739 resultados para Política nacional de medicinas


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Transcripción del discurso que pronunció el Ministro de Educación Nacional, D. Joaquín Ruiz-Giménez, en la conmemoración del décimo aniversario del Colegio Mayor 'César Carlos', del Sindicato Español Universitario, celebrada en el mes de diciembre en Madrid, en el que abordó los temas relativos a la formación religiosa, la política y el profesional del universitario español.

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El llamado por el régimen franquista 'Movimiento Nacional' (creado por el Decreto de Unificación de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) no fue ajeno al papel que la educación en general y la educación superior en particular podían jugar en la afirmación del mismo. La educación se utilizó como una via de mentalización e ideologización. Uno de los cauces más eficaces para esa labor mentalizadora lo constituyen las herramientas educativas (instituciones y libros escolares principalmente). La base ideológica del régimen tuvo como pilares fundamentales su concepción sobre la patria, la religión y la familia. Se trató de una política educativa con una trayectoria fiel a las finalidades marcadas desde un principio, acomodando las herramientas a las exigencias de los nuevos tiempos. Para responder a aquellas finalidades, crea y va perfeccionando a lo largo de los años de vigencia del Régimen, todo un aparato de órganos de acción cuyo destinatario era la juventud española, principalmente estudiosa, tanto masculina -prioritariamente- como femenina.

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El presente trabajo es una investigación sobre la intervención de la iglesia peruana en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos en el Perú, elaborado durante el 2005. En torno a este hecho, el trabajo desarrolla un estudio, a partir del análisis del discurso, sobre el papel de la iglesia dentro del campo de los derechos humanos en el Perú desde la segunda década del siglo XX hasta la actualidad, mediante una perspectiva teórica psicoanalítica y post estructuralista. Esta lectura de la dinámica de los derechos humanos en el Perú en relación con la iglesia católica organiza el siguiente trabajo en cuatro capítulos. El primero reflexiona sobre la genealogía de la geopolítica vaticana en torno al tema de derechos de derechos humanos partir del siglo XIX hasta Juan Pablo II, la cual produce una definición de trascendencia que busca constituir un modelo de vida humana, implementado en cada ámbito de la vida social: la política, el desarrollo, la sexualidad, entre otros. El segundo indaga sobre la evolución del pensamiento social de la iglesia en el Perú, la cual permite dividir esta parte en tres acápites. Analiza principalmente el periodo 1980-2005, señalando las características del discurso eclesiástico y su influencia en el desarrollo del campo de los derechos humanos en torno a tres temas: violencia armada, derechos económicos, sociales y culturales, y derechos sexuales y reproductivos. El tercero capítulo aborda la influencia de la iglesia peruana en el proceso del Plan Nacional de Derechos Humanos, identificando el papel de los actores y sus demandas, y además, las metas y las estrategias, mostrando las nuevas dinámicas que este hecho ha mostrado dentro del campo de los derechos humanos. El último capítulo inserta la actuación de la iglesia peruana dentro de la dinámica que La Santa Sede gestiona en el ámbito internacional en materia de derechos humanos.

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El presente estudio ejecuta un análisis de la “Nueva Agenda de Seguridad Interna y Externa” propuesta por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, proposición que pretende dar un cambio sobre la visión de la política de defensa y el espacio de la seguridad. En este análisis también se examina el cambio de la normativa legal, ya que el mismo se articula desde el enfoque de nuevos principios y nuevos controles desde la ciudadanía. De esta forma, el estudio lo que pretende dar a conocer es: Cuáles son los nuevos mecanismos o dispositivos de Control Civil sobre las Fuerzas Armadas; entendiéndose este Control Civil desde las instituciones del Estado. Dentro del rigor metodológico del estudio, éste se plantea como un trabajo bajo el método comparativo desde las teorías de la seguridad y las teorías institucionales examinando tres lineamientos: “concepto de seguridad, la institucionalidad planteada y; la identificación de actores que participaron en la construcción de la política de defensa.” De esta forma, este estudio considera que los indicadores comparables se dan en la construcción del Libro Blanco y de la NASIE. En tal sentido, quien lea este estudio puede seguir sin conflicto la lógica de la argumentación. En su contenido, la investigación presenta dos capítulos, que se enuncian a continuación: Capítulo I: “LA POLÍTICA DE DEFENSA: DEL LIBRO BLANCO A LA NUEVA AGENDA DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA”, en el cual se examina los lineamientos antes mencionados, evidenciando dos paradigmas: la visión estatocéntrico y la visión antropocéntrica de la seguridad, sus cambios y sus continuidades. En el Capítulo II: “COMPARACIÓN DE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD EN LA DEFENSA”, aquí se observa la relación de las FF.AA con el Presidente y con el Parlamento, desde las dos propuestas. Junto a ello se examina el cambio en la Ley de Seguridad Nacional de 1979, a la Ley de Seguridad Pública y del Estado emitida en el año 2009. Finalmente, se expone las conclusiones del trabajo.

