999 resultados para CONTROL JUDICIAL


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En el anterior régimen constitucional del Ecuador (Constitución de 1998) se excluyó al órgano judicial del control de constitucionalidad de sus actuaciones, prohibiéndose el amparo contra resoluciones judiciales, aún cuando en sistemas extranjeros se había permitido dicho control. En el nuevo sistema constitucional ecuatoriano (Constitución de 2008) el Estado constitucional de derechos y justicia (Art. 1), garantiza los derechos constitucionales a la tutela judicial y el debido proceso (Arts. 75 y 76), consagrando como garantía jurisdiccional a la acción extraordinaria de protección en contra de las resoluciones judiciales ejecutoriadas violatorias de derechos constitucionales (Art. 94), más aun cuando la potestad jurisdiccional que emana del pueblo (Art. 168) se somete al principio de juridicidad integrado por la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley (Art. 172), y al principio de estricta legalidad pues el poder público limitado formalmente (Art. 226) se vincula sustancialmente a los derechos por el principio de supremacía y sujeción constitucional (Arts. 424 y 426), correspondiendo a la Corte Constitucional en la acción extraordinaria de protección controlar si el órgano judicial ha violado derechos constitucionales en el proceso (Art. 437). La presente tesis, partiendo conceptualmente de la evolución el rol del juez en los distintos modelos de Estado (absolutismo, legalismo, constitucionalismo, neoconstitucionalismo), y enfocándose dentro del paradigma neoconstitucional garantista, abordará de forma crítica el ámbito normativo, doctrinario y jurisprudencial, de la admisibilidad y aceptación de la acción extraordinaria de protección en el sistema ecuatoriano en casos de violación del debido proceso y tutela judicial, analizando sus presupuestos formales (legitimación, activa, legitimación pasiva, oportunidad) y sus presupuestos sustanciales (materia u objeto, procedibilidad, relevancia constitucional).

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La presente investigación tiene como propósito analizar en qué forma la justicia estatal ecuatoriana, a través de la Corte Constitucional, examina o debería examinar las decisiones de carácter jurisdiccional emitidas por autoridades indígenas en la resolución de sus conflictos. El análisis propuesto pretende determinar de qué manera el máximo organismo de interpretación y control constitucional, debe conciliar las diferencias de la visión indígena y la visión eurocéntrica, en la sustanciación de la acción extraordinaria de protección en contra de decisiones jurisdiccionales indígenas. Para alcanzar los fines planteados, empiezo explorando el alcance y relaciones de los conceptos de Estado plurinacional; pluralismo jurídico, nación cívica y nación étnica cultural; control constitucional; decisiones jurisdiccionales indígenas y límites a la Corte Constitucional en la acción extraordinaria de protección en contra de resoluciones indígenas. Finalmente realizo un breve estudio del denominado caso La Cocha 2, que actualmente se sustancia en la Corte Constitucional por impugnación a una decisión judicial indígena, a fin de determinar cuáles son los parámetros que la Corte Constitucional debe considerar al momento de resolver.

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Esta obra analiza el rol del juez garante en la protección de las normas y los derechos dentro del paradigma neoconstitucional garantista consagrado en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. En la primera parte se aborda la reflexión sobre las características primordiales o notas caracterizadoras del neoconstitucionalisrno, los postulados garantistas y los nuevos métodos de la hermenéutica que el juez creador y crítico debe aplicar para garantizar las normas y los derechos. En la segunda parte se examina el sometimiento del juez: al principio de juridicidad integrado por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley; al principio de estricta legalidad, y al principio de supremacía y sujeción constitucional por el cual las disposiciones constitucionales y del bloque de constitucionalidad gozan de aplicabilidad directa. En la parte final se evidencia que estos postulados y principios que el juez debe concretar son controlados a través de la acción extraordinaria de protección estatuida con un triple carácter: mecanismo de control constitucional de las actuaciones judiciales; garantía para la protección del debido proceso, la tutela judicial u otro derecho constitucional, y acción que genera un proceso, sujeta a presupuestos formales y sustanciales para su admisibilidad y aceptación, según la doctrina, normativa y jurisprudencia analizada.

