941 resultados para GOBIERNOS SECCIONALES
Resumo:
Resumen basado en el de la publicaci??n
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La primera justificación que se puede hacer para este trabajo es la necesidad que tienen los gobiernos europeos de fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente a destacar el empeño del gobierno inglés por incluir el aprendizaje de éstas en los primeros niveles de la Educación Primaria o el interés de la Junta de Andalucía en el desarrollo del Plan de Plurilingüismo. En este sentido podemos destacar las iniciativas propuestas por la Unión Europea (Plan de acción 2004-2006 para el aprendizaje de lenguas y la diversidad lingüística, 2003, el Plan Bolonia, la Estrategia de Lisboa de 2000, etc.) y que han dado la importancia que requería el comienzo temprano del aprendizaje de otras lenguas distintas de la materna. Un énfasis cada vez mayor en el papel de las lenguas, una dimensión global del aprendizaje, la aparición del AICLE (CLIL) como un nuevo enfoque en la enseñanza de las lenguas han de ir, como no podría ser de otra manera, de la mano de las nuevas tecnologías
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La participación pública constituye un pilar fundamental de nuestra sociedad y se integra dentro de las fases de elaboración de planes de ordenación del territorio y en la planificación hidrológica. Las Administraciones Públicas tienen el reto de aprovechar las nuevas posibilidades de comunicación para mejorar su gestión y hacer efectivo el derecho de la ciudadanía al acceso a la información y la toma de decisiones, por ejemplo, en materia de medio ambiente como recoge la Ley 27/2006 entre otras normativas. Para que esta participación sea satisfactoria, se requiere de la implantación de mecanismos de creación colaborativa y transmisión de conocimiento relativo al territorio. Es aquí donde las dinámicas de las comunidades de software libre (FLOSS) y contenidos abiertos han demostrado ser tremendamente efectivas y parecen de gran interés para los gobiernos como complemento a los servicios de las IDE. La Xunta de Galicia es consciente del gran potencial de la ciudadanía para aportar datos que mejoren los planes y actuaciones sobre el territorio. Por ello, dentro de los planes de creación del SIG Corporativo de Galicia se contemplan componentes geomáticos libres que mejoren los procesos de participación. En este artículo se presentará la plataforma con soporte espacial del “Proxecto Ríos” creada en 2011 desde la Xunta que facilita la coordinación de más de 200 grupos de voluntarios que recogen datos de los ríos gallegos de forma colaborativa. Esta herramienta hace uso de proyectos como OpenLayers, GeoExt y PostGIS. Siguiendo las líneas de acción FLOSS definidas por la Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia se tiene previsto liberar estos desarrollos para su uso en el resto de la Red de Proyectos Ríos de la península y contribuir a la forja de software libre del gobierno gallego
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¿Para qué y para quién son las patentes farmacéuticas? Son algunas de las interrogantes que este libro responde tomando en cuenta el fortalecimiento de las patentes farmacéuticas en la OMC y sus impactos sobre el acceso a medicamentos para el VIH/ SIDA. Las patentes farmacéuticas se hallan en medio de importantes transformaciones políticas en el marco de la globalización neoliberal y, por su carácter excluyente, están condicionando tanto la investigación y desarrollando nuevos fármacos, como la libre circulación de medicamentos genéricos. A pesar de que existen ciertas facilidades para que los países del Sur puedan definir políticas nacionales que prioricen la salud pública por sobre los intereses comerciales. Operativizar estas disposiciones no es un asunto fácil: varios determinantes políticos, económicos y tecnológicos inciden sobre los limitados márgenes que los gobiernos del Sur tienen para emitir una licencia obligatoria. A pesar de lo anterior; en el mundo de las patentes, las licencias obligatorias son un mecanismo que debe y puede ser utilizado en favor de la salud pública. El libro analiza la primera solicitud de licencia obligatoria sobre un medicamento para el VIH/SIDA en el Ecuador, y termina con una serie de reflexiones sobre la necesidad de expandir las oportunidades para el acceso a medicamentos para el VIH/SIDA.
