1000 resultados para Políticas públicas, Estados Unidos


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O fim da Guerra Fria e em particular os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 foram importantes aceleradores de um constante (e já longo) processo de crescente securitização das fronteiras e migrações nos EUA, que por sua vez teve impacto na forma como as elites políticas norte-americanas conceberam a identidade nacional do país, ancorada na ideologia da excecionalidade da experiência e do destino americanos e associada a uma posição dirigente do país nos assuntos externos, o excecionalismo americano. As migrações internacionais são relevantes neste contexto porque expõem a tensão inerente entre a necessidade dos Estados-nação protegerem o seu território e a sua população e a impossibilidade fazer esse controlo de forma perfeita, em especial num mundo globalizado; e as dificuldades em manter uma identidade nacional homogénea quando se partilha a comunidade política com membros que à mesma são alheios/estrangeiros (imigrantes). Esta dissertação analisa as relações entre o excecionalismo americano como visão do mundo primacial para a conceção de identidade das elites políticas americanas e a crescente securitização das migrações no período pós-11 de Setembro de 2001, em especial até 2013. A análise empírica centra-se numa análise crítica do discurso (recorrendo à abordagem discursivo-histórica da Escola linguística de Viena) de textos com caráter discursivo criados pelos dois Presidentes (George W. Bush e Barack Obama) e utilizando-os como base para uma discussão acerca das formas como as narrativas securitizadoras foram justificadas pelos atores políticos norte-americanos e se o excecionalismo americano continua o paradigma através do qual essas elites veem o mundo e segundo o qual alinham as suas posições nos recorrentes debates públicos sobre as políticas de segurança e de imigração dos EUA. No fim da dissertação, concluir-se-á que a securitização das fronteiras e migrações foi e continua a ser justificada por narrativas excecionalistas, o que favorecerá a sua permanência e crescimento ao longo dos próximos anos. Ainda assim, a continuada existência de proponentes de visões alternativas à dominante e o carácter fluído do conceito de excecionalismo podem eventualmente permitir uma inversão de curso no futuro que favoreça o fortalecimento da liberdade e dos direitos cívicos nos EUA.

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El proyecto pretende analizar la definición de políticas públicas sobre pobreza y ambiente como instancias de visibilización de posiciones y discursividades en conflicto sobre la (des)igualdad. Asimismo pretende entender la formulación de políticas públicas como instancias en que los Estados institucionalizan una definición sobre la (des)igualdad que muchas veces, paradójicamente, resulta en la instauración de exclusiones y el fortalecimiento de regímenes de dominación. Entre las diversas hipótesis que guían el proyecto la más abarcativa sostiene que las decisiones, los modos y campos de intervención definidos en la política pública constituyen en sí mismos un espacio discursivo en el que se establecen definiciones y plasman matrices ideológicas respecto de la (des) igualdad. Pues a partir de ellos se visibilizan operaciones específicas de inclusión/exclusión, igualdad/desigualdad, prohibición/habilitación, etc; se identifican y caracterizan sujetos; así como también un determinado orden normativo de relaciones y prácticas. No obstante encontrarse legalmente instituida la igualdad como principio subyacente a todo el ordenamiento de derechos, en la práctica las desigualdades se hacen patentes. Éstas son especialmente relevantes en tres áreas de políticas públicas: el trabajo, el hábitat y la vivienda, y la cuestión ambiental en relación a la disposición de los recursos naturales. Consecuentemente, se propone: 1. analizar el dispositivo de regulación tal como se materializa en las decisiones, leyes y políticas públicas del Estado Provincial; 2. Esclarecer las disputas y/o articulaciones de orientaciones y prácticas de distintos ámbitos institucionales –expresamente referimos al conjunto de actores que se activan y pujan frente al contenido y carácter de las decisiones públicas; 3. estudiar las prácticas de resistencia frente a las regulaciones instituidas.

