996 resultados para Reservas mineras
Resumo:
Ecuador está a las puertas de la minería a gran escala, después de seis años de una fase de exploración intensa. Sin haber empezado la etapa de explotación, se han creado varios conflictos socioambientales alrededor de los recursos naturales, entre la sociedad civil, el gobierno y las empresas transnacionales. En este ensayo examinaré dos casos de estudio en detalle. Son los proyectos más cercanos de la fase de exploración y los que han creado mayores conflictos socioambientales alrededor de ellos: 1) El caso de Quimsacocha, es un proyecto minero que busca explotar un yacimiento de oro a través de una mina a nivel subterráneo por parte de la empresa canadiense IAMGOLD, en el páramo, de la Provincia del Azuay. 2) El caso de “El Mirador”, una propuesta de explotación de un yacimiento de cobre, a cielo abierto, de la empresa canadiense “Corriente Resources”, en la Cordillera del Cóndor, en la frontera con el Perú. Este ensayo analiza ambos casos dentro del marco teórico de los conflictos socioambientales, y pregunta si los programas de responsabilidad social corporativos de las empresas mineras son suficientes para reducir los conflictos entre la sociedad civil y las empresas transnacionales por el control de recursos naturales, o si es necesaria una fuerte presencia del gobierno nacional.
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Los hidrocarburos, en especial el petróleo, han ganado una enorme importancia en el mundo en el último período. La discusión sobre el cenit del petróleo, los aumentos de los precios, las guerras y conflictos por el control de las reservas, los levantamientos populares y la integración energética, son algunas de las cuestiones que están en la base de los debates y acciones desarrolladas por los expertos en el tema, por los Estados, por las empresas y por los pueblos. No hay certidumbre sobre cual es la situación real de las reservas de los hidrocarburos pero está claro que son recursos no renovables y que las principales reservas conocidas en el mundo se encuentran en los países no desarrollados, lo que provoca que los países desarrollados se encuentren en condición de fragilidad, pues para mantener su desarrollo y su dominio del mundo, dependen de la importación de hidrocarburos de otros países. Es por eso que los países desarrollados han implementado varias estrategias para garantizar el suministro de los hidrocarburos y una de ellas ha sido estimular a sus empresas transnacionales a entrar en los países poseedores de reservas, para con eso garantizar su abastecimiento de hidrocarburos. Así estas empresas han logrado un dominio importante sobre el sector. Por otro lado, entre los países no desarrollados se desenvuelve la discusión sobre la necesidad de la integración energética, como palanca para el desarrollo y para mejorar el nivel de vida de sus poblaciones, que igualmente están teniendo una participación activa en la defensa de estos recursos naturales. Tomando los ejemplos de Bolivia y Ecuador, esta tesis analiza las propuestas de integración energética en las cuales se involucran los países andinos y se propone a discutir las contradicciones que existen entre los objetivos planteados por dicho proceso y la presencia de las transnacionales en el sector de hidrocarburos de estos países.
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Dada la crisis que venía experimentando la economla peruana durante los últimos años del gobierno del presidente Alan García, sobre todo la hiperinflación que distorsionó los precios claves de la economía. El gobierno que asume el mando (el 8 de agosto de 1990), implementó un severo programa económico de ajuste y dio inicio al proceso de reformas estructurales. El programa de estabilización implementado en agosto 1990 tuvo como objetivo fundamental la drástica reducción de la inflación. Las medidas específicas para ello fueron el realineamiento de los precios relativos, la eliminación del déficit fiscal, el control de la base monetaria, la recomposición de las reservas internacionales, la apertura externa y la liberalización de los mercados. Las medidas del proceso anterior llevaron a una fuerte contracción en la demanda agregada, lo que provocó un gran impacto recesivo. Los sectores más afectados fueron aquellos más ligados al gasto interno. Durante los dos últimos años ( 1993-1994), la economía peruana ha mostrado las estadísticas de crecimiento más altas de América Latina. El PIB creció en 6.4% Y 12.9% respectivamente. Sin embargo. pese al crecimiento del PIB, el empleo continuó decreciendo: sector industrial 6,9%, comercio 9.1% y servicios en 3.1%.
