1000 resultados para Ley 38 de 1877
Resumo:
En el periodo que va desde el 2000 al 2011, el Partido Conservador Colombiano y el panorama político del país tuvo múltiples cambios desde el punto de vista organizacional, la gran mayoría de los presidentes de los Directorios Nacionales del Partido que asumieron durante este periodo, implementaron estrategias de reforma que específicamente en el caso de las mujeres, se refieren a la creación de la Organización Nacional de Mujeres, la inclusión de cuotas, la inclusión del voto privilegiado para las mujeres, la creación de la Secretaria de la Mujer, la creación de la figura de la Consulta Popular, entre otras, que se muestran hoy como grandes fortalezas en la organización. A pesar de esto, no se puede desconocer el conjunto de resistencias explícitas fundamentadas en el comportamiento tradicional de un partido que llevan a la constitución de instituciones no formales por costumbre y conveniencia y que han trascendido aún el día de hoy. Éstas se manifiestan durante el periodo de estudio con la inclusión del voto preferente, el clientelismo, la negativa a la consulta, el machismo, las divisiones internas por personalismos políticos y el machismo, las cuales en muchos casos han sido parte de la estructura tradicional del Partido Conservador y que aún persisten. Dichas estrategias serán definidas en este trabajo como contrareforma. En el marco de estas pujas entre reforma y contrareforma las mujeres del Partido se consolidaron y se empoderaron dentro de la organización, ellas se han beneficiado de las dos vertientes. Así como se fortalecieron con la reforma, con la contrareforma, muchas de las mujeres ingresaron al Partido para lograr sus grandes caudales electorales e incluso convertirse hoy en día en caciques. En este sentido, este trabajo va a permitir identificar cómo se ha apropiado el Partido Conservador Colombiano del tema de la mujer al interior de su organización interna, teniendo en cuenta los procesos de reforma y contrareforma desde el año 2000 hasta el año 2011.
Resumo:
El diagnóstico de cáncer ha sido asociado con un alto riesgo de presentar ideación suicida en comparación con la población no oncológica, sin embargo se ha considerado al apoyo social como un factor protector para la ocurrencia de esta conducta. La presente investigación tuvo como objetivo identificar la relación entre el apoyo social percibido y la ideación suicida en 90 pacientes oncológicos adultos en Bogotá, bajo la hipótesis de que a mayor apoyo social percibido, menor presencia de ideación suicida. Se midió la variable de apoyo social a través del cuestionario Duke UNC y la ideación suicida a través de cuatro instrumentos: Escala de Ideación Suicida (SSI), Escala de Desesperanza de Beck (BHS), el ítem 9 del Inventario de Depresión de Beck (BDI-IA) y una entrevista semiestructurada. Los resultados mostraron que no existe relación entre el apoyo social percibido y la ideación suicida. Por otro lado se identificó una prevalencia de suicidio entre 5,6% y 22,77%, confirmando que el paciente con cáncer considera el suicidio y es fundamental evaluar esta variable en esta población. Se considera importante continuar con la realización de investigaciones que permitan generalizar los resultados a la población oncológica colombiana.
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Se precisa el régimen de contratación al que el Estado se sujeta al crear o autorizar la creación de un establecimiento de crédito de orden nacional. Para ello, se analizan la normatividad que los regula y algunos de sus manuales de contratación.
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El propósito de este estudio de caso es analizar la forma en la que la Ley de Víctimas y restitución de tierras del 2011, especialmente el mecanismo de la ruta de reparación colectiva, contemplando un enfoque de género, ha contribuido al empoderamiento de la mujer víctima del conflicto armado en Colombia. Se pretende analizar cómo ha sido el proceso de implementación de dicha herramienta en la organización de mujeres ANMUCIC (Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia). Por medio de esta investigación se busca identificar cómo se puede llegar a tener una ley en el postconflicto que contribuya al reconocimiento de la mujer a través de su implementación.
