897 resultados para Poder Judicial


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A permanently changing occidental society framework, simultaneously, to a world Globalization and a market liberalization, requires to know how important and which role the agents plays, in Estates representation, to guarantee their own intern security. Portugal is an example of that since has been integrated in European and world politics that allowed the borders opening, with all the negative consequences of that kind of measures. In way to struggle with those debilities emerge, in our Juridical Order, several security forces such as Prison Guards Corporation, whose contribute to intern security seems undefined and confuse, being urgent legislation in way to describe and clearly define their goals and functions. We begin with a brief history view to understand the evolution, focusing on the present moment, correlate several laws in way to clarify their juridical situation. Using a own critical sense, it draws attention to legislation lack problem in opposition to the conclusion that, Prison Guards Corporation is a security force with specialized expertise in matter and territory fields. Their activity occurs, generally, in penitentiaries where people see themselves without their freedom, legally determinated and confined to places as other individuals with deviant behaviors that deserve society refutation, establishing a separation period having rehabilitation as a goal – it is called general and special prevention. Penitentiaries specificities requires specially police force because penitentiaries are places where tensions are often, both between inmates and against employees, above all prison guards, the first to struggle inmates daily frustrations. In way that institutions achieve their purpose, it is necessary that citizens respect all the rules, although, to their efficacy is necessary to inflict punishment to those who did not respect the rules. Furthermore, it will be indispensable to act immediately in situations as impeding runaway helping, illegally standing in jail and to avoid violent acts against personal and patrimonial belongings. Juridical Order has a few security tools that are available to administration, in which is included coercive methods, that as damaging to citizens in whom they are use, are restricted, unavoidably, to inflexible control rules. Concluding, Prison Guards and Penitentiaries General Direction last goal is to give back recovered inmates to society, in a way to conduct their lives responsibly, without committing crimes.

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O Conselho Superior da Magistratura (CSM), enquanto instituição de governo do poder judicial, desempenha um papel central na democracia portuguesa. Estudado maioritariamente sob a perspectiva jurídica, este Conselho, tal como todo o sistema de justiça, reclama hoje um olhar atento da ciência política. Nesta Dissertação principia-se com um estudo comparativo entra as diferentes soluções de governo da justiça europeias. Procurando isolar variáveis foram analisados os sistemas de Espanha, França, Alemanha e Inglaterra. Seguidamente, e tendo em conta o momento crítico da transição para a democracia, analisa-­se o lugar do CSM na constituição daí resultante, acompanhando a sua evolução até aos dias de hoje. Finalmente, procede-­se à caraterização prosopográfica da elite de juízas e juízes que ocuparam os lugares do CSM ao longo destes 40 anos. Os resultados obtidos no estudo comparado, vêm confirmar que estando garantida a liberdade individual de cada juíza ou juiz no ato de julgar, a forma de governo da justiça parece definitivamente configurar um campo em aberto. Mais do que um modelo ideal, estes órgãos são o resultado de autênticas complementaridades institucionais. A análise histórica demonstra que no poder judicial, a transição decorreu de forma pacífica e consensual, traduzindo-se num ganho progressivo de autonomia externa da magistratura ao longo destes 40 anos. O estudo da elite judicial pertencente ao CSM veio revelar uma uniformidade com poucas variações. Neste momento, os membros do conselho privilegiam o princípio da independência, verificando-­se uma certa desconfiança entre o poder político e o poder judicial.

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Tesis (Maestría en Ciencias Penales) U.A.N.L.

