Aplicación del principio del interés superior del niño(a) como mecanismo para proteger el derecho de los niños y las niñas a tener una familia y a no ser separados de ella

El presente artículo corresponde a la construcción de una línea jurisprudencial a partir de los pronunciamientos de la Corte Constitucional  en los cuales se interpuso acción de tutela por considerar que se vulneraba el derecho a tener una familia de los niños(as) accionantes. Es una particular situación fáctica en la mayoría de los pronunciamientos analizados que uno de los padres de los niños/as a los cuales se les estaba vulnerando su derecho a la familia se encontraba privado de la libertad, a partir de ahí se analizan los criterios de aplicación del principio del interés superior del niño para proteger el derecho en mención.

La concepción de los valores en la Psicología Social : las tensiones entre lo íntimo y lo público.

Desvelar las diferentes concepciones mantenidas, explícita o implícitamente, acerca de los valores desde el ámbito de la Psicología Social. Estudiar empíricamente los valores, sobre todo aquellos que tienen que ver con el mundo de la intimidad. 384 personas distribuídas proporcionalmente en tres zonas distintas según el nivel económico: zona marginal, zona media y zona alta. En cuanto al sexo, el 46 eran hombres y el 54 mujeres. Diseño correlacional cuyas variables con las que se trabajo fueron las siguientes. A) Valores, se analizaron 7 variables: privacidad, autocontrol, ecologismo, solidaridad, placer, seguridad y religiosidad; B) Actitudes políticas: dogmatismo, radicalismo, actitud democrática, impotencia política y posición ideológica; C) Ideologías éticas; D) Variables demográficas: edad, creencias religiosas, nivel de estudios, clase social y actividad que desempeñan; E) Comportamiento político: intención de voto, participación política y grado de sentimiento nacionalista. Cuestionario de identificación, escala de impotencia política, cuestionario de intención de voto, escala de actitud democrática, escala de participación política, escala de valores, escala de ideologías éticas, escala de autoestima, escala de intolerancia a la ambigüedad y escala de radicalismo-dogmatismo. En primer lugar aparece una proposición referida al valor 'solidaridad'; en segundo lugar, encontramos la proposición 'el derecho a la intimidad es sagrado'. Es significativo que haya aparecido esta contraposición en lo más alto de la jerarquía. De los diez primeros valores de la clasificación, cuatro de ellos son indicadores de autocontrol (constancia, control, coherencia e integridad), otros tres son indicadores de solidaridad (solidaridad, libertad e igualdad) dos lo son de ecologismo (unión con la naturaleza y paz) y uno se refiere a la defensa de la intimidad. Si deducimos de ellos el modelo de hombre ideal habremos de hacerlo contando con estas cuatro dimensiones señaladas, a saber: un sujeto que valora por encima de todo la solidaridad con el otro, el dominio de sí mismo, el respeto a la naturaleza, la paz y la intimidad. Nuestro único objetivo era el de estudiar con cierto detalle aquellos valores que desde nuestro punto de vista, centran la dicotomía público-privado. Consideramos que este objetivo se ha visto satisfecho. Las escalas construídas guardan al menos, las relaciones esperables con los constructos (actitudes) y las variables sociodemográficas con las que hemos tenido ocasión de compararlas, lo que consideramos signo de validez.

Consentimiento informado como una forma de institucionalización de la autonomía

En general, las formas de interacción entre los seres humanos que están mediadas por referentes tales como: las costumbres, las tradiciones, la educación, la política y la ética, se preservan a través de la institucionalización. Lo que implica la creación de normas reguladoras de las acciones humanas mediante códigos de ética y deontológicos. En el ámbito médico aparecen procedimientos como el consentimiento informado, cuyo fin es garantizar que se respete al paciente el derecho a conocer la realidad de su situación médica y a tomar decisiones acerca de procedimientos que se deben realizar. El desarrollo de este texto busca reconocer en el consentimiento informado una forma de institucionalización de la autonomía. Ahora bien, según esto la pregunta que orientará este documento es ¿cuál es la naturaleza de esa autonomía que institucionaliza la práctica del consentimiento informado?

La Llei orgànica de qualitat i els centres concertats. 'La Ley orgánica de calidad y los centros concertados'.

Resumen del autor en catalán

Educar i ensenyar també en els valors del dret i de la justícia. 'Educar y enseñar también en los valores del derecho y de la justicia'.

Resumen de la revista en catalán

La discriminalización socio económica en los establecimientos carcelarios, el manejo de poder y la deslegitimacion del Estado

Esbozar los problemas de la crisis, presentar una serie de dificultades, recriminar la posición estatal y llegar a unas posibles soluciones para el conflicto. De una manera tímida se critica el sistema penitenciario y algunas de sus problemáticas

La ordenación urbanística del suelo y la transformación de la propiedad privada a través del derecho público

Aproximación a los temas y principios fundamentales que subyacen en el derecho urbanístico, desde la norma jurídica, como expresión de una potestad estatal, y desde la propiedad, como manifestación de un derecho con rango y protección constitucional,

La responsabilidad social de los medios de comunicación definición y aplicabilidad

La libertad de expresión, aún antes de su enunciación como uno de los derechos del hombre, ha suscitado, en todas las épocas, posiciones divergentes y situaciones problemáticas. Desde las épocas de la Grecia Antigua -para no ir más lejos- cuando

