1000 resultados para Fuerza política


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La geografía colombiana es fuente de un sinnúmero de recursos socio-económicos y naturales así como también de amenazas a la población, ya que es un territorio propenso a ciertos fenómenos que desencadenan desastres, como inundaciones, deslizamientos, sismos, etc. Sin embargo, el Estado tiene una inmensa responsabilidad en la mitigación del riesgo de desastres que sufre la ciudadanía, pero las instituciones no han tenido la fortaleza para implementar políticas públicas eficientes que eviten que el impacto de estos fenómenos sea mayor. La presente monografía es un estudio de las políticas públicas en materia de desastres implementadas por el Estado, tomando como base los postulados del neo-institucionalismo y la teoría de Levitsky y Murillo sobre la fortaleza de las instituciones, reflejando una baja estabilidad y fuerza de implementación.

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La presente tesis examina las diferentes estrategias de comunicación política del M-19 en tres etapas a lo largo de su historia; la etapa de surgimiento y consolidación como movimiento alzado en armas (1974-82); la etapa del proceso de paz (1982-90); y la etapa partidista de la ADM-19 (1990-94).

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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.

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Estos tres marcos son bastante básicos, pues sus perspectivas encierran formas fundamentales de enfocar no sólo dicha innovación educativa, sino la propia sociedad, estas tres perspectivas reflejan en esencia las acciones de instituciones concretas de la sociedad. Se corresponden con: la infraestructura, la estructura y la superestructura de la sociedad, es decir, las formas básicas de producción y reproducción constituyen la infraestructura de la sociedad, la economía doméstica y la política son la estructura, y actividades como las artes, la ciencia, los ritos y los deportes forman la superestructura. En Estados Unidos existen en la actualidad dos corrientes principales para la reforma educativa: 1õ. El movimiento de alfabetización cultural que se basa en la explicación de que el declive de este país es cultural y no tecnológico, ni político. La propia cultura se considera la fuerza motriz, a pesar de que el declive cultural tenga ramificaciones políticas y económicas y esté motivado, en parte por una influencia política inadecuada. Esta explicación neoconservadora culpa a las instituciones educativas, más que a las económicas o políticas; 2õ Este movimiento se basa en la imposición de evaluaciones dependientes de cada estado y de programas de rendición de cuentas, siendo los cincuenta estados las unidades de gobierno que regulan directamente las escuelas. La mayor parte de los estados han promulgado leyes que prescriben pruebas normalizadas para medir el rendimiento, de forma que se hace responsables a las escuelas y al profesorado de que se eleven las puntuaciones en las pruebas de un año a otro. El fundamento de este enfoque es la conocida perspectiva tecnológica, tomada directamente de la producción industrial. Al asignar un indicador cuantitativo, como son las notas, a la escuela, las autoridades superiores pueden controlar el rendimiento de profesores y alumnos como en una fábrica. Se presupone que ello, obligará a estos últimos a trabajar más y elevar el nivel educativo, pero lo que a menudo sucede es que los profesores enseñen a resolver las propias pruebas ¿Cuál de las tres perspectivas ofrece una explicación más convincente? Las tres son necesarias para explicar íntegramente los acontecimientos sociales, porque llega un momento en que intervienen todas las instituciones sociales. Pero, no todas estas explicaciones tienen la misma importancia, ya que a pesar de que los acontecimientos sociales dependen de todas las instituciones, algunas son más responsables que otras de lo que ocurre. En última instancia la respuesta se obtendrá recopilando información sobre las tendencias educativas y sociales a largo plazo.

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Resumen tomado de la publicación. Monográfico con el título: 'La educación ante la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo'

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Resumen basado en el del autor

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Título anterior : Boletín de la Comisión Española de la UNESCO

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Tras el bombardeo y muerte de un líder del Secretariado de las FARC por parte del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, se desató una crisis en el seno de la OEA y en Latinoamérica en general. Posteriormente, el 7 de marzo del 2007, en Santo Domingo (República Dominicana), el mundo fue testigo en la última reunión de la Cubre de Río; que después de largas deliberaciones, discursos y acusaciones de parte y parte, se llegaba a un feliz entendimiento, tras la última crisis tripartita Ecuador-Colombia-Venezuela. Quedaba de manifiesto y con una claridad meridiana que el “Plan Colombia” tiene alcances regionales. Por su parte, la presente investigación ha logrado adelantarse a escenarios como este, y el panorama futuro no es menos sombrío a lo recientemente acontecido. Como lo sostiene esta investigación, el escenario andino se ve frente a dos concepciones diametralmente opuestas en temas como: Democracia, soberanía, seguridad, entre otros. Por un lado consta Colombia como el segundo país del mundo en recibir asistencia militar norteamericana; solamente tras Israel. Con un gobierno resuelto con dar fin a las guerrillas izquierdistas ELN y FARC. Mientras que, Venezuela, su principal socio comercial de la CAN, vive justamente un proceso inverso en el que el presidente Chávez busca dar fin al oprobioso pasado de administraciones públicas que alternó el Puntofijismo; las diferencias y los roces han ido tomando forma y profundidad. Dos visiones casi excluyentes comparten fronteras de miles de kilómetros. Esta investigación buscará, mediante herramientas teóricas suficientes; explicar la “nueva lógica” de la política exterior y política de defensa de la Venezuela Bolivariana, la misma que, de manera preventiva ha reconvertido su doctrina militar bajo la visión de Guerra de Todo el Pueblo, asumiendo el papel en el concierto internacional como actor Posicionalista Defensivo, todo esto con el fin de persuadir a Colombia o cualquier potencia extranjera, que medite seriamente si vale la pena o no una intervención en suelo venezolano.