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Incorporar los métodos activos de investigación al tema de la Constitución española en Historia de tercero de BUP. Conseguir el funcionamiento dinámico del equipo de trabajo sin olvidar la responsabilidad individual y potenciando la participación al mismo nivel de todos sus componentes. 25 alumnos de tercero de BUP del Instituto Alfonso II, de Oviedo. En primer lugar se realizó la selección de los tres temas a tratar en relación con la Constitución española: la objeción de conciencia, la asistencia al detenido, el Consejo del Poder Judicial. A continuación se formaron 5 grupos de trabajo: grupo de Constitución, historia y textos legales, grupo de encuestas, grupo de entrevistas, grupo de prensa y grupo de coordinación y coloquio. Cada grupo de trabajo tiene un responsable, que actuará en el debate. Cada grupo recoge, ordena, pasa a limpio y presenta cerrado su propio material. El profesor fundamentalmente organiza la dinámica a seguir, revisa el material y ejerce un pequeño control a distancia. Textos legales. Constitución española y Estatuto de Autonomía. Bibliografía. Encuestas y entrevistas. Debates. Análisis de los textos legales y artículos de periódico. Análisis de cuestionarios y comparación con otros estudios realizados. Extractos de las entrevistas. A través de la realización del trabajo, los alumnos han conectado con la realidad social del entorno que se les presenta: en el tema de la objeción, de forma combativa; en el tema de 'habeas corpus' descubren la existencia de torturas como algo cercano, en comisaría, en la cárcel, en un contexto muy diferente al suyo, y al que se aproximan la mayoría de las veces con sorpresa y respeto; por último, en el tema del Consejo del Poder Judicial, resulta más de especialización y profundidad en los aspectos jurídicos que también se consideran importantes y mentalizan al alumno sobre problemas reales como la necesidad de reforma en la Justicia. Se produjo una familiarización con la prensa como fuente de información y aprendieron a hacer una lectura crítica de la misma. Los coloquios, debates y puestas en común, cierran el trabajo como ruptura con la clase tradicional e incorporan el método activo, aseguran la participación del alumno, éste se expresa en público, respeta el turno de intervención y las opiniones encontradas, discute los temas y verbaliza juicios de contenido y de opinión. El trabajo no sólo ha sido informativo, sino también formativo. El alumno se ha incorporado de una manera atractiva a la problemática de un tema actual, tratado en el plano jurídico político y en sus aspectos sociales y económicos. Ha profundizado en una parte de la Constitución y, a la vez, ha conocido las leyes que se refieren y regulan la materia elegida.

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Montserrat Tura és consellera de Justícia de la Generalitat. Del 2003 al 2006, ho va ser d’Interior i, abans d’entrar al Govern, va ser alcaldessa de Mollet durant 16 anys. Destaca pel seu coratge i decisió a l’hora d’afrontar reptes polítics, per la seva capacitat de gestió i pel seu compromís ineludible amb la democràcia i el país. Ha estat present en la signatura del conveni de col·laboració entre la Càtedra de Cultura Jurídica de la UdG i el Consell General del Poder Judicial que ha tingut lloc a la Facultat de Dret

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Respecto del título de imputación denominado riesgo excepcional se analizó su génesis, su concepto, los eventos a los cuales se aplica, sus causales de exclusión, y un análisis de la jurisprudencia en cada uno de esos eventos y bajo que títulos de imputación han sido juzgados estos mismos eventos por la jurisprudencia. Se estudiaron los efectos del artículo 90 en la jurisprudencia del Consejo de Estado, en general y en especial sobre el título de imputación riesgo excepcional y finalmente se analizó la utilidad del este título de imputación para atribuirle responsabilidad extracontractual al Estado

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Análisis del riesgo de oportunismo del gobierno Colombiano planteado por el diseño institucional y normativo de la CREG, y favorecido por una notoria concentración de calidades en cabeza del Estado Colombiano como agente de mercado y regulador.

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La presente monografía propone retomar la teoría clásica de equilibrio de poderes y libertad de Montesquieu y examinar su vigencia. Para ello, como objetivo se buscó establecer de qué manera la tentativa de asignación de status político a los paramilitares, durante los procesos de desmovilización entre los años 2002 – 2010, afectó el equilibrio de poderes y la libertad política en Colombia en términos de Montesquieu. Se formula que, pese a un efectivo resguardo de la condición de equilibrio de poderes en el ámbito estatal, la existencia de determinados factores de orden social amenazó la libertad política de los ciudadanos por cuanto la misma se complementa con una condición de seguridad. Se encontró que los planteamientos del autor francés se aplican en sus términos más esenciales para efectuar análisis situacionales, independientemente de su dimensión temporal, algo propio de las teorías clásicas en las disciplinas académicas.

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El objetivo principal del presente trabajo monográfico es realizar un análisis serio y real de la figura del “Juez Administrativo”. Este nuevo administrador de justicia ha suscitado en todos los sectores una gran polémica; hay comentarios y posiciones a favor y en contra. Para la gran mayoría, es la solución a la congestión de la jurisdicción contencioso administrativa (posición del Consejo Superior de la Judicatura), para unos pocos, como nosotras, es simplemente una temporal e ilusoria solución a la susodicha enfermedad.