Penas alternativas a la prisión

Desde hace siglos el derecho penal fijó como pena principal por excelencia la privación de la libertad y pese a que creemos surgió como un adelanto para la humanidad, pues remplazó la pena capital

La instrumentalización del derecho fundamental a la salud a través de la prestación del servicio público

La salud además de ser un derecho fundamental también es un servicio público, el cual debe brindarse adecuadamente en términos de oportunidad, cobertura y calidad. Al entender la salud como un derecho fundamental autónomo, significa, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional, el cual es susceptible de limitaciones, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana. Por otro lado, el análisis de la salud como un servicio público puede abordarse desde la prestación del mismo por parte de los particulares, lo que significa analizar la figura de la descentralización por colaboración en un Estado Unitario, lo que implica: 1. La actuación de particulares en la prestación del servicio público, previa autorización legal 2. La implementación de sistemas de control, inspección y vigilancia, por parte del Estado sobre dicha prestación. 3. La expedición de instrumentos de regulación y reglamentación normativa que regulen la prestación del servicio público de salud. A través de la interpretación integradora podemos afirmar que la salud es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, los servicios públicos se constituyen como instrumentos para garantizar el logro de la plena vigencia y eficacia de los derechos constitucionales y por ende de la realización de los fines del Estado Social de Derecho.

Diferencias entre la regla de exclusión probatoria nacional y la regla de exclusión del Derecho Internacional Penal: análisis de tres casos de injerencias en comunicaciones privadas.

Teniendo en cuenta tres casos dentro del contexto del conflicto armado donde la jurisdicción penal colombiana estudia la admisión o exclusión de medios probatorios producidos a partir de injerencias de comunicaciones, encontramos que no siempre se aplica la regla de exclusión cuando no cuentan con una orden judicial previa. Ante este problema, buscamos como se ha solucionado, teniendo como referente la el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lo anterior nos da base para entender la regla de exclusión de que se ha venido desarrollando dentro del Derecho Internacional Penal. Si bien estas reglas nos sirven para solucionar estos tres casos, terminan siendo contradictorios a lo que ha venido desarrollando la Corte Constitucional. De esta manera, si bien esta Corte consideró que la regla de Estatuto de Roma, va en concordancia con la nuestra regla de exclusión nacional, tal afirmación es errónea.

Las facultades discrecionales en el estado social de derecho colombiano: una aproximación a la discrecionalidad técnica desde la doctrina y la jurisprudencia

En el presente trabajo de grado, se realiza un acopio, valoración y respectivo análisis de la jurisprudencia nacional, la doctrina especializada y la legislación vigente en Colombia en materia de Facultades Administrativas Discrecionales, con el propósito de determinar, si en nuestro ordenamiento existe diferencia de fondo en el tratamiento de la Discrecionalidad Técnica entre la jurisprudencia contencioso administrativa y la constitucional. Así mismo, se resalta que en un Estado Social de Derecho como el nuestro, es necesario que el quehacer administrativo se aproxime cada vez más a los ideales constitucionales de transparencia y justicia social, de forma tal que las decisiones que se adopten, estén siempre sujetas a los principios de legalidad y debido proceso, y en todo caso, propendan por la salvaguarda del bien común y el interés general.

La brecha entre el reconocimiento y la implementación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas: análisis sobre su configuración en las normas, las políticas y los jueces, tras la aprobación de la Constitución Política de 1991

La del acceso a la tierra y su distribución, ha sido una problemática transversal a la historia de los conflictos sociales en el país. En el caso de los pueblos indígenas, la existencia de todo un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, así como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulación de tierras de resguardo en nuestro país, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinámicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en él se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Desde una perspectiva crítica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximación a sus antecedentes históricos y posterior configuración a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los años posteriores a 1991. Resultado de tal caracterización, se demuestra de qué manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, políticos, económicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro país, de una brecha de implementación de tales derechos.

El papel de actores transnacionales a propósito de la situación derechos humanos en Venezuela

A partir de febrero de 2014, la historia de la República Bolivariana se fracturó. El descontento popular, la protesta social y las marchas pacíficas son reprimidas como consecuencia de un abuso de poder por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las redes de información y comunicación, en los términos de Margaret Keck y Kathryn Sikkink, han jugado un papel fundamental para poner en evidencia las violaciones sistemáticas a los DD.HH., siendo estos el factor principal que vulnera la estabilidad política de la democracia venezolana. En este sentido, el desconocimiento de las garantías fundamentales, el deterioro de la democracia constitucional y el papel multiplicador de los actores transnacionales, han logrado visibilizar ante la comunidad internacional un déficit en materia de DD.HH. y con ello la debilidad de Venezuela como gobierno democrático.

Política pública de resocialización. Diagnóstico de la cárcel La Picota de Bogotá. 2004-2013

El sistema penitenciario y carcelario en Colombia atraviesa por una crisis de hacinamiento sin precedentes. El sobrecupo en los establecimientos de reclusión y los deficientes servicios de salud, alimentación e higiene dificultan la habitabilidad de los internos en prisión y atenta contra los derechos fundamentales y los Derechos Humanos de los condenados. La resocialización, mediante el Plan de Acción y Sistema de oportunidades (PASO), presenta múltiples dificultades para su realización en el Complejo Penitenciario y Carcelario (COMEB) – La Picota; por lo que esta investigación tiene como propósito analizar las condiciones y oportunidades que ofrece este establecimiento para un tratamiento penitenciario digno durante el periodo 2004-2013, y establecer recomendaciones para su mejoramiento.