987 resultados para Historia judicial


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Tabla de contenidos: La represión estatal en la historia argentina reciente: problemas, hipótesis y algunas respuestas tentativas / Marina Franco. De la guerra (contrainsurgente): la formación de la doctrina antisubversiva del Ejército argentino (1955-1976) / Esteban Damián Pontoriero. La transformación de las relaciones cívico-militares: la "Acción Cívica" del Ejército (1960-1983) / María Alicia Divinzenso. El proceso represivo en los años setenta constitucionales. De la "depuración" interna del peronismo al accionar de las organizaciones paraestatales / Hernán Merele. Las formas de represión política en el "teatro de operaciones" del Operativo Independencia (Tucumán, 1975-1977) / Santiago Garaño. Formas de exilio y prácticas represivas en la Argentina reciente (1974-1985) / Silvina Jensen, Soledad Lastra. Género y resistencias en la prisión política durante la última dictadura / Débora D'Antoni. Los consejos de guerra militares como práctica de represión política (1956-1983) / Marianela Scocc. La represión a los trabajadores y el movimiento sindical, 1974-1983 / Victoria Basualdo, Alejandro Jasinski. Familia judicial y dictaduras: la creación del "fuero antisubversivo" en la década del 70 / María José Sarrabayrousse Oliveira. Circuitos institucionales y tramas de relaciones sociales: las formas de materialización de la apropiación criminal de niños / Carla Villalta. Esto no es un Holocausto. El testimonio de Jacobo Timerman y la represión a los judíos durante la última dictadura militar / Emmanuel Kahan. Modalidades, dispositivos y circuitos represivos a escala local/regional: Rosario 1975-1983 / Gabriela Aguila. El rol de la "comunidad informativa" en la represión en Bahía Blanca (1975-1977): prácticas, acuerdos y disputas / María Lorena Montero. "¿Para agarrar a este gil semejante despliegue?" La represión dictatorial en el Comahue. Neuquén-Río Negro, 1976-1983 / Pablo Scatizza. Sobre la vida (y a veces la muerte) en una ciudad provinciana. Terror de Estado, cultura represiva y resistencias en Santa Fe / Luciano Alonso. El Cono Sur de las dictaduras, los eslabonamientos nacionales en el interior de la Operación Cóndor y las particularidades del caso argentino / Melisa Slatman.

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Investigar 'el lado B' de la Historia proporciona otras respuestas y perspectivas para comprender un hecho traumático ocurrido el 29 de octubre de 1949 en Arauca, Caldas; cuando 49 personas perdieron su vida en el contexto histórico de lo que la Violentología denomina en Colombia 'La violencia'. Las indagaciones se circunscriben en el orden de ¿Qué pasó?, ¿Cómo pasó? y ¿Qué se ha narrado? Ya que las respuestas difieren, esencialmente, dependiendo de si las versiones provienen del diario manizalita 'La Patria' y la historia oficial, donde la autoría de los asesinatos fue atribuida a los liberales gaitanistas; o de fuentes tales como: el diario 'El Tiempo', los archivos judiciales, los testimonios orales de las víctimas sobrevivientes, los álbumes fotográficos y la asistencia de los estudios de memoria, donde se evidencia que la masacre fue ejecutada por la Policía, las fuerzas paramilitares de la época, conocidos como "los pájaros", y civiles conservadores que a su vez fueron la pieza procesal para iniciar la investigación judicial tendiente a "esclarecer" los hechos