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El proyecto pretende analizar la definición de políticas públicas sobre pobreza y ambiente como instancias de visibilización de posiciones y discursividades en conflicto sobre la (des)igualdad. Asimismo pretende entender la formulación de políticas públicas como instancias en que los Estados institucionalizan una definición sobre la (des)igualdad que muchas veces, paradójicamente, resulta en la instauración de exclusiones y el fortalecimiento de regímenes de dominación. Entre las diversas hipótesis que guían el proyecto la más abarcativa sostiene que las decisiones, los modos y campos de intervención definidos en la política pública constituyen en sí mismos un espacio discursivo en el que se establecen definiciones y plasman matrices ideológicas respecto de la (des)igualdad. Pues a partir de ellos se visibilizan operaciones específicas de inclusión/exclusión, igualdad/desigualdad, prohibición/habilitación, etc.; se identifican y caracterizan sujetos; así como también un determinado orden normativo de relaciones y prácticas. No obstante encontrarse legalmente instituida la igualdad como principio subyacente a todo el ordenamiento de derechos, en la práctica las desigualdades se hacen patentes. Éstas son especialmente relevantes en tres áreas de políticas públicas: el trabajo, el hábitat y sexualidad. Consecuentemente, se propone: 1. analizar el dispositivo de regulación tal como se materializa en las decisiones, leyes y políticas públicas del Estado Provincial; 2. Esclarecer las disputas y/o articulaciones de orientaciones y prácticas de distintos ámbitos institucionales –expresamente referimos al conjunto de actores que se activan y pujan frente al contenido y carácter de las decisiones públicas; 3. estudiar las prácticas de resistencia frente a las regulaciones instituidas.

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Las (des)igualdades, sus orígenes y sus efectos han sido desde siempre una preocupación para la construcción de una política democrática, e incluso una prioridad, al menos así declarada, en las agendas de los Estados. El presente proyecto hace foco en aquellas leyes y políticas públicas que buscan intervenir en el particular campo de las desigualdades emergentes de los usos sociales y económicos del territorio y de los recursos naturales. Actualmente, las provincias de Catamarca, Córdoba y La Rioja, son tres escenarios escasamente estudiados en los que se han puesto en cuestión y desatado conflictos alrededor de la actividad minera y las normativas que la regulan. Precisamente es el objetivo de este proyecto analizar la definición de políticas públicas como momentos de visibilización de posiciones y discursividades en conflicto y entender la formulación de políticas públicas como instancias en que los gobiernos institucionalizan una definición sobre la (des)igualdad. Para ello desplegamos tres ejes de indagación: el análisis del dispositivo de regulación materializado en las decisiones gubernamentales; el esclarecimiento de las disputas entre distintos ámbitos institucionales; y el análisis de las prácticas de resistencia frente a las regulaciones instituidas. Para ello diseñamos una estrategia analítica diferenciada, donde para los primeros dos objetivos se utilizará la recolección documental (normativa) y las entrevistas en profundidad y el análisis de contenido como herramienta de análisis; y el tercer objetivo se ejecuta mediante la recolección de documentos producidos por las organizaciones y las entrevistas en profundidad y el análisis de discurso como técnica de interpretación.

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Frente a un tratado internacional de derechos humanos, cada Estado tiene libertad de adherir o no. Si así lo hiciere, asume compromisos que refieren al respeto, protección y garantía del efectivo ejercicio de los derechos allí estipulados. Así, el Estado debe realizar esfuerzos, que refieren a la adecuación de la normativa y el diseño e implementación de políticas y programas para cumplir con tales compromisos. El Estado se compromete además a presentar informes periódicos que den cuenta de los avances y esfuerzos realizados. Las Naciones Unidas sostienen que un punto crucial para evaluar el grado de cumplimiento de los países, es la carencia de información específica por parte de los Estados, tanto en lo que respecta a la normativa, políticas y programas, cuanto al avance en el ejercicio de los derechos. Dicho organismo reconoce además la dificultad de los países para generar instrumentos de control, o indicadores que permitan hacer un seguimiento, por lo que ha respondido, al igual que otros organismos, con diferentes propuestas, pero que no han sido llevadas a la práctica. En este marco, el presente proyecto tiene como finalidad desarrollar las bases generales de un sistema continuo de indicadores de derechos que, tomando como guía los principios del Enfoque de Derechos Humanos, permita el seguimiento y evaluación de los compromisos asumidos por Argentina, en este caso en particular, ante la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