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El sistema de cooperativas de ahorro y crédito ecuatoriano experimenta un crecimiento importante durante los últimos tres años, crecimiento que lidera la Región Andina, así lo ratifican publicaciones realizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. El crecimiento, sin duda, implica mayores riesgos, que deben ser adecuadamente gestionados para garantizar, que este sea sostenible en el tiempo, precautelando los intereses de socios, clientes y la comunidad en general. Uno de los intereses más importante de los socios y clientes, por no decir el más importante, es que sus recursos monetarios se encuentren disponibles en cualquier momento, es por ello que las cooperativas necesitan anticiparse a los momentos de crisis mediante reservas de liquidez acorde al propio perfil de riesgos de cada una de ellas. Una adecuada gestión de las reservas de liquidez, implica la conformación de portafolios de inversión que rentabilicen los recursos y diversifiquen el riesgo. Entre las mejores prácticas para la gestión de portafolios de inversión se resaltan: la conformación de una adecuada estructura orgánica que guarde el principio de segregación de funciones, es decir, unos serán los que asumen el riesgo, otros los que lo administran y otros los que supervisan; el establecimiento de objetivos claros y políticas alineados al cumplimiento de dichos objetivos, que deben ser entendidos por todos los participantes del proceso, sin lugar a interpretaciones diferentes y; finalmente la aplicación de herramientas que permitan cuantificar y calificar el nivel exposición al riesgo, a través de un sistema de alerta temprana.
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La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) en el numeral 7 del Art. 10 deducciones señala: como deducible la depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en la misma Ley y su reglamento, el Reglamento emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 1051 en el Suplemento del Registro Oficial No. 337 del jueves 15 de mayo del 2008 para la aplicación de la LORTI señala la aplicación de una fórmula que no está acorde a lo propuesto por Ley, con el fin de comprender la aplicación de las amortizaciones y depreciaciones en la actividad petrolera es necesario conocer las características de los contratos de participación y campos marginales a los que hace referencia la normativa, así como términos tales como Reservas, Producción, Curva Base, y demás información necesaria para evaluar si se cumple o no el principio de legalidad y seguridad jurídica. Dichos temas serán expuestos en la elaboración del presente trabajo, mismo que al final expone las conclusiones y las recomendaciones sobre la aplicación del Reglamento a la LORTI y a la vez realizar un aporte a un sector tan importante del país como es el sector petrolero.
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El presente trabajo se ubica en la discusión en torno al modelo de desarrollo extractivista en la medida en la que el Ecuador está a las puertas de la explotación minera a gran escala. Por un lado, el Estado ecuatoriano, a través de la Constitución y de las políticas públicas previstas para efectivizarla, ha concebido un Estado que supere el paradigma moderno de desarrollo, así como el modelo extractivista y la dependencia de materias primas, y por otro, ha creado un marco legal e institucional para permitir el desarrollo de esta industria y cubrir el pago de la deuda social. Este trabajo aborda varios aspectos teóricos sobre la pertinencia o no del extractivismo, así como los conflictos existentes y potenciales que se han desarrollado en la provincia de Zamora Chinchipe por el otorgamiento de concesiones mineras para la explotación de cobre, entre varios actores involucrados en la pugna por los recursos de ese sector del país.
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La región subtropical de Íntag alberga formaciones del bosque nublado de las estribaciones de la cordillera occidental en Ecuador, con un grado intermedio de intervención humana. Su densidad poblacional es baja y la agricultura de subsistencia ha sido la principal actividad económica, con mínima diversificación. La región deberá optar entre dos opciones excluyentes de desarrollo. La primera se basa en el ecoturismo, agricultura familiar e hidroelectricidad, mientras la segunda se articula sobre la minería de cobre a cielo abierto. Para facilitar la toma de decisiones sobre el desarrollo de la región se han elaborado dos escenarios sobre un intervalo futuro de 25 años, para un posterior estudio multicriterial. El primero se fundamenta en el turismo ecológico y la agricultura familiar, integrada a comercio justo, con agroforestería. El segundo se articula en torno a la explotación de los yacimientos de cobre a cielo abierto. El análisis muestra que el turismo de naturaleza y la agricultura de bajo impacto ambiental conducen a un desarrollo más equitativo e incluyente, con ventajas en generación de empleo productivo y sustentabilidad. La alternativa minera, en contraste, tiene una limitada generación de empleo local y una articulación reducida con región, durando únicamente un período aproximado de 18 años. Posteriormente la economía regional sufrirá una severa falta de oportunidades, agravada por los impactos ambientales de la minería y la deforestación. La inversión local de una parte de las regalías mineras no equilibra las diferencias entre los escenarios.
