826 resultados para Military Police. Discipline. Hierarchy. Human Rights. Citizenship
Resumo:
Éste trabajo de grado investigará cómo han incidido los ‘falsos positivos’ en la deslegitimación de las Fuerzas Militares en Colombia en el marco de la política de seguridad democrática, y si las ejecuciones extrajudiciales han sido una práctica sistemática y articulada, o en cambio se constituye en casos aislados e individuales perpetuados por miembros de la institución castrense. Este proyecto plantea la necesidad de que nacional e internacionalmente se adelanté con rigor y objetividad un examen histórico y jurídico, libre de enfoques polarizados, de las acciones que la Fuerza Pública desarrolló en relación con su misión constitucional en el conflicto armado colombiano para determinar así la responsabilidad de la institución y del Estado colombiano
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Esta monografía se enfoca en el papel que ha tenido el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos en la construcción de las relaciones bilaterales entre Palestina e Israel, en uno de los periodos tal vez más fructíferos de la historia de las dos naciones, comprendido entre 1993 y 2004. Por medio del análisis de ciertos eventos históricos y manifestaciones del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos durante del periodo de estudio seleccionado, se busca explicar cómo éstos han repercutido en la relación de ambos pueblos. Este análisis hace uso del enfoque constructivista de Alexander Wendt como herramienta que permite una aproximación teórica que considera, que la construcción de relaciones entre los diferentes agentes del Sistema Internacional son las ideas y creencias compartidas y no únicamente las capacidades materiales.
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La categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia es un tema controversial: en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que juzgue los casos. Ahora bien, al no existir unidad de criterios en la categorización jurídica de los “falsos positivos”, se hace imprescindible la integración de conceptos en torno a entender dichos hechos ilícitos inequívocamente como tales, toda vez que esto permitiría generar seguridad jurídica al interior del derecho administrativo colombiano. Precisamente, en lo a referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. De igual manera, el concepto de reparación adoptado en los estamentos de Derecho Administrativo Colombiano, no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos” que encuadran en la categoría de desapariciones forzadas, lo que hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas, para buscar un mejoramiento de los estándares nacionales de reparación. Para dar un aporte teórico importante, esta investigación partirá del análisis sistemático de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después inspeccionará los elementos fácticos y la reparación de los “falsos positivos”, determinando el grado de aplicación que se ha dado del sistema interamericano en los fallos proferidos por el Consejo de Estado.
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La Justicia Penal Militar es el privilegio histórico más importante que ha sido concedido a las Fuerzas Militares colombianas debido a la función pública que desempeñan. De allí, que la presente investigación esté dirigida a comprender las causas que han conducido a que el Fuero Militar sea una figura cada vez más restringida no sólo en el mundo, sino en Colombia. Así mismo, el papel de las víctimas será transcendental en el trabajo para comprender un proceso de deslegitimación de la institución marcial traducido en la generación de un debate nacional en torno a la conveniencia de la ampliación de las competencias judiciales de su jurisdicción especial. Finalmente, se planteará una posible alternativa a partir de la conceptualización sobre la Justicia elaborada por John Rawls en el siglo XX, con miras solventar este fenómeno político, jurídico y social.
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El texto analiza el impacto de la corrupción policial presentada por los medios de comunicación desde 1993 hasta el 2012 en la estructura interna de la Policía Nacional de Colombia. En el primer capítulo se plantea un estado del arte del concepto de corrupción policial, asimismo, se incluyen las teorías bajo las cuales se ha entendido el fenómeno a nivel mundial buscando generar soluciones plausibles a un flagelo en el que se ven inmiscuidos una gran cantidad de cuerpos policiales en el mundo. En el segundo apartado, se evalúa de manera cuantitativa cómo los casos de corrupción han modificado la estructura de la Policía Nacional, pero a su vez, cómo éstas modificaciones han sido evanescentes. En el tercer capítulo, se escudriña el impacto y los cambios estructurales desde la perspectiva de los miembros del cuerpo policial, recurriendo a la recolección de datos de manera cualitativa por medio de entrevistas y encuestas. En el cuarto momento se analiza la incidencia de los directores de la policía en la lucha contra la corrupción policial y como se establece una relación entre los subalternos y los mandos medios al momento de realizar este tipo de actividades. Finalmente se plasman las conclusiones a las que se llegó posterior a la realización del trabajo investigativo.
