114 resultados para IMPUNIDAD


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Los organismos de derechos humanos del Perú han subrayado que la (re)institucionalización democrática del país requiere que las políticas públicas integren y sirvan a la gente y no al revés; que la definición del rumbo de tales políticas refleje la participación substantiva de las y los ciudadanos y que, por tanto, estos -en especial los más pobres- no sigan siendo excluidos de las decisiones que les conciernen; que la legislación refleje y no confronte los estándares internacionales de protección de la dignidad a los que voluntariamente se comprometió el Perú; que se erradique el racismo, la impunidad y la discriminación, así como que prime, por sobre todo, el deber primario de respetar y proteger todos los derechos humanos, prestando especial atención a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

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La aprobación de la Ley de Justicia y Paz, por parte del gobierno colombiano ha recibido fuertes críticas, tanto de la comunidad internacional, como dentro del país; llegándose a calificarse por algunos sectores de la opinión como una "Ley de Impunidad". Lo cual permite retomar una de las reflexiones más fecundas de los países del sur en los últimos años, el de las relaciones entre memoria y olvido en los procesos de transición hacia a la paz.

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Es importante contextualizar que, históricamente, la objeción de conciencia ha sido vista como una postura de jóvenes que se niegan a realizar el servicio militar obligatorio, por principios filosóficos, religiosos o políticos. Sin embargo, consideramos que la negación a ser parte de las fuerzas militares debe ir más allá de la opción libre de realizar o no el servicio militar: debe ser un rechazo y una manera de debilitar una institución que se sustenta en valores cuestionables como la obediencia ciega, el espíritu de cuerpo (que en muchos de los casos se convierte en impunidad), la jerarquía y el autoritarismo.

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La demanda que promueven pobladores y comunidades indígenas contra la empresa Chevrón (antes Texaco) es uno de los más importantes casos de judicialización por temas de contaminación ambiental y afectación a los derechos humanos. El juicio se inició en 1993, ante tribunales de EEUU y fue dirigida contra la empresa Chevron (antes Texaco) por los daños humanos y ambientales que generó la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. En el 2003, el caso pasó a ventilarse ante juzgados nacionales. Pese a que han transcurrido más de 6 años, este proceso permanece sin sentencia. Su retardo ha obedecido a un proceso constante de dilación, intimización y politización promovido por la empresa Chevron – Texaco. El principal reto que se tiene es lograr que en el 2010 la justicia ecuatoriana, libre de presiones y ateniéndose a la prueba del proceso, dicte sentencia.

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El tema en sí, me llamo enormemente la atención en virtud que existe una degeneración moral y degradación de los valores éticos, en la sociedad ecuatoriana y porque no decirlo del mundo, en virtud que en los últimos tiempos se observa que existe una guerra de irrespeto entre: padre-hija, tío-sobrina, hermano-hermana, nieto-abuela, etc., llegando en cada uno de ellos a cometer la violación, en niñas, adolescentes y ancianas, que es el propósito de este trabajo que lo justificaré más adelante con casos específicos que al darse y una vez cumplida la investigación y el debido proceso estos casos han recibido sentencia condenatoria o absolutoria, pero este último no porque no han ameritado imponer una pena, sino más bien porque como se trata de asuntos de familia han tratado de solucionar entre ellos y no han colaborado con la justicia permitiendo en la mayoría de las veces que quede en la impunidad. El plan de tesis puesto a consideración de la Universidad, ha sido aceptado, de suerte que en base a esos temas consignados, iremos desarrollando paulatinamente en el orden que consta en este plan; empezando desde el aspecto ancestral que viven nuestros pueblos y que por su manera de vivir en sus costumbres ha permitido ver el mundo para ellos de distinta manera y han interpretado las cosas a su modo, en forma equivocada desde luego, demostrando que se han quedado varados en el tiempo y que estando en pleno siglo XXI, para ellos es como que el tiempo no ha transcurrido. Luego analizaremos a los sujetos activo y pasivo que intervienen en el proceso, que son los sujetos principales del hecho antijurídico para luego exponer los casos con los cuales por sus circunstancias se verá que no necesariamente la víctima de la violación puede ser una menor de catorce años como lo tipifica nuestro Código Penal, sino también una adolescente e incluso una anciana.

