944 resultados para Acuerdos internacionales
Resumo:
Este trabajo está dirigido a realizar un estudio de lo que se ha denominado la medida tributaria expropiatoria; para lo cual, primero, se analiza a los Tratados Bilaterales de Protección y Promoción Recíproca de las Inversiones y otros acuerdos internacionales en materia de inversión, sus principales características, su evolución en el tiempo, sus diferencias con otros instrumentos internacionales. La discusión luego se zanja, en diferenciar entre la expropiación y la confiscación, adentrándose principalmente en el estudio del principio de no confiscatoriedad en materia tributaria, así como una referencia al resto de principios tributarios que recoge nuestra Constitución. Finalmente, la investigación se detiene a delimitar el concepto de lo que se ha llamado expropiación indirecta, presentándose algunas consideraciones académico jurídicas al respecto, obteniendo la conclusión personal de qué una medida de naturaleza tributaria nunca puede ser vista como una expropiación indirecta.
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La relación entre empleados públicos y los órganos del estado ha ido evolucionando notablemente sobre todo en las últimas décadas, hasta el punto que ya no puede decirse que son solamente que estos empleados son un instrumento del Estado para el cumplimiento de sus fines, sino sujetos de derechos no solo subjetivos sino también de aquellos que reconocen los convenios internacionales y la Constitución de la República para el sector laboral en general. En efecto, la Organización Internacional del Trabajo, a través de los convenios 87 y 98 y posteriormente con la expedición de los convenios 151 y 154 reconoce expresamente la aplicación de los derechos colectivos para los empleados públicos, que implica entre otras cosas la posibilidad de asociarse y consecuentemente negociar condiciones de empleo e incluso ejercer el derecho de huelga, lo que trastoca el carácter estatutario que tiene el régimen de la Función Pública. Si bien este tema ya ha sido tratado con mayor profundidad en otros países en donde se han incorporado en sus legislaciones mecanismos de participación directa de los empleados en las decisiones de la Administración Pública, en el Ecuador no ha sido profundamente discutido, por lo que es necesario generar un análisis crítico de esta temática, para que pueda ser motivo de debate jurídico.
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Desde las etapas iniciales de la integración subregional andina se destacó la importancia del desarrollo de la capacidad tecnológica para la consecución de sus fines; de allí que se haya instituido un régimen común de propiedad intelectual junto con una estructura institucional y un conjunto de políticas públicas de complementariedad, entre las que se encuentra el régimen de inversión extranjera y derecho de la competencia. No obstante, desde que dichas normas comunitarias entraron en vigencia, generaron controversia por ir en oposición a las corrientes globales; situación que se agudizó a partir de los años 80, cuando los países de la región tuvieron que hacer frente a diversas dificultades, tanto exógenas como endógenas, que provocaron un debilitamiento en el proceso subregional andino e impulsaron cambios de política que fueron plasmados en el ordenamiento comunitario andino, hasta llegar a la Decisión 486, norma que representa la adecuación al sistema multilateral. El autor analiza los cambios de política en materia de propiedad intelectual que se dieron en la CAN en la última década, identificando su impacto en el proceso de integración subregional, al tiempo que estudia las políticas de propiedad intelectual, examinando los efectos de los desarrollos del sistema multilateral y las negociaciones bilaterales sobre el manejo de políticas de propiedad intelectual al interior de la Comunidad Andina, considerando las repercusiones que han tenido los TLC celebrados por Colombia y Perú con los Estados Unidos en esta materia.
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Suscriben la República de Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, República de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil diez, en originales en los idiomas español, inglés, neerlandés y portugués, siendo los cuatro igualmente idénticos.
