883 resultados para security policy assessment


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We aim to contribute to the assessment of poverty impacts on the rural sector arising from agricultural policy adjustments in Colombia. For this we use an agriculture specialized static CGE model, jointly (sequentially) with a microsimulation model that allows for effective job relocation. Results indicate that the sectoral impact of the program implemented tends to be small and has considerable variability across crops. They also show that the highest impacts come from the irrigation and land improvements component of the program. Lastly, although it reduces poverty, poverty impacts are small and tend to concentrate in rural households toward the middle of the income distribution ladder.

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Para evaluar el impacto de un Tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, describimos las características de la economía colombiana, enfatizando en sus patrones y perspectivas de comercio, e identificando los sectores y regiones más sensibles a la firma de un TLC. Afirmamos que los efectos de un acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos, serán similares a los que han tenido anteriores reformas de liberalización comercial. Sin embargo, mientras Colombia espera la firma del TLC con Estados Unidos, ese país está cerca de firmar tratados bilaterales con algunos países de Latinoamérica. Por lo tanto, también puede haber efectos sobre la economía colombiana producto del cambio en las reglas comerciales entre sus socios. Primero analizamos el efecto de anteriores reformas comerciales en Colombia, México y Chile. Luego, a través de un modelo de equilibrio general multiregional aplicado, simulamos los efectos sobre la economía colombiana de un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Concluimos que, aunque moderados, habrá aumentos en el bienestar y en la producción de los consumidores y firmas colombianos.

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El artículo describe las características centrales de la reforma regulatoria al sector eléctrico en 1994 y evalúa el desempeño y la eficiencia de las empresas públicas antes y después de la reforma. El análisis de desempeño evalúa los cambios en medias y medianas en ganancias, eficiencia, inversión y ventas de las empresas privatizadas en el sector. La eficiencia técnica es estimada mediante la técnica DEA en una muestra de 33 plantas térmicas de energía, que representan el 85% del parque térmico; y 12 empresas distribuidoras de energía. La muestra de plantas generadoras está compuesta por plantas que estaban activas antes de la reforma y plantas nuevas que entraron en operación después de la reforma. Los principales resultados muestran que la eficiencia mejoro después de la reforma y que la política regulatoria ha tenido un efecto positivo en la eficiencia de la generación térmica de energía. Por el contrario, las distribuidoras de energía menos eficientes empeoraron después de la reforma y no llevaron a cabo una reestructuración para alcanzar la eficiencia productiva respecto a las empresas que conforman la frontera de eficiencia en distribución de energía.

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A través de una simulación llevada a cabo con GTAP, este documento presenta una evaluación preliminar del impacto potencial que el Área de Libre Comercio de las Américas tendría sobre la Comunidad Andina de Naciones. Mantenido por la Universidad de Purdue, el GTAP es un modelo multiregional de equilibrio general, ampliamente usado para el análisis de temas de economía internacional. El experimento llevado a cabo tiene lugar en un ambiente de competencia perfecta y rendimientos constantes a escala y consiste en la completa eliminación de aranceles a las importaciones de bienes entre los países del Hemisferio Occidental. Los resultados muestran la presencia de modestas pero positivas ganancias netas de bienestar para la Comunidad Andina, generadas fundamentalmente por mejoras en la asignación de recursos. Movimientos desfavorables en los términos de intercambio y el efecto de la desviación de comercio con respecto a terceros países, reducen considerablemente las ganancias potenciales de bienestar. De la misma forma, la existencia de distorsiones económicas al interior de la Comunidad Andina tiene un efecto negativo sobre el bienestar. El patrón de comercio aumenta su grado de concentración en el comercio bilateral con los Estados Unidos y la remuneración real a los factores productivos presenta mejoras con la implementación de la zona de libre comercio.

