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Resumo:
La presente investigación sobre el estado actual de las frecuencias de radio, concedidas en el período enero de 2003 al 30 de mayo de 2005, en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, me permitió acudir al informe de la contraloría General del Estado aprobado el 6 de noviembre de 2007 y a las Resoluciones del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, CONARTEL. En base a las concesiones en ese ciclo, debía conocer como se encuentran en la actualidad las mismas si se hallan en operación o no por lo que fue necesario investigar en el archivo de la Secretaría General del Consejo Nacional de Radio y Televisión, CONARTEL, e investigar todas las resoluciones realizadas en varios sesiones del directorio de la mencionada institución, durante el período requerido. Se ha otorgado frecuencias sin considerar el aspecto técnico y jurídico, se puede apreciar que se dio apertura al poder económico y político, es decir a las personas que poseían frecuencias, en esta oportunidad se les apoyó para la creación de repetidoras en varias provincias de la costa, sierra y oriente con las matrices en las capitales de provincias. Se pudo observar también el apoyo de CONARTEL a conocidos políticos del partido Social Cristiano los mismos que luego se cambiaron al partido de gobierno es decir a Sociedad Patriótica y que ocuparon importantes lugares de trabajo en el régimen gutierrista. No podemos pasar por alto a los diputados de ese entonces, quienes también aprovecharon para obtener su frecuencia de radio. No se respetó la autonomía del CONARTEL, se violó la Ley de Radiodifusión y Televisión y no se cumplió con la Constitución de la República al otorgar varias frecuencias de radio a favor de pocos concesionarios sin cumplir los debidos requerimientos. El tiempo pasó y llegó el Gobierno de Rafael Correa, quien se dedicó a reestructurar toda la Institución Pública, incluido el CONARTEL, con el fin de fiscalizar y descubrir varias irregularidades cometidas en el anterior gobierno, especialmente en lo referente a la concesión de frecuencias.
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El proceso de liberalización del mercado de telefonía fija en Ecuador tenía como finalidad la introducción de la competencia en un mercado donde las empresas de telecomunicaciones de propiedad del Estado ecuatoriano mantienen el monopolio en la prestación del servicio de telefonía fija. Este proceso estuvo siempre delineado por los 10 lineamientos del Consenso de Washington, basados a su vez en los preceptos de la economía liberal de mercado. Con las recomendaciones planteadas, en Ecuador se dio inicio al proceso de liberalización del mercado de la telefonía fija, para lo cual se realizaron varias reformas normativas para permitir la participación del sector privado en el sector de las telecomunicaciones fijas, y la introducción de la competencia en el mercado de telefonía fija. Sin embargo, a pesar de las reformas, el proceso de liberalización del mercado de telefonía fija en Ecuador no logró cumplir con las expectativas por varios factores atribuibles directamente a la gestión del Estado que no supo aplicar adecuadamente el modelo económico propuesto. Entre estos factores se pueden mencionar el fracaso en la privatización de las empresas de telefonía estatales, la débil actuación del Regulador para que se logren acuerdos de interconexión oportunos y eficaces, la ingerencia política en la dirección de las empresas estatales, y la no eliminación de tarifas subsidiadas.