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El objetivo del presente estudio de caso es analizar y describir la política pública encargada de brindar asistencia consular a los colombianos detenidos en México. Dicha política implementada en el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón, ha contribuido a mejorar la situación de los nacionales privados de su libertad fortaleciendo la figura institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Consulado y las herramientas empleadas durante su administración. Sin embargo, mediante la perspectiva teórica de Richard Elmore, se recalca la importancia de la participación de diversos actores dentro del proceso de implementación de la política pública, realizando recomendaciones en busca de mejorar y generar aportes a la política para responder a la realidad social que viven los connacionales detenidos.
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El interés de este estudio de caso es analizar la ley de “Prevención de Infiltración” y las consecuencias de ésta sobre la migraciones ilegales de eritreos provenientes de Egipto. Se profundiza sobre los orígenes de la ley con el fin de obtener una mayor claridad sobre el alcance de ésta. La ley es controversial no sólo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. El resultado: divisiones políticas al interior del país, en tanto algunas políticas para lidiar con esta problemática surgen desde visiones políticas con tendencias patrióticas y ultranacionalistas. La investigación también expone los peligros a los cuales se enfrentan los migrantes al llegar a Estados receptores hostiles. El tema de las migraciones es uno de enorme complejidad, el cual entraña ciclos de conflicto y despojo dentro del escenario internacional.
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Actualmente, Colombia se encuentra inserta en dinámicas migratorias internacionales, no sólo como país expulsor de estos flujos, sino como destino y país de tránsito; la transformación que ha tenido el panorama migratorio colombiano es reciente y obedece a múltiples factores de carácter interno y externo. El fortalecimiento de la economía colombiana y la coyuntura de la crisis económica española han creado un ambiente propicio para la llegada de una migración laboral altamente calificada proveniente de España. Esta situación no sólo ha configurado al país por primera vez como un destino migratorio, sino ha puesto en evidencia la necesidad de una política migratoria eficaz y capaz de enfrentar los desafíos que impone la nueva realidad migratoria.
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La categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia es un tema controversial: en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que juzgue los casos. Ahora bien, al no existir unidad de criterios en la categorización jurídica de los “falsos positivos”, se hace imprescindible la integración de conceptos en torno a entender dichos hechos ilícitos inequívocamente como tales, toda vez que esto permitiría generar seguridad jurídica al interior del derecho administrativo colombiano. Precisamente, en lo a referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. De igual manera, el concepto de reparación adoptado en los estamentos de Derecho Administrativo Colombiano, no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos” que encuadran en la categoría de desapariciones forzadas, lo que hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas, para buscar un mejoramiento de los estándares nacionales de reparación. Para dar un aporte teórico importante, esta investigación partirá del análisis sistemático de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después inspeccionará los elementos fácticos y la reparación de los “falsos positivos”, determinando el grado de aplicación que se ha dado del sistema interamericano en los fallos proferidos por el Consejo de Estado.
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A partir de la reforma al sistema de salud, por medio de la Ley 1438 de 2011, se implementa en Colombia la política de regulación de precios de medicamentos y el ingreso al país de medicamentos biosimilares. Esta investigación analiza la perdurabilidad en las Instituciones de Prestación de Salud (IPS) especializadas en tratamiento de enfermedades del alto costo, como: Medicarte, Clínica Astorga, Clínica Vida, Helpharma, Audifarma, y Medex, para identificar finalmente, la cadena de valor en el departamento de Antioquia, buscando proponer alternativas para la toma de decisiones de tipo estratégico.
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La presente investigación tiene como objetivo identificar los procesos que han posibilitado la transnacionalización del movimiento independentista catalán entre 2010 y 2014. Por tal motivo, el análisis de este estudio de caso permitirá comprender con mayor profundidad las dinámicas de transnacionalización de una causa nacional, con las que dicho movimiento ha conseguido conectar lo local con lo global. Para ello, la recolección de datos cualitativos se hace imprescindible en la caracterización de este fenómeno social, a partir del uso de herramientas como la observación participante, entrevistas y el análisis documental. Esto, con el propósito de facilitar la obtención de información proveniente de fuentes primarias y secundarias, respetando la perspectiva de los actores involucrados. De tal manera, será posible evidenciar que estos procesos transnacionales se impulsan mutuamente, propiciando la proyección del debate sobre la independencia fuera de las fronteras catalanas.
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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).