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La vinculación entre los derechos humanos y la tributación ha evidenciando una nueva perspectiva respecto de este principio constitucional. De modo que, hoy en día, la igualdad fiscal no puede ser apreciada materialmente desde la sola perspectiva de la generalidad, sino que supone un juicio integrado visto desde la interdependencia de los principios de generalidad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad. La capacidad contributiva es el eje sobre el cual se construyen tratos tributarios diferenciados legítimos, que garantizan un tratamiento igual para los iguales y uno desigual para los desiguales, en mérito a su desigualdad – precisamente – en su capacidad para contribuir. De esto trata el primer capítulo del presente trabajo de investigación; y, en uno de los títulos del segundo capítulo se propone, en definitiva, como consecuencia de lo dicho, como un principio tributario propiamente, el de no discriminación fiscal como la manifestación de la igualdad jurídica en esta materia. Ahora bien, la apreciación que antecede está relacionada directamente con el fin esencial de los tributos: recaudar dinero suficiente para el sostenimiento del gasto público; sin embargo, existen también tributos en los que prevalecen los fines extra-fiscales, es decir, aquellos ligados a la promoción o a la inhibición de determinados actos o hechos económicos, en cuyo caso, los principios que matizan la igualdad jurídica en el régimen tributario no son ya los mismos, pues, bajo la perspectiva de la política tributaria, son legítimos los tratos tributarios diferenciados fundados en una razón suficiente, sin que ésta trate ya de la capacidad contributiva. En el segundo capítulo se hace una reseña de este particular y se propone que en dichas condiciones, deben considerase nuevos límites materiales que garanticen la igualdad jurídica en los tributos finalistas (no recaudatorios). A dicho efecto realizó un breve análisis de los posibles supuestos de desigualdad que promueven ciertas normas dictadas recientemente: (1) la potestad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en Ecuador para reducir el valor de los tributos impuestos por ley por motivo del cumplimiento de ciertos fines de orden económico, (2) los incentivos tributarios de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, y (3) la exclusión del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano a quienes se dedican a la actividad del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario. En tal virtud, finalmente, propongo como límites materiales que garantizan la igualdad en las figuras tributarias utilizadas como herramientas de política fiscal los principios de razonabilidad, el de equidad en la redistribución de la riqueza y el de neutralidad o de incidencia económica menor.

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Supported by newspaper, collected letters and other documents, this article explores the relationships between politics and religion, taking into account the proposal of “politicized religion” contextually bound to the times of Gabriel García Moreno in Ecuador. It seeks to deepen understanding concerning the use of spirituality, representations and religious institutions for purposes of strengthening the State and its legitimacy of power. At the same time, it goes beyond the limits of this plane in order to advance the construction of a model of a Catholic nation based on an opposition to impiety.

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El presente trabajo tiene como objetivo el conocimiento a través de un estudio comparado de la política de desarrollo y valoración de los recursos humanos que han sido definidas desde la década de los treinta ( 30), en los gobiemos de Brasil y Colombia, determinando acciones que vienen siendo adoptadas en la actualidad, en su público-alvo, los funcionarios públicos civiles a nivel federal y nacional respectivamente, en la administración directa. Las organizaciones en general, particulares y gubemamentales, tienen la responsabilidad en fomentar el desarrollo de los recursos humanos. Existirá siempre la necesidad de esfuerzos creativos para que la profesionalización en todos los niveles, alcance las metas necesarias para su sólida afirmación, contribuyendo de ésta manera a acelerar el proceso de desarrollo, fundamental en la globalización que en la actualidad enfrentan todos éstos países. Para lograr éste objetivo, hemos hecho una descripción de las experiencias de reformas que éstos dos países vienen atravezando, con el objetivo de modernizar la administración pública, utilizando como instrumento para el respectivo análisis, una metodología cualitativa de identificación y cuestionamiento de las informaciones.

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Analisa o impacto da senhoriagem e da esterilização sobre o resultado do Banco Central e, por conseqüência, do Tesouro Nacional. Aborda também, o impacto geral da taxa de juros sobre o estoque da dívida mobiliária federal fora do Banco Central e caracteriza o Plano Real e a política monetária adotada no período.

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Ao longo da década de 1990, as decisões sobre endividamento público no Brasil passaram por processo de institucionalização, no qual se destacou a atuação do Senado Federal. A Câmara Alta tem a prerrogativa constitucional de fixar os limites de endividamento das três esferas de governo, bem como tem a competência de analisar e autorizar os pedidos de cada ente federativo. O fato de essas prerrogativas estarem sujeitas a uma intensa disputa política, evidenciada nas “pressões irrecusáveis” exercidas pelos governadores e mesmo prefeitos, motivou os senadores a delegarem a análise técnica das autorizações de endividamento para o Executivo Federal, como forma de se protegerem das pressões políticas e ampliarem o comprometimento com o ajuste fiscal. Dessa forma, as autorizações só são examinadas no Senado depois de passarem pelo crivo da Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda, que faz avaliações prévias das possibilidades de endividamento seguindo normas bastante rígidas. À primeira vista, a delegação da análise técnica para a burocracia parece ter configurado o afastamento dos políticos do controle do endividamento. No entanto, um olhar mais aprofundado permite identificar a presença da ação política nesse processo. Nesse sentido, com base nas proposições weberianas acerca da relação entre políticos e burocratas, e na conseqüente necessidade de controle político sobre a burocracia, o presente trabalho procurou examinar a problemática fiscal no presidencialismo brasileiro a partir do ângulo específico das relações entre o Senado e a burocracia governamental ligada ao controle do endividamento público. A metodologia qualitativa, através de um estudo de caso exploratório, mostrou-se mais adequada, pois mesmo perdendo em generalização, permitiu ganhar em profundidade, possibilitando observar como os vínculos de tensão entre políticos e burocratas se configuram concretamente e se desdobram para situações ora de conflito, ora de acomodação. Foram analisados os casos de dois pedidos de autorização de crédito por parte dos governos estaduais que foram autorizados pelo Senado Federal, com uma diferença significativa entre eles: o pleito de Minas Gerais – utilizado como exemplo de um caso “típico” – foi aprovado pela STN, enquanto o pedido do Rio Grande do Sul – utilizado como exemplo de um caso fora dos padrões institucionalizados – não passou pelo crivo da avaliação técnica daquela secretaria, não devendo, portanto, pelas normas estabelecidas, ser encaminhado ao Senado. Da análise dos casos foi possível lançar luz, ainda que na forma de hipóteses, sobre novos aspectos que devem ser considerados em futuros estudos sobre as relações entre política e burocracia no federalismo fiscal brasileiro. Primeiramente, a dimensão política demonstrou ainda desempenhar um papel importante nas autorizações de endividamento estadual. No entanto, a ação política foi mais acentuada em momentos nos quais a tensão entre políticos e burocratas se exacerbou, como por exemplo, quando a decisão técnica contrariou a vontade política. Ademais, a participação do Poder Judiciário mostrou-se importante para a solução do conflito entre políticos e burocratas, sugerindo que a inclusão desse Poder nos futuros estudos pode enriquecer o debate teórico no Brasil. E, por fim, foi possível detectar uma sinalização de que a flexibilização das regras fiscais já seria desejável no novo contexto fiscal brasileiro.

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Este trabalho analisa as iniciativas brasileiras de integração energética com a Venezuela (petróleo), Bolívia (gás natural), Argentina e Paraguai (hidrelétricas). O período considerado corresponde a quinze anos (1988-2002). Embora a gênese dos Acordos, que permitiram esses processos de integração, seja anterior a esse período específico, interessa-nos compreender o que representa a integração energética nos marcos atuais da política externa brasileira para a América do Sul. A hipótese de trabalho, que orientou a pesquisa realizada, deriva da Teoria Realista da Economia Política Internacional, na versão proposta por Robert Gilpin (2001). Basicamente, esta hipótese estrutura-se na afirmação de que os países tomam decisões (sobre o nível de integração econômica com seus vizinhos) tendo em conta as considerações de poder político, tanto ou mais do que motivados pela busca de vantagens comparativas resultantes da especialização. O teste da presente hipótese foi realizado em duas etapas sucessivas: em primeiro lugar, foram analisadas a matriz energética brasileira e a racionalidade econômica dos Acordos de integração energética do ponto de vista das necessidades do desenvolvimento econômico brasileiro; em seguida foram analisados os processos de negociação dos Acordos propriamente ditos, contrastado-os e comparando-os com o discurso diplomático brasileiro sobre a nova liderança na América do Sul. A recuperação histórica da lógica subjacente de cada processo integrador permitiu verificar até que ponto os objetivos políticos de consolidação da liderança brasileira foram favorecidos, sendo possível concluir que esses três processos em questão foram úteis para o projeto de liderança do Brasil no âmbito sul-americano, tanto do ponto de vista econômico, quanto do político.