935 resultados para INTERÉS PÚBLICO
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Prólogo de Alicia Bárcena
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Pós-graduação em Serviço Social - FCHS
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Pós-graduação em Direito - FCHS
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La costruzione di un modello efficiente di corporate governance deve offrire una disciplina adeguata dei doveri contabili. Ciò nonostante, gli ordinamenti giuridici configurano i doveri di contabilità in modo incompleto, giacché l’inadempimento di questi non comporta una sanzione diretta per il soggetto inadempiente. Come informazione sulla situazione economica e finanziaria della società, esiste un interesse pubblico nella contabilità, e questa può servire come base di giudizio a soggetti interni ed esterni all’impresa, nell’adozione delle sue scelte. Disporre di un’informazione falsa o inesatta al riguardo può comportare un danno ingiustificato alla società stessa, ai soci o ai terzi, che potranno esercitare le azioni precise per il risarcimento del danno cagionato. Per evitare la produzione di questi danni, da una prospettiva preventiva, la corporate governance delle società di capitali può prevedere dei meccanismi di controllo che riducano il rischio di offrire un’informazione sbagliata. Questi controlli potranno essere esercitati da soggetti interni o esterni (revisori legali) alla struttura della società, ed avranno una configurazione diversa a seconda che le società adottino una struttura monistica o dualistica di governance. Questo ci colloca di fronte ad una eventuale situazione di concorrenza delle colpe, giacché i diversi soggetti che intervengono nel processo d’elaborazione dell’informazione contabile versano la sua attuazione sullo stesso documento: il bilancio. Risulta dunque cruciale determinare il contributo effettivo di ciascuno per analizzare il suo grado di responsabilità nella produzione del danno.
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Partiendo de una noción de acceso a la justicia, que no se restringe únicamente al acceso formal de los ciudadanos al sistema judicial y al adecuado ejercicio de derechos ante los Tribunales de Justicia, sino que también abarca la Prevención y Promoción de Derechos, la Solución Colaborativa de Conflictos, la Revisión y Propuesta de las Actuaciones Públicas mediante Acciones de Interés Público y Propuestas Legislativas; se implementaron, desde la Institución Judicial (Juzgado de Familia de Tupungato), acciones en el marco de buenas prácticas que se sustentas en tres ejes: Construcción de Ciudadanía, Desarrollo Humano Sustentable y Redes Sociales. Las mismas tienden a fortalecer las conexiones entre estructuras formales e informales de la comunidad, a fin de proveer efectivamente el Acceso a la Justicia a grupos que de otra manera podrían estar excluidos de ella y a la vez favorecer el empoderamiento de los grupos vulnerables en la búsqueda de soluciones a situaciones injustas en el ámbito de los procesos tramitan por ante los Juzgados de Familia. En dicho marco, el Juzgado referido puso en marcha un Juzgado Móvil que plantea una metodología de abordaje interdisciplinario, donde la intervención del Trabajador Social resulta relevante.