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Este es un estudio sobre la estrategia de guerra estadounidense en Medio Oriente basada en el uso sistemático de drones durante el periodo comprendido entre 2009 y 2013. Se busca explicar de qué manera puede considerarse el uso de este tipo de armamento como una práctica basada en la proyección de poder sin mayor vulnerabilidad. Los casos de Pakistán y Yemen son abordados, ya que evidencian las características de las operaciones selectivas por las que ha abogado el Presidente Obama. El estudio se inscribe dentro del realismo ofensivo, haciendo también referencia a sus limitaciones explicativas. Empero, se afirma que las dinámicas y consecuencias de la utilización de drones son intrínsecas a la necesidad estadounidense de combatir actores no estatales mediante prácticas que garanticen su seguridad y pretensiones hegemónicas a pesar de las implicaciones políticas , legales y sociales en las que puede incurrir.

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Esta monografía analiza la influencia del Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera compartida por Argentina, Brasil y Paraguay y sus decisiones en Política Exterior durante 1996 y 2006. Se explica cómo el Crimen Organizado Transnacional y sus efectos en la gobernabilidad de los Estados pueden ser un motivo para el análisis de la situación como un Complejo de Seguridad Regional. A partir de la conceptualización de Seguridad Regional de Barry Buzan y Ole Waever y de Robert Stewart y Derrick Frazier, se avanza hacia el resultado de la investigación que permite exponer los factores que conllevaron a el surgimiento de un Complejo de Seguridad Regional entre Argentina, Brasil y Paraguay para diezmar los efectos del Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera.

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La evolución del concepto de sistema promovió la consolidación de un enfoque que se comenzó a introducir en la revisión de diferentes objetos de estudio especialmente complejos, como los fenómenos sociales, gracias a sus características inter y trans disciplinarias. Este enfoque “sistémico” se promueve desde el campo de la biología y su metodología se incorporó al estudio de asuntos tan diversos como los temas ambientales, la ecología, la investigación en comunicaciones y muchos fenómenos sociales entre los que se encuentra el crecimiento de las ciudades. En el caso de los problemas urbanos, el enfoque sistémico surge como alternativa frente a la propuesta de la escuela funcionalista moderna. A partir de los años 60, las investigaciones urbanas comienzan a utilizar la visión sistémica como forma de aproximarse conceptualmente a lo físico urbano y avanzar en la comprensión de la complejidad de relaciones entre los componentes físicos de la estructura urbana, las racionalidades y acuerdos para el aprovechamiento del territorio natural de soporte, los bienes ambientales, los servicios públicos y los patrones de consumo, entre otros, una forma de metabolismo que permite asumir la ciudad como un ecosistema, soporte conceptual para la puesta en marcha de acciones que contribuyan a la sostenibilidad urbana. El seguimiento a esta visión sistémica y su incorporación como una herramienta de análisis e intervención urbana, sirve en primera instancia para llevar a cabo una reflexión crítica sobre la evolución del pensamiento urbano del siglo XX especialmente a partir de la segunda posguerra.

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El interés de esta monografía es analizar las interacciones no-lineales con resultados emergentes que mantuvo la comunidad kurda en Siria, durante el periodo 2011-2014, y por las cuales se produjeron formas de auto-organización como resultado de la estructura compleja a la que pertenece. De esta forma, se explica cómo a raíz de la crisis política siria y los enfrentamientos con el Estado Islámico, se transformó el rol de los kurdos en Siria y se influenciaron las estructuras políticas del país y las naciones de la región con población kurda. Por lo tanto, esta investigación se propone analizar este fenómeno a través del enfoque de complejidad en Relaciones Internacionales y el concepto de Auto-Organización. A partir de ello, se indaga sobre las interacciones surgidas en estructuras más pequeñas, que habrían afectado un sistema mayor; estableciendo nuevas formas de organización que no pueden ser explicadas, únicamente, a partir de elementos causales.

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El presente caso de estudio tiene como objetivo explicar el rol de la cooperación internacional para el desarrollo en Tanzania, Mozambique, Nigeria para la consolidación del liderazgo político internacional de Japón. El interés de realizar esta investigación es la ampliación del conocimiento sobre el uso del poder blando, para alcanzar los objetivos de política exterior japonesa. Por eso, se llevara a cabo una revisión bibliográfica para el análisis de documentos oficiales y artículos académicos para la consolidación de información. A partir de ello, se pretende demostrar que la cooperación al desarrollo es una herramienta de política exterior japonesa para consolidarse como líder, en la medida en que el uso de herramientas propias de la cooperación y el presupuesto destinada a la ejecución de éstas tienen incidencia en los votos de estos Estados africanos para las iniciativas japonesas en las Naciones Unidas.