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Se describe la situación del derecho a la vida en Ecuador durante el último año; su marco normativo, frente al incremento de violaciones del derecho a la vida, como las ejecuciones extrajudiciales y el contexto en el que ocurren; la falta de investigación, que genera la impunidad en la mayoría de los casos, y la situación de vulnerabilidad en que se encuentran aquellas personas que denuncian estos atropellos. También se hace referencia a las recomendaciones sobre ejecuciones extrajudiciales realizadas al Estado ecuatoriano por el Relator Especial, en su visita al Ecuador el pasado mes de julio de 2010.

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La conflictividad debido a la expansión petrolera se está ampliando a otras zonas del país; todas las provincias costeras tienen concesiones petroleras sobre sus territorios y están en la mira de los planes de exploración sísmica. La expansión de la frontera petrolera sigue en el país, con las consiguientes consecuencias sociales, ambientales y culturales, en un clima de impunidad persistente. Algunas empresas se han marchado del país durante el año 2010, después de generar daños sin reparación. Las que quedan se teme que igualmente dejarán muerte y destrucción.

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La presente aventura analítica como toda iniciativa académica e intelectual, constituye una batalla por la producción de significados específicos sobre un fenómeno concreto y desde el prohijamiento de singulares horizontes epistémico/políticos, esta vez apelando de una parte a importantes pero siempre insuficientes referentes teóricos, y de otro lado al examen de cómo tales asunciones son o requieren ser localizadas, experimentadas y practicadas. La reivindicación en este trabajo de ciertas visiones y prácticas económico/culturales, se inscribe en agendas que identifican la diferencia como parte del imaginario teórico y político contemporáneo, a la vez que la reconocen como fuente de inteligibilidad, esperanza y posibilidad de articulación de proyectos emancipatorios y no como apelación y práctica de impunidad que posiciona lo diferente sólo como positividad, ´algo bueno´ y lugar no problemático. La concreción de los propósitos del trabajo se mueve en principio a través de una aproximación/revisión crítica a posturas representativas de la modernidad en el contexto latinoamericano, donde su pretendida universalización y naturalización soslaya la multiplicidad de ´topografías diferentes de la modernidad´ ancladas en la diferencia. Con todo esto y siendo una consideración ineluctable, importa el examen a la relación/tensión y articulación entre desarrollo, economía y cultura, triada con entronques a formas de dominio imperial/colonial y de geopolítica global que desconoce otras expresiones, significaciones y representaciones configuradas a partir de singularidades, urgencias locales y la valoración de la diferencia económico/cultural en contextos globalocalizados. En este esfuerzo deductivo, reivindicar la diferencia económico/cultural parte ─sin ser un ortodoxo ejercicio económico─, de mostrar cómo la economía representa una manifestación del proyecto moderno/imperial/colonial, al concebirse como disciplina y práctica totalizante/universal, desde donde, de una parte ha sido imposible el análisis y (re)conocimiento de otras formas de pensar y practicar la realidad económico/cultural, y de otra se han integrado/reducido diversas formas de relación al repertorio capitalogocentrista de la economía (neo)clásica. El ejercicio al presentar no el panorama de lo posible sino ante todo el horizonte y el flujo de lo existente en términos de visiones y prácticas de diferencia económico/cultural, se suma a otros esfuerzos orientados a proporcionar elementos ya no para pensar y construir economías diversas u otras economías, sino ante todo para constatar, visibilizar y movilizar estas expresiones lugarizadas, inscritas sin duda en el marco de la inflexión decolonial o en la perspectiva que promueve también la descolonización de la economía política (versión clásica y marxista) y de la economía formal (versión neoclásica y sus variantes). Estas pretensiones, consideraciones y búsquedas son presentadas en el trabajo como