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Teniendo en cuenta los importantes aportes efectuados desde los estudios académicos a los procesos de reforma administrativa, la importancia de las reformas administrativas en un mundo cada vez más globalizado y la necesidad de profundizar en las reformas administrativas de las entidades territoriales, este trabajo de investigación tiene por objeto analizar el marco conceptual, normativo y jurisprudencial de las reformas administrativas, estudiando con detalle sus limitaciones y su control, particularmente para el caso de las entidades territoriales en Colombia. De este modo, con ocasión de esta investigación se busca identificar de forma clara el panorama sobre aquellos aspectos en los que las entidades territoriales tienen un mayor o menor grado de autonomía para llevar a cabo sus procesos de reforma administrativa, de tal forma que sea posible identificar algunos riesgos relevantes asociados a dicho panorama. Así, como importantes logros u objetivos de esta investigación se destacan los siguientes: (i) identificar y analizar las principales aproximaciones doctrinales realizadas a nivel mundial sobre las reformas administrativas, (ii) describir aquellos aspectos en los que las entidades territoriales tienen mayor o menor autonomía para adelantar sus procesos de reforma administrativa, (iii) analizar las clases de controles aplicables a estos procesos profundizando en aquellos aspectos que pueden generar su nulidad e (iv) identificar una serie de riesgos a los que están sometidos los procesos de reforma administrativa de las entidades territoriales en Colombia. Todo lo anterior permitirá responder con claridad la siguiente pregunta que ha sido una idea estructural a partir de la cual se ha desarrollado esta investigación: ¿Cuál es el marco conceptual, las limitaciones, los controles y los riesgos de las reformas administrativas a ser adelantadas por las entidades territoriales en Colombia?

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Différents points de vue pour déterminer la portée du secret des délibérations dans certains tribunaux internationaux ont débouché sur le fait que les juges aient le droit de présenter des opinions séparées; alors que d’autres n’ont pas ce droit. En tenant compte du rôle et des objectifs des missions internationales, les juges devraient avoir le droit de présenter des opinions séparées, de la même façon que dans le système de common law et dans un grand nombre de tribunaux constitutionnels.Cependant, ces analogies ont joué un rôle marginal dans les travaux préparatoires du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale en 1920. D’autant que les Etats ne trouvaient pas  orrect qu’une opinión juridique d’un juge international soit condamnée a l’anonymat comme consequence du principe du secret des délibérations, ceci comme conséquenced’un «technicisme» relatif au fait que ladite opinion était contraire à la position majoritaire de la Cour au moment de voter le projet de la décision.Les règles générales de droit international public garantissent un pouvoir autonome au pouvoir judiciaire international. Selon les règles de procédure des tribunaux internationaux, les juges ont le droit de se prononcer avec une opinion séparée, même si ce droit ne se trouve pas typifié de façon expresse dans le Statut ou dans le traité constitutif de l’organisation. Cette règle est présumée à moins qu’il y ait eu une claire volonté des Etats dans le sens contraire.Le droit relatif aux opinions séparées peut être analysé sous la perspective des juges en tenant compte de leur droit à la liberté d’expression. En ce sens, un juge international peut avoir la liberté pour démontrer, de façon systématique, par le biais d’opinions séparées, les vides argumentatifs de la majorité, en évitant un style qui puissent être offensif envers ses collègues. Cette façon de s’exprimer est considéré inoffensive envers l’autorité judiciaire.Les effets positifs par l’absence, ou l’interdiction, d’opinions séparées, en relation avec l’indépendance des juges internationaux ne sont pas faciles à mettre de côté. Cependant, ce genre des mesures restrictives à la liberté d’expression n’est pas suffisamment effectif ni proportionné pour légitimer l’objectif du juge. Il y a des instruments bien plus effectifs y moins restrictifs qui mènent au même résultat (par exemple, un seul mandat, non renouvelable, des juges nternationaux).

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El presente artículo pretende identificar situaciones-tipo en las que el poder judicial ha asumido la tarea de verificar estándares jurídicos en el diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, y derechos civiles y políticos. A partir del estudio de sentencias proferidas por tribunales nacionales e internacionales, se establecen cuatro posibles tipos de intervención de los jueces en este campo. Por último, se analiza la intervención judicial para garantizar la participación de grupos y movimientos sociales en el diseño y toma de decisiones relacionadas con dichas políticas. 

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Esta investigación estudia de forma general el principio de colaboración armónica entre poderes, explora las bases teóricas que sustentan dicho principio constitucional, analiza las distintas ópticas jurisprudenciales construidas a partir de las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y además abarca la problemática del principio de colaboración armónica en el contexto colombiano, con el objeto de proponer soluciones para mejorar la aplicación del principio de colaboración armónica. Con este escrito se pretende resolver las siguientes preguntas: ¿existe una base jurisprudencial sobre la cual se sustente el principio de colaboración armónica? ¿Se aplica este principio de forma efectiva en el Estado colombiano? ¿Qué alternativas permiten aplicar de forma efectiva dicho principio? ¿Existen mecanismos alternativos de solución de conflictos que puedan ayudar a mejorar la aplicación de este postulado?

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El Hábeas Corpus como aquel principio que nuestra Carta consagra como fundamental para la preservación de garantías tan mínimas como la libertad y en la cual se prevén a la vez derechos que la misma constitución protege