827 resultados para Garantías constitucionales - Colombia


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El presente trabajo tiene como objetivo analizar el proyecto de ley 024 del 2007, presentado por el representante Orlando Guerra de la Rosa, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, el cual tenía como objetivo la creación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Desde esa perspectiva, se realiza el estudio de la coyuntura que lo enmarcó, los retos y problemas que pretendía resolver dicho proyecto, y las razones por las cuales el proyecto no logró la aprobación de la Cámara. Adicionalmente, se estudia la importancia del Ordenamiento Territorial en el país, junto con las ventajas y desventajas que proponía el proyecto de ley en comento.

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Esta investigación describe la manera cómo interviene el Estado Colombiano en la promoción, protección y fortalecimiento de las formas solidarias, partiendo del respeto a los principios de autonomía, autodeterminación y autogobierno en que éstas se fundan.

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Se trata de explicar la procedencia de la Acción de Amparo contra providencias judiciales en donde el sujeto pasivo de la acción es la Corte Constitucional. Todo esto expuesto en un caso concreto.

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Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, gracias a nuestro legislador se ha presentado un arduo trabajo de parte de las altas cortes en el sentido de tener que ir más allá de la simple interpretación tal como la conocemos y entendemos, la hermenéutica jurídica aplicada debe observar cómo se legisla cada vez más en los despachos de los honorables magistrados; con la regulación de las diferentes conductas que se pueden enmarcar en los tipos penales, se inicia una carrera entre la realidad y el derecho, que como sabemos deben ir de la mano pero en algunas ocasiones esta máxima deja de tener aplicación y nos vemos de nuevo envueltos en un sistema de leyes muertas.

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A través de la investigación del concepto de derechos fundamentales, su protección constitucional, y del concepto de derecho a gozar de un medio ambiente sano, podemos establecer una teoría mediante la cual el derecho a gozar un medio ambiente sano es un derecho fundamental, y puede ser protegido a través de la acción de tutela.

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En el primer semestre de 2006, en el marco del segundo período de la legislatura 2005-2006, la Honorable Representante Gina María Parody organizó en las instalaciones del Congreso de la República un debate sobre la noción y el alcance de la Acción de Tutela respecto a providencias judiciales, tema de gran discusión por parte de diferentes sectores del Gobierno Nacional así como de las Altas Cortes, la Academia y la Doctrina en general. En ese orden de ideas, la Facultad de Jurisprudencia y la Decanatura del Medio Universitario de la Universidad del Rosario, a través de su Observatorio Legislativo y de Opinión, solicitaron a algunos docentes su opinión sobre el referido tema de amplia polémica, con el fin de presentar al público en general argumentos que sustenten las múltiples posturas que al respecto existen. Así las cosas, en el presente documento encontrarán recogidos los comentarios preliminares y generales de la posición sobre el tema en debate emitida por los doctores José Roberto Herrera, Manuel Fernando Quinche y Juan Enrique Medina, docentes de la Facultad de Jurisprudencia. El objetivo de esta publicación no es otro que el de brindar herramientas para adelantar este debate que cotidianamente se surte sobre este tema en diferentes escenarios de la vida nacional, y servir de sustento para el trabajo de aquellos que en adelante le den vida a éste tema al interior del Congreso, quizá de manera concreta en la realización de una iniciativa legislativa, como recientemente se ha anunciado.

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Estudio sobre el llamamiento en garantía con fines de repetición, como mecanismo jurídico para exigir la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, enfocado en las causas de su ineficacia y sus posibles correctivos.

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Por primera vez, se realiza un análisis medianamente completo, de lo que fue el proyecto de reforma constitucional, impulsado por el presidente LAUREANO GÓMEZ, durante su período de gobierno. Luego de conocer algunos artículos y algunas referencias cortas, surgió la necesidad de aportar al estado del arte, un trabajo más completo que se propusiera abordar a una administración tan controvertida como la de GÓMEZ, desde el punto de vista de su proyecto de enmienda a la Constitución de 1886. En ese sentido, la importancia de este escrito no sólo radica en su novedad, sino en las mismas características históricas e ideológicas del periodo de tiempo que abarca, sobre todo en cuanto a sus antecedentes. Estos, muestran un febril clima político y social, en medio de una lucha desgastante por la imposición de las ideas, incluso usando la violencia verbal y armada.