un esfuerzo por rastrear críticamente temas y problemas como occidente, modernidad, desarrollo y economía, para luego a manera de constatación, concentrar el análisis en las visiones y prácticas económico/culturales en contextos de multiplicidad, esta vez en algunas organizaciones y movimientos del Cauca Indígena en Colombia como son el programa económico/ambiental del Consejo Regional Indígena del Cauca – Cric, el Tejido Económico/Ambiental de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Acin – Çxab Wala Kiwe–, y la perspectiva económica del pueblo Misak. La explicitación y análisis de referentes económico/culturales/territoriales en tales organizaciones y movimientos, se hace no como forma de confrontación en pro de posicionamientos vanguardistas frente a la economía hegemónica, sino como posibilidad de volver legibles, visibles e inteligibles visiones y prácticas de diferencia económico/cultural como expresión existencial de otros espacios/superficies, otros actores y de otro tipo de actuaciones. En suma, con estos soportes y desarrollos académicos/intelectuales, políticos y existenciales y en medio de nuestra epocalidad, el trabajo proporciona insumos para complejizar/intensificar los términos en que se debaten desde el pensamiento crítico, fenómenos como la diferencia en sus distintas expresiones y en medio de un mundo múltiple, vulnerable, litigioso, pero igualmente esperanzador. Desde la convicción acerca de que no hay universalismos antropológicos como tampoco económico/culturales, la modernidad, el desarrollo y la economía se asumen como gubernamentalidades, es decir como tecnologías de gobierno de los unos y de los otros, no obstante su interrelaciones e interfecundidades en los diversos escenarios físico/naturales y socio/culturales. Empero, también se trata de juegos discursivos que se movilizan sobre la multiplicidad con efectos ontológicos singulares en la constitución de mundos y modos que hablan de creaciones, efectuaciones y experimentaciones diversas. De esta manera, se reivindican movimientos y organizaciones sociales como comunidades de pensamiento, en cuyas agendas/agencias, de una parte, se ponen en tensión ciertos principios, asunciones, prácticas y valores modernos/imperiales, y de otro lado, se apuesta estratégicamente a una suerte de interfecundidad en la que, también la apelación a lo ´propio´ se asume y practica como forma de instrumentalización política de la singularidad socio/económica y cultural. Las prácticas de resistencia en el Cauca indígena, también se evidencian específicamente en los ´mandatos económico/ambientales´, los ´tejidos de economía y medio ambiente´, los ´Planes de Vida y la economía propia´, ´la economía, la pervivencia, el territorio y la vida´, el lugar y el territorio como superficies y móviles de la diferencia económico/cultural, las redes de reciprocidad y las formas singulares de redistribución, el imperativo de abstención de la acumulación, las expresiones particulares/diferenciales de producción y trabajo, el sistema de producción Nasa Tull/Ya Tull, los trueques o intercambios para la pervivencia de saberes, sabores y solidaridades, los mercados locales y la interculturización económica, la perspectiva económica plural, y entre otros, las relaciones entre economía y revitalización cultural como una misma cosa. En suma, el trabajo deja ver cómo en vez de esperar a que la revolución o el internacionalismo socialista, la globalización neo-liberal, las terceras vías, las fuerzas providenciales, los organismos multilaterales de crédito, las iglesias salvadoras y el capital filantrópico contemporáneo, instalaran e impulsaran las prácticas económico/culturales; los movimientos y comunidades indígenas del Departamento del Cauca Colombia en sus proyectos por ´recuperarlo todo´ y no obstante las condiciones socio/políticas y económicas adversas; continúan movilizando creativa y experimentalmente procesos, esfuerzos e iniciativas propios de ´discursos, visiones y prácticas de diferencia epistémica, política/ecológica, económico/cultural´, horizonte privilegiado para la recuperación de saberes, el fortalecimiento económico/cultural y los procesos autonómicos, siempre en favor de la Vida y en el marco de una suerte de ´minga de resistencia social y comunitaria´.