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En los últimos años, los delitos sexuales se han convertido en objeto de preocupación para la sociedad; esto se vio reforzado por las nuevas formas de pensar y vivir las relaciones humanas inter e intra-género/s y especialmente las elecciones sexuales. En este trabajo la autora propone volver a poner en debate algunas cuestiones que hacen al problema de la definición judicial y a la comprensión del consentimiento en el contexto específico delitos sexuales (delitos contra la honestidad) en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, entre 1866 y 1921, habida cuenta de la importancia que este concepto tiene en los expedientes así como en el tratamiento doctrinario de la violencia sexual. Se propone poner en tensión las ideas sociales y culturales que aparecen reflejadas en las fuentes citadas respecto de qué es, cómo se otorga y cuándo puede hablarse de un efectivo consentimiento. En particular ella hará eje en la problemática en relación a la situación de los menores de edad varones y mujeres en tanto víctimas posibles y reales de estos ilícitos. Planteará la discusión en torno al límite jurídico de 12 años como "edad del consentimiento" y las construcciones jurídicas en relación a la capacidad/incapacidad de los menores para asentir sexualmente

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En los últimos años, los delitos sexuales se han convertido en objeto de preocupación para la sociedad; esto se vio reforzado por las nuevas formas de pensar y vivir las relaciones humanas inter e intra-género/s y especialmente las elecciones sexuales. En este trabajo la autora propone volver a poner en debate algunas cuestiones que hacen al problema de la definición judicial y a la comprensión del consentimiento en el contexto específico delitos sexuales (delitos contra la honestidad) en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, entre 1866 y 1921, habida cuenta de la importancia que este concepto tiene en los expedientes así como en el tratamiento doctrinario de la violencia sexual. Se propone poner en tensión las ideas sociales y culturales que aparecen reflejadas en las fuentes citadas respecto de qué es, cómo se otorga y cuándo puede hablarse de un efectivo consentimiento. En particular ella hará eje en la problemática en relación a la situación de los menores de edad varones y mujeres en tanto víctimas posibles y reales de estos ilícitos. Planteará la discusión en torno al límite jurídico de 12 años como "edad del consentimiento" y las construcciones jurídicas en relación a la capacidad/incapacidad de los menores para asentir sexualmente

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En los últimos años, los delitos sexuales se han convertido en objeto de preocupación para la sociedad; esto se vio reforzado por las nuevas formas de pensar y vivir las relaciones humanas inter e intra-género/s y especialmente las elecciones sexuales. En este trabajo la autora propone volver a poner en debate algunas cuestiones que hacen al problema de la definición judicial y a la comprensión del consentimiento en el contexto específico delitos sexuales (delitos contra la honestidad) en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, entre 1866 y 1921, habida cuenta de la importancia que este concepto tiene en los expedientes así como en el tratamiento doctrinario de la violencia sexual. Se propone poner en tensión las ideas sociales y culturales que aparecen reflejadas en las fuentes citadas respecto de qué es, cómo se otorga y cuándo puede hablarse de un efectivo consentimiento. En particular ella hará eje en la problemática en relación a la situación de los menores de edad varones y mujeres en tanto víctimas posibles y reales de estos ilícitos. Planteará la discusión en torno al límite jurídico de 12 años como "edad del consentimiento" y las construcciones jurídicas en relación a la capacidad/incapacidad de los menores para asentir sexualmente

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Estamos ante la segunda edición, ampliada y corregida, del libro CAUSAS CÉLEBRES Y DERECHO, texto integrado por cinco trabajos de destacados iushistoriadores. El primero es del profesor italiano Aldo Mazzacane, titulado la "Literatura, proceso y opinión pública: recuento de causas célebres entre el bello mundo, abogados y revolución". Le sigue el escrito del profesor español Esteban Conde, denominado" La exigua celebridad de las causas en la España del setecientos". El tercero es del profesor español Jesús Vallejo, llamado "Justicia en casos: garantía, código y prueba en el procedimiento penal decimonónico". Continúa el realizado por el profesor colombiano Andrés Botero que responde al nombre de "El crimen del Aguacatal: los relatos de causas célebres en el taller del iushistoriador". Y, para finalizar, el profesor español Carlos Petit con el trabajo denominado" La célebre causa del crimen de Fuencarral: Proceso penal y opinión pública bajo la Restauración". Se trata, pues, de cinco trabajos que articulan -en la historia-la prensa, la opinión pública, el proceso y el derecho, convirtiéndose en un valioso texto tanto para la iushistoria como para la historia de la literatura y de los medios de comunicación.

