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Resumo:
El presente trabajo de investigación, tiene como propósito, conocer que aspectos analizan los Fiscales para sugerir una pena en el Procedimiento Abreviado, y conocer si esta es acogida por los jueces o no. Es necesario advertir que en el anterior Código de Procedimiento Penal, no existían parámetros legales para que los Fiscales tomemos en cuenta al momento de sugerir una pena, ocasionando dificultad, al momento de determinar ésta, además de la existencia de varias opiniones en relación a la pena que se le podía poner al procesado. Hoy en día en el Código Orgánico de la Función Judicial, constan reglas, que hacen viable la sugerencia de una pena, en el Procedimiento Abreviado, sin embargo continúan los problemas en la aplicación. La presente tesis parte del estudio doctrinario de la dosificación de la pena, para desarrollar el procedimiento abreviado, específicamente en la pena que sugiere el Fiscal, acudiendo al derecho procesal penal comparado, para desembocar en los principios que rigen a estos sistemas, y concluir con un capítulo en el que a través de encuestas a los operadores de justicia, en este caso los Fiscales, se va a revelar que acciones ejecutan a fin de determinar una pena que va a ser sugerida a los Jueces, para que sea impuesta al procesado.
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Las acciones u omisiones de los servidores públicos, en el ejercicio de sus actividades dispuestas en la Constitución y la Ley, producen consecuencias jurídicas tanto en la función jurisdiccional, como en el desarrollo administrativo del Estado. Uno de esos ejemplos, se presenta cuando el dependiente de la Administración Pública incurre en el delito de peculado, este ilícito debe ser perseguido y provoca el surgimiento de responsabilidad penal, pero además genera responsabilidad administrativa, que accesoriamente, por una disposición constante en la Ley Orgánica del Servicio Público, que dispone la existencia de la primera, antes de resolver la segunda, generan la figura jurídica de la prejudicialidad. Nuestro estudio entonces, en el primer capítulo, se enfoca a determinar la definición de la prejudicialidad, problema jurídico del cual se derivan otras aristas, como la teoría de división de funciones y la cosa juzgada. Asimismo, veremos si mediante el recurso extraordinario de casación se la ha tratado en el Ecuador, si existen sentencias respecto al tema, para finalmente complementar con el análisis teórico jurídico que nos evidencia las corrientes existentes y la clasificación de la misma. En el segundo capítulo, ya más concretamente, veremos cómo afecta la prejudicialidad al sumario administrativo en el delito de peculado y las garantías del debido proceso perjudicadas por el mismo procedimiento, estableciendo a través de la jurisprudencia y de la legislación comparada, temas propios del derecho administrativo sancionador. Finalmente, al generarse responsabilidades penal y administrativa en el delito de peculado, producto de la prejudicialidad enunciada, consideramos necesario el distinguir al menos someramente que son cada una de ellas y sus diferencias.
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La calidad de la educación es un tema de interés en las sociedades actuales, porque de ella depende la calidad de vida que se espera para los seres humanos. Desde 1945, luego de haber vivido dos Guerras Mundiales, los países concluyeron que: la paz mundial era extremadamente frágil; cada guerra cobraba más vidas humanas, destruía poblados y sus expresiones de arte y cultura, quebrantaba las economías y atentaban contra el bien común y la naturaleza humana; por lo que acordaron que el camino más certero para lograr la paz es la educación integral de sus ciudadanos. Estas vivencias devastadoras promovieron la generación de organismos internacionales que apunten al mismo objetivo, y busquen soluciones para encarar el bien común. Se crearon las oficinas de la ONU, UNESCO y OEI; y los mandatarios y delegados de los países participantes de estas oficinas, acordaran los objetivos, planes y programas que contribuyan a lograr una educación de calidad. Como parte de las acciones en pro de la educación de calidad, los países incluyeron en sus Cartas Magnas y en las respectivas Leyes de Educación, que la educación debe de ser de calidad para todos y todas los ciudadanos. Para la elaboración de esta tesis se seleccionaron tres países Chile, Colombia y Ecuador, dado que los modelos de organización para el cuidado de la calidad educativa, y el trabajo que realiza la supervisión (conocida en los países como Inspectoría o de Asesores y Auditores Educativos) son similares. El tema de estudio es concreto, ya que se aborda lo que hacen los tres países por el cuidado de la calidad de la educación, desde la perspectiva de sus ministerios de educación y aún más concreto, desde la supervisión. La mayor fuente bibliográfica son documentos oficiales e informes de los resultados de logros educativos.