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La historia reciente de la investigación en salud pública está repleta de casos demostrativos de una colusión entre quienes trabajan para fabricar dudas científicas acerca de estudios epidemiológicos y ambientales que demuestran los impactos de sistemas productivos malsanos, y los que manipulan estudios para diluir evidencias de tales problemas, con el fin de prolongar la impunidad jurídica, desgastar la credibilidad de denuncias ante tales daños y confundir la opinión pública. Esta breve recopilación sobre casos emblemáticos de tales disensos, tendenciosamente construidos, pretende ser un elemento de reflexión en homenaje al trabajo científico de tres entidades científicas de indudable respetabilidad científica del Brasil, la Fundación Oswaldo Cruz –FIOCRUZ-, la Asociación Brasileña de Salud Colectiva –ABRASCO y el Instituto Nacional de Cáncer –INCA, cuyos estudios sobre el impacto masivo del uso irresponsable de agrotóxicos, ha desencadenado la vieja argucia de una ciencia vinculada, que se coloca consciente o inconscientemente al servicio de meganegocios malsanos y la impunidad.

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A partir de la conformación de la Comisión de la Verdad del Ecuador y de su informe, que reconoce los delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno socialcristiano y otros gobiernos, analiza la situación de judicialización de los casos, evidenciando que transcurridos diecinueve meses no se ha llegado a ninguna instrucción fiscal, mientras se ha revictimizado a las víctimas en las indagaciones previas. Denuncia que los victimarios confían en su impunidad debido a sus ingentes recursos económicos, mientras las víctimas en su gran mayoría no pueden contratar abogados. Señala que el proyecto de ley de víctimas no ha sido seriamente discutido por la Asamblea Nacional. Concluye reivindicando la recuperación de la memoria histórica como presente en las actuales luchas de nuestros pueblos.

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Presenta el estado de cumplimiento de las recomendaciones del Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado ecuatoriano, a través de la Policía Nacional, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, concluyendo en la falta de implementación de forma completa, lo que influye negativamente en la vigencia del derecho a la vida. Plantea difundir el informe del Relator Especial y facilitar la participación ciudadana para impulsar su cumplimiento.

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En su objetivo del establecimiento de una pena frente a la existencia de la infracción, la legitimidad de la misma (pena) proviene del cumplimiento del debido proceso que, en su esencia, son los derechos que tiene el procesado para defenderse del poder punitivo, a efectos de que éste no vaya más allá de los límites establecidos legal y constitucionalmente. Sin embargo, el cumplimiento cabal del debido proceso ha sido visto como un obstáculo en el camino del Estado cuando pretende imponer una pena con el mayor ahorro de tiempo y recursos, porque supuestamente genera que el procedimiento y trámite penal de cada caso emplee mayor tiempo del que debería, generándose una crisis del sistema de justicia penal, que no podría tener la capacidad para dar la respuesta (imposición de una pena) frente a cada delito, respuesta que de no ocurrir, a su vez hipotéticamente causa mayores niveles de impunidad e inseguridad ciudadana, factores que unidos a la supuesta crisis del sistema de justicia penal, han hecho que el Estado –fundamentado en el eficientismo penal– promueva reformas procesales penales con la creación de mecanismos que tengan como objeto principal el castigo de los delitos en el menor tiempo posible, tal es el caso del procedimiento penal abreviado, que para cierto tipo de delitos promueve que la pena sea sólo el producto de un acuerdo entre el fiscal y el procesado. Bajo la mirada desde el garantismo penal de Luigi Ferrajoli, nuestro estudio pretende analizar si el procedimiento penal abreviado cumple o no el debido proceso o, si el mismo cede ante el eficientismo penal.

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El Programa Andino de Derechos Humanos publica a continuación la sentencia emitida por un Juez de Tránsito en la que se determina la reparación integral para los familiares de una persona muerta a causa de un accidente de tránsito. Constituye un precedente importante en especial por la aplicación de estándares internacionales sobre la reparación integral de derechos humanos en cumplimiento con la normativa internacional.

