Deterrence and Incapacitation: Towards a Unified Theory of Criminal Punishment

Economic models of crime have focused primarily on the goal of deterrence; the goal of incapacitation has received much less attention. This paper adapts the standard deterrence model to incorporate incapacitation. When prison only is used, incapacitation can result in a longer or a shorter optimal prison term compared to the deterrence-only model. It is longer if there is underdeterrence, and shorter if there is overdeterrence. In contrast, when a fine is available and it is not constrained by the offender's wealth, the optimal prison term is zero. Since the fine achieves first-best deterrence, only efficient crimes are committed and hence, there is no gain from incapacitation.

La política criminal del legislador [Argentina, 2000-2009]

Investigación sobre la actividad legislativa que se encuentra en el trasfondo de las reformas al Código Penal argentino. El período analizado comprende los años 2000-2009. A través de proyectos de ley y dictámenes de comisiones de las cámaras del Congreso de la Nación se analiza el proceso de creación de las leyes, y las representaciones de violencia e inseguridad que tienen los legisladores. Así, pueden desentrañarse diversas categorías de violencia, derechos, bienes tutelados y el rol de la política criminal en un Estado de derecho

La inserción social del indígena en las urbes y campañas del territorio bonaerense y su relación con la justicia criminal hispanocriolla durante el período independiente temprano (1810-1835)

La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.

La política criminal del legislador [Argentina, 2000-2009]

Investigación sobre la actividad legislativa que se encuentra en el trasfondo de las reformas al Código Penal argentino. El período analizado comprende los años 2000-2009. A través de proyectos de ley y dictámenes de comisiones de las cámaras del Congreso de la Nación se analiza el proceso de creación de las leyes, y las representaciones de violencia e inseguridad que tienen los legisladores. Así, pueden desentrañarse diversas categorías de violencia, derechos, bienes tutelados y el rol de la política criminal en un Estado de derecho

La inserción social del indígena en las urbes y campañas del territorio bonaerense y su relación con la justicia criminal hispanocriolla durante el período independiente temprano (1810-1835)

La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.

La política criminal del legislador [Argentina, 2000-2009]

Investigación sobre la actividad legislativa que se encuentra en el trasfondo de las reformas al Código Penal argentino. El período analizado comprende los años 2000-2009. A través de proyectos de ley y dictámenes de comisiones de las cámaras del Congreso de la Nación se analiza el proceso de creación de las leyes, y las representaciones de violencia e inseguridad que tienen los legisladores. Así, pueden desentrañarse diversas categorías de violencia, derechos, bienes tutelados y el rol de la política criminal en un Estado de derecho

La inserción social del indígena en las urbes y campañas del territorio bonaerense y su relación con la justicia criminal hispanocriolla durante el período independiente temprano (1810-1835)

La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.

Psychopathy, Moral Understanding and Criminal Responsibility

Peer reviewed

Immigration Law by Proxy: The Case of Colorado’s Human Smuggling Crime

Despite the federal government’s well known expansive reach in creating and enforcing immigration law, the states retain substantial authority to play an important role in migrants’ lives. Through their traditional powers to adopt criminal statutes and police their communities, states can indirectly — but intentionally — inject themselves into the incidents of ordinary life as a migrant. Colorado’s human smuggling statute, currently being challenged before the state supreme court, illustrates this type of state regulation of migration. This essay addresses the statute’s reach, its shaky constitutional footing, and places it in a broader context in which states criminalize immigration-related activity.