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Desde el 20 de Octubre del 2008, fecha que entró en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, la concepción filosófica del Estado cambió. El auto determinante de “Estado constitucional de derechos y justicia social”, implicó algo más que enunciar un objetivo, impuso los valores como materia y contenido de los preceptos normativos, que marcan la validez del ordenamiento jurídico interno, y además, reconoce la fuerza irradiante de la Constitución sobre el infraderecho. La vinculación de la moral y la justicia en el Derecho objetivo, convierte a un Estado de Derecho positivo, en un Estado constitucional de derechos y justicia social, cuya misión es proteger los valores y principios consagrados en la Constitución, creando para ello mecanismos jurídicos que, teóricamente, permiten el cumplimiento de sus declaraciones. El control de constitucionalidad, y para el caso en estudio, el control de constitucionalidad concreto, es uno de aquellos mecanismos que defienden la hegemonía y la supremacía constitucional. El control de constitucionalidad concreto, es una herramienta apropiada para detectar normas inferiores en contradicción con las normas superiores; se activa ante la duda razonable de constitucionalidad de una norma jurídica, que esté siendo aplicada por la autoridad judicial ordinaria dentro de un caso concreto. Empero, la sustanciación de la consulta judicial de constitucionalidad de norma, exige que la causa concreta se suspenda por cuarenta y cinco días, sin resolver nada sobre lo principal (CR, Art. 428). En asuntos que litigan intereses particulares, suspender el trámite de la causa, sin resolver nada en el fondo, no representaría mayor problema, pero en las causas que ventilan derechos de personas y grupos de atención prioritaria (CR, Art. 35), cuyos bienes, por su trascendencia social, interesan a la causa pública, suspender el trámite del caso sin resolver nada de fondo, lesiona el principio de tutela judicial efectiva y del debido proceso en la garantía de defensa (CR, Arts: 75 y 75.7).

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The contents of this article analyze the right to private property after the decision of the Inter-American Court of Human Rights in the case “Salvador Chiriboga vs. Ecuador”. The author´s concern is the fact that this case represents the most expensive sentence inside the Inter-American protection system due to the violation of the right to private property (art. 21.2 AC); judicial guarantees (art. 8.1 AC) and judicial protection (art. 25.1 CA). This subject has special relevance since Ecuador is facing a judicial reform process and it is necessary to consider that the diffusion of this decision among judges could prevent the commission of the same mistakes; specially, those related to denial of justice as it occurred in the present case study.

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Con la entrada en vigencia de la Constitución del 2008 en lo concerniente a la organización de la administración de justicia. se dio un giro radical, pues se impuso el nacimiento de una nueva Función Judicial acorde a la nueva concepción del Estado. Este cambio radical daría lugar para que el legislativo dicte una ley que establece los principios, sienta las bases de la organización de los diferentes organismos que integran la Función Judicial, concebida como una unidad, y determina las normas a las cuales han de someter su actuación quienes intervienen en el proceso judicial. El ejercicio de la potestad sancionadora reconocida constitucionalmente y el reconocimiento del poder para el establecimiento de sanciones a determinadas conductas consideradas como lesivas al ordenamiento jurídico, son unos de los asuntos que también se desarrollan en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y es a partir del análisis de esas normas, de la doctrina y la jurisprudencia que pretendo determinar con mi estudio los rasgos esenciales que definen el ejercicio de la potestad sancionatoria disciplinaria del órgano de control de la Función Judicial y establecer si el procedimiento administrativo sancionador previsto en el Código Orgánico funciona en estricta observancia de los derechos y garantías previstos en la Constitución de la República, particularmente en lo concerniente al principio de proporcionalidad, en cuanto se trata de un principio que permite evitar los excesos o abusos de poder que podrían provenir del empleo indiscriminado de la facultad discrecional atribuida al órgano de control y garantizar que exista una debida proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción impuesta. En otras palabras, el objetivo de esta tesis es realizar un análisis dogmático y normativo del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria del órgano de control de la Función Judicial y su sujeción al principio de proporcionalidad. Para tal efecto, he realizado una tarea de recopilación y análisis de algunos textos doctrinarios en materia administrativa, entre los que juegan un rol preponderante las elaboraciones de Carlos Bernal Pulido, Juan Carlos Casaggne, Javier Vidal Perdomo, los mismos que por su precisión técnica, me han proporcionado una clara orientación para mi estudio.

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La presente investigación propone estudiar el control mixto de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico del Ecuador, en función del análisis del principio de aplicación directa de la Constitución y la consulta de constitucionalidad de la norma jurídica. El contenido está dirigido a identificar la relación existente entre el desarrollo del valor normativo de la Constitución, el principio de aplicación directa y el control de constitucionalidad; y, a establecer el modelo de control de constitucionalidad que determina la Constitución del año 2008, los elementos que lo sustentan, y su incidencia directa en la protección de los derechos constitucionales. Para el desarrollo de esta investigación se estudió el origen del valor normativo y el principio de supremacía de la Constitución en el constitucionalismo europeo continental y de los Estados Unidos de Norteamérica; aspecto histórico que incide directamente en el desarrollo del control de constitucionalidad y consecuentemente en el principio de aplicación directa de la Carta Constitucional en los modelos constitucionales señalados; además se revisó el control de constitucionalidad en la historia del Ecuador, en el texto de la Carta Magna vigente, en la ley de la materia y en los precedentes constitucionales determinados por la Corte Constitucional. Finalmente esta tesis está dirigida a brindar elementos que permitan concluir que en el control mixto de constitucionalidad, el juez puede ejercer un control difuso sin atentar contra el derecho de la seguridad jurídica; y, que por medio de este modelo se garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos constitucionales, situación que no sucede en el incidente de constitucionalidad que genera demoras indebidas en la tramitación de las causas judiciales y garantías constitucionales, para ello se analiza dos casos en los cuales se evidencia que la consulta de constitucionalidad efectivamente genera vulneración de los derechos constitucionales.

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Pós-graduação em Direito - FCHS

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Partiendo de la premisa que las relaciones interculturales entre nativos y migrantes se constituyen como relaciones de dominación en Argentina, el objetivo de la presente ponencia es problematizar acerca de la noción de ciudadanía, de sus alcances y sobre todo, sus limitaciones, a la hora de pensar en las representaciones que se producen respecto del migrante sudamericano. En este sentido, y partiendo de las reflexiones suscitadas por Caggiano y Pavarini, nuestro objetivo es analizar, a partir de discursos de los funcionarios del Poder Judicial, la forma en la que opera uno de los mecanismos de regulación social y/o de control: la restricción de la ciudadanía. Cabe destacar, que esta ponencia se enmarca en el proyecto de investigación UBACyT: "Diversidad etno nacional y construcción de desigualdades en las instituciones escolar y judicial. Un desafío teórico metodológico en el abordaje de los casos del AMBA y la provincia de Mendoza". Con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y cuyo director es Néstor Cohen, ambos autores nos desempeñamos dentro del proyecto como investigadores en formación

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El presente trabajo se enmarca dentro del análisis de las relaciones interculturales que se establecen entre migrantes bolivianos y nativos. La ponencia tiene como objetivo analizar cuáles son las diversas representaciones sociales que docentes y miembros del poder judicial construyen sobre los migrantes bolivianos, analizando las simetrías y diferencias en el discurso de estos actores institucionales. La hipótesis que subyace al trabajo es que las representaciones sociales de los entrevistados son portadoras de representaciones y de imágenes negativas respecto a los migrantes bolivianos. Asimismo, el discurso de los actores nativos aparece permeado por diversas formas de racismo -los llamados racismo cultural e institucional- que tienden a perpetuar la situación de desigualdad y exclusión social de los mismos. Para nuestro análisis recurriremos a los datos producidos por dos proyectos de investigación UBACyT: "La discriminación hacia el extranjero como táctica de disciplinamiento social" (Proyecto UBACYT: 2004-2007) y "Exclusión, control social y diversidad en la relación entre el migrante externo y las instituciones educativa y judicial" (Proyecto UBACYT: 2008- 2010) En el caso del primer proyecto se trabajó con grupos focales realizados a docentes de escuelas de Capital Federal y GBA. Respecto al segundo proyecto, se realizaron entrevistas en profundidad semiestructuradas a miembros del poder judicial, también de Capital Federal y GBA

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Partiendo de la premisa que las relaciones interculturales entre nativos y migrantes se constituyen como relaciones de dominación en Argentina, el objetivo de la presente ponencia es problematizar acerca de la noción de ciudadanía, de sus alcances y sobre todo, sus limitaciones, a la hora de pensar en las representaciones que se producen respecto del migrante sudamericano. En este sentido, y partiendo de las reflexiones suscitadas por Caggiano y Pavarini, nuestro objetivo es analizar, a partir de discursos de los funcionarios del Poder Judicial, la forma en la que opera uno de los mecanismos de regulación social y/o de control: la restricción de la ciudadanía. Cabe destacar, que esta ponencia se enmarca en el proyecto de investigación UBACyT: "Diversidad etno nacional y construcción de desigualdades en las instituciones escolar y judicial. Un desafío teórico metodológico en el abordaje de los casos del AMBA y la provincia de Mendoza". Con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y cuyo director es Néstor Cohen, ambos autores nos desempeñamos dentro del proyecto como investigadores en formación

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El presente trabajo se enmarca dentro del análisis de las relaciones interculturales que se establecen entre migrantes bolivianos y nativos. La ponencia tiene como objetivo analizar cuáles son las diversas representaciones sociales que docentes y miembros del poder judicial construyen sobre los migrantes bolivianos, analizando las simetrías y diferencias en el discurso de estos actores institucionales. La hipótesis que subyace al trabajo es que las representaciones sociales de los entrevistados son portadoras de representaciones y de imágenes negativas respecto a los migrantes bolivianos. Asimismo, el discurso de los actores nativos aparece permeado por diversas formas de racismo -los llamados racismo cultural e institucional- que tienden a perpetuar la situación de desigualdad y exclusión social de los mismos. Para nuestro análisis recurriremos a los datos producidos por dos proyectos de investigación UBACyT: "La discriminación hacia el extranjero como táctica de disciplinamiento social" (Proyecto UBACYT: 2004-2007) y "Exclusión, control social y diversidad en la relación entre el migrante externo y las instituciones educativa y judicial" (Proyecto UBACYT: 2008- 2010) En el caso del primer proyecto se trabajó con grupos focales realizados a docentes de escuelas de Capital Federal y GBA. Respecto al segundo proyecto, se realizaron entrevistas en profundidad semiestructuradas a miembros del poder judicial, también de Capital Federal y GBA

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El presente trabajo se enmarca dentro del análisis de las relaciones interculturales que se establecen entre migrantes bolivianos y nativos. La ponencia tiene como objetivo analizar cuáles son las diversas representaciones sociales que docentes y miembros del poder judicial construyen sobre los migrantes bolivianos, analizando las simetrías y diferencias en el discurso de estos actores institucionales. La hipótesis que subyace al trabajo es que las representaciones sociales de los entrevistados son portadoras de representaciones y de imágenes negativas respecto a los migrantes bolivianos. Asimismo, el discurso de los actores nativos aparece permeado por diversas formas de racismo -los llamados racismo cultural e institucional- que tienden a perpetuar la situación de desigualdad y exclusión social de los mismos. Para nuestro análisis recurriremos a los datos producidos por dos proyectos de investigación UBACyT: "La discriminación hacia el extranjero como táctica de disciplinamiento social" (Proyecto UBACYT: 2004-2007) y "Exclusión, control social y diversidad en la relación entre el migrante externo y las instituciones educativa y judicial" (Proyecto UBACYT: 2008- 2010) En el caso del primer proyecto se trabajó con grupos focales realizados a docentes de escuelas de Capital Federal y GBA. Respecto al segundo proyecto, se realizaron entrevistas en profundidad semiestructuradas a miembros del poder judicial, también de Capital Federal y GBA