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La “Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social” aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial Suplemento 847 del 10 de diciembre de 2012, es el objeto principal de esta investigación. La forma en la que fue planteada, el proceso seguido hasta su aprobación, y la esencia misma de la Ley, dejan dudas respecto de la constitucionalidad de la norma. Para el análisis ha sido necesario referirse tanto a los principios constitucionales como a los principios legales y a aquellos comunes a la generalidad del Derecho, previo a un análisis de la protección jurídicoconstitucional del contribuyente. Se hace referencia a dos fuentes del Derecho, la Constitución y los Acuerdos Internacionales, específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los mismos que consagran el principio de igualdad ante la ley y no discriminación de personas, grupos o comunidades, que es aplicable en cualquier situación jurídica. El principio de igualdad, es en nuestra constitución, un principio de aplicación de los derechos fundamentales, y por tanto antecede a la igualdad tributaria, en cuanto exige una actitud de los poderes públicos contra la discriminación y un imperativo de su actuación para el legislativo. El trabajo incluye una visión del sistema económico político y social imperante antes de la reforma legal; un examen de la Ley y las diferentes facetas de la carga tributaria y de las sanciones previstas; un análisis de las finanzas públicas, del gasto social y de los efectos de la Ley en la economía, así como la incidencia de los impuestos; y, un estudio sobre el papel del sistema financiero en la economía y el marco de regulación y control al que está sujeto. Al final se ensaya una perspectiva sobre la economía para el 2014, advirtiéndose las señales que inquietan al inversionista y los riesgos sistémicos sobre los cuales las autoridades de control deben tomar atención especial. Se realiza un breve análisis sobre hechos subsecuentes, como la aprobación del Código Monetario y Financiero por parte de la Asamblea Nacional. Tanto en el campo del Derecho, como en el de la Economía, se recurre a criterios de destacados expertos que han enriquecido la investigación.
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Los convenios o tratados internacionales tienen ya su historia dentro del entorno global, el interés en el presente estudio es realizar un análisis del impacto que representa para el Ecuador el aplicar los acuerdos de doble tributación con sus similares. En el inicio se revisará diferentes conceptos básicos empezando desde los inicios de los convenios internacionales, sus principios generales y la normativa legal de los celebrados por el Ecuador. De esta manera se podrá comprender de mejor manera la parte legal y el alcance que tiene los convenios bilaterales y multilaterales que afronta el país a fin de adoptar la mejor política de manejo del comercio interno y externo. El estudio continua revisando el objeto, normativas y aplicación de los tratados internacionales a fin de evitar la doble imposición, para de manera puntual realizar un análisis de los convenios más relevantes, lo que se busca aquí es identificar las ventajas y desventajas que tiene el estado ecuatoriano al firmar convenios tributarios. En la parte final se va a realizar un análisis comparativo de la balanza de pagos, salida de capital y retenciones efectuadas de bienes y servicios del Ecuador frente a los distintos países con los que se mantiene convenios internacionales, esto permitirá conocer más a fondo una realidad impositiva, que brindará la posibilidad de identificar con mayor seguridad la problemática tributaria que acarrea la firma de los diversos tratados.
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Los países en desarrollo tienen una desventaja que desequilibra el régimen internacional de cambio climático y sus negociaciones. Esta desventaja no se debe solamente a que cuentan con una menor representación en comités, paneles o juntas ejecutivas, o a la falta de recursos para asistir a las sesiones; también se relaciona con las capacidades diferenciadas que tienen sus delegaciones, y la preparación con la que estas llegan a las sesiones de negociación, factores que determinan en gran medida el aporte que cada país puede ofrecer al proceso. Lamentablemente, esto se traduce en decenas de países que asisten para «tomar nota» de discusiones que otros lideran, avalando resultados vinculantes que después deberán implementar. En los países de América Latina, este es un problema real y resta potencial al rol que podría tener la región. El libro aborda este problema ofreciendo un recuento del proceso de negociaciones internacionales que se maneja en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Provee insumos para las reflexiones críticas que sobre él puedan existir para superar las dificultades de los países en desarrollo. Y plantea algunas perspectivas para el futuro del régimen climático y del acuerdo que se está negociando para concretarse en París a fines de 2015, con la seguridad de que estos elementos son cruciales para garantizar una participación más activa y una formación de negociadores climáticos que la región latinoamericana necesita con urgencia.
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Incluye Bibliografía
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