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Considerar la cuestión de la crisis del Estado y la política es imprescindible dado que está claro que en nuestra región no podemos partir de que en la mayoría de las sociedades latinoamericanas el entramado institucional vigente canaliza las necesidades y expectativas de los distintos intereses y grupos sociales que componen nuestras sociedades; por el contrario, la experiencia reciente de las sociedades, por ejemplo la crisis argentina del 2000-2001, la guerra del gas en Bolivia del 2003, los actuales conflictos en Ecuador, la crisis política de gobernabilidad en México, etc., esto es, la fuerza de los movimientos sociales urbanos, campesinos, indígenas, populares, contestatarios, y la vitalidad de las distintas formas de resistencia y desencanto a las instituciones democráticas y las políticas económicas vigentes, nos alerta de las limitaciones que tendría un análisis puramente institucional de la democracia o la gobernabilidad. Por el contrario, las instituciones existentes deben valorarse críticamente debido a que se oponen, en general, a la dinámica real de la sociedad y a las diversas manifestaciones de rechazo popular a los procesos de modernización y democracia en curso.

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A partir de la reforma y codificación constitucional de 1998, realizado por la autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente de 1997, se introdujo el principio de competencia en la Constitución ecuatoriana, determinando así la regulación de ciertas materias por ley orgánica, ciertas por ley ordinaria y ciertas por actos normativos con categoría normativa inferior a la ley. El mencionado principio de competencia tiene relevancia desde que ya no se aplica a rajatabla el principio de jerarquía que hasta antes de dicha codificación se utilizaba con mucha frecuencia cuando existían problemas de contradicciones normativas, ya que las normas jurídicas en general estaban perfectamente jerarquizadas, sin dar pábulo a confusiones sobre la aplicación de las normas. Evidentemente la Constitución ecuatoriana no determina expresamente la aplicación del principio de competencia, es más, en el artículo 272 de la Constitución se trata de jerarquizar el ámbito normativo, pero sucede que esto no es así, ya que no se puede interpretar la Constitución de manera absoluta y en contra de si misma. Es por lo dicho que en derecho constitucional existen mecanismos y métodos propios de interpretación constitucional como es el método tópico que en suma nos dice que a la constitución hay que interpretarla en función de los principios de unidad de la Constitución, concordancia práctica, corrección funcional, función integradora y fuerza normativa de la Constitución, que se explicarán ampliamente en el desarrollo de la tesis y mediante el cual llegaremos a la conclusión que la Constitución ecuatoriana determina claramente el principio de competencia. Es debido precisamente a este problema de interpretación de la Constitución, que en los actuales momentos, con este nuevo principio introducido en la constitución ecuatoriana, ha llevado a que el Congreso Nacional trate de regular mediante ley (sea esta orgánica u ordinaria) materias que la constitución ha asignado a otros órganos del Estado, lo que se traduce en una evidente arbitrariedad por parte del legislativo sobre potestades que la Constitución no le ha asignado, contrariando así el principio de legalidad consagrado en el artículo 119 de la Constitución que determina: “Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y lo funcionarios públicos no podrá ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y la ley...”. La importancia de este tema desde el punto de vista académico es interesante desde que la aplicación del principio de competencia no es una invención ecuatoriana, es así que este principio de origen francés con la V República de 1958 es tomado en sistemas como el español, el chileno, el colombiano entre otros ya han determinado claramente la aplicación de este principio por sobre el principio clásico de jerarquía, determinando en su jurisprudencia que la creación y aplicación de la norma se la realiza en virtud de las competencias que la Constitución de cada país ha determinado a los órganos del poder público respectivos. Por último, la importancia social de este tema es evidente ya que el Congreso Nacional ecuatoriano utilizando un concepto ya superado, como es el de que la soberanía radica en ellos, pretende arbitrariamente regular materias que no le competen, provocando así una confusión en los operadores de la norma, como son la administración pública, los jueces y los administrados, utilizando el criterio de que una ley y mejor aun que una ley orgánica se aplica por sobre el resto del ordenamiento jurídico inferior en aplicación del principio de jerarquía y no del principio de competencia vigente a partir de la codificación y reforma constitucional de 1998.

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En este trabajo se analizará la estructura y la dinámica del proceso de toma de decisiones en política exterior, para ello, se ha decidido asumir como estudio de caso: i) el conflicto de Angostura, que desencadenó en la ruptura de relaciones diplomáticas con la República de Colombia como consecuencia del bombardeó a un campamento de las FARC en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos (Angostura) el 1 de marzo de 2008, y, ii) las negociaciones comerciales con la Unión Europea, que a partir de junio de 2007, la Comunidad Andina y la Comisión Europea, inician las negociaciones de un Acuerdo de Asociación que contenía tres pilares importantes, uno de los cuales es el comercio. En Ecuador, es básico mencionar la escasa cantidad de obras de investigación sobre la toma de decisiones en política exterior, lo cual dificulta una evaluación sistemática y profunda de la literatura. Es poco lo publicado en torno a diversos aspectos temáticos de toma de decisiones en política exterior, por tanto esta investigación apunta a llenar este vacío desde la Academia. Proponemos indagar sobre las causas que propiciaron el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia, a raíz del bombardeo realizado por las fuerza armadas colombianas a un campamento de las FARC, en territorio ecuatoriano, decisión tomada por el gobierno de Ecuador el 3 de marzo de 2008, y sobre los actores comprometidos en la formulación y ejecución de la política exterior ecuatoriana y colombiana en la toma de decisiones sobre el conflicto de Angostura: Así como, queremos examinar la decisión del gobierno de Ecuador de no continuar participando a partir de julio de 2009, en las negociaciones para un Acuerdo Comercial Multipartes, con la Unión Europa, y su posterior decisión, en el 2013, de reiniciar las negociaciones. Estas constituyen las interrogantes que aún no han sido abordadas con la profundidad y el detenimiento que el tema requiere. Este trabajo consta de dos partes o capítulos: en el primer capítulo realizamos una revisión de elementos teóricos de formulación de política exterior en los dos casos de estudio, y lo efectuamos a través de la aplicación de los modelos decisionales de Graham T. Allison, y de elementos teóricos del Realismo Subalterno, de la Teoría Crítica y del Constructivismo; y revisamos una experiencia de toma de decisiones en política exterior de países de ALC. En el capítulo 2, efectuamos un análisis del funcionamiento de la Estructura y el Proceso Decisorio en política exterior, para ello, asumimos los presupuestos teóricos de Robert Russell, que nos permiten estudiar los procesos de toma de decisiones en política exterior, y realizar una distinción analítica entre estructura y proceso decisorio. Así en un primera parte estudiaremos a los actores gubernamentales domésticos que conforman la “unidad última de decisión”; y en una segunda parte examinaremos a los actores, gubernamentales y no gubernamentales del país y del exterior con influencia en el proceso decisorio para los dos estudios de caso que constituyen nuestras hipótesis de trabajo. Finalmente, sobre la base de estos elementos explicativos, se intentará plantear algunos resultados del funcionamiento de la estructura y la dinámica del proceso decisorio sobre política exterior, en los ámbitos político-diplomático y comercial.

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Formando parte importante del conjunto de los países en vías de desarrollo, América Latina y el Caribe constituyen una fuerza relevante en el actual escenario internacional. Las nuevas circunstancias traen renovadas oportunidades de desarrollo para las relaciones sino-latinoamericanas y no-caribeñas. La elaboración por parte del Gobierno chino del Documento sobre la Política hacia América Latina y el Caribe tiene como propósito manifestar con mayor claridad los objetivos de la política china hacia la región, plantear los principios rectores de la cooperación en las diversas áreas durante un determinado período del futuro y promover el continuo desarrollo sano, estable e integral de las relaciones sino-latinoamericanas y sino-caribeñas.

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Los acontecimientos revolucionarios de 1848 fueron decisivos en los desarrollos conceptuales posteriores. La guerra, y la violencia, ocuparon un lugar central en el estudio detallado de sus reglas. Este trabajo intenta presentar algunos puntos nodales que intentan avanzar en la respuesta a esta pregunta: ¿Cabe la analogía de la guerra con la lucha de clases? En este sentido el trabajo se limita a señalar los ejes de este debate sobre la base de una relectura de dos clásicos. Sun Tzu y su Arte de la guerra, y varios textos de Engels. La hipótesis sostenida en el trabajo es que la lucha de clases, como momento político, encierra la posibilidad de la guerra sólo como un momento del antagonismo. El conocimiento de esas reglas potencia la capacidad de resolver de manera victoriosa el enfrentamiento, pero no es su contenido. Fijar el antagonismo como guerra es hacer de la lucha un militarismo que soslaya la construcción de una fuerza capaz de dar ese enfrentamiento directo. Intentaré mostrar cómo este debate señala puntos relevantes para entender las líneas políticas a finales de los sesenta en la Argentina