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With security being viewed as ensuring protection from physical and mental harm, freedom from want and fear, human security has moved to the centre stage of the global development agenda. This paper argues that even with low income, one can achieve higher human development like higher life expectancy, lower fertility and high literacy. Amartya Sen, Nobel Laureate of India, has characterised it as “development as freedom”. Lack of substantive freedom is inexorably linked to economic poverty and backwardness. Nearly all States in India have succeeded in reducing poverty, but those States with better human development have fared better. The trickle-down alone will not spread the benefits of reform. Measured State intervention and adequate provision of safety nets for the vulnerable sections of people are needed to make development more sustainable. Democracy and development go hand in hand. The democratic, accountable and transparent governance is the best insurance against poverty and marginalisation. The test of good governance must be premised on how the State and civil society negotiate differences via constitutional guarantees and political institutions. Good governance is the key to equitable growth.-----Con la visión de la seguridad como la garantía de protección contra daños físicos y mentales, de estar liberados de necesidades y temores, la seguridad humana ha pasado a ser la estrella central del programa del desarrollo global. En este trabajo se argumenta que, incluso con ingresos bajos, uno puede lograr un mayor desarrollo humano, como una esperanza de vida más larga, una menor fertilidad y una mejor educación. Amartya Sen, Premio Nobel de India, lo ha caracterizado como “el desarrollo como libertad”. La falta de libertad fundamental está vinculada inexorablemente a la pobreza económica y el retraso. Casi todos los Estados de la India han reducido la pobreza con éxito, pero aquellos que tienen un mejor desarrollo humano han salido mejor. Tan solo esta reducción paulatina no va a difundir los beneficios de la reforma. La intervención medida del Estado y su adecuado suministro de redes de seguridad para los sectores vulnerables de la población son necesarios para hacer más sostenible el desarrollo. La democracia y el desarrollo van de la mano. El gobierno democrático, responsable y transparente es el mejor seguro contra la pobreza y la marginalización. La prueba del buen gobierno debe tener como premisa la forma en que el Estado y la sociedad civil negocien las diferencias a través de garantías constitucionales e instituciones políticas. El buen gobierno es la clave para el crecimiento justo.

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El medio ambiente y su conservación se han convertido en un tema fundamental para las sociedades modernas, por el impacto que su desconocimiento está ocasionando en el planeta tanto para las generaciones presentes cuanto para las generaciones futuras, en el corto, mediano y largo plazo. El daño ocasionado al medio ambiente desde todas las esferas de la sociedad ha afectado y seguirá afectando todas las categorías de derechos humanos, al ser una fuente vital de donde nace el derecho fundamental de todo ser humano, la vida. Consciente del problema ambiental que a diario viven las diferentes comunidades en el país, y de la necesidad de crear conciencia en la colectividad en general, el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario (GAP), como clínica de interés público preocupada por defender la garantía y protección de los derechos humanos, reconociendo el papel activo que en este proceso debe desempeñar la sociedad en general, presenta esta cartilla, la cual pretende mediante una estrategia pedagógica señalar todas las herramientas constitucionales que existen en el país y que le permitirán a la comunidad conocer, participar y controlar el manejo gubernamental y social en materia ambiental, de una manera muy didáctica.

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Título anterior de la publicación : Boletín de la Comisión Española de la UNESCO

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Según la Ley y la doctrina la acción de lesividad se creó para aquellos casos en los cuales los actos que resulten lesivos al interés público y no puedan ser revocados por la propia administración no queden aislados del control de la legalidad. Por esta razón, es necesario incorporar reformas a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con la finalidad de que se eviten vacíos e incongruencias legales, permitiendo con ello, el ejercicio del control de la legalidad en materia contencioso administrativa en el Ecuador, sobre la base del respeto a los derechos y garantías constitucionales.El recurso de lesividad es una institución jurídica, nueva, desconocida y que no tiene mayor aplicación en sede judicial. Esta acción de lesividad procede cuando resulta imposible, en sede administrativa, revocar un acto administrativo, que se encuentra firme, y que generó derechos subjetivos, que están en ejecución, o han sido ejecutados. Entonces la administración pública a fin de eliminar del mundo jurídico un acto ilegítimo, que importa agravio al Estado de Derecho, debe acudir al órgano judicial para que expida la sentencia en la que declare nulo o lesivo el acto expedido por la autoridad. Ese accionar de la administración, accediendo a sede judicial con el fin de preservar el imperio de la legitimidad, se denomina acción de lesividad.