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El propósito central es demostrar si en Guatemala existen políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de los migrantes, en situación "regular" o "documentada", así como el tratamiento que reciben los migrantes en calidad "irregular" o "indocumentados, tomando en cuenta que el país reúne las tres categorías: origen, tránsito y destino. Para lograr este propósito se ha tenido a la vista tres objetivos principales que se resumen en: a) Conocer las políticas y acciones de las instituciones de gobierno así como de las Organizaciones no Gubernamentales conocidas comúnmente como ONG, dedicadas a la protección de los derechos de los migrantes, b) Hacer un examen de la situación de los derechos humanos de los migrantes y la normatividad internacional y nacional, c) Examinar los resultados de las acciones de gestión gubernamental en el área bilateral y multilateral, con el fin de asegurar un respeto a los derechos de los migrantes guatemaltecos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y México. Por los razonamientos anteriores, la tesis se concentra en analizar la situación de los migrantes "documentados" e "indocumentados en Guatemala y su paso por México así como su situación Estados Unidos, estableciendo una relación directa entre los instrumentos nacionales e internacionales, también entre las acciones de los gobiernos frente a los constantes abusos, malos tratos, violaciones sexuales, humillaciones, torturas, persecución, detención, secuestros e incluso asesinatos, entre otros hechos, que merecen especial atención. En Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo hay una creciente ola de migrantes, pero a la vez los Estados han establecido mecanismos cada vez más represivos, llegando al extremo de la criminalización, un prejuicio peligroso contra un migrante "ilegal" o "indocumentado" al tratarlo como "criminal" o "terrorista". Para Guatemala, el tema de los migrantes en otros países es de fundamental importancia por el aporte económico que brindan a través de sus remesas, por ello, se presenta una sección de conclusiones y recomendaciones al gobierno de Guatemala con el fin de reforzar, incluso de reformular políticas que alivien los sufrimientos de los migrantes que transitan por el país y a la vez que logre plantear planes y programas objetivos hacia México y Estados Unidos en su relación bilateral. También se quiere aportar con el medio profesional, académico y estudiantil.
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La autorización de comercialización de un medicamento requiere como uno de sus requisitos la presentación de información referente a los estudios de seguridad y eficiencia de sus principios activos, información que es considerada como un secreto industrial o empresarial dependiendo de la legislación, figura que se comenzó a proteger debido a sus implicaciones económicas relacionadas a un mejor aprovechamiento de la patente desarrollándose de manera diferente en las normativas, que a su vez le ofrecieron distintas formas de protección y utilización. En el contexto internacional, los datos de prueba de medicamentos son legislados por primera vez en 1965 dentro de las directivas emitidas por la Comunidad Europea, en la que se otorgaba un derecho subjetivo al titular por un determinado periodo de tiempo. En el contexto multilateral de marco de la OMC, se introduce el tema de la protección a la información no divulgada en 1994, con la creación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en los cuales se reconoce una protección indirecta, que se basa en el derecho de la competencia, situación que además genera una reacción por parte de los países en desarrollo, debido a que el establecimiento de una protección a este tipo de información por medio de la propiedad intelectual no solo significaría el aumento en el costo de medicamentos sino también incidirá en el problema de falta de inversión en la investigación y desarrollo de medicinas que respondiesen a sus necesidades, situación que propició una declaración en la que se compromete a los países desarrollados a paliar estas diferencias. De la misma manera que en el ADPIC, en el ámbito de la Comunidad Andina se reconocía una protección indirecta a esta información no divulgada, situación que se modificó finalmente en vista de la firma de Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos de dos de sus países miembros, que alteraron sus normativas internas en base a los requerimientos de su socio, situación que propició una serie de acciones impulsadas por particulares que concluyeron colocando en posiciones contradictorias no solo a los órganos comunitarios sino también a los particulares de los países y sus gobiernos.
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Parte del análisis conceptual de medio ambiente, con el propósito de velar por su tutela por parte de los municipios que como gobiernos locales en el Ecuador, en uso de su poder tributario pueden expedir ordenanzas orientadas al establecimiento de tasas e incentivos de carácter ambiental, para cuyo efecto, se analizan las disposiciones de la Constitución Política, de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Ley de Gestión Ambiental y la Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social. A continuación, se analiza que son las tasas ambientales y sus fines extrafiscales, y se realiza un estudio de algunos tipos de ordenanzas ambientales, expedidas por los municipios, que fijan tasas, a fin de establecer si cumplen con los principios que informan el régimen tributario, de acuerdo con la normatividad vigente y el criterio de la doctrina especializada. Finalmente, se determina que son los incentivos fiscales de tipo ambiental, y se cumple una revisión de algunos de aquellos fijados por los gobiernos municipales en el Ecuador, mediante ordenanzas.