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Este documento presenta los resultados del componente cuantitativo de la evaluación del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). Para identificar el efecto, la estrategia empírica explota la variación en la implementación del componente pedagógico del PESCC entre los colegios y la variación en el componente de fortalecimiento institucional del programa a nivel departamental. El principal hallazgo de este trabajo es que el PESCC mejora las prácticas docentes de planeación y los conocimientos de los estudiantes en servicios en salud sexual y reproductiva y en derechos humanos sexuales y reproductivos. No hay efectos significativos en otros índices de Conocimientos, Actitudes o Prácticas (CAP) de profesores o estudiantes.
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The object of analysis in the present text is the issue of operational control and data retention in Poland. The analysis of this issue follows from a critical stance taken by NGOs and state institutions on the scope of operational control wielded by the Polish police and special services – it concerns, in particular, the employment of “itemized phone bills and the so-called phone tapping.” Besides the quantitative analysis of operational control and the scope of data retention, the text features the conclusions of the Human Rights Defender referred to the Constitutional Tribunal in 2011. It must be noted that the main problems concerned with the employment of operational control and data retention are caused by: (1) a lack of specification of technical means which can be used by individual services; (2) a lack of specification of what kind of information and evidence is in question; (3) an open catalogue of information and evidence which can be clandestinely acquired in an operational mode. Furthermore, with regard to the access granted to teleinformation data by the Telecommunications Act, attention should be drawn to a wide array of data submitted to particular services. Also, the text draws on the so-called open interviews conducted mainly with former police officers with a view to pointing to some non-formal reasons for “phone tapping” in Poland. This comes in the form of a summary.
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El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente jurídica principal concede a todo fallo efectos vinculantes de alcance general y abstracto. Este cambio de esquema ha trastocado los cánones de tradición romano-germánica. La ubicación de la jurisprudencia dentro del sistema de fuentes dependerá, por la forma, de la jerarquía orgánica del juez o tribunal del que emanare. En cuanto al fondo, existen dos aristas. La primera, en cuanto a la materia, en aplicación del principio del paralelismo de las formas jurídicas: si existiese reserva constitucional o legal sobre una materia determinada, la jurisprudencia estará creando subreglas de idéntica naturaleza y jerarquía. Finalmente, desde la perspectiva axiológica, en atención al principio de interpretación pro homine y de progresividad de los derechos fundamentales, la jurisprudencia que prevalecería es aquella que presente un estándar mayormente garantista, sin importar la jerarquía orgánica del juez o tribunal emisor.
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Este artículo analiza la supremacía de la Constitución, en el escenario boliviano, frente al resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. Se estudia de manera particular a los tratados internacionales –en particular aquellos que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos– en relación al debate sobre su jerarquía en el ordenamiento jurídico boliviano y, en particular, frente a la Constitución. Finalmente, se precisa la jerarquía que le corresponde a las normas propias de los pueblos indígenas, originarios y campesinos en el ordenamiento jurídico boliviano.
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The point of departure for these reflections is life, since its protection is the central purpose encouraging the defense of human rights and of public health. Life in the Andes has an exceptional diversity. Particularly in Ecuador, my country, this diversity constitutes a characteristic sign that is expressed in two main forms: natural megadiversity and multiculturalism. Indeed, Ecuador’s small territory synthesizes practically all types of lifezones that exist on Earth, having received the gift of high average rates of solar energy and abundant nutritional sources, which have facilitated the natural reproduction of countless species that show their beautiful vitality in the variety of ecosystems that compose the Andean mountain range, the tropical plains, the Amazon humid forests, and the Galapagos Islands. But besides being a highly biodiverse country, it is also a plurinational and multi-cultural society, in which the activity of human beings, organized into social conglomerates of different historical and cultural backgrounds, have formed more than a dozen nations and peoples. Regrettably this natural and human wealth has not been able to bear its best fruits due to the violent operation of a deep social inequity – unfortunately also one of the highest in the Americas—which conspires against life and is reproduced in national and international inequitable relations. This structural inequity has changed its form throughout the centuries and currently has reached its highest and most perverse level of development.