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Establecer un plan de carrera sólido es un paso importante para realizar muchos cambios en la vida profesional. No importa cuál sea la posición actual, es muy probable que se desee hacer algunos cambios y avanzar en la carrera, o explorar una completamente nueva. El diseño de cada objetivo, así como el modo específico para que esto ocurra, hará que sea mucho más probable en los años posteriores, y que posterior a ello se encuentre exactamente donde anhela llegar. Un plan de carrera profesional también demuestra a los empresarios actuales y potenciales que la persona es seria sobre su futuro y está motivada para llevar a cabo las cosas con sus propias manos. Lo importante es evaluar la situación actual laboral. La planificación de carrera se basa en precisar la situación futura a la que podrá llegar un empleado si completa adecuadamente un proceso descrito por la empresa. Para confeccionar esta ruta de forma eficiente, se necesita asentarla sobre acciones de formación y control que afiancen los avances que se produzcan. Es necesario desarrollar las competencias necesarias para que la personas pueda ir creciendo y sobre todo explotar su potencial. Un plan de carrera obliga a mirar hacia el futuro y por tanto debe llevar a reflexionar sobre las necesidades formativas que tendrán los directivos de la empresa en el futuro y las necesidades de personal y sobre todo poder mantener a su personal disminuyendo la rotación laboral.
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La presente tesis investigativa: “Diseño de un Modelo de Gestión del Capital Intangible en Empresas del Sector Turístico. Caso: Quindetour” se encuentra compuesta de tres capítulos: 1.- El capital intangible, 2.- El modelo de negocio y su relación con el capital intangible y 3.- Diseño del modelo de gestión del capital intangible. El primer capítulo contiene el marco teórico, donde se realiza una descripción y análisis de los principales conceptos sobre el capital intangible en las empresas, sus diferentes dimensiones y métodos de evaluación. En el segundo capítulo se presenta un estudio sobre el modelo de gestión y la estrategia del negocio y su relación con el capital intangible. Por último, en el tercer capítulo se detalla el diseño del modelo de gestión del capital intangible para la empresa Quindetour. El método de investigación es de tipo exploratorio y descriptivo; se identifica y analiza el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. Se determinan las acciones que debe implementar la empresa Quindetour en su modelo actual de gestión del capital intangible. Quindetour Cía. Ltda., se constituyó en el año 2011 como una empresa operadora turística del “Quito Tour Bus”. Su operación se realiza mediante el sistema “Hop On – Hop Off” lo que le permite al pasajero subir y bajar en 12 paradas establecidas a lo largo de la ciudad de Quito y recibir información sobre los atractivos turísticos del lugar.
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La reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 407 de 31 de diciembre de 2014, introdujo al Sistema Público para el Pago de Accidentes de Tránsito como una cobertura de protección por el riesgo que la circulación de automotores representa para las potenciales víctimas de accidentes de tránsito; garantía asumida por el Estado ecuatoriano y financiada por los propietarios de los vehículos que se trasladan por el territorio ecuatoriano. Los perjuicios que no fueran cubiertos por este amparo, seguirán constituyendo responsabilidad civil del causante, cuando éste sea determinado por autoridad competente y no sustituye la responsabilidad civil originada por el accidente. Este sistema sustituyó al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) implementado a inicios del 2008. Sobre la base del estudio de los regímenes de protección de víctimas de accidentes de tránsito en Bolivia, Colombia, Chile, Perú y de la propia experiencia ecuatoriana, se persigue determinar los principales lineamientos que deberían considerase para la elaboración del reglamento que regirá el funcionamiento del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, de manera que cumpla con su objetivo básico de satisfacer a los afectados por un accidente. La investigación se inscribe en el campo del derecho comparado, utilizando como métodos de investigación jurídica al exegético y sistemático; y, como técnica, la documental. Las sugerencias para la normativa que rija al Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito en cuanto a coberturas, exclusiones, acciones de repetición, Fondo de Accidentes de Tránsito, entre otros, permitirán el resarcimiento oportuno de los daños causados a las víctimas o sus beneficiarios en caso de muerte; además se incluyen recomendaciones relativas al tratamiento del seguro de responsabilidad civil ecuatoriano como producto del desarrollo de esa institución.
