La participación ciudadana y la defensa del derecho a la educación fortalecen el desarrollo local. Estudio del caso: la experiencia del cantón Quinindé (2000 - 2008)

Este trabajo de tesis expone como evidencias los aprendizajes de la experiencia desarrollada en el cantón Quinindé, del año 2000 al 2008, en relación a la participación del gobierno local y la ciudadanía en la construcción de la política pública local de educación. A partir de la reconstrucción del proceso que desencadenó en la participación social de las comunidades “por el derecho a la educación” se demuestra que una persona comprometida con la defensa, protección y exigibilidad de derechos, desde cualquier rol que cumpla (madre o padre de familia, maestro, alcalde, director de educación, estudiante) puede incidir en el cambio de paradigmas de la acción política; de esta forma es posible transformar el ejercicio clientelar en un compromiso a favor de la restitución y protección del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de los sectores más pobres ubicados en las comunidades rurales. Paradigma desde el cual se construye el desarrollo local. Este estudio de caso se realiza desde el análisis del contexto sociopolítico, jurídico y educativo del Ecuador en la década del 2000, y trata de evidenciar las condiciones y los hitos que motivaron e impulsaron a las personas (como sujetos de derechos) de las comunidades rurales que habitaban en Quinindé, a movilizarse en la defensa, protección y exigibilidad del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con el fin de incidir en la implementación de políticas públicas que promueven el ejercicio de derechos en libertad e igualdad.

El femicidio en el Código Orgánico Integral Penal: realidades y perspectivas procesales

El presente trabajo investigativo tiene como propósito constatar la realidad jurídica respecto al delito de femicidio y sus perspectivas procesales en el Ecuador, para lo cual se analizan los problemas jurídico procesales que existen en la identificación, investigación, prueba, juzgamiento y sanción del delito en estudio, ante lo cual se proponen posibles soluciones, encaminadas a detectarlo y procesarlo de manera óptima. En el primer capítulo se realizan precisiones terminológicas, así como un estudio del femicidio a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos inherentes al tema tratado; además se ejecuta un ejercicio de derecho comparado, necesario y útil, por cuanto el delito estudiado ha sido recientemente incorporado en la legislación ecuatoriana, siendo conveniente estudiar la tipificación, procedimientos, doctrina y pronunciamientos judiciales de los países escogidos para su debida comparación y análisis. En el segundo capítulo se investiga la realidad procesal del femicidio en Ecuador, así como los medios probatorios idóneos para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad del procesado; se determinan de manera clara los roles específicos y especializados de los fiscales y juzgadores. Esta investigación finaliza con propuestas claras respecto de los problemas encontrados en la investigación, juzgamiento y sanción del femicidio, con el fin de contribuir con sugerencias encaminadas a mejorar y optimizar los procedimientos a llevarse a cabo.

La regulación del trámite de visto bueno en el ordenamiento jurídico ecuatoriano

Los conflictos que, con frecuencia, se presentan en las relaciones entre empleador y trabajador tienen su origen en el cometimiento de actos que contradicen las obligaciones o deberes asumidos para el desarrollo del trabajo; de igual manera, se derivan de incumplimientos al buen proceder y debida conducta que, recíprocamente, se deben las partes que se han vinculado laboralmente. Algunas de ellas, por la forma y por los efectos, alcanzan una considerable repercusión, al punto de afectar la buena fe, la confianza, la cooperación, la adecuada ejecución de las labores y la relación de trabajo; así, la afectación, que puede resultar grave, genera el derecho, tanto del empleador como del trabajador, para solicitar la terminación del contrato. Nuestro ordenamiento jurídico contiene, para tales fines, la figura del visto bueno como una forma de concluir la relación contractual laboral fundamentada en la voluntad, que puede ser tanto del empleador como del trabajador, siempre que resulten legales y justificadas las causales previstas en la ley. Pero tal acción demanda que los motivos que se alegan como causas justas sean conocidas y calificadas por el inspector de trabajo, previo la sustanciación de un procedimiento en el que se investigan los hechos y se garantiza el ejercicio del derecho al debido proceso y a la defensa; evitando, con ello, la terminación arbitraria. Y es, precisamente, sobre el visto bueno y su procedimiento que trata el presente trabajo. En este, se procura el desarrollo de la institución; primero, desde una perspectiva que intenta presentar una visión, un tanto más amplia, para el entendimiento sobre sus alcances y naturaleza, ahondando en el ámbito de las implicaciones de las causales previstas en la ley para la terminación del contrato de trabajo, remitiéndonos al contenido de las disposiciones laborales, la doctrina y la práctica; y, segundo, como un esfuerzo por exponer el procedimiento, entendiéndolo como una serie consecutiva, lógica y ordenada de fases y actos, que encuentra su justificación en el carácter social que encierra la realidad de las relaciones laborales.

El procedimiento legislativo y sus principios: una perspectiva sustancial y democrática

El presente trabajo estudia la relación entre la teoría del Estado de Derecho, la democracia y el constitucionalismo desde el punto de vista teórico y en función del control formal de constitucionalidad de las leyes como uno de los medios para garantizar la vigencia de una forma de gobierno democrática. Se pone en evidencia la instrumentalidad de los procedimientos y la misma se aborda desde los tres aspectos de un sistema constitucional como son: función, estructura y procedimientos de la función legislativa. Se trata de una perspectiva sustancial y democrática que permite extraer de los principios y contenidos constitucionales reglas procedimentales y estructurales para el proceso de formación de la ley y establecer la función que cumplen para la salud del sistema democrático. Los valores y derechos se encuentran presentes en este trabajo pero de ellos se propone un punto de vista jurídico que permita su efectivo control, y así garantizar su materialización durante el trámite de formación de una ley. Todo esto resultará necesario, mucho más en tiempos como los nuestros, donde la reflexión sobre el ejercicio y actividad de los poderes públicos ha sido relegada al segundo plano. Este trabajo, en síntesis, recalca en la garantía de los derechos y la materialización de los valores y principios por medio de las normas del procedimiento y del esfuerzo por perfeccionarlos. De estos aspectos depende la vigencia, de lo que en términos del artículo uno de la Constitución ecuatoriana, es un Estado constitucional de derechos y justicia. El trabajo se limita al estudio jurídico-dogmático del poder legislativo y las relaciones sociopolíticas que se presentan durante la formación de la ley. Todo ello conectado al control formal de constitucionalidad del procedimiento legislativo realizado por la Corte Constitucional. Algunas anotaciones históricas permitirán comprender el origen de la institución parlamentaria y su ideología. Por otra parte, el derecho comparado permitirá apreciar el contraste entre los aciertos y desaciertos del diseño del procedimiento legislativo que se encuentra vigente en nuestro país. Así entendidos, los valores y principios tienen contenido y eficacia jurídica; develar esas características es fundamental para controlar el cumplimiento de la Constitución.

La necesaria redefinición del control de constitucionalidad en el Ecuador: razones para la defensa de un control mixto

La presente investigación propone estudiar el control mixto de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico del Ecuador, en función del análisis del principio de aplicación directa de la Constitución y la consulta de constitucionalidad de la norma jurídica. El contenido está dirigido a identificar la relación existente entre el desarrollo del valor normativo de la Constitución, el principio de aplicación directa y el control de constitucionalidad; y, a establecer el modelo de control de constitucionalidad que determina la Constitución del año 2008, los elementos que lo sustentan, y su incidencia directa en la protección de los derechos constitucionales. Para el desarrollo de esta investigación se estudió el origen del valor normativo y el principio de supremacía de la Constitución en el constitucionalismo europeo continental y de los Estados Unidos de Norteamérica; aspecto histórico que incide directamente en el desarrollo del control de constitucionalidad y consecuentemente en el principio de aplicación directa de la Carta Constitucional en los modelos constitucionales señalados; además se revisó el control de constitucionalidad en la historia del Ecuador, en el texto de la Carta Magna vigente, en la ley de la materia y en los precedentes constitucionales determinados por la Corte Constitucional. Finalmente esta tesis está dirigida a brindar elementos que permitan concluir que en el control mixto de constitucionalidad, el juez puede ejercer un control difuso sin atentar contra el derecho de la seguridad jurídica; y, que por medio de este modelo se garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos constitucionales, situación que no sucede en el incidente de constitucionalidad que genera demoras indebidas en la tramitación de las causas judiciales y garantías constitucionales, para ello se analiza dos casos en los cuales se evidencia que la consulta de constitucionalidad efectivamente genera vulneración de los derechos constitucionales.

El recurso de casación en materia penal

El tema central y alcance de la presente tesis de maestría está circunscrito al actual recurso de casación penal, contenido en los artículos 656 y 657 del Código Orgánico Integral Penal. La perspectiva teórico-metodológica utilizada ha sido de tipo documental y dogmática, recurriendo primariamente a textos legales, doctrina y jurisprudencia actualizada. El concepto principal que sigue esta tesis es que actualmente se ha disuelto la pretensión original del fin político de la casación, pues no se puede seguir pensando en términos de una teórica justicia absoluta abstracta, sino más bien en ir hacia una justicia razonable del caso concreto. Por tanto la idea que debe guiarnos es que la protección del sistema jurídico se ha ampliado a la efectiva protección de los derechos y garantías fundamentales, lo cual termina contorneando la casación penal de una manera muy diferente a la originalmente diseñada para su funcionamiento. En el capítulo primero se realiza un análisis histórico de la casación, con su "fin político o Ius constitutionis", esto es las funciones nomofiláctica y la uniformadora, y la creciente importancia del "fin procesal o Ius litigatoris" esto es la función dikelógica. Se analiza las características y principios de la casación penal. Y la llegada y desenvolvimiento de dicha institución procesal penal en nuestro país. En el capítulo segundo, se realiza un análisis de la correcta conceptualización de los conceptos de error in procedendo y error in iudicando, y dentro de éste último el error de derecho (in jure) y el error de hecho (in facto). Se resalta el tema del error de juicio in iudicando in factum, esto es la problemática del segundo inciso del Art. 656 del COIP, que bien puede ser la parte más importante de esta tesis. En el capítulo tercero se analiza la técnica de casación penal; y se hace un análisis de los titulares del recurso, de su admisión, de la audiencia pública de fundamentación; así como de la sentencia de casación.

Participación social y control previo constitucional en el procedimiento legislativo

El derecho a la participación social en el procedimiento legislativo es una expresión de la democracia participativa y deliberativa y contribuye al cumplimiento de la responsabilidad estatal de adecuar materialmente todo proyecto de ley a la Constitución y a los estándares de protección de los derechos humanos contemplados en los instrumentos internacionales. A partir de un diálogo interepistémico entre los conocimientos y las prácticas de la democracia de la comunidad indígena, con los conocimientos occidentales del derecho, de la teoría política y de la perspectiva decolonial, se evidencia el origen y evolución histórica de este derecho, así como los mecanismos para alcanzar su pleno ejercicio ante las limitaciones del contexto planteadas por el modelo económico capitalista y el patrón de poder colonial. Luego del abordaje de los alcances y limitaciones del marco constitucional, legal y reglamentario del derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se evalúa su aplicación en la génesis legislativa de la Ley de Minería, evidenciando las razones que de terminaron su impugnación por inconstitucionalidad y el rol de la Corte Constitucional al actuar sobre el tema. Ante la ausencia del respeto al derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se propone institucionalizar el mecanismo de control previo de constitucionalidad de proyectos de ley por parte de la justicia constitucional.

Direito penal do inimigo: no Brasil e no mundo

O objetivo deste trabalho é dissertar acerca da teoria do Direito Penal do Inimigo segundo a concepção de Gunther Jakobs, bem como sua origem, características e as bandeiras defendidas por este...

A psicopatia e seu tratamento jurídico-penal

A pesquisa realizada visa atentar não só a sociedade, mas principalmente os profissionais envoltos na realidade jurídica para a necessidade de uma sanção adequada aos psicopatas, com a devida urgência. Esta individualização propiciará uma reação adequada dos juristas aos atos cometidos por estes indivíduos que não são ressocializados pela penalização comum, tampouco podem ser considerados doentes mentais, vez que não há tratamento químico benéfico para este transtorno que possuem. Indivíduos que tem consciência e capacidade de determinação na prática de atos ilícitos, mas necessitam biologicamente destas práticaspara satisfazerem-se e assim cometem crimes variados, de acordo com o grau de periculosidade deste transtorno. Reincidentes, que sem o tratamento legislativo adequado oferecem perigo eminente à sociedade. Apresentando e esclarecendo como trabalha a mente, as ações e reações de um psicopata, e, principalmente seus resultados jurídicos. Discorrente sobre a razão de procurar um caminho para realizar justiça, ou especialmente prevenir possíveis condutas criminosas. O desafio enfrentado no decorrer deste é encontrar respostas positivas dentro do que nos limita a Lei Maior, para que em um futuro próximo exista definitiva solução, utilizando-se de fontes bibliográficas em Direito, Psicologia, Psicologia Jurídica, Criminologia, Medicina Legal, Psiquiatria Forense, e ainda, algumas considerações jurisprudenciais.

Provas ilícitas no processo penal

Prova é o meio pelo qual as partes buscam esclarecer os fatos apresentados ao Juiz em uma lide. A utilização da prova é vedada quando é produzida em contrariedade a normas do direito material ou processual, podendo ser ilícita ou ilegítima, respectivamente. Ilícitas são aquelas que violam normas de direito material e ilegítimas as que violam regras de direito processual. A respeito da admissibilidade das provas ilícitas, existem três correntes doutrinárias. A primeira as admite, desde que punido aquele que as produziu. A segunda, não as admite por tratar-se de infração à constituição. A terceira, busca a solução através do princípio da proporcionalidade, segundo o qual se deve sopesar o direito fundamental a ser protegido e os interesses da sociedade. Ainda que ilícita, pode a prova ser utilizada se for favorável ao réu, quando podem aplicar-se as excludentes de ilicitude do Código Penal. Se a sentença condenatória se baseou em provas ilícitas, após o trânsito em julgado o réu pode utilizar-se de revisão criminal ou do habeas corpus. São meios ilícitos de obtenção de provas: violação de domicílio, confissão obtida mediante tortura,violação da intimidade pela imprensa e interceptações clandestinas. O Juiz pode autorizar interceptações telefônicas sempre que houver indícios de autoria ou participação em infração penal, desde que não haja outro meio de se produzir a mesma prova e o fato for punível com reclusão. Em tese, todas as provas colhidas por meio de interceptação e escuta telefônicas realizadas antes da lei 9296/96, que regulou o assunto, seriam ilícitas por falta de fundamento.

Redução da maioridade penal

Maioridade Penal é um assunto que vem sendo bastante discutido por toda a sociedade. A conotação que vem sendo dada pela mídia é no sentido de que há necessidade da redução da maioridade penal, diante de tal questionamento, essa obra de monografia visa tentar elucidar algumas dúvidas que ao longo desses anos vem conturbando o cenário penal brasileiro. Notadamente temos correntes que defendem a redução da maioridade, com fortes campanhas mostrando o adolescente como o indivíduo violento e consciente, com capacidade de responder por seus atos. Por outro lado, temos outra corrente que defende que a maioridade não deve ser diminuída, pois a causa do aumento da violência não é a idade e sim a política social haja vista que o governo não trata o assunto com a importância necessária. Diante disso temos que analisar, REDUÇÃO É A SOLUÇÃO? O Estatuto da Criança e do Adolescente nasceu com a função de tentar enquadrar o menor infrator em contexto mais justo, temos que valorizar nossa legislação, pois ela está apta para contornar problemas dessa ordem. Enfim à pesquisa tenta sanar tais perguntas. Nossa pesquisa mostra que antes de qualquer movimento temos que rever a forma de educar, acompanhamento social de famílias bem como a criação de empregos, estruturando assim a base de pirâmide, que com certeza é a família, alicerce verdadeiro, que da base para a criação de homens dignos de bom caráter e com vontade de crescimento social. Dessa forma teremos jovens compromissados, buscando sua colocação profissional não dando margem para marginalidade invadir sua vida.

Das provas Ilícitas no processo penal

Questão polêmica é a da admissibilidade das provas colhidas ilicitamente, especialmente no âmbito penal.De um lado a proteção das Liberdades Públicas, o direito à intimidade, da dignidade da pessoa humana.De outro o poder-dever do Estado de exercitar o jus puniendi em desfavor do criminoso, buscando manter a harmonia social.Também são contrastes o direito à prova, a verdade real do processo penal e os limites éticos impostos pela atual concepção de dignidade da pessoa humana.Nesse contexto de valores constantes merece destaque a teoria da proporcionalidade que visa sopesar os valores em jogo e proteger valores mais relevantes do que aqueles infringidos na colheita da prova e também constitucionalmente protegidos.Como forma de assegurar a aplicação da inadmissibilidade da prova ilícita tem-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, de origem estadunidense, visa inadmitir no processo penal as provas derivadas das provas obtidas ilicitamente.Adotou a estratégia de frisar as exceções no país de origem para demostrar que a mitigação é ponto crucial para aplicação dessa teoria.O trabalho se deslinda levando em conta a idéia de proteção das garantias e direitos individuais do cidadão sem desconsiderar que o Estado deve manter a harmonia social, e que a sociedade é tão merecedora de proteção quanto o indivíduo.