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El presente trabajo tiene como objeto analizar, desde una revisión documental, la utilización de los medios electrónicos a la que se enfrenta el Estado colombiano, en el procedimiento administrativo y en los procesos contencioso administrativos, en el marco del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). Con ese fin, daremos cuenta de las influencias, el análisis de conceptos y alcances. Para luego hacer unas reflexiones sobre el uso de estos medios, el cual trae unas implicaciones, que están sujetas a las expectativas, retos y perspectivas inherentes a todo cambio.
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Este libro presenta un balance del primer decenio de la ley de acciones populares y de grupo en Colombia, elaborado por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Corporación Excelencia en la Justicia. El Diagnóstico realizado con una metodología cuantitativa y cualitativa, presenta aspectos significativos de la aplicación de la Ley 472 de 1998 a fin de formular propuestas, elevar los niveles de protección de los derechos colectivos, perfeccionar y fortalecer estas acciones constitucionales de interés público y plantear una agenda futura de investigaciones en la materia. El texto contiene artículos y ponencias presentados por reconocidos conferencistas nacionales e internacionales que participaron en el Seminario Internacional Las acciones populares y de grupo. Balance de los diez años de la Ley 472 de 1998. Diagnósticos, retos y perspectivas realizado los días 16, 27 y 28 de agosto de 2008. Las ponencias fueron organizadas en páneles: balance del constituyente, del legislador, de los operadores judiciales, del ministerio público y finalmente, avances en la garantía de los derechos colectivos y retos de las acciones de grupo.
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Estudiar en profundidad el efecto que produjo en la provincia de Zaragoza la implantaci??n y desarrollo de la ley de instrucci??n primaria de 1838, la cual puede considerarse como la primera que trata de llevar a la pr??ctica el ideario liberal en materia educativa dentro del nivel de primaria. La Ley Someruelos y la instrucci??n primaria en Zaragoza desde 1838 hasta 1857. Investigaci??n de tipo hist??rico. Plantea unas hip??tesis iniciales de trabajo y realiza un an??lisis de la eficacia de la Ley Someruelos a nivel de escuelas, escolarizaci??n y profesorado, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Aplica el paradigma metodol??gico hist??rico para explicar el discurso pedag??gico en la ??poca y el espacio sem??ntico dise??ado, estableciendo nexos l??gicos con la pol??tica, la econom??a y la sociedad del momento. Sigue una l??nea de razonamiento descriptivo-anal??tica. Fundamenta la investigaci??n en un exhaustivo trabajo de archivo en base al legajo original. Fuentes primarias y secundarias. Porcentajes. Efectos de la Ley Someruelos: a nivel de escuelas, reduce el n??mero de municipios que carec??an de escuelas as?? como las escuelas incompletas, sin embargo el 60 por ciento carec??an de edificos escolares espec??ficos y el 55 por ciento no pose??a el material pedag??gico necesario. A nivel de escolarizaci??n, incrementa en un 32 por ciento la escolarizaci??n global de la provincia, pero a??n quedaba un 56 por ciento por escolarizar. Por razones econ??micas el sistema escolar resulta muy selectivo y los ni??os interrumpen frecuentemente su asistencia a la escuela. A nivel de profesorado, se reduce el porcentaje de profesores no titulados, pero la capacitaci??n t??cnica es muy baja, as?? como su status socioecon??mico. La Ley Someruelos aporta una cierta mejora del Sistema Educativo primario en la provincia de Zaragoza entre 1838 y 1857, sin embargo al finalizar el periodo legal, ??ste continuaba sumido en una din??mica empobrecida e incapaz por s?? mismo de proporcionar el impulso modernizador que el pa??s necesitaba.
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La adopción de la Ley 23/98, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo marcó un punto de inflexión en el sistema español de cooperación ya que supuso la creación de un marco normativo que engloba de forma más amplia todas las actividades relativas a la cooperación. Sin embargo, esta ley lejos de culminar el proceso de reforma de dicho sistema, no hizo más que constituir un punto de partida. De hecho para que esta norma fuera efectiva en la práctica era necesario un gran desarrollo reglamentario, actividad que corresponde al gobierno. El documento desarrolla el tema.