Causation and Harm in a Multicomponent World

On September 17, 2015, the Federal Circuit issued another decision in the epic Apple v. Samsung smartphone war. This was the fourth court decision in the ongoing saga to deal with injunctions. Apple IV explained the level of proof necessary to satisfy the "causal nexus" requirement. This requirement had emerged as a response to patent litigations involving products with thousands of features, the vast majority of which are unrelated to the asserted patent. To prove a causal nexus, patentees seeking an injunction have to do more than just show that the infringing product caused the patentee irreparable harm. The harm must be specifically attributable to the infringing feature. In Apple IV, the Federal Circuit noted that proving causation was "nearly impossible" in these multicomponent cases. So it decided to water down the causal nexus requirement saying that it was enough for Apple to show that the infringing features were "important"and customer sought these particular features. This lower standard is an ill-advised mistake that leaves multicomponent product manufacturers more susceptible to patent holdup. My critique takes two parts. First, I argue that a single infringing feature rarely, if ever, "causes" consumers to buy the infringer’s multicomponent products. The minor features at issue in Apple IV illustrate this point vividly. Thus, the new causal nexus standard does not accurately reflect how causation and harm operate in a multicomponent world. Second, I explain why the court was so willing to accept such little evidence of real injury. It improperly applied notions of traditional property law to patents. Specifically, the court viewed patent infringement as harmful regardless of any concrete consequences. This view may resonate for other forms of property where an owner's rights are paramount and a trespass is considered offensive in and of itself. But the same concepts do not apply to patent law where the Supreme Court has consistently said that private interests must take a back seat to the public good. Based on these principles, the courts should restore the "causal nexus" requirement and not presume causation.

Competition law proceedings before the European Commission and the right to a fair trial: no need for reform? Research Papers in Law, 5/2008

From the Introduction. This paper will thus show that, given the rapid "criminalisation" of competition law proceedings, sanctions should in principle be imposed at first instance I. Sanctions imposed by the Commission in competition proceedings are "criminal charges" within the meaning of Article 6 ECHR by an independent and impartial tribunal fulfilling all the conditions of Article 6 ECHR (part I). Or at the very least, these sanctions should be subject to full jurisdictional review by an independent and impartial tribunal in order to comply with Article 6 ECHR and to cure the defects of the administrative procedure (part II). It is doubtful however whether such a full jurisdictional review, as it is understood by the ECtHR, is available at Community-level in antitrust cases.

Disclosure of Leniency Materials: A Bridge between Public and Private Enforcement of Antitrust Law. Research Paper in Law 08/2013, December

The disclosure of leniency materials held by competition authorities has recently been under the spot. On the one hand, these documents could greatly help cartel victims to prove the damage and the causation link when filing damage actions against cartelists. On the other hand, future cartelists could be deterred from applying for leniency since damage actions could be brought as a result of the information submitted by themselves. Neither the current legislation nor the case law have attained yet to sufficiently clarify how to deal with this clash of interests. Our approach obviously attempts to strike a balance between both interests. But not only that. We see the current debate as a great opportunity to boost the private enforcement of antitrust law through the positive spillovers of leniency programmes. We hence propose to build a bridge between the public and the private enforcement by enabling a partial disclosure of the documents.

The End of the Transitional Period for Police and Criminal Justice Measures Adopted before the Lisbon Treaty: Who monitors trust in the European Criminal Justice area? CEPS Liberty and Security in Europe No. 74, December 2014

This study examines the legal and political implications of the forthcoming end of the transitional period for the measures in the fields of police and judicial cooperation in criminal matters, as set out in Protocol 36 to the EU Treaties. This Protocol limits some of the most far-reaching innovations introduced by the Treaty of Lisbon over EU cooperation on Justice and Home Affairs for a period of five years after the entry into force of the Treaty of Lisbon (until 1 December 2014), and provides the UK with special ‘opt out/opt-in’ possibilities. The study focuses on the meaning of the transitional period for the wider European Criminal Justice area. The most far-reaching change emerging from the end of this transition will be the expansion of the European Commission and Luxembourg Court of Justice scrutiny powers over Member States’ implementation of EU criminal justice law. The possibility offered by Protocol 36 for the UK to opt out and opt back in to pre-Lisbon Treaty instruments poses serious challenges to a common EU area of justice by further institutionalising ‘over-flexible’ participation in criminal justice instruments. The study argues that in light of Article 82 TFEU the rights of the defence are now inextricably linked to the coherency and effective operation of the principle of mutual recognition of criminal decisions, and calls the European Parliament to request the UK to opt in EU Directives on suspects procedural rights as condition for the UK to ‘opt back in’ measures like the European Arrest Warrant.