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El reconocimiento de ciertos derechos sexuales y derechos reproductivos en la Constitución ecuatoriana de 1998, marcan sin duda un hito en la redefinición de los derechos humanos y su impacto en los diversos aspectos sociales. Es necesario hacer mención como antecedente del desarrollo constitucional ecuatoriano de los derechos sexuales, la declaratoria de inconstitucionalidad del tipo penal de homosexualidad que contenía el artículo 516 del Código Penal. Como se verá en las siguientes líneas, si bien este antecedente en jurisprudencia constitucional, no se rescata los principios de derechos humanos, es innegable el logro alcanzado, puesto que dio lugar a un proceso de articulación entre las organizaciones GLBT y de mujeres, que tuvieron un rol importantísimo en las discusiones que sobre derechos sexuales y reproductivos, se dieron en la Asamblea de 1998, y que a su vez dio lugar al reconocimiento constitucional de algunos derechos. El cuerpo de las personas y específicamente las expresiones de la sexualidad han sido tradicionalmente objetos de control social, entendiéndose como tal "el conjunto de sistemas normativos como son la religión, ética, costumbres, usos, terapéutica y el Derecho (este último en todas sus ramas) cuyos portadores, a través de procesos selectivos (estereotipia y criminalización), establecen una red de contenciones que garantizan el sometimiento de las masas a los valores de un sistema de dominación
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Los movimientos sociales latinoamericanos, especialmente en las últimas décadas, se han constituido en importantes actores sociales y políticos. Las diferentes reflexiones y análisis que han surgido a partir de un conjunto de movilizaciones sociales reflejan, a su vez, la significación de dichos movimientos en la re-configuración de las sociedades. En el caso ecuatoriano, el movimiento indígena durante la década de los noventa, dio inicio a un proceso de autorepresentación caracterizado por el protagonismo de los sectores indígenas en la formulación de sus demandas y propuestas. Este proceso originó la constitución de los indígenas como sujetos políticos, portadores de nuevas apuestas que pretenden el establecimiento de un orden social más equitativo. A partir, justamente, de la importancia del movimiento indígena ecuatoriano en la transformación del escenario político, cabe una reflexión de los planteamientos relacionados con su propuesta de democracia participativa. La tendencia general considera a los movimientos sociales portadores de una alternativa frente a las democracias liberales. Por lo tanto, es necesario analizar los elementos que están presentes en ambas propuestas y las relaciones que se establecen entre las mismas.
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El propósito de esta investigación es desentrañar el verdadero sentido y alcance de la autonomía municipal en el Ecuador a fin de -evitar- caer en equívocos o interpretaciones alejadas completamente de la verdad. Para lograr aquello nos retrotraemos al análisis de las Cartas Políticas y su confrontación con las leyes de régimen municipal vigentes, limitándonos -en estrictosentido a los preceptos constantes en la Carta Política de 1945 y desarrollo legal. Vale decir que es de suma importancia conocer los cambios que históricamente se han dado en la institucionalidad municipal y observar como han influenciado en la autonomía municipal. En este sentido identificamos dos grandes etapas: la primera que tiene que ver con la Ley de Régimen Municipal expedida por la Junta Militar en el año de 1966; y, la segunda que versa fundamentalmente sobre las reformas expedidas por el Congreso Nacional y que están vigentes desde septiembre de 2004. Para cumplir con estos cometidos en el Capitulo I, comenzamos por averiguar algunos antecedentes del municipio, los principales conceptos y definiciones que históricamente se han vertido. Así mismo nos detenemos en el análisis del concepto de autonomía municipal para lo que recurrimos al invalorable aporte que nos trae la doctrina, caracterizando lo que es la autonomía como una garantía institucional, como norma y principio constitucional; en el Capitulo II considerando el marco legal y constitucional observamos la evolución histórica de la autonomía municipal; y , en el Capitulo III analizamos la Constitución de 1998 y la reforma legislativa vigente desde septiembre de 2004, haciendo hincapié en desentrañar el calificativo que se dio a los organismos municipales como entes que gozan de “plena autonomía”. Consideramos que la evolución histórica de la autonomía municipal ha sido significativa y muy importante, empero no es suficiente por lo que los organismos locales deben en comunidad de intereses marchar hacia el fortalecimiento y desarrollo de la institucionalidad municipal.
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La presente tesis estudia la formación de Escuelas Lectoras de Padres de Familia en los novenos años del Colegio Experimental “24 de Mayo” de la ciudad de Quito. En el Capítulo 1 está la Introducción, en ella se presenta la formulación del problema, la pregunta clave, los objetivos que se persiguen, la justificación, el método de investigación y los instrumentos y técnicas de la misma. En el Capítulo 2 se encuentra el Enfoque y Marco Conceptual. En este capítulo se analiza qué es la lectura, tipos de lectura: ensayos, artículos de opinión, reportaje, cuentos, novelas, poemas. Se estudia dentro de lo que significa la comprensión lectora qué es la competencia lectora, el hábito lector, análisis crítico sobre un texto de lectura. Estudiamos a continuación el significado de Pedagogía de la Lectura, el rol de la familia en la formación del hábito lector y lo que es la Escuela de Padres, para fomentar la lectura. En el Capítulo 3 presentamos los resultados de las encuestas. Se presenta en primer lugar el estudio de la población, en lo que se refiere a los datos socio-económicos de los padres y su nivel de instrucción. Analizamos las actitudes de las estudiantes frente a la lectura, el desempeño de los docentes en relación a la misma, tanto en lo que se refiere a sus hábitos lectores como en su actitud en el aula para análisis de los textos de lectura con las estudiantes. Observamos la situación familiar frente a la lectura. Todos estos datos son analizados antes de la aplicación de los talleres de lectura para padres. En este capítulo también vemos la organización y el manejo de los talleres lectores, las opiniones de los padres frente a esta actividad y las conclusiones que expuso cada grupo de padres de familia. Se analizan posteriormente nuevas encuestas para las alumnas, las que se aplicaron luego de dos meses de la realización del taller, para observar si las jóvenes avanzaron en su apreciación sobre la lectura, si los padres les dieron en el hogar el tiempo necesario para leer, si pudieron manifestar en familia libremente sus opiniones sobre los temas leídos. En el Capítulo 4 están las conclusiones y recomendaciones. Presentamos en este capítulo las conclusiones sobre la organización y realización de las Escuelas Lectoras de Padres y las recomendaciones para que se comprometan a colaborar, creando en sus hogares un ambiente propicio para la lectura. Podemos afirmar que sí dio resultado positivo el taller de lectura.
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El presente estudio sobre el peculado bancario como figura del derecho penal económico, y su relación con la crisis financiera ecuatoriana del año 1998, aborda un tema de trascendencia nacional que todavía se encuentra poco estudiado y que se produjo originalmente gracias a una tendencia de liberalización de los mercados y la actividad financiera en toda América Latina -cuyo fin era desmantelar los mecanismos de control estatal-, consagrándose así una excesiva permisividad a las operaciones bancarias, con consecuencias por todos conocidas. Por estos excesos muchos «banqueros» fueron encausados penal mente, especialmente por el delito que conocemos como peculado bancario, cuya regulación incipiente dio lugar a una diversidad de interpretaciones en cuanto a su aplicación, entre las que se encontraron los resquicios necesarios para sancionar o absolver más de acuerdo a las conveniencias que a la aplicación estricta de la ley. En este contexto, la obra analiza primero el peculado bancario en el Ecuador, a la luz de la doctrina, el derecho comparado y la historia de su establecimiento en nuestra legislación, para luego relacionarlo con las características de la crisis financiera, determinar su aplicabilidad, y sugerir los criterios de reforma que se consideran indispensables.
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El presente trabajo se enfoca en el análisis de la resolución de inconstitucionalidad de la detención en firme emitida por el Tribunal Constitucional, con la cual, se afectó tanto el plazo razonable de prisión, así como la caducidad de la prisión preventiva. En el análisis se podrá apreciar que la medida contrarió, al principio pro homine, al de inocencia, a las características de las medidas cautelares, al de independencia de los jueces, entre otros. Se reflexiona además, su efecto más grave, el quebrantamiento de los derechos humanos de los detenidos al establecer el carácter irretroactivo de la resolución que, a su vez, dio paso a la equivocada interpretación del art. 169 del Código de Procedimiento Penal, realizada por el Congreso Nacional para evitar nuevamente la aplicación de la caducidad de la prisión preventiva.
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Estos escritores publicaron entre 1945-1962, y avanzaron mucho más en algunos planteamientos de los narradores del 30. Habiendo asumido su extracción de clase, se preguntaron respecto de su propia identidad, de la problemática del mestizo, de su rol como escritores, del impacto de la incipiente modernidad que desestructuraba la vida cotidiana en sus pueblos y ciudades. Coinciden pues, en lo temático, con los narradores latinoamericanos del período, quienes en lo estético mantuvieron la tensión entre regionalismo y vanguardias, los ecuatorianos se reafirmaron en un realismo que dio espacio al lirismo, aunque también mirando hacia las vanguardias latinoamericanas desde diferentes ángulos. César Dávila Andrade planteó una estética del horror «suprarreal», Ángel F. Rojas manejó modernamente temas emparentados con el regionalismo, Walter Bellolio sintetizó lo mejor de la vanguardia narrativa y la tradición relatística ecuatorianas, Alfonso Cuesta y Cuesta configuró una estética de las metáforas iluminadoras, y Arturo Montesinos trabajó con la metáfora de la ruptura que trae toda modernidad, por más periférica e incipiente que pueda parecer.
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El discurso del Presidente Chávez se dio en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York el Miércoles, 20 de septiembre de 2006.
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La Constitución de la República del Ecuador de 2008 dio un giro radical en materia de planificación, estableciendo el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa enfocado en el Plan Nacional de Desarrollo, como instrumento del gobierno que articula las políticas, programas y proyectos de inversión pública para el logro de los objetivos del Régimen de Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir, en un marco de garantías para el ejercicio de los derechos. A manera de síntesis, la Constitución establece el carácter mandatario de la planificación del desarrollo en el Estado, determina su rol estratégico de orientar el presupuesto, la inversión pública y el endeudamiento externo; de instancia de coordinación entre los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados; y su carácter participativo para la ciudadanía y la sociedad ecuatoriana, así como de observancia obligada para el sector público. Por tal razón, con este trabajo se aspira abordar de manera específica el análisis del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, concepto poco analizado por los estudiosos del derecho, debido en primer lugar al relego sufrido por la planificación nacional en las décadas pasadas, y en segundo lugar, porque al ser de reciente creación constitucional merece ser estudiado y comprendido en su totalidad.
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La instalación de la Asamblea Constituyente en Bolivia el año 2006, dio inicio a un proceso de cambio político – institucional que culminó con la adopción de una nueva Constitución Política del Estado el año 2009, en la cual se adopta una nueva definición para el Estado boliviano, ahora “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”. Resulta innegable el papel fundamental que ocuparon, tanto los sectores movilizados a partir del año 2000, como el gobierno de Evo Morales en este proceso de cambio. Sin embargo, este proceso no habría sido posible sin el surgimiento de un nuevo pensamiento político boliviano que tradujera las demandas de los sectores movilizados en planteamientos y propuestas políticas, que posteriormente fueron institucionalizadas en la nueva Constitución. En la presente investigación se realiza un análisis de la conformación, fuentes de pensamiento a las que recurre, y los conceptos centrales desarrollados por el pensamiento político boliviano contemporáneo. A partir de esto, se realiza un análisis de la incidencia política del nuevo pensamiento político boliviano, identificando cuál fue la influencia que tuvo en la construcción del nuevo “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario” en Bolivia.
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En este estudio se analiza como la dolarización afecta el aparato productivo ecuatoriano; con este propósito el caso Ecuador – Colombia nos ayuda a ver el afecto de la dolarización en la producción, después de dos años de su aplicación; se identifica la realidad comercial de ambas naciones y se examina en el sector automotor y las autopartes que tienen características especiales, sus resultados. Estudiamos la dolarización ecuatoriana, en que realidad se dio y porqué ahora los industriales sienten la presión por los sistemas monetario y cambiario que se aplican en ambos países; en esta realidad, está la competitividad de las empresas y de los países que quieren mantener y ganar más mercados, se explora los resultados obtenidos por Colombia con su agenda de competitividad y el trabajo que al respecto se hace en Ecuador. El sector externo de la economía ecuatoriana debe elaborar una estrategia proactiva donde la competitividad, productividad, los cluster y la teoría de procesos descritos en el estudio sirven como herramienta de trabajo. La CAN es un acuerdo regional donde tanto Ecuador como Colombia realizan esfuerzos por colocar productos industrializados y con mayor valor agregado del que lo hacían tradicionalmente. En Ecuador existe la percepción de que el país debería salir de la CAN pero la evidencia no corrobora esa percepción.