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Gran parte de las crisis de la economía mundial que se genera en el sector privado de las finanzas, comercio y producción están siendo solventada por los gobiernos de la región. El derecho a la libre determinación, los derechos laborales, la protección a la familial, la salud, la educación y la cultura se ven afectados por este detrimento de los recursos ciudadanos.
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Cuando se habla o se escribe sobre los Derechos Humanos en el Perú, casi siempre el imaginario colectivo se traslada a las imágenes de torturas, asesinatos y desapariciones de pobladores y dirigentes sindicales y populares que se dieron en los diferentes gobiernos de turno; y que se recrudeciera en la década de los 90 en el nefasto régimen del Gobierno corrupto de Alberto Fujimori. Sin embargo, en el Perú como en toda América Latina, no solo los derechos civiles y políticos son vulnerados. Sino que impuestos como políticas de Estado y siguiendo las imposiciones de las transnacionales se truncan las aspiraciones de los pueblos a una vida digna, a un trabajo decente, a una remuneración justa y el acceso a los servicios públicos esenciales. Es decir, se vulneran también los derechos económicos, sociales y culturales.
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El mismo gobierno que no pudo privatizar las empresas de electricidad de Arequipa en el 2002, por la enérgica resistencia de la población, y que registra los niveles de aprobación ciudadana más bajos de la historia, viene preparando ahora la privatización del agua potable. Alentado por instituciones internacionales como el Banco Mundial y el BID, que son quienes ponen los fondos para realizar interminables estudios que invariablemente demuestran la necesidad de hacer inversiones formidables que, por supuesto los Estados no pueden desarrollar, y de brindar el dinero para preparar la empresas para sus futuros propietarios privados. Nadie parece estar consciente del inmenso capital social que implican los sistemas de agua y saneamiento existentes; la cantidad de conexiones con que cuentan las ciudades grandes que se convierten en potenciales mercados cautivos de los inversionistas privados y en fuente segura de financiamiento de sus gastos; la capacidad técnica del país; y el valor de la fuentes de extracción del recurso. Como si todo esto fuera nada, los gobiernos, congresos y municipios, se proponen hacer concesiones a cargo de promesas de inversión y modernización.
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La descentralización se está llevando a cabo con rapidez en muchos países de América Latina y el Caribe. La responsabilidad del suministro de servicios y del gasto público se está delegando cada vez más en los gobiernos locales, pues es evidente que los gobiernos descentralizados son más eficientes para responder a las demandas por la provisión de servicios, más flexibles para adaptarse a los cambios en las circunstancias locales y más responsables frente a la población local que los gobiernos centralizados. En efecto, los gobiernos locales son mejores que los centrales en reconocer las necesidades y preferencias de sus residentes, lo que puede traducirse en proporcionar un mayor nivel de bienes públicos en cada jurisdicción, puesto que para sus habitantes es más fácil responsabilizar a los funcionarios locales que a los funcionarios del nivel central. Por lo tanto, las consideraciones de eficiencia a largo plazo indican que el reciente impulso descentralizador en la región es un acontecimiento muy favorable.
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Como en otros países de América Latina en el Perú el sistema de justicia padece diversos y complejos problemas estructurales que impiden el cumplimiento del rol central que la sociedad le da en el marco de un estado democrático. Algunos de estos problemas son: el sometimiento político a gobiernos y partidos políticos con el fin de mantener debilitado al sistema de justicia y poder controlar a jueces y fiscales; la anacrónica formación jurídica universitaria, apegada al estudio de códigos donde prima “la letra” de la ley en detrimento del “espíritu” de la misma. A esto hay que agregar un sistema diseñado sin tomar en cuenta el carácter multicultural de nuestro país, lo que lleva a que grandes sectores sociales, históricamente excluidos, sean discriminados por la justicia en razón de su idioma, raza, cultura; pero pocas veces se ha dicho que el sistema de justicia excluye también, en razón del sexo y el género, a las mujeres.