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El proyecto pretende analizar la definición de políticas públicas sobre pobreza y ambiente como instancias de visibilización de posiciones y discursividades en conflicto sobre la (des)igualdad. Asimismo pretende entender la formulación de políticas públicas como instancias en que los Estados institucionalizan una definición sobre la (des)igualdad que muchas veces, paradójicamente, resulta en la instauración de exclusiones y el fortalecimiento de regímenes de dominación. Entre las diversas hipótesis que guían el proyecto la más abarcativa sostiene que las decisiones, los modos y campos de intervención definidos en la política pública constituyen en sí mismos un espacio discursivo en el que se establecen definiciones y plasman matrices ideológicas respecto de la (des)igualdad. Pues a partir de ellos se visibilizan operaciones específicas de inclusión/exclusión, igualdad/desigualdad, prohibición/habilitación, etc.; se identifican y caracterizan sujetos; así como también un determinado orden normativo de relaciones y prácticas. No obstante encontrarse legalmente instituida la igualdad como principio subyacente a todo el ordenamiento de derechos, en la práctica las desigualdades se hacen patentes. Éstas son especialmente relevantes en tres áreas de políticas públicas: el trabajo, el hábitat y sexualidad. Consecuentemente, se propone 1. analizar el dispositivo de regulación tal como se materializa en las decisiones, leyes y políticas públicas del Estado Provincial; 2. Esclarecer las disputas y/o articulaciones de orientaciones y prácticas de distintos ámbitos institucionales –expresamente referimos al conjunto de actores que se activan y pujan frente al contenido y carácter de las decisiones públicas; 3. estudiar las prácticas de resistencia frente a las regulaciones instituidas.

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No âmbito das reflexões sobre as políticas públicas da educação básica, o artigo discute a função do coordenador pedagógico na escola, na perspectiva da melhoria da qualidade do ensino. Toma como subsídio pesquisa sobre a atividade desse profissional, propondo-se a identificar quem é ele e a analisar como seu trabalho é realizado em escolas de diferentes regiões brasileiras, buscando indicar as possibilidades e limitações que quem ocupa esse cargo enfrenta. O texto pretende demonstrar que o coordenador pedagógico tem um papel fundamental na gestão dos processos escolares, sobretudo na formação dos professores. Como pano de fundo, apresentam-se as condições de trabalho desse profissional, com destaque à sua formação e atribuições. Busca-se, assim, contribuir para a formulação de políticas publicas que viabilizem a presença de coordenadores pedagógicos nas escolas de todo o país, exercendo as funções articuladora, formadora e transformadora, algo que já está previsto em lei em muitos dos estados e municípios brasileiros.