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Este trabajo tiene que propósito evidenciar las tensiones existentes en la vigencia de los derechos humanos, particulamente el de participación, y las políticas que se implementan en el marco de un modelo de desarrollo que se sustenta en la extracción de recursos naturales. A pesar del reconocimiento en la normativa nacional e internacional de mecanismos de participación, como la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, se evidencia que estos no están realmente diseñados para influir en las decisiones que toma el Estado respecto a programas extractivos, y más bien se subordinan a los intereses del desarrollo, noción que aunque tome diversos nombres, sigue teniendo como sustento ideológico el crecimiento económico y la mercantilización de la naturaleza. La actividad minera en el país no ha sido hasta ahora relevante, sin embargo está tomando un gran impulso una vez que la actividad minera ha sido catalogada como estratégica para el país. El primer proyecto minero a gran escala de explotación de cobre y bajo la modalidad de cielo abierto, es el denominado Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, que es objeto de estudio en esta tesis, y a partir del cual se pretende evidenciar los límites prácticos del derecho de participación que se hace referencia en el párrafo anterior. La promulgación de la Constitución del 2008, trajo consigo expectativas respecto al ejercicio de derechos, así como también en relación a un progresivo cambio del paradigma de desarrollo, sin embargo la expedición de una nueva Ley de Minería, la demanda de inconstitucionalidad de la misma por parte de organizaciones indígenas y ecologistas, y la respuesta que dio la Corte Constitucional, no presagian el mejor escenario para la vigencia de los derechos humanos de las personas y pueblos afectados por el proyecto Mirador, y otros proyectos mineros que ya se están promoviendo. El propósito de este trabajo es alentar un debate crítico de los derechos humanos, que a su vez propicien la generación de propuestas y alternativas a la noción de desarrollo imperante.
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El nuevo escenario internacional, caracterizado por el fin de la guerra fría y el auge de la globalización, no hizo realidad el anhelo de alcanzar una paz estable y duradera, y dio lugar a un orden fracturado en lo político y lo social, en el cual las principales potencias compiten por afianzar sus áreas de influencia y lograr una mayor supremacía política y un mayor poder económico. Frente a esta dinámica de atracción la respuesta de los cinco países andinos, vulnerables, dependientes y con escaso margen de maniobra para intentar de manera individual respuestas propias a sus necesidades, fue agruparse para participar de la manera más beneficiosa posible en el nuevo contexto internacional. La integración surge como la "opción estratégica" de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que a través de la Comunidad Andina decidieron establecer vínculos externos fuertes para adquirir mayor autonomía interna y compensar la relación dependiente con la potencia del norte. El nuevo ímpetu de la integración fue recogido por el Protocolo de Trujillo, adoptado en la reunión presidencial celebrada en la mencionada ciudad peruana en marzo de 1996 que incorporó jurídicamente la dimensión política de la integración, mediante el establecimiento de dos órganos responsables de llevarla adelante: el Consejo Presidencial, responsable de definir la política de laintegración andina; y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, encargado de formular la Política Exterior Común. El fundamento de la Política Exterior Común sería dotar de sentido a la integración, que superando el ámbito económico y comercial, identificará una agenda propia como "base para la definición de una estrategia comunitaria que permita la proyección de la Comunidad Andina en el contexto internacional". La instrumentación de la Política Exterior Común fue recogida por la Decisión 458, que estableció sus lineamientos a partir de la identificación de acciones concretas de cooperación entre los países miembros que permitan definir una acción concertada para "la lucha contra el problema de la droga y la corrupción, el fortalecimiento de la seguridad, el fomento de la confianza y el impulso de la vigencia de los derechos humanos y la profundización de la democracia en la Subregión andina". Desde entonces la Secretaría General de la Comunidad Andina ha comprometido sus esfuerzos por impulsar la integración política, que hasta entonces se había mantenido a la zaga de la integración económica. Si analizamos los resultados de los esfuerzos de la Comunidad Andina en términos de declaraciones, éstos serán alentadores, sin embargo a la luz del contexto andino actual se hace evidente que la estrategia integracionista impone grandes desafíos a las políticas nacionales de cada una de las partes y la adopción de una estrategia en la que converjan factores económicos, políticos y sociales. La Política Exterior Común Andina debería constituirse en el instrumento esencial de la integración que enfrente a lo que Aldo Ferrer llama "los cuatropecados capitales";5 la dependencia; la pobreza y la exclusión social; las asimetrías en las estrategias nacionales; y las divergencias en la inserción internacional. El presente trabajo aspira analizar descriptivamente las posibilidades y limitaciones de la Política Exterior Común Andina como elemento dinamizador de la integración en la Subregión y sus perspectivas en la evolución del sistema internacional.