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En el sector de empresas de seguros y reaseguros no existe un adecuado ordenamiento y uniformidad de las prácticas y controles tributarios internos y externos, dado que la naturaleza del negocio de servicios de riesgos generales es distinta a la comercial y otros servicios. Lo que ha llevado a estas empresas a realizar medidas de protección que les permitan enmarcarse a lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, así como las distintas reformas que se han presentado. Es por este motivo que el presente estudio de análisis y control financiero tributario, permite estandarizar todos los cruces prioritarios de las cuentas que se presentan en los Estados de Situación Financiera y de Resultados. Siendo el capítulo I la introducción a las empresas de seguros, para que nos permita entender la magnitud del sector que se está analizando y su impacto en la sociedad y el Estado. Continuando al capítulo II profundizaremos el estudio y análisis técnico de los principales cruces y reportes a realizarse dentro de las cuentas y movimientos reportados en los Estados de Situación y Financieros, regulados por la autoridad competente de control. El capítulo III muestra la aplicación práctica de lo mencionado en el capítulo II, con el único objetivo de evidenciar las muestras recolectadas y su comprobación de saldos declarados, pagados y registrados dentro de la contabilidad de la empresa. El objetivo final de esta investigación es analizar la situación de riesgo tributario en la empresa, para determinar a tiempo las acciones y medidas de prevención.rol tributario y contable en una compañía de seguros
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La investigación identifica las limitaciones que imponen la baja productividad, la corrupción y la estructura organizacional en la construcción de una política pública de capacitación para los trabajadores, define y desarrolla la forma en la que se deben considerar estas características locales y las metodologías para abordarlas, para contribuir con la obtención de los resultados y aportar a la comprensión de la complejidad del proceso de construcción de una política pública. El estudio se centra en las acciones de política pública de capacitación y formación profesional, como relevantes para el desarrollo y crecimiento de un país; y en el contexto de que en Ecuador la capacitación provista por el Estado, como proveedor, había perdido relevancia frente a los nuevos requerimientos y contextos, y de manera general su institucionalidad se encontraba, en un proceso de reformas parciales que no alcanzaban para el cumplimiento de los objetivos nacionales. Se realiza un análisis diacrónico de las acciones de política pública de capacitación y formación profesional, y sus instituciones en Ecuador en el periodo 1978-2011, para un total cuatro fases, 1978-1987; 1988-1997; 1998- 2007; y, 2008- 2011. En este periodo se destacan cambios en los modelos económicos, presencia relevante de actores sociales y del multipartidismo político, por lo que este contexto tuvo influencia significativa en la construcción de políticas públicas y la institucionalidad; la historia se convierte en una herramienta central de investigación. El Neoinstitucionalismo histórico como la perspectiva de análisis, se enfoca en la incidencia que las instituciones tienen en los resultados y acciones públicas y observando la forma en que se despliegan a lo largo del tiempo los procesos políticos y su incidencia en las instituciones, verificando momentos críticos, de secuencias distintivas. Para comparar las acciones se utilizó el modelo de ciclo (Jones 1970) ajustado por Roth Deubel (2006), esto es en cuatro etapas. Se determinó la incidencia y afectación de las características identificadas, en las distintas fases y etapas del ciclo de política pública y las implicaciones teóricas. La amplitud del periodo analizado fue limitante al relacionar las variables en las distintas fases debido a la multiplicidad de datos y disponibilidad de índices.
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Este trabajo analiza la concepción de las políticas públicas en torno a sectores históricamente marginados bajo la óptica de las acciones afirmativas. Se muestra la relación entre los pueblos y nacionalidades y el Estado, enfatizando el caso ecuatoriano y la implementación del Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica cuya propuesta plantea superar la exclusión y la discriminación de la cual han sido víctimas ciertos grupos poblacionales en el Ecuador. De esta manera, “el objetivo fundamental de este trabajo es realizar un balance de la aplicación de las políticas de acción afirmativa contenidas en el Plan Plurinacional para eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica en la provincia de Bolívar, utilizando diferentes fuentes de consulta que van desde documentos de análisis sobre la situación del racismo y la discriminación racial a documentos oficiales y uso de entrevistas”.