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La violencia contra las mujeres en el Ecuador refleja una forma de violencia estructural, sistemática y generalizada. No solo las estadísticas, sino las instituciones y la sociedad reflejan un sistema patriarcal y una cultura sexista que reproduce y perpetúa esta situación. Esta tesis se ha planteado como uno de sus objetivos demostrar que los alcances de esa violencia, que es física, simbólica y cultural, sobrepasan el ámbito privado –cuya expresión notoria es la violencia intrafamiliar- y se colocan en el ámbito de lo público y de los derechos humanos. También busca establecer un diálogo entre esa realidad y la teoría feminista. Para el efecto el autor desarrolló en detalle tres casos de distintas formas de violencia, investigados por él mismo. Sobre estos casos, además de un análisis sobre la criminalización del aborto, esta tesis busca demostrar la hipótesis de que, a pesar de una aparente formalidad normativa favorable a los derechos de las mujeres, la actual institucionalidad y la acción de las autoridades dejan intocada la estructura de un sistema de agresión, amenaza e indefensión permanente hacia las mujeres, cuyo resultado no puede ser sino la impunidad. Para ello, el autor ha retomado el concepto de barbarie para ilustrar el estado de la cuestión. Esta tesis también tiene el objetivo de construir el relato de la lucha de las organizaciones de la sociedad civil y de mujeres que en el Ecuador ha logrado no solo visibilizar este estado de barbarie, sino también evidenciar, en cada caso de violencia, la naturaleza del sistema patriarcal y la cultura sexista, para que sus expresiones sean cada vez más intolerables para el conjunto de la sociedad. Se define la barbarie como la situación de violencia extrema, crueldad, indiferencia, incomprensión e impunidad, que se expresa en su conjunto y afecta a los derechos humanos de las mujeres. Este trabajo combina y relaciona técnicas de indagación documental y la investigación de campo y las plasma en un relato de los hechos, dada la condición de periodista del autor. El resultado es “Relatos de una barbarie…”, que se puede leer desde el espanto y la indignación, pero también desde la reflexión académica, para dotar a este trabajo de una amalgama que permita no solo la comprensión del lector sino también –y sobre todo- su humanidad y compasión, en el sentido de reconocer en el sujeto mujer la dignidad humana que el sistema patriarcal le niega.

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Con la evolución del derecho penal, han surgido dos grandes tendencias extremadamente opuestas entre sí y que se han arraigado en el pensamiento penal mundial, y que de acuerdo a la política criminal de cada Estado, para el ejercicio de su poder punitivo, han sido implementadas con el fin de alcanzar los objetivos en materia de delincuencia y seguridad. Estas grandes tendencias son: Eficientismo y Garantismo. El garantismo penal busca controlar el poder punitivo del estado frente a los ciudadanos, y el eficientismo penal intenta luchar contra la impunidad a toda costa, inclusive llegando a desconocer las garantías de los procesados. Con la promulgación del nuevo Código Orgánico Integral Penal, y la implementación de instituciones como el procedimiento directo, el sistema penal ecuatoriano busca conciliar el respeto a las garantías del debido proceso con la eficiencia judicial, pensando no solo en los derechos del procesado sino en los derechos de las víctimas. El procedimiento directo es un procedimiento sumarísimo, que concentra todas las etapas de un procedimiento ordinario en una sola audiencia, obteniendo una sentencia condenatoria o ratificadora de inocencia en 10 días. Este procedimiento se justificó por la necesidad de dar celeridad y simplificación al proceso penal, y así tratar de reducir las causas represadas en los juzgados y tribunales de nuestro país. No obstante, también se debió analizar las afectaciones que la aplicación de dicho procedimiento podría causar a derechos constitucionalmente reconocidos como: defensa, presunción de inocencia, igualdad de armas y contradicción. En cuanto al derecho a la defensa, no es posible ejercer adecuadamente este derecho en apenas 10 días; en cuanto a la igualdad de armas, a pesar de que existe ya un desequilibrio institucional entre el órgano acusador y la defensa, ésta desigualdad se merma aún más con la restricción de varios derechos y garantías reconocidos en la Constitución, en cuanto al contradictorio, no es suficiente que se lo pueda ejercer en la audiencia de juicio, cuando los elementos probatorios que van a obtener la calidad de prueba, son recabados en la etapa de instrucción fiscal, y por último y como consecuencia de lo anterior, si atenta contra estos derechos pues evidentemente se vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia.