1000 resultados para PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Resumo:
En el presente estudio se han analizado las posibilidades de reducción del impacto ambiental que genera el consumo de energía en el Monasterio budista Sakya Tashi Ling del Parque del Garraf, mediante la mejora de la eficiencia energética de los edificios y la producción de la energía consumida a partir de fuentes de energía renovables. Se ha realizado un inventario exhaustivo de los flujos energéticos de entrada del Monasterio: electricidad y combustibles fósiles, y el análisis de estos datos ha permitido observar que la mayor parte del consumo energético del Monasterio tiene como uso final la iluminación. El consumo total de energía se ha cuantificado en 138 kWh/m2/año y la emisiones de CO2 en 177 kg CO2/m2/año. A partir de estos datos se ha estudiado la posibilidad de reducir el consumo y abastecer la demanda energética del Monasterio a través de fuentes de energía renovable como las placas solares fotovoltaicas o las calderas de biomasa. Para alcanzar este objetivo se han propuesto tres escenarios posibles con costes económicos y resultados muy distintos. A diferencia de los escenarios “Edificio Energía Plus” y “Edificio Energía 0”, el tercer escenario propuesto, que trataba de alcanzar el triple objetivo del Plan 20/20/20 (producir a partir de fuentes renovables el 20% de la energía consumida, aumentar en una 20% la eficiencia energética y reducir en un 20% las emisiones de CO2 derivadas del uso de la energía) ha resultado ser muy viable económicamente: la inversión necesaria se amortizaría en tan sólo 5 años.
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The paradox of autonomy is about whether self-rule accommodates or exacerbates armed conflict. This study attempts to unpack the puzzle examining the effectiveness of territorial autonomy as a state response to self-determination conflicts throughout the world. It challenges the conflict-inducing features of autonomy arguing that territorial autonomy can mitigate armed conflict by channeling group grievances into peaceful forms of protest. Thus, this study aims at arriving at a comprehensive theory that identifies which factors are responsible for violent escalation of conflicts grounded in self-determination demands. By using the concepts of opportunity structures and willingness dimension, this study shows that conflict escalation only takes place when minorities with greater bargaining power vis-à-vis the center, in contexts of high levels of economic inequality within dyad, are mobilized around autonomy and separatist demands.
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La paradoxa de l’autonomia tracta sobre si l’autogovern atenua o exacerba el conflicte armat. Aquest estudi prova de desmuntar aquest trencaclosques examinant l’efectivitat de l’autonomia territorial com a resposta estatal als conflictes d’autodeterminació de tot el món. També posa en dubte que l’autonomia sigui un factor instigador del conflicte argumentant que l’autonomia territorial pot mitigar el conflicte armat canalitzant els greuges grupals cap a formes de protesta pacífiques. D’aquesta manera, l’estudi vol arribar a una teoria integral que identifiqui els factors responsables de l’escalada de violència en els conflictes sorgits de reivindicacions d’autodeterminació. Fent servir els conceptes d’”estructures d’oportunitat” i “dimensió de voluntat”, aquest estudi mostra que l’escalada dels conflictes només es produeix quan es mobilitzen minories amb un alt poder negociador respecte del centre, en contexts de grans nivells de desigualtat econòmica al si de la díada, al voltant de reivindicacions d’autonomia i separatistes.
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Aquest Treball Final de Carrera pretén desenvolupar un Pla de Viabilitat, que garanteixi una millora en la rendibilitat de PARQUETS S.A., una empresa amb més de 40 anys d’existència en el sector de la instal-lació de paviments per al terra. A partir de la realització inicial d’un estudi del mercat, s’ha elaborat un complet anàlisi sobre els punts principals que componen qualsevol Pla de Negoci: el Pla de Marketing, el Pla d’Operacions, el Pla d’Organització i el Pla Econòmic-Financer. A més, amb la realització d’aquest estudi, hem pogut verificar que al mercat hi ha importants economies d’escala que cal aprofitar, i que intervindrien amb èxit amb l’expansió geogràfica, organitzativa i operativa de l’empresa.
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En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.