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El objetivo central de la tesis es volver contemporánea la experiencia del cimarronaje preveniente de la época de la esclavitud, esbozando un pensamiento de la existencia o cimarrón. Se han construido dos narrativas políticas del cimarronaje de: Esmeraldas- Ecuador y Cartagena-Colombia, donde se resaltan las acciones y los agenciamientos políticos más importantes de los cimarrones, sobre todo en sus procesos de negociación de la libertad. Luego se hace una fenomenología del cimarronaje desde la perspectiva de la filosofía existencialista sobre todo de Fanon, Sartre y los filósofos afrocaribeños, Lewis Gordon, Piaget Henry, Anthony Bogues y Nelson Maldonado. Aquí se describe la trayectoria del cimarronaje en la construcción de su humanidad arrebatada por la esclavitud colonial. También se trabaja el concepto de colonialidad del Ser, existencialismo, libertad, grito/llanto existencial, memorial-experiencia ancestral. Y finalmente se trabaja en la reflexión de lo que sería un pensamiento cimarrón o de la existencia, basada en las experiencias del cimarronaje. Los cuestionamientos y alcances de este pensamiento cimarrón. Y que desembocaría en un pensamiento político encaminado a la de(s)colonialidad. Se trabajan conceptos como colonialidad del saber, ancestralidad, epistemologías otras, diáspora.
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La elaboración del presente trabajo “El valor en riesgo condicional como herramienta en la gestión de riesgos del portafolio de renta fija de un fondo previsional ecuatoriano”, responde a la necesidad de entender como la aplicación de la metodología del valor en riesgo condicional en un portafolio de inversiones de un fondo previsional ecuatoriano, conformado por títulos de renta fija, contribuirá al control del riesgo de mercado. Se determinará la aplicabilidad práctica del uso del valor en riesgo condicional, en un portafolio de inversiones constituido por títulos de renta fija que se negocian en el mercado de valores, de un fondo previsional complementario ecuatoriano. Se analizará la evolución del índice de rendimiento de la Bolsa de Valores como medida del rendimiento del mercado de los títulos negociados en el mercado bursátil y se determinará un portafolio de inversiones de renta fija con títulos negociados en ese mercado. Por medio de la metodología paramétrica de varianzas y covarianzas se determinará el VaR y CVaR del portafolio y con la metodología no paramétrica de simulación histórica, se determinarán las ganancias y pérdidas diarias del portafolio y se estimará el VaR y CVaR de la distribución. Se proponen parámetros y políticas que permitan estimar el riesgo de mercado utilizando el CVaR como medida complementaria que cuantifica las pérdidas que se pueden encontrar en las colas de distribución. El CVaR se constituye en una medida que complementa al VaR ya que considera los valores que se encuentran en la cola de la distribución una vez superado el umbral del VaR. Finalmente, se recomienda utilizar el CVaR como medida para cuantificar las pérdidas que podría sufrir un portafolio de activos financieros, ya que incorpora en un solo valor la pérdida esperada y la pérdida media inesperada de un portafolio, constituyéndose en un mecanismo de alerta temprana para la toma de decisiones que disminuyan el impacto de la potencial pérdida del portafolio.
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Esta investigación busca determinar si los procedimientos administrativos y judiciales establecidos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor permiten que los consumidores puedan acceder a una tutela eficaz de sus derechos como consumidor en la adquisición de bienes o servicios. En un inicio, se identificarán nociones fundamentales de lo que es el derecho del consumidor; su avance histórico a nivel mundial centrándose posteriormente en América Latina, para finalmente explicar su formación y desarrollo en el Ecuador; a continuación se explicarán cúales son los derechos que los justiciables tienen como consumidores, así como cúales son los procesos a los que en las vías administrativas o judiciales tienen la posibilidad de acceder. Se realizará un trabajo de campo e investigativo, que consiste en obtener información en los órganos administrativos (Defensoría del Pueblo) y judicial (Comisarías e Intendencia de Policía Nacional de Quito, Juzgados de Contravenciones y Juzgados de Garantías Penales de Quito) desde el 2005 hasta la fecha, a fin de elaborar una base de datos que permita identificar cuántos procesos de defensa de consumidor se han realizado y se han resuelto en los ámbitos administrativos y judiciales. La investigación realizada determinará si se han establecido sanciones por incumplimiento a los derechos del consumidor por la adquisición de bienes o servicios, en los ámbitos administrativos y judiciales. Finalmente, tendremos como resultado de esta investigación, un aporte de información para los organismos encargados de tutelar los derechos del consumidor, para tomar acciones que permitan a los justiciables acceder a mecanismos adecuados y expeditos que los amparen, cuando por la adquisición de un bien o servicio sus derechos hayan sido vulnerados.