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Recent decisions of the Family Court of Australian reflect concerns over the adversarial nature of the legal process. The processes and procedures of the judicial system militate against a detailed examination of the issues and rights of the parties in dispute. The limitations of the family law framework are particularly demonstrated in disputes over the custody of children where the Court has tended to neglect the rights and interests of the primary carer. An alternative "unified family court" framework will be examined in which the Court pursues a more active and interventionist approach in the determination of family law disputes.

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In Australia seven schemes (apart from the Superannuation Complaints Tribunal) provide alternative dispute resolution services for complaints brought by consumers against financial services industry members. Recently the Supreme Court of New South Wales held that the decisions of one scheme were amenable to judicial review at the suit of a financial services provider member and the Supreme Court of Victoria has since taken a similar approach. This article examines the juristic basis for such a challenge and contends that judicial review is not available, either at common law or under statutory provisions. This is particularly the case since Financial Industry Complaints Service Ltd v Deakin Financial Services Pty Ltd (2006) 157 FCR 229; 60 ACSR 372 decided that the jurisdiction of a scheme is derived from a contract made with its members. The article goes on to contend that the schemes are required to give procedural fairness and that equitable remedies are available if that duty is breached.

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Sexual harassment can be conceptualized as a series of interactions between harassers and targets that either inhibit or increase outrage by third parties. The outrage management model predicts the kinds of actions likely to be used by perpetrators to minimize outrage, predicts the consequences of failing to use these tactics—namely backfire, and recommends countertactics to increase outrage. Using this framework, our archival study examined outrage-management tactics reported as evidence in 23 judicial decisions of sexual harassment cases in Australia. The decisions contained precise, detailed information about the circumstances leading to the claim; the events which transpired in the courtroom, including direct quotations; and the judges' interpretations and findings. We found evidence that harassers minimize outrage by covering up the actions, devaluing the target, reinterpreting the events, using official channels to give an appearance of justice, and intimidating or bribing people involved. Targets can respond using countertactics of exposure, validation, reframing, mobilization of support, and resistance. Although there are limitations to using judicial decisions as a source of information, our study points to the value of studying tactics and the importance to harassers of minimizing outrage from their actions. The findings also highlight that, given the limitations of statutory and organizational protections in reducing the incidence and severity of sexual harassment in the community, individual responses may be effective as part of a multilevel response in reducing the incidence and impact of workplace sexual harassment as a gendered harm.

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Internationally, sentencing research has largely neglected the impact of Indigeneity on sentencing outcomes. Using data from Western Australia’s higher courts for the years 2003–05, we investigate the direct and interactive effects of Indigenous status on the judicial decision to imprison. Unlike prior research on race/ethnicity in which minority offenders are often found to be more harshly treated by sentencing courts, we find that Indigenous status has no direct effect on the decision to imprison,after adjusting for other sentencing factors (especially past and current criminality).However, there are sub-group differences: Indigenous males are more likely to receive a prison sentence compared to non-Indigenous females. We draw on the focal concerns perspective of judicial decision making in interpreting our findings.

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A good faith reading of core international protection obligations requires that states employ appropriate legislative, administrative and judicial mechanisms to ensure the enjoyment of a fair and effective asylum process. Restrictive asylum policies instead seek to ‘denationalize’ the asylum process by eroding access to national statutory, judicial and executive safeguards that ensure a full and fair hearing of an asylum claim. From a broader perspective, the argument in this thesis recognizes hat international human rights depend on domestic institutions for their effective implementation, and that a rights-based international legal order requires that power is limited, whether that power is expressed as an instance of the sovereign right of states in international law or as the authority of governments under domestic constitutions.