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El análisis de la prueba y de los medios probatorios en particular en materia penal, resulta de extrema necesidad para el profesional del derecho que desarrolla su actividad tanto en el libre ejercicio como dentro de la magistratura, pues en uno u otro ámbito se requiere que el Abogado profundice sus conocimientos en este tema, que le permita ejercer una eficaz defensa de su cliente ya sea en calidad de acusador particular o acusado, en el primer caso; y, una adecuada motivación de sus fallos en el segundo. El presente trabajo pretende aportar en la investigación de este ámbito jurídico, a través de la clarificación de conceptos respecto a la prueba penal, el análisis de los principios fundamentales que orientan la misma, los sistemas para su valoración y los medios probatorios admitidos por nuestra legislación. La tesis se desarrolla en cuatro capítulos el primero de los cuales se refiere a las nociones generales sobre la prueba y su valoración, analizando en el mismo, aspectos primordiales referentes a la actividad probatoria y orientando el enfoque al ámbito penal, resaltando el análisis de la eficacia probatoria de los modernos medios de prueba como los videos y medios magnetofónicos. A partir del capítulo II se analizan en concreto los medios probatorios en materia penal, empezando por la denominada prueba material y su trascendental importancia en figuras delictivas que impliquen la muerte de una persona, y en las de aborto, envenenamiento, lesiones y contra la propiedad, al igual que la actuación pericial. En el capítulo III se examina la prueba testimonial, orientando la investigación hacia los tipos de testimonios que contempla nuestra legislación, en base al análisis de normas legales vigentes. En el capítulo IV se examina la denominada prueba documental y las excepciones a garantías constitucionales básicas como la inviolabilidad de la correspondencia, en los casos expresamente señalados en la ley.

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Se analiza algunos aspectos claves de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LGJCC), especialmente los relacionados al fortalecimiento o debilitamiento de las garantías constitucionales en el Ecuador. La LGJCC expresa en su articulado dos concepciones jurídicas antagónicas. Una de corte garantista, acorde con la Constitución, que busca desarrollar las garantías e instituciones constitucionales. Otra, restrictiva de las garantías, anclada en el formalismo y legalismo, y que se expresa en disposiciones de la misma ley de dudosa constitucionalidad. Se evalúan sintéticamente algunas de las principales garantías reguladas por la LGJCC y finaliza con una breve reflexión sobre la cultura constitucional en Ecuador.

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El derecho constitucional es el pilar que ha servido de apoyo para el desarrollo del Estado y las instituciones del derecho moderno en general. El derecho tributario por su parte, es en los tiempos actuales una de las disciplinas jurídicas que mayor especialización requiere en quienes se ocupan de él debido a la importancia que tiene al ser el encargado de regular la actividad de recaudación de tributos del Estado, la que a su vez es la piedra angular del financiamiento presupuestario de los Estados. Estas dos disciplinas del Derecho, tienen estrecha vinculación pues no puede pensarse en la existencia de un derecho tributario que no tenga su fundamento y su marco en el derecho constitucional como norma suprema. Sin embargo, en el presente trabajo nos ocuparemos de estudiar una parte bastante definida del derecho constitucional en relación con el derecho tributario. En efecto, en el presente estudio se hace un análisis de lo que es el derecho a la intimidad, aplicado en concreto al contribuyente. Confrontaremos este derecho con el también muy importante derecho a la información, del que puede hacer uso el Estado a través de la administración tributaria. Se hace un análisis de la naturaleza jurídica de estas dos garantías constitucionales, sus efectos, alcances y limitaciones en el marco del derecho constitucional y del derecho tributario. Finalmente hacemos un estudio de la garantía constitucional del habeas data, centrándonos en lo referente a su aplicabilidad dentro de la esfera de lo tributario, cuando un contribuyente siente que la información que se tiene sobre él, y que es la que le sirve al fisco para determinar sus obligaciones tributarias, es imprecisa, errónea, o cree que se la esta usando inadecuadamente.