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Les inundacions són actualment les catàstrofes naturals més recurrents i les que generen un major nombre de danys i víctimes arreu del món. L'ocupació de les zones inundables a les lleres del riu és la causa principal d’aquests desastres naturals. En aquest article es descriu la realització de models hidrològics com a mecanisme per la predicció d’inundacions i la gestió del territori. S’han estudiat les conques de la Riera de Santa Coloma (Catalunya) i del riu San Francisco (Guatemala) mitjançant els programes HEC-HMS i HEC-RAS, dels quals s’avalua la seva capacitat com eina per a la gestió del territori. S’ha analitzat l’efecte de la urbanització en el risc d’inundació en el cas de la Riera de Santa Coloma en base a la previsió del Plà d’Ordenament Urbanístic Municipal. S’han determinat les zones inundables resultants de episodis de precipitació extrems al Riu San Francisco per als episodis de les tempestes Stan(2005) i Agatha(2010).
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IPH was commissioned by Western Investing for Health to conduct a HIA of the West Tyrone Area Plan 2019. Stage 1 of the HIA was submitted to the Department of the Environment, Planning Office in 2008 and part of this work involved developing a community profile. HIA seeks to inform the decision making process in favour of health by gathering evidence to identify the potential positive and negative health impacts of a proposal. A series of recommendations are then produced to maximize the positive health impacts and mitigate the potential negative health impacts of an identified proposal. West Tyrone Community A community profile provides an overview of the population structures and particular services in an identified area. This community profile provides an overview of West Tyrone and has been developed as part of a Health Impact Assessment which is currently being conducted on the West Tyrone Area Plan. This resource provides access to up-to-date information which community and voluntary groups in the West Tyrone area will find useful to support their work. Contact: Seamus Mullen, Public Health Agency Tel: +44 (0) 2871860086 Email: seamus.mullen@hscni.org
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The Institute of Public Health in Ireland (IPH) aims to improve health on the island of Ireland by working to combat health inequalities and influence public policies in favour of health. IPH promotes cooperation between Northern Ireland and the Republic of Ireland in public health research, training and policy advice. Its key focus is on efforts to improve health equity. The work of IPH (www.publichealth.ie) includes health impact assessment, building and sharing evidence for public health development, developing Ireland and Northern Ireland’s population health observatory (INISPHO www.inispho.org ), and providing public health policy advice in areas such as health inequalities, obesity, fuel poverty and food poverty. Health is influenced by a wide range of social determinants, including economic, environmental, social and biological factors. IPH has a key interest and significant experience in raising awareness and developing work to influence these wider social and environmental determinants in ways which improve health. Sustainable development and public health are inextricably linked, in ways which are described in section 3. Sustainable development is essentially at the heart of healthy communities and individuals as well as a healthy environment and sustainable economic development - all factors at the heart of public health.
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IPH welcomes the Regulator’s Social Action Plan as one of a range of policy measures needed to tackle escalating fuel poverty in Northern Ireland. The Social Action Plan relates to how energy suppliers and networks respond to the needs of vulnerable customers. The submission discusses the definition of vulnerable customers used by energy suppliers and calls for special consideration of householders with multiple vulnerabilities. IPH also calls for special attention to be paid to the development of appropriate social tarrifs and supports for debt management. Key messages • The Institute of Public Health in Ireland (IPH) views this social action plan as a welcome contribution to the range of policy measures needed to tackle escalating fuel poverty in Northern Ireland. • The activities and ethos of energy suppliers plays a significant role in alleviating fuel poverty and the threats posed to health when living in a cold, damp and energy inefficient home. • IPH shares the view of the World Health Organisation that more evidence is needed to demonstrate the real impact of corporate social responsibility in the provision of goods and services vital to health and well-being, such as fuel and water.
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The Institute of Public Health in Ireland is an all-island body which aims to improve health in Ireland, by working to combat health inequalities and influence public policies in favour of health. The Institute promotes co-operation in research, training, information and policy in order to contribute to policies which tackle inequalities in health. He Institute houses the all-Ireland population health observatory, INIsPHO. The Institute has enjoyed good working relations with HIQA and welcomes the opportunity to submit its views for inclusion in HIQA’s forthcoming Corporate Plan. Our response highlights the inter-relatedness of the four Functions of HIQA. The Institute believes that HIQA’s first Corporate Plan should aim to develop all four Functions in a co-ordinated manner that recognizes and takes advantage of their inter-dependence. For example; the Health Information Function should include a strong focus on, but not be limited to, information requirements to support the delivery of the other three Functions. As well as gathering relevant information in a complementary way, these other Functions can help define priorities for the Health Information Function. This approach will have implications for the organizational structures and processes within HIQA, and the way it conducts its business.
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The Northern Ireland Action Plan for Learning Disability Nursing