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El presente trabajo de investigación pretende demostrar que el razonamiento práctico justificativo es el método adecuado para la fundamentación de la sustanciación y resolución de las acciones ordinarias de protección bajo la premisa que al coincidir sus fundamentos y finalidades al ser desarrollados en conjunto puede garantizar niveles óptimos de eficacia de dicha garantía jurisdiccional. Al efecto: en primer lugar desarrollaré los conceptos e ideas trasversales más importantes del razonamiento práctico justificativo propuesto por el filósofo argentino Carlos Santiago Nino(casos en que debe aplicarse, precondiciones de los sujetos deliberantes, estructura del razonamiento, relaciones epistémicas de los conceptos “razonamiento práctico” y “contextos”, relaciones epistémicas entre los conceptos “razonamiento práctico justificativo” y “acción ordinaria de protección”, finalidades del razonamiento práctico justificativo y procedimiento de aplicación del razonamiento práctico justificativo a los textos jurídicos. En segundo lugar me ocuparé de algunas importantes críticas propuestas en contra de los razonamientos prácticos incluyendo el razonamiento práctico justificativo (Ulises Schmill, Rolando Tamayo y Óscar Correas). Y, en tercer lugar, desarrollaré un análisis cuali – cuantitativo de varias muestras de investigación constituidas por procesos constitucionales de acciones ordinarias de protección con el propósito de verificar la validez de la premisa inicial consistente en la relación ideal entre razonamiento práctico justificativo y acción ordinaria de protección.
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En Bolivia, la promulgación de la Constitución del año 2009 marca un hito importante respecto a la modificación de la estructura estatal del país a partir de la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Parte del trabajo de esta Magna Asamblea, fue la reestructuración del sistema de garantías constitucionales y la consolidación del sistema de control de constitucionalidad concentrado (instaurado por primera vez en la Constitución de 1994), preponderando por el cumplimiento efectivo de los derechos individuales y colectivos, a fin de garantizar la primacía y supremacía constitucional. La modificación de los recursos constitucionales por las acciones de defensa, permitió el replanteamiento de la acción de inconstitucionalidad como un sistema inclusivo de participación ciudadana dentro del control de constitucionalidad de las normas a partir del control abstracto de constitucionalidad. Sin embargo, el procedimiento constitucional restringe esta participación ciudadana, limitando la legitimación activa dentro del control de constitucionalidad concreto y la existencia de un caso en particular. Por lo que, a partir del análisis teórico y el desarrollo conceptual, buscaré determinar: el alcance y la finalidad de la acción de inconstitucionalidad, a fin de establecer la importancia de la participación de la ciudadanía dentro del control de constitucionalidad de las normas, como una facultad constituyente derivada de la titularidad de la soberanía. Y a partir del estudio comparativo de la realidad jurídica de los países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Perú), como referentes de participación ciudadana dentro de sus estructuras de control, sustentaré cuáles son los principios normativos que facultan a las personas el poder recurrir de forma directa al órgano encargado de control de constitucionalidad y cuál la importancia de esta participación ciudadana.
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El presente trabajo trata sobre la apertura del mercado de la contratación pública prevista en el Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) y las incidencias que generará en el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) y en las herramientas informáticas del Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE). Habiendo transcurrido más de un año desde que en julio de 2014 la Comisión Negociadora del Ecuador suscribió el acuerdo preliminar, no se han generado acciones tendentes a informar y capacitar a los operadores del sistema (entidades contratantes, proveedores, organismos de control, organismo rector, veedurías) ni se han tomado medidas destinadas a la adecuación de las herramientas electrónicas con las que opera el portal institucional del SERCOP. El país desconoce el alcance del ACM en materia de contratación pública, qué sectores productivos podrían verse afectados con el libre comercio, qué modificaciones se realizarían a las condiciones de participación, si se mantendrá igual o con ciertas limitaciones el sistema de preferencias que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevén para la producción nacional en especial aquella que proviene de micro, pequeñas y medianas empresas y de los actores de la economía popular y solidaria. Acercarnos a esta temática a través de la revisión y análisis jurídicos del mencionado acuerdo internacional, limitándolo a la materia de contratación pública, comparándolo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano a fin de encontrar, por una parte, los retos y oportunidades; y, por otra, realizar con los datos que nos proporciona el SOCE el cálculo aproximado del porcentaje de apertura del mercado de contratación pública al libre comercio, a fin de encontrar mecanismos que contribuyan a sustentar la política de compras públicas destinada al desarrollo de la economía nacional; temas éstos que son el lietmotiv de esta aportación.