado a través de la ocupación marginal e ilegal de la tierra, que ha sido marcado por la violencia y la pobreza. El Estado, luego de años de abandono, ha implementado proyectos de desarrollo urbano que han generado infraestructura de transporte, espacio público y educación; proyectos que enmarcan la ciudad en el contexto de la competitividad. La actual dinámica territorial ha convertido esta comuna en un lugar atractivo para residentes y turistas, en un espacio reterritorializado por el Estado; además, ha transformado el lugar en un laboratorio de ciudad y en un modelo de renovación. Bajo este escenario, esta exploración pretende visualizar la territorialidad que en el transcurso del tiempo han tenido los diferentes actores en este espacio. 

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Introducción: El sector de la minería es fuente de desarrollo económico y social para Colombia (La Locomotora minera), ante este espectro se hace necesario su estudio en salud ocupacional. Objetivo: Caracterizar los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial de las empresas de minería subterránea de carbón y determinar la asociación entre los riesgos identificados por los trabajadores y los establecidos por la empresa en el departamento de Cundinamarca. Materiales y métodos Estudio de corte transversal , utilizando dos tipos de cuestionarios estructurados: uno para empresa que caracterizó el estado del Programa de Salud Ocupacional, el otro dirigido a los empleados que identificó el conocimiento de los riesgos de exposición, uso de elementos de protección personal y acciones realizadas por el empleador. Resultados El desarrollo del Programa de Salud Ocupacional en Cundinamarca es bajo, en un rango del 25,26% al 38,85%. En la identificación del riesgo se presentó asociación en temperaturas extremas (5,00%) y uso de herramientas corto punzantes (58,8%). En uso de protección personal y su suministro se encontró asociación en mascarilla (60,00%) y eslinga (94,70%). Conclusiones Es necesario la implementación de controles estatales que mitiguen los riesgos, se cumpla con buenas condiciones laborales para disminuir índices de accidentalidad y enfermedad laboral.

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La Revista del Rosario es la publicación institucional universitaria más antigua del país. Como escribió su fundador en 1905, todos los miembros de la comunidad rosarista tienen en la revista “un órgano de publicidad, donde sus escritos hallan, no hospitalidad benévola, sino casa propia en qué vivir”. En cada número “figurarán, al lado de los trabajos de los veteranos en ciencias y letras, los ensayos, inseguros aún de los jóvenes estudiantes del Colegio”; por ello, recibimos los aportes tan¬to de consagrados ensayistas, cronistas, poetas, cuentistas y demás maestros de la literatura, el periodismo y las ciencias como los de aquellos que apenas inician su camino.

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We carried out a randomized controlled trial in Bogotá, the recipient of Colombia´s highest number of internally displaced people (IDP), to assess whether the use of SMS to communicate eligibility to social benefits fosters the welfare of victimized internal refugees. Only a fraction of IDP are elegible to benefits. We inform eligibility via SMS to a random half of IDP-households who are, and estimate the Local Average Treatment Effect of the text message on the knowledge of the benefits available tothe displaced population. We show that while on the average treated households know their rights better than controls, a more disaggregate analysis suggest that there is variation of awareness across benefits. The intervention was overall successful in empowering IDP and the use of SMS should be widened as a social policy instrument. However our results suggest that text messages should be complemented with other communication strategies, yet to be evaluated.

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Este texto ilustra la interacción entre violencia estructural y actores marginales para ver cómo lo primero crea lo segundo, y cómo, a su turno, la dinámica de estos actores les permite articularse y/o fugarse de sus condiciones. Si los actores de un espacio social determinado pueden llevar a cabo una acción que mínimamente los reproduce, sus condiciones y las relaciones de poder, esto es, una acción reflexionada, podría generar un cambio. Pero para no quedarse en los extremos viendo las maquinarias del poder sobre unos sujetos y sus acciones diarias, siempre condicionadas por aquellas, se puede comprobar el ámbito de autonomía de las decisiones que movilizan su acción, y medir el poder de esta tanto individual como colectiva, amarrada a unos fines: hacia la reafirmación de la identidad o en procura de lograr un cambio

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Resumen tomado de la publicación

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Resumen basado en el de la revista. - El artículo forma parte de una sección de la revista dedicada a Arte, maestros y museos

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El contenido de protección dispuesto, tanto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, como en el Protocolo de 1967, deja a los países partes, la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para la implementación y garantía del goce y ejercicio del derecho, dentro de cada una de sus jurisdicciones, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, lo que implica la promulgación de leyes o reglamentos, la creación del (los) órgano (s) administrativos competentes para recibir, estudiar y decidir las solicitudes de reconocimiento del estatuto y el respeto al ejercicio de recursos tanto administrativos, como jurisdiccionales en protección del derecho. En este sentido, el ordenamiento jurídico venezolano, consagró en su Constitución nacional el derecho al refugio o asilo en su artículo 69 y estableció mediante la Promulgación de la Ley Orgánica sobre refugio y asilo los mecanismos estatales para dar aplicación a sus contenidos, mediante la creación, de la instancia administrativa competente para decidir las solicitudes de reconocimiento del estatuto de refugiado (a), denominada “Comisión Nacional para los Refugiados”, así como, el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado (a).

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El artículo revisa las medidas adoptadas por el gobierno en materia de movilidad humana durante el año 2009. El proceso de adecuación normativa al nuevo marco constitucional, no progresó y se entrapó. La institucionalidad y políticas públicas es dispersa y reproduce viejas concepciones de seguridad. Se han adoptado medidas de carácter restrictivo e inconstitucionales como: restablecimiento del pasado judicial, la reforma al proceso de reconocimiento de refugio, la intensificación de los controles militares y policiales, incremento de procesos de deportación. No existe una sólida política de regularización. Los programas de atención a emigrantes y sobre trata de personas evidencian debilidades y limitaciones. No existen políticas frente al tráfico de migrantes y el desplazamiento forzado.

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En este artículo presentamos algunos de los resultados encontrados en el proyecto de investigación “ Ocio e inclusión social. Una mirada desde la población adulta en situación de discapacidad" , que buscó, en un primer momento, analizar las causas del bajo impacto de los espacios de ocio y tiempo libre ofrecidos para personas con discapacidad adultas en el municipio de Rionegro (Antioquia-Colombia), para luego conformar un grupo de trabajo, con el objetivo de que se convirtieran en líderes y gestores de procesos, no sólo recreativos, sino también sociales, políticos, entre otros, y además, que se proyectaran como formadores de otras personas. Este propósito requirió abordar paradigmas y enfoques metodológicos que permitieron, no sólo identificar necesidades, sino la generación de procesos de transformación y empoderamiento de las comunidades. Con el proyecto, se logró conformar este colectivo de personas, quien está actualmente coordinado por una persona con discapacidad, logrando su visibilización e inicio de gestiones que les permitirá mejorar su calidad de vida y la de sus familias y empoderarse de procesos que les permita un rol más activo en la demanda de bienes y servicios.

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Desde el retorno de la democracia a Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay el reconocimiento del desplazamiento forzado ha recibido un trato particular en el marco de las políticas de reparación de los abusos padecidos bajo gobiernos dictatoriales.

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El Banco Mundial aporta cualidades características al papel que puede desempeñar en promover la transición del ámbito humanitario al del desarrollo y está aumentando de manera significativa su compromiso con el desplazamiento forzado.