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El Ecuador tiene un enorme potencial no utilizado en energías renovables, debido a factores como su ubicación sobre la línea ecuatorial, que le permite recibir la máxima energía solar por unidad de superficie, su elevada pluviosidad y la cordillera de los Andes, que le proporcionan considerables recursos hidroeléctricos y geotérmicos. Como resultado de la relativa abundancia de petróleo a partir de 1972 y de la crisis de la deuda iniciada en 1982, el desarrollo de energías renovables en el país ha sido discontinuo, insuficiente, y se ha concentrado en grandes proyectos hidroeléctricos, que en algunos casos han sufrido serias deficiencias. La transición energética hacia la adopción de fuentes renovables de energía es una necesidad estratégica en el Ecuador, debido principalmente al progresivo agotamiento de las reservas de petróleo, que difícilmente permitirán mantener las exportaciones por más de 20 años. El desarrollo de energías renovables se justifica también por los impactos negativos de la extracción petrolera tanto sobre la biodiversidad, que constituye la principal riqueza perdurable del país, como sobre el cambio climático, que es la principal amenaza para la sustentabilidad global en el presente siglo. Este artículo presenta el potencial, los alcances y limitaciones de la transición energética en el Ecuador hacia una sociedad post-petrolera.
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El Gobierno de George W. Bush diseñó una nueva política energética para los Estados Unidos (EUA) como respuesta a la creciente escasez de petróleo en el mundo, evidenciada en los últimos años por la tendencia al alza de sus precios en el mercado internacional. Esta situación, sumada a la dependencia de los EUA respecto al abastecimiento externo de crudo, a la importancia de este recurso en su matriz energética, a la concentración geográfica de su producción y reservas y a la competencia geo política con otros Estados, ha propiciado el resurgimiento del tema energético dentro de las prioridades de seguridad nacional de los EUA. Dado que América Latina cuenta con vastas reservas de crudo, y que la región cons tituye una zona de influencia natural para los EUA, las dinámicas de la seguridad energética de este país han generado un pro ceso dialéctico con las políticas internas de los países latinoamericanos, particularmente de aquellos que cuentan con las reservas más importantes de la región: Brasil, Venezuela y México. El libro centra su análisis en las relaciones exteriores de los EUA con estas tres naciones latinoamericanas, con el fin de determinar el nuevo papel que la región ha pasado a jugar en los cálculos geopolíticos estadounidenses.
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El 19 de septiembre de 2013 los ministros de relaciones exteriores de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina (CAN) expidieron la Decisión 792, norma comunitaria jurídicamente vinculante, mediante la cual pusieron en marcha un proceso de “reingeniería” del Sistema Andino de Integración (SAI). El aspecto más resaltado por la prensa fue una supuesta determinación de suprimir al Parlamento Andino, órgano deliberante del SAI. En realidad, la norma aprobada plantea su paulatina salida del Sistema, presumiblemente con miras a su migración hacia el Parlamento Suramericano por establecerse en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), pero también dispone evaluar la permanencia en el SAI de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el Organismo Andino de Salud. Sin subestimar la trascendencia e implicaciones de estas resoluciones que afectan a cuatro importantes instituciones comunitarias, lo que importa destacar aquí es que la Decisión 792 marca el inicio de un proceso de amplias reformas al esquema y al proceso andino de integración.
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Desarrolla las evidencias del distanciamiento del mandato constitucional relativo al derecho a la seguridad integral como la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la constitución de cuatro zonas de seguridad en torno a proyectos hidroeléctricos, concesiones mineras y en la zona de construcción de la refinería del Pacífico, la afectación a la seguridad laboral con la adopción del reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público y su reforma, el incremento de delitos, accidentes de tránsito y suicidios. Concluye que la concepción y práctica de seguridad no supera la visión centrada en la seguridad del Estado y no de las personas.