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Beatriz Quintero, coordinadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en el Foro: El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la objeción de conciencia: alcances, límites y tensiones, realizado el 19 de agosto de 2011
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Este trabajo analiza el vínculo entre los procesos de elaboración de políticas públicas y la dinámica emergente de las prácticas de Responsabilidad Social Empresaria [RSE] en nuestro país. Para ello toma como caso de estudio el Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil y Responsabilidad Empresaria, puesto en marcha en el año 2008 por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y se nutre de dos fuentes de datos: información documental -elaborada por el propio Estado y las empresas- y una serie de entrevistas a informantes clave, tanto del sector estatal y del sector privado como de expertos en la materia. En base a un análisis crítico de la bibliografía relevante sobre este cruce de campos [el de las políticas públicas y el de la RSE], el trabajo argumenta que la potencial eficacia de los programas estatales de fortalecimiento de la RSE dependen no sólo de los 'contenidos' específicos sino también de la 'forma' en que se elaboran las políticas públicas. En tal sentido, procesos de elaboración de políticas que respondan a criterios de estabilidad, adaptabilidad, coherencia, calidad de la implementación, orientación hacia el interés público y eficiencia [BID, 2006], tendrán mayores capacidades de superar una serie de obstáculos observados por los actores entrevistados ['recelos', 'desconocimiento' o 'desconfianza'] en la relación entre el Estado y los actores de la sociedad civil. Para ello, será necesario que las políticas incorporen como insumos para su elaboración un preciso análisis de las dimensiones ético-culturales, sociales, gerenciales, económicas y políticas [Lozano, 1999] en el que se desenvuelve el nuevo contexto de la RSE
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La Ley de Educación Superior 24.521/95 legalizó las prácticas de evaluación y acreditación universitaria en Argentina. En su artículo 43 señala que, aquellos títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado cuyo ejercicio pudieran comprometer el interés público, requieren la acreditación periódica por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Como evidencia, la producción académica sobre la evaluación universitaria, luego de una etapa caracterizada por la resistencia de los actores universitarios, dio paso a otra marcada por una progresiva institucionalización y legitimación de la política. El presente trabajo se centra en la indagación de las condiciones que generan dicha institucionalización considerando varias dimensiones de análisis: la agenda gubernamental, la cultura disciplinar, el modelo de enseñanza y el rol de organismos intermedios. Los resultados que se exponen se basan en un estudio llevado a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que presentó varias carreras en la convocatoria obligatoria de la CONEAU del año 2002. Para la indagación se tuvo en cuenta el análisis de fuentes documentales y entrevistas con informantes clave de la institución
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Este trabajo analiza el vínculo entre los procesos de elaboración de políticas públicas y la dinámica emergente de las prácticas de Responsabilidad Social Empresaria [RSE] en nuestro país. Para ello toma como caso de estudio el Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil y Responsabilidad Empresaria, puesto en marcha en el año 2008 por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y se nutre de dos fuentes de datos: información documental -elaborada por el propio Estado y las empresas- y una serie de entrevistas a informantes clave, tanto del sector estatal y del sector privado como de expertos en la materia. En base a un análisis crítico de la bibliografía relevante sobre este cruce de campos [el de las políticas públicas y el de la RSE], el trabajo argumenta que la potencial eficacia de los programas estatales de fortalecimiento de la RSE dependen no sólo de los 'contenidos' específicos sino también de la 'forma' en que se elaboran las políticas públicas. En tal sentido, procesos de elaboración de políticas que respondan a criterios de estabilidad, adaptabilidad, coherencia, calidad de la implementación, orientación hacia el interés público y eficiencia [BID, 2006], tendrán mayores capacidades de superar una serie de obstáculos observados por los actores entrevistados ['recelos', 'desconocimiento' o 'desconfianza'] en la relación entre el Estado y los actores de la sociedad civil. Para ello, será necesario que las políticas incorporen como insumos para su elaboración un preciso análisis de las dimensiones ético-culturales, sociales, gerenciales, económicas y políticas [Lozano, 1999] en el que se desenvuelve el nuevo contexto de la RSE
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La Ley de Educación Superior 24.521/95 legalizó las prácticas de evaluación y acreditación universitaria en Argentina. En su artículo 43 señala que, aquellos títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado cuyo ejercicio pudieran comprometer el interés público, requieren la acreditación periódica por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Como evidencia, la producción académica sobre la evaluación universitaria, luego de una etapa caracterizada por la resistencia de los actores universitarios, dio paso a otra marcada por una progresiva institucionalización y legitimación de la política. El presente trabajo se centra en la indagación de las condiciones que generan dicha institucionalización considerando varias dimensiones de análisis: la agenda gubernamental, la cultura disciplinar, el modelo de enseñanza y el rol de organismos intermedios. Los resultados que se exponen se basan en un estudio llevado a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que presentó varias carreras en la convocatoria obligatoria de la CONEAU del año 2002. Para la indagación se tuvo en cuenta el análisis de fuentes documentales y entrevistas con informantes clave de la institución