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Objetivos de la tesis: Establecer la génesis del concepto del servicio y acceso universal de telecomunicaciones, sus causas y efectos en el desenvolvimiento de la sociedad. Para establecer el origen se estudiaron como fuentes de información los diversos conceptos en obras que desarrollan ésta temática, entre las cuales tenemos: El libro de telecomunicaciones del Dr. De La Cuétera, Dr. José María Chillón, Dr. Edgar González y toda la literatura detallada en la bibliografía. Una vez que se estableció la vigencia y la importancia del cumplimiento de estrategias y políticas de servicio y acceso universal en todos los países del orbe, se procedió a estudiar las experiencias regulatorias en la aplicación del SU/AU a través de una matriz comparativa en los países del continente americano y como resultado del análisis se estableció lo siguiente: A)La unanimidad en el apoyo al desarrollo de políticas de acceso y servicio universal como un factor determinante en el desarrollo social, económico y cultural de los países estudiados. B) La mayoría de países han establecido como mecanismo de financiamiento de acceso y servicio universal un fondo de desarrollo que se capitaliza a través de los propios operadores y en algunos casos con recursos de los gobiernos. C) Se analizaron los éxitos y fracasos en las inversiones de los fondos recaudados y sus resultados. |Para estructurar las estrategias regulatorias en el Ecuador, se recurrió a estudiar la situación de la aplicación del Servicio Universal en el Ecuador y tomar las mejores experiencias internacionales, considerando además la situación extraordinaria que se está viviendo en nuestro país al haber aprobado una nueva constitución en la que se refuerzan los conceptos de un Estado fuerte, que asume para si, la prestación de servicios estratégicos.
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La investigación se realizó en el marco de un proyecto en ejecución denominado “Ciudadanía Plena: ejerciendo mis derechos”, partiendo de un proceso de sistematización y de encuestas a nivel de hogar, se identificaron los intereses, valores, motivaciones, oportunidades, espacios y formas de participación, que pueden contribuir a los procesos locales de desarrollo en la Parroquia San Andrés. Se aborda desde el plano local, debido a que en Ecuador, los municipios y juntas parroquiales están avanzando hacia constituirse en gobiernos locales, superando un rol de simples dotadores de servicios básicos. Si bien, en la planificación estratégica del Cantón Guano y de la Parroquia San Andrés, no existen elementos que demuestren la participación de los jóvenes en la elaboración del Plan de Desarrollo, si es evidente la voluntad política que considera a los jóvenes como sujetos de cambio, por su energía productiva, su capacidad creativa y facilidad de asumir riesgos. Así también, el interés de varios sectores bajo una visión común de desarrollo, en establecer acuerdos a favor de los jóvenes. Las organizaciones juveniles han permitido el reconocimiento social de que los valores como: la honestidad, honradez, respeto, responsabilidad y solidaridad son los más importantes en la vida de los jóvenes. Su predisposición para trabajar y responsabilizarse por grupos vulnerables es evidente. En resumen, la coordinación interinstitucional efectiva y el potenciar los espacios de diálogo establecidos entre los distintos actores se constituirán en ejes fundamentales en la construcción de un modelo de desarrollo sustentable y equilibrado en el Cantón Guano y sus parroquias con un enfoque de desarrollo humano integral.
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Desde los años setenta, los gobiernos centrales de América Latina, en su proceso de hacer frente a las crisis fiscales, implementaron las más grandes reformas tributarias, enfocadas principalmente, en reformas legales. Con sistemas tributarios más sólidos, desde los años noventa la preocupación se enmarcó en las estructuras organizacionales que estas administraciones deberían tener. En el caso ecuatoriano, a finales de los años noventa se implantó una importante reforma del sistema tributario, tanto en el ámbito normativo, como en la administración de los tributos internos; pues a partir del año 1999 se crea, por Ley, una administración tributaria autónoma, en reemplazo de la Dirección General de Rentas (unidad orgánica del Ministerio de Finanzas), iniciando así un proceso total de cambio en la política tributaria. En la actualidad, la estructura organizacional de la administración ecuatoriana es rígida y no ajusta a las tendencias de las administraciones más desarrolladas, sobre todo en lo referente a los procesos primarios de una administración, los procesos del control tributario. En este sentido, este trabajo recoge en primer lugar el marco teórico existente sobre las consideraciones que los responsables de una administración tributaria deberían tener en cuenta al momento de definir su estructura, posteriormente analiza las tendencias de las administraciones más desarrolladas respecto a las definiciones de sus unidades de control y por último plantea una estructura adecuada, ajustada a las mejores prácticas internacionales y a las circunstancias especiales del Ecuador, para una redefinición de las unidades de control, tanto de la administración central como de las administraciones regionales. En la propuesta elaborada, se considera una Dirección Nacional que, mediante dos unidades principales, administre los procesos relacionados con los servicios y el control tributario, y que a diferencia de la situación actual, su estructura sea matricial en lugar de funcional.