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This Policy Contribution assesses the broad obstacles hampering ICT-led growth in Europe and identifies the main areas in which policy could unlock the greatest value. We review estimates of the value that could be generated through take-up of various technologies and carry out a broad matching with policy areas. According to the literature survey and the collected estimates, the areas in which the right policies could unlock the greatest ICT-led growth are product and labour market regulations and the European Single Market. These areas should be reformed to make European markets more flexible and competitive. This would promote wider adoption of modern data-driven organisational and management practices thereby helping to close the productivity gap between the United States and the European Union. Gains could also be made in the areas of privacy, data security, intellectual property and liability pertaining to the digital economy, especially cloud computing, and next generation network infrastructure investment. Standardisation and spectrum allocation issues are found to be important, though to a lesser degree. Strong complementarities between the analysed technologies suggest, however, that policymakers need to deal with all of the identified obstacles in order to fully realise the potential of ICT to spur long-term growth beyond the partial gains that we report.

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In their assessment of the proposed European Endowment for Democracy (EED), Hrant Kostanyan and Magdalena Nasieniak conclude that an instrument along the lines currently envisaged could and should take on the challenge to make the EU a truly committed, pro-active and effective leader of democracy assistance. A flexible and fast-track path of assessing needs and granting funds could become the most visible results of the EU’s assistance in this area, delivering almost immediate tangible results. They argue that the EED therefore needs to become an instrument free of nationally-driven decisions, European ‘turf wars’ and cumbersome bureaucracy.

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By the end of the summer, the EU will launch new crisis management missions in the Horn of Africa, Niger and South Sudan. In this CEPS Commentary, Giovanni Faleg and Steven Blockmans question whether the new deployments will revive the EU’s persona as a global security actor. The authors point out that, without the backing of a comprehensive security strategy rationale, the EU’s re-engagement as a crisis manager that opts for small-scale operations will be seen as a continuation of its sleepwalking through a changing geostrategic landscape.

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Two stark reminders of the difficulties that people on the move encounter in the Mediterranean have been grabbing headlines recently: the so-called ‘left-to-die’ boat report and the ground-breaking Hirsi judgment. These two instances present the worst of both worlds: the first concerns a migrant boat that was ignored altogether, resulting in many deaths, whereas the second concerns a migrant boat being intercepted but subsequently dealt with in a way that contradicts Europe’s human rights standards. These two cases are neither isolated nor incidental. Instead they are of wider concern to the EU and reminders of structural deficiencies in Europe’s approach to people on the move in the Mediterranean. This paper identifies those cross-cutting deficiencies and proposes recommendations to correct them.

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This paper reflects on the challenges facing the effective implementation of the new EU fundamental rights architecture that emerged from the Lisbon Treaty. Particular attention is paid to the role of the Court of Justice of the European Union (CJEU) and its ability to function as a ‘fundamental rights tribunal’. The paper first analyses the praxis of the European Court of Human Rights in Strasbourg and its long-standing experience in overseeing the practical implementation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Against this analysis, it then examines the readiness of the CJEU to live up to its consolidated and strengthened mandate on fundamental rights as one of the prime guarantors of the effective implementation of the EU Charter of Fundamental Rights. We specifically review the role of ‘third-party interventions’ by non-governmental organisations, international and regional human rights actors as well as ‘interim relief measures’ when ensuring effective judicial protection of vulnerable individuals in cases of alleged violations of fundamental human rights. To flesh out our arguments, we rely on examples within the scope of the relatively new and complex domain of EU legislation, the Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ), and its immigration, external border and asylum policies. In view of the fundamental rights-sensitive nature of these domains, which often encounter shifts of accountability and responsibility in their practical application, and the