1000 resultados para Cría y explotación


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La sentencia a favor de la comunidad Mayangna de Awas Tingni contra Nicaragua, marca un hito jurisprudencial en el Derecho Ambiental internacional, a partir del reconocimiento de la propiedad colectiva. Para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humano resuelve reparar los territorios indígenas aplicando principios jurídicos internacionales sobre la propiedad; pero, además desarrolla interesantes políticas medioambientales entorno al uso y respeto de los bosques indígenas, que deben observar los Estados y que califican como propiedad. Bajo este enfoque, buscaremos aplicar la jurisprudencia y las políticas ambientales de Awas tingni al caso concreto de los pueblos afroecuatorianos que habitan dentro Reserva Manglares Cayapas, como lineamiento para la reparación territorial, a través, de la desconcentración de las políticas medioambientales a favor de los colectivos que habitan allí. En otras palabras, se trata de desconcentrar las políticas ambientales de la Reserva Ecológica para ejercer políticas de reparación territorial indígena. Sin embargo, para llegar a reconocer la propiedad colectiva y reparar el uso y respeto de los bosques de las comunidades negras. Se hace necesario reconocer que se trata de pueblos indígenas con derecho a la autodeterminación; por lo que construiremos un marco teórico que nos permita la aplicación de todos los instrumentos internacionales pertinentes para pueblos indígenas. Por otra parte, habrá que determinar la necesidad imperiosa de reparar la autodeterminación; para ello buscaremos cuáles han sido las políticas discriminatorias estatales con respecto al uso, regulación y reparto territorial que han sufrido estas comunidades, en las últimas décadas.

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La región subtropical de Íntag alberga formaciones del bosque nublado de las estribaciones de la cordillera occidental en Ecuador, con un grado intermedio de intervención humana. Su densidad poblacional es baja y la agricultura de subsistencia ha sido la principal actividad económica, con mínima diversificación. La región deberá optar entre dos opciones excluyentes de desarrollo. La primera se basa en el ecoturismo, agricultura familiar e hidroelectricidad, mientras la segunda se articula sobre la minería de cobre a cielo abierto. Para facilitar la toma de decisiones sobre el desarrollo de la región se han elaborado dos escenarios sobre un intervalo futuro de 25 años, para un posterior estudio multicriterial. El primero se fundamenta en el turismo ecológico y la agricultura familiar, integrada a comercio justo, con agroforestería. El segundo se articula en torno a la explotación de los yacimientos de cobre a cielo abierto. El análisis muestra que el turismo de naturaleza y la agricultura de bajo impacto ambiental conducen a un desarrollo más equitativo e incluyente, con ventajas en generación de empleo productivo y sustentabilidad. La alternativa minera, en contraste, tiene una limitada generación de empleo local y una articulación reducida con región, durando únicamente un período aproximado de 18 años. Posteriormente la economía regional sufrirá una severa falta de oportunidades, agravada por los impactos ambientales de la minería y la deforestación. La inversión local de una parte de las regalías mineras no equilibra las diferencias entre los escenarios.

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En el siglo XXI la protección del Medio Ambiente constituye un tema de real importancia, en donde si no tomamos medidas adecuadas estaríamos poniendo en riesgo nuestra raza humana. Por ello, es necesario plantear desde el derecho una propuesta de cambio de conductas frente a la indiscriminada explotación de los recursos naturales y más bien recurrir a una relación armónica entre el ser humano, medio ambiente y economía. Partimos entonces de una triple visión ecológica, económica y jurídica, en la que es necesario dar soluciones que aseguren el cuidado y protección ambiental. El propósito de nuestra investigación es entender el desafío al que nos llama el Derecho Ambiental y su trascendencia de aplicación respecto a su transversalidad en las diferentes ramas del derecho entre las que se encuentra el Derecho Tributario. Para ello, hemos desarrollado nuestra labor en base a la combinación de las materias Constitucional, Ambiental y Tributario, con el fin de dar alcance doctrinario y jurídico a aquellos aspectos relacionados con los diferentes métodos de protección ambiental. A razón de lo mencionado, la presente investigación tiene como objetivo mostrar los puntos de acuerdo y desacuerdo sobre la tributación ambiental, plantear sus problemas de aplicación y mostrar su efectividad sobre el cuidado ambiental, que puede generarse a partir de la creación de tributos ambientales que buscan mitigar el daño ambiental y crear nuevos comportamientos de producción, pretendiendo hacer coincidir los intereses económicos y ambientales, como respuesta a una verdadera conjugación de la parte económica, social y cultural.