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El tema de los Derechos humanos se ubica en el corazón de la teoría moderna del derecho internacional. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, esta rama de la ciencia jurídica ha conocido múltiples desarrollos, buscando primordialmente la protección de esos derechos, conceptualizados en generaciones. Este proceso se ha caracterizado por la creación de mecanismos –de alcance regional y universal– cuyo papel es reparar el daño causado a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, y, en ciertos casos, castigar a sus verdugos. El presente artículo analiza estas varias facetas de una disciplina en constante evolución, a través de ejemplos concretos que permitirán efectuar una ponderación de la eficacia del sistema internacional de salvaguardia de los Derechos humanos.
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This paper reflects on the challenges facing the effective implementation of the new EU fundamental rights architecture that emerged from the Lisbon Treaty. Particular attention is paid to the role of the Court of Justice of the European Union (CJEU) and its ability to function as a ‘fundamental rights tribunal’. The paper first analyses the praxis of the European Court of Human Rights in Strasbourg and its long-standing experience in overseeing the practical implementation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Against this analysis, it then examines the readiness of the CJEU to live up to its consolidated and strengthened mandate on fundamental rights as one of the prime guarantors of the effective implementation of the EU Charter of Fundamental Rights. We specifically review the role of ‘third-party interventions’ by non-governmental organisations, international and regional human rights actors as well as ‘interim relief measures’ when ensuring effective judicial protection of vulnerable individuals in cases of alleged violations of fundamental human rights. To flesh out our arguments, we rely on examples within the scope of the relatively new and complex domain of EU legislation, the Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ), and its immigration, external border and asylum policies. In view of the fundamental rights-sensitive nature of these domains, which often encounter shifts of accountability and responsibility in their practical application, and the Lisbon Treaty’s expansion of the jurisdiction of the CJEU to interpret and review EU AFSJ legislation, this area can be seen as an excellent test case for the analyses at hand. The final section puts forth a set of policy suggestions that can assist the CJEU in the process of adjusting itself to the new fundamental rights context in a post-Lisbon Treaty setting.
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The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), the EU body responsible for advising EU institutions on fundamental rights, is equipped with a Fundamental Rights Platform (FRP) to ensure an on-going and structured exchange of information and feedback between the FRA and Civil Society. When the FRA was founded in 2007, there was little pre-existing knowledge on how to design such a Platform; hence, the development of the relationship between the FRA and Civil Society over the first five years proved an interesting experiment. Although the Platform was never intended as a mechanism of democratic co-decision making, it is far more than a loose marketplace where Civil Society actors across the spectrum of fundamental rights themes gather. The Platform offers channels of consultation and exchange not only among the participants but also with the FRA. It allows for cross-pollination, ensuring informed grassroots input into FRA work and FRA expertise flow to Civil Society actors. This synergetic relationship builds upon both the self-organising forces of Civil Society and the terms of references of the FRP as defined by the FRA. The Platform allows to find a certain unity in the remarkable diversity of fundamental rights voices. To what degree, however, the Platform’s dynamics allow the transformation of sometimes ‘compartmentalised’ single human rights discussions into wider trans-sectoral and transnational debates within the Human Rights Community depends on the motivation and the interest(s) of the different Civil Society players.
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Education and ethnicity cannot be discussed without taking language into account. This paper will argue that any discussion of ethnic minorities cannot ignore the question of language, nor can any discussion of human rights ignore the question of language rights. Unfortunately, in today's globalised world, governments and minorities are faced with conflicting pressures: on the one hand, for the development and use of education in a global/international language; on the other for the use and development of mother tongue, local or indigenous languages in education. Language complexity and ethnic plurality were largely brought about as a result of the creation of nation-states, which were spread around the world as a result of European colonialism. European languages and formal education systems were used as a means of political and economic control. The legacy that was left by the colonial powers has complicated ethnic relations and has frequently led to conflict. While there is now greater recognition of the importance of language both for economic and educational development, as well as for human rights, the forces of globalisation are leading towards uniformity in the languages used, in culture and even in education. They are working against the development of language rights for smaller groups. We are witnessing a sharp decline in the number of languages spoken. Only those languages which are numerically, economically and politically strong are likely to survive. As a result many linguistic and ethnic groups are in danger of being further marginalised. This paper will illustrate this thesis both historically and from several contemporary societies, showing how certain policies have exacerbated ethnic conflict while others are seeking to promote harmony and reconciliation. Why this should be so will be explored. (c) 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.