La inserción social del indígena en las urbes y campañas del territorio bonaerense y su relación con la justicia criminal hispanocriolla durante el período independiente temprano (1810-1835)

La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.

La política criminal del legislador [Argentina, 2000-2009]

Investigación sobre la actividad legislativa que se encuentra en el trasfondo de las reformas al Código Penal argentino. El período analizado comprende los años 2000-2009. A través de proyectos de ley y dictámenes de comisiones de las cámaras del Congreso de la Nación se analiza el proceso de creación de las leyes, y las representaciones de violencia e inseguridad que tienen los legisladores. Así, pueden desentrañarse diversas categorías de violencia, derechos, bienes tutelados y el rol de la política criminal en un Estado de derecho

La inserción social del indígena en las urbes y campañas del territorio bonaerense y su relación con la justicia criminal hispanocriolla durante el período independiente temprano (1810-1835)

La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.

La política criminal del legislador [Argentina, 2000-2009]

Investigación sobre la actividad legislativa que se encuentra en el trasfondo de las reformas al Código Penal argentino. El período analizado comprende los años 2000-2009. A través de proyectos de ley y dictámenes de comisiones de las cámaras del Congreso de la Nación se analiza el proceso de creación de las leyes, y las representaciones de violencia e inseguridad que tienen los legisladores. Así, pueden desentrañarse diversas categorías de violencia, derechos, bienes tutelados y el rol de la política criminal en un Estado de derecho

La inserción social del indígena en las urbes y campañas del territorio bonaerense y su relación con la justicia criminal hispanocriolla durante el período independiente temprano (1810-1835)

La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.

Psychopathy, Moral Understanding and Criminal Responsibility

Peer reviewed

Immigration Law by Proxy: The Case of Colorado’s Human Smuggling Crime

Despite the federal government’s well known expansive reach in creating and enforcing immigration law, the states retain substantial authority to play an important role in migrants’ lives. Through their traditional powers to adopt criminal statutes and police their communities, states can indirectly — but intentionally — inject themselves into the incidents of ordinary life as a migrant. Colorado’s human smuggling statute, currently being challenged before the state supreme court, illustrates this type of state regulation of migration. This essay addresses the statute’s reach, its shaky constitutional footing, and places it in a broader context in which states criminalize immigration-related activity.

Competition law proceedings before the European Commission and the right to a fair trial: no need for reform? Research Papers in Law, 5/2008

From the Introduction. This paper will thus show that, given the rapid "criminalisation" of competition law proceedings, sanctions should in principle be imposed at first instance I. Sanctions imposed by the Commission in competition proceedings are "criminal charges" within the meaning of Article 6 ECHR by an independent and impartial tribunal fulfilling all the conditions of Article 6 ECHR (part I). Or at the very least, these sanctions should be subject to full jurisdictional review by an independent and impartial tribunal in order to comply with Article 6 ECHR and to cure the defects of the administrative procedure (part II). It is doubtful however whether such a full jurisdictional review, as it is understood by the ECtHR, is available at Community-level in antitrust cases.

The End of the Transitional Period for Police and Criminal Justice Measures Adopted before the Lisbon Treaty: Who monitors trust in the European Criminal Justice area? CEPS Liberty and Security in Europe No. 74, December 2014

This study examines the legal and political implications of the forthcoming end of the transitional period for the measures in the fields of police and judicial cooperation in criminal matters, as set out in Protocol 36 to the EU Treaties. This Protocol limits some of the most far-reaching innovations introduced by the Treaty of Lisbon over EU cooperation on Justice and Home Affairs for a period of five years after the entry into force of the Treaty of Lisbon (until 1 December 2014), and provides the UK with special ‘opt out/opt-in’ possibilities. The study focuses on the meaning of the transitional period for the wider European Criminal Justice area. The most far-reaching change emerging from the end of this transition will be the expansion of the European Commission and Luxembourg Court of Justice scrutiny powers over Member States’ implementation of EU criminal justice law. The possibility offered by Protocol 36 for the UK to opt out and opt back in to pre-Lisbon Treaty instruments poses serious challenges to a common EU area of justice by further institutionalising ‘over-flexible’ participation in criminal justice instruments. The study argues that in light of Article 82 TFEU the rights of the defence are now inextricably linked to the coherency and effective operation of the principle of mutual recognition of criminal decisions, and calls the European Parliament to request the UK to opt in EU Directives on suspects procedural rights as condition for the UK to ‘opt back in’ measures like the European Arrest Warrant.

An Assessment of the Penalties System for Infringements of EU Competition Law: Can Personal Sanctions be the Missing Piece of the Puzzle? IES WORKING PAPER 6/2013

Competition law seeks to protect competition on the market as a means of enhancing consumer welfare and of ensuring an efficient allocation of resources. In order to be successful, therefore, competition authorities should be adequately equipped and have at their disposal all necessary enforcement tools. However, at the EU level the current enforcement system of competition rules allows only for the imposition of administrative fines by the European Commission to liable undertakings. The main objectives, in turn, of an enforcement policy based on financial penalties are two fold: to impose sanctions on infringing undertakings which reflect the seriousness of the violation, and to ensure that the risk of penalties will deter both the infringing undertakings (often referred to as 'specific deterrence') and other undertakings that may be considering anti-competitive activities from engaging in them (often referred to as 'general deterrence'). In all circumstances, it is important to ensure that pecuniary sanctions imposed on infringing undertakings are proportionate and not excessive. Although pecuniary sanctions against infringing undertakings are a crucial part of the arsenal needed to deter competition law violations, they may not be sufficient. One alternative option in that regard is the strategic use of sanctions against the individuals involved in, or responsible for, the infringements. Sanctions against individuals are documented to focus the minds of directors and employees to comply with competition rules as they themselves, in addition to the undertakings in which they are employed, are at risk of infringements. Individual criminal penalties, including custodial sanctions, have been in fact adopted by almost half of the EU Member States. This is a powerful tool but is also limited in scope and hard to implement in practice mostly due to the high standards of proof required and the political consensus that needs first to be built. Administrative sanctions for individuals, on the other hand, promise to deliver up to a certain extent the same beneficial results as criminal sanctions whilst at the same time their adoption is not likely to meet strong opposition and their implementation in practice can be both efficient and effective. Directors’ disqualification, in particular, provides a strong individual incentive for each member, or prospective member, of the Board as well as other senior executives, to take compliance with competition law seriously. It is a flexible and promising tool that if added to the arsenal of the European Commission could bring balance to the current sanctioning system and that, in turn, would in all likelihood make the enforcement of EU competition rules more effective. Therefore, it is submitted that a competition law regime in order to be effective should be able to deliver policy objectives through a variety of tools, not simply by imposing significant pecuniary sanctions to infringing undertakings. It is also clear that individual sanctions, mostly of an administrative nature, are likely to play an increasingly important role as they focus the minds of those in business who might otherwise be inclined to regard infringing the law as a matter of corporate risk rather than of personal risk. At the EU level, in particular, the adoption of directors’ disqualification promises to deliver more effective compliance and greater overall economic impact.

Access to Electronic Data by Third-Country Law Enforcement Authorities, Challenges to EU Rule of Law and Fundamental Rights. Center for European Policy Studies, 2015

This study examines the challenges posed to European law by third country access to data held by private companies for the purposes of law enforcement. It pays particular attention to the implications for rule of law and fundamental rights of foreign authorities’ direct access to electronic information falling outside pre-established channels of supranational cooperation. A special focus is given to EU-US relations and the practical issues emerging in transatlantic relations covering mutual legal assistance and evidence gathering for law enforcement purposes in criminal proceedings.

Handbook of resources for criminal justice evaluators.

August 1978.

Eyewitness evidence : a guide for law enforcement /

"October 1999."

Impact of the freedom of information and privacy acts on law enforcement agencies.

Mode of access: Internet.

Reauthorization of the independent counsel law : hearing before the Subcommittee on Oversight of Government Management of the Committee on Governmental Affairs, United States Senate, One Hundred Second Congress, second session, August 11, 1992.

Shipping list no: 93-0072-P.