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El presente estudio analiza las tensiones y conflictos presentes entre el Estado ecuatoriano y los pueblos o nacionalidades amazónicas, en particular con los Kichwa de Pastaza, cuyo proceso organizativo ha estado ligado no solo a la defensa territorial, sino a una demanda constante por ser reconocidos, como sujetos políticos, entes colectivos de derechos y dentro de éstos en particular, aquellos que les permitan consolidar y asegurar lo que en la práctica ejercen: el autogobierno y la autodeterminación dentro del Estado ecuatoriano. Aquello lo hacen además, en un escenario plagado de presiones nacionales y globales, por la presencia cada vez más amplia y agresiva del capital, que con el apoyo estatal procura asegurar la explotación intensiva y extensiva de recursos del subsuelo como el petróleo y los minerales. Este escenario, absolutamente asimétrico, torna urgente tal reconocimiento, que pasa a su vez por direccionar los procesos de reforma política, jurídica e institucional del Estado, para que ajusta su visión y sus prácticas, a la condición dentro de la cual existe la sociedad ecuatoriana: heterogénea, diversa, con inequidades y exclusiones estructuralmente presentes. O lo que es su reto relativamente más cercano: la deconstrucción de la estructura colonial para dar paso a un modelo fundado en sociedades interculturales a las que se corresponda un Estado de nuevo tipo, incluyente, plural, abierto, participativo, horizontal, llámese como se llame.

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La conjunción del varón, el ser político y el epidemiólogo, para realizar esta profunda e importante reflexión de la problemática de género y su relación con la salud, pasa por una visión fundamentalmente humana y de compromiso por la vida. Al hacerlo, plantea superar los dos grandes prejuicios que desde distintas posiciones, envuelven la reflexión y trabajo en este campo, el primero que es considerarlo como un asunto y una lucha que atañe exclusivamente a la mujer por su posición de subordinación y desventaja frente al varón y, el segundo, que involucrarse en ella, significa desvirtuar y/o relegar la lucha por una transformación global de la sociedad. Son estos aspectos, sobre los que gira el trabajo para develar, por un lado, que las relaciones de subordinación de género, son relaciones sociales que se articulan funcionalmente al engranaje de explotación, injusticias, desigualdades, en las que se sustentan las organizaciones sociales clasistas y, por otro, que son relaciones enajenantes para mujeres y varones, que significan pérdidas para ambos con diferentes magnitudes y expresiones y, pérdidas sociales generales en la medida en que limitan la posibilidad de construcción de una sociedad escencialmente humana.

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Evidencia las consecuencias de la aplicación de la política petrolera impulsada por la reforma de la Ley de Hidrocarburos que incluye la entrega de campos maduros a empresas privadas; la décima ronda de licitaciones para entregar campos marginales y la décimo primera ronda de licitaciones para concesionar los bloques del sur de la Amazonía, lo que conlleva violaciones de los derechos de las poblaciones que residen en los campos de explotación y amenazan a nuevas poblaciones. Estas poblaciones, principalmente los pueblos indígenas desarrollan luchas de resistencia en defensa de su territorio y su cultura.

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Presenta la situación del Caso Texaco con la sentencia nacional que determinó la responsabilidad de la petrolera, luego de 18 años de proceso, evidenciando la incertidumbre que pesa respecto de la efectiva compensación y reparación de los afectados del nor oriente ecuatoriano ante las acciones legales interpuestas por Chevron: denuncias contra los abogados, expertos y dirigentes de los afectados por Texaco; demanda por extorsión contra los demandantes, sus abogados y consultores ambientales en Nueva York y el proceso de arbitraje bajo el TIAR con el que Chevron pretende se declare que la compañía no tiene responsabilidad.

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Las ciencias de la gestión, en Ecuador, tienen una perspectiva proempresarial, con una clara visión positivista, en esta investigación se parte del hecho que las ciencias de la gestión son parte de las ciencias sociales y como tal la dinámica en los espacios organizacionales debe ser abordada desde una perspectiva histórica y cultural. El reconocimiento en el Ecuador del éxito del proceso comunitario de Salinas, impulsado por organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica que ha permitido durante 40 años un cambio de una situación de extrema pobreza, explotación y falta de fuentes de trabajo a un lugar muy dinámico, con diferentes unidades productivas y una diversidad de productos, motivó la realización de esta investigación, cuyo objetivo es levantar datos históricos de la Parroquia Salinas de Tomabela y buscar en la lectura de su formación elementos de su cultura que puedan explicar una determinada dinámica organizacional. Los datos históricos se obtuvieron mediante una investigación documental y la realización de una etnografía durante dos años y cuatro meses; los datos obtenidos en la etnografía fueron analizados mediante el análisis crítico del discurso a través de una triangulación entre el texto, las prácticas discursivas y las prácticas sociales planteadas por Norman Fairclough (2001), se identificaron los objetos discursivos en entrevistas, documentos, notas de campo, los que fueron agrupados en diferentes categorías o formaciones discursivas para estructurar los discursos de cultura local y gestión por separado, luego mediante la intertextualidad por medio de las convergencias y los silencios se determinó la influencia de la cultura local en la dinámica organizacional de las organizaciones del proceso comunitario.

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La región subtropical de Íntag alberga formaciones del bosque nublado de las estribaciones de la cordillera occidental en Ecuador, con un grado intermedio de intervención humana. Su densidad poblacional es baja y la agricultura de subsistencia ha sido la principal actividad económica, con mínima diversificación. La región deberá optar entre dos opciones excluyentes de desarrollo. La primera se basa en el ecoturismo, agricultura familiar e hidroelectricidad, mientras la segunda se articula sobre la minería de cobre a cielo abierto. Para facilitar la toma de decisiones sobre el desarrollo de la región se han elaborado dos escenarios sobre un intervalo futuro de 25 años, para un posterior estudio multicriterial. El primero se fundamenta en el turismo ecológico y la agricultura familiar, integrada a comercio justo, con agroforestería. El segundo se articula en torno a la explotación de los yacimientos de cobre a cielo abierto. El análisis muestra que el turismo de naturaleza y la agricultura de bajo impacto ambiental conducen a un desarrollo más equitativo e incluyente, con ventajas en generación de empleo productivo y sustentabilidad. La alternativa minera, en contraste, tiene una limitada generación de empleo local y una articulación reducida con región, durando únicamente un período aproximado de 18 años. Posteriormente la economía regional sufrirá una severa falta de oportunidades, agravada por los impactos ambientales de la minería y la deforestación. La inversión local de una parte de las regalías mineras no equilibra las diferencias entre los escenarios.

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El proceso de modernización del Estado, iniciada en el primer lustro de los años 90 bajo lineamientos de la Ley de Modernización del Ecuador, dio lugar al concepto de rentabilidad social, caracterizada principalmente por promover el acceso del mayor número de ecuatorianos a los servicios públicos básicos. Dicha ley habilitó al Estado ecuatoriano para delegar a empresas mixtas o privadas, la prestación de los servicios públicos, entre ellos los de telecomunicaciones, utilizando mecanismos legales reconocidos por el derecho administrativo e implementado por el Poder Ejecutivo del Ecuador. Es así, que la Ley Especial de Telecomunicaciones en 1992, habilitó al Estado para otorgar concesiones al sector privado para la prestación de varios servicios de telecomunicaciones, por lo que, en 1993, la Superintendencia de Telecomunicaciones creada por dicha ley, suscribió contratos de concesión con la compañías privadas COnECEL S.A. y OTECEL S.A., autorizándoles a operar servicios de telefonía móvil celular con cobertura limitada dentro del territorio nacional ecuatoriano por un período de 15 años. Posteriormente, una nueva constitución política de la República del Ecuador expedida en 1998, facultó al Estado la explotación racional de los bienes de su dominio exclusivo, de manera directa o con la participación del sector privado, lo cual motivó también una nueva reforma a la Ley Especial de Telecomunicaciones para que el Consejo nacional de Telecomunicaciones instituya el régimen de libre competencia en todos los servicios de telecomunicaciones prestados en nuestro país.

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Escritas durante la primera mitad del siglo XX, Canaima, La vorágine, y Sangama son tres novelas de la selva en las cuales aparece una representación del mundo indígena del Amazonas o del Orinoco. Se ha repetido que se trataba de novelas progresistas, que encerraban una crítica del sistema social de la época, y más particularmente del genocidio acarreado por la explotación del caucho durante el “ciclo da borracha”. Sin embargo estas ficciones nos proporcionan un enfoque ambiguo de la realidad indígena. Una visión impregnada por las mismas concepciones del siglo XIX que favorecieron los excesos, maltratos y masacres que dichas novelas pretenden denunciar. Este ensayo se propone analizar la matriz científica de estas representaciones, insistiendo en el paradigma racialista decimónico, derivado de la teoría evolucionista y de la ideología del progreso. Los indios de las ficciones se desplazan como fantasmas en un universo mágico, embrujado, o infernal que carece de realidad. Este “flor” romántico es la proyección literaria de una estrategia biopolítica que se da en las sociedades de la época: la cuestión gira en torno a la construcción del pueblo nacional. Los “aparecidos” del espacio novelesco son un momento de unas estrategias discursivas más globales: se trata de construir una homegeneidad nacional a partir de una etnicidad ficticia que requiere el rechazo del “otro atrasado”. El espectro es la huella o el testigo de esta violencia fundadora.

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En Colombia se expresa a cabalidad la tendencia mundial: se están ampliando las fronteras petroleras, pues las reservas de crudo convencional han disminuido. La expansión de la exploración y de la explotación hidrocarburífera en el país se expresa hoy en el cubrimiento de casi toda la geografía nacional con bloques petroleros y en un hecho sobresaliente: la incursión de esta industria en las altas montañas (cordillera de Los Andes), en donde hasta épocas recientes se había privilegiado la producción campesina. Así se observa, por ejemplo, en el altiplano cundiboyacense, donde ya existen bloques para la búsqueda de crudos no convencionales. Los artífices de esa situación son los últimos dos gobiernos, que en las conocidas y periódicas rondas petroleras han subastado bloques petroleros y han impulsado, con la conducción de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, una agresiva campaña de adjudicación de los mismos. Comunidades con fuerte arraigo campesino, ajenas a esta actividad, reaccionan con solo notar la presencia de las empresas en su territorio, por los graves impactos que comienzan a tener desde que empieza a crearse el ambiente exploratorio.

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El boom petrolero que alimentó el crecimiento con distribución que Ecuador experimentó durante la última década terminó. Durante estos años se reactivaron viejas prácticas para captar rentas para el estado, y nuevas formas de distribuir esas rentas a la sociedad, pero también para intentar disminuir los impactos de la extracción petrolera en el ambiente. Este modo de funcionamiento está condenado a desaparecer con la crisis de los mercados internacionales de las materias primas. ¿Cómo pueden la sociedad y los gobiernos ecuatorianos prepararse para los efectos de la crisis de rentas del Estado?

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El presupuesto general del Estado ecuatoriano depende en gran parte de los ingresos petroleros y de los ingresos por recaudación fiscal. En los últimos años y especialmente a partir del año 2010 la producción de petróleo de las compañías privadas ha disminuido. Con la Reforma a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, el 27 de julio de 2010 comenzó un proceso de nacionalización del petróleo para que el Estado sea el principal beneficiario de las ganancias que éste recurso no renovable genera, es así, que a partir del 2010 se llevaron a cabo cambios en el sector hidrocarburífero como el cambio de modalidad contractual lo que hizo que varias compañías privadas que tenían asignados bloques petroleros en la Amazonía Ecuatoriana dejaran el país porque las condiciones de negociación no eran las más convenientes o no se sentían favorecidas en cuanto a beneficios por el alza de precios del petróleo. Pocas fueron las empresas privadas que aceptaron las condiciones de los contratos de prestación de servicios como comprometerse a incrementar la producción e invertir en exploración para el hallazgo de nuevas reservas, sin embargo, las compañías privadas han disminuido su producción lo que ha afectado la recaudación de impuestos. Con la presente investigación se determina las causas principales de la disminución de la producción de petróleo de las compañías operadoras privadas a partir del año 2010 al año 2014 y el impacto tributario que se ha producido para el país, especialmente en lo que se refiere a la recaudación del impuesto a la renta y del impuesto a los ingresos extraordinarios.