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En los últimos treinta años la posición de España respecto al fenómeno migratorio ha variado radicalmente. Ha pasado de ser un país con saldos migratorios negativos a atraer mano de obra extranjera. Esta nueva tendencia, que se ha consolidado durante los últimos diez años, lejos de remitir, presenta indicios de expansión. Varios fenómenos de carácter global contribuyen a ello. En primer lugar, las tasas de crecimiento de la población en los países en vías de desarrollo (PVD) son superiores a las tasas de crecimiento de la ocupación en dichos países. En segundo lugar, los diferenciales de renta entre países ricos y pobres se están incrementando. Asimismo, el gran desarrollo de las telecomunicaciones hace accesible el conocimiento del nivel de vida occidental a los habitantes del llamado Tercer Mundo. Por último, el abaratamiento de los costes de transporte ha disminuido el coste de las migraciones internacionales.La situación, aunque nueva para España, ya ha sido experimentada por otros países, en especial por los Estados Unidos, tradicional polo de atracción de movimientos migratorios. El objetivo de este artículo es presentar y analizar las estrategias generales eguidas por la agencia de inmigración norteamericana (Immigration and Naturalization Service, INS) con el propósito de aportar elementos de reflexión a los sectores de la opinión pública de nuestro país afectados por esta problemática. El pilar básico del marco legal vigente de la política migratoria norteamericana es la Immigration Reform and Control Act (IRCA), aprobada el 6 de noviembre de 1986 por el presidente Reagan, y cuyo objetivo era, y es, reducir el volumen de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. A continuación, presentamos la evolución histórica de la legislación norteamericana existente y explicamos cómo esta evolución ha llevado a la implementación de la IRCA. En segundo lugar, evaluamos las diversas estrategias seguidas por la agencia de inmigración norteamericana y los criterios de asignación de fondos entre estas diversas alternativas; en particular, mostramos que en los últimos años la agencia ha dado primacía a las políticas de frontera1. A continuación, demostramos que las políticas de control de frontera son menos efectivas que las de interior. Concluimos argumentando que el uso excesivo de políticas de frontera por parte del INS parece responder más al objetivo de obtener grandes presupuestos, que al de minimizar el número de inmigrantes ilegales en el país. Una vez analizada la experiencia estadounidense terminamos sugiriendo las medidas de política migratoria que a nuestro juicio maximizarían el bienestar social de un país receptor como España.

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El cambio climático ha sido una de las mayores preocupaciones de los Estados en las últimas décadas como resultado de más de un siglo de explotación y empleo de un recurso natural no renovable que fue el motor del mundo en el siglo pasado y aún hoy mantiene a flote la economía de los países, el petróleo. En la actualidad, las reservas de petróleo han empezando a escasear. Por tanto, se han empezado a desarrollar estrategias para evitar una crisis energética global. La más importante la constituye la investigación y puesta en práctica de energías renovables y ambientalmente amigables como los biocombustibles. Los biocombustibles se perciben como una solución energética para el país. Sin embargo, la falta de articulación en la gestión de los actores de gobierno encargados de su puesta en práctica y de parámetros normativos fragmentarios al respecto, ocasiona una ausencia de políticas públicas de biocombustibles en Colombia; generando así que los compromisos ambientales y de reducción de emisiones de gas carbónico sean hoy, una meta por conquistar.

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Desde los atentados terroristas de Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos estableció una serie de alianzas a nivel global. Entre estas alianzas se encuentra la del gobierno de Pervez Musharraf de Pakistán; la cual tiene facetas políticas, militares, económicas y religiosas, que han traído consecuencias tanto en el ámbito internacional como al interior del país.

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Primera conferencia. Bibliotecas y Repositorios Digitales: Gestión del Conocimiento, Acceso Abierto y Visibilidad Latinoamericana. (BIREDIAL) Mayo 9 al 11 de 2011. Bogotá, Colombia.

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Monografia de Grado sobre la cooperación bilateral entre Mexico y Estados Unidos en materia de seguridad desde el 2006 al 2010. Análisis a las políticas del gobierno de Felipe Calderon, George W. Bush y Barack Obama.

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A partir del año 2001 Pakistán se convirtió en un aliado estratégico para los intereses de Washington en la región. Debido a los ataques del 11-S perpetrados por Al-Qaeda, el panorama de seguridad mundial cambia y Washington decide intervenir con mayor liderazgo en esta materia. Así pues, la política exterior dirigida hacia Pakistán en el período 2001-2010, es un ejemplo claro de cómo EE.UU. por un lado, redefine diferentes conceptos de seguridad en aras de justificar sus actuaciones y por otro, emprende acciones en política exterior que le permiten además de neutralizar las nuevas amenazas, ir en búsqueda de sus intereses en las regiones identificadas como prioritarias para la consecución de sus objetivos nacionales. Es así como, la alianza con Pakistán es una de las estrategias que encuentra EE.UU. para perseguir sus pretensiones políticas, geoestratégicas y de seguridad en el Gran Medio Oriente.