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La región subtropical de Íntag alberga formaciones del bosque nublado de las estribaciones de la cordillera occidental en Ecuador, con un grado intermedio de intervención humana. Su densidad poblacional es baja y la agricultura de subsistencia ha sido la principal actividad económica, con mínima diversificación. La región deberá optar entre dos opciones excluyentes de desarrollo. La primera se basa en el ecoturismo, agricultura familiar e hidroelectricidad, mientras la segunda se articula sobre la minería de cobre a cielo abierto. Para facilitar la toma de decisiones sobre el desarrollo de la región se han elaborado dos escenarios sobre un intervalo futuro de 25 años, para un posterior estudio multicriterial. El primero se fundamenta en el turismo ecológico y la agricultura familiar, integrada a comercio justo, con agroforestería. El segundo se articula en torno a la explotación de los yacimientos de cobre a cielo abierto. El análisis muestra que el turismo de naturaleza y la agricultura de bajo impacto ambiental conducen a un desarrollo más equitativo e incluyente, con ventajas en generación de empleo productivo y sustentabilidad. La alternativa minera, en contraste, tiene una limitada generación de empleo local y una articulación reducida con región, durando únicamente un período aproximado de 18 años. Posteriormente la economía regional sufrirá una severa falta de oportunidades, agravada por los impactos ambientales de la minería y la deforestación. La inversión local de una parte de las regalías mineras no equilibra las diferencias entre los escenarios.
Resumo:
La economía ecuatoriana, basada principalmente en las exportaciones de petróleo desde 1972, ha enfrentado serios obstáculos para canalizar las utilidades del petróleo hacia un desarrollo equitativo y sustentable. La experiencia de las cuatro últimas décadas refleja un crecimiento económico lento e inestable, que se ha mostrado insuficiente no solamente para diversificar y fortalecer la economía sino sobre todo para superar las grandes inequidades que históricamente han prevalecido en el país, logrando la inclusión efectiva de una proporción elevada de la población. Si bien durante los últimos años se han registrado importantes avances sociales, su continuidad y profundización son dudosas, debido a factores como la mínima diversificación de las exportaciones y de la actividad productiva, y también el progresivo agotamiento de las condiciones externas que han impulsado la recuperación reciente del país y de América Latina. Adicionalmente, la progresiva declinación de la extracción petrolera a partir de 2004 y las limitadas reservas configuran un escenario caracterizado por la necesidad de una rápida sustitución del petróleo por una economía más diversificada y flexible, en un lapso de tiempo no mayor de 20 años. Los avances en este sentido han sido muy limitados. Finalmente, los impactos ambientales de la extracción petrolera sobre los ecosistemas extremadamente ricos en biodiversidad en la Amazonía, la salud de la población y las culturas indígenas han sido severos.
Resumo:
El 19 de septiembre de 2013 los ministros de relaciones exteriores de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina (CAN) expidieron la Decisión 792, norma comunitaria jurídicamente vinculante, mediante la cual pusieron en marcha un proceso de “reingeniería” del Sistema Andino de Integración2 (SAI). El aspecto más resaltado por la prensa fue una supuesta determinación de suprimir al Parlamento Andino, órgano deliberante del SAI. En realidad, la norma aprobada plantea su paulatina salida del Sistema, presumiblemente con miras a su migración hacia el Parlamento Suramericano por establecerse en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)3, pero también dispone evaluar la permanencia en el SAI de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el Organismo Andino de Salud. Sin subestimar la trascendencia e implicaciones de estas resoluciones que afectan a cuatro importantes instituciones comunitarias, lo que importa destacar aquí es que la Decisión 792 marca el inicio de un proceso de amplias reformas al esquema y al proceso andino de integración.
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En Colombia se expresa a cabalidad la tendencia mundial: se están ampliando las fronteras petroleras, pues las reservas de crudo convencional han disminuido. La expansión de la exploración y de la explotación hidrocarburífera en el país se expresa hoy en el cubrimiento de casi toda la geografía nacional con bloques petroleros y en un hecho sobresaliente: la incursión de esta industria en las altas montañas (cordillera de Los Andes), en donde hasta épocas recientes se había privilegiado la producción campesina. Así se observa, por ejemplo, en el altiplano cundiboyacense, donde ya existen bloques para la búsqueda de crudos no convencionales. Los artífices de esa situación son los últimos dos gobiernos, que en las conocidas y periódicas rondas petroleras han subastado bloques petroleros y han impulsado, con la conducción de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, una agresiva campaña de adjudicación de los mismos. Comunidades con fuerte arraigo campesino, ajenas a esta actividad, reaccionan con solo notar la presencia de las empresas en su territorio, por los graves impactos que comienzan a tener desde que empieza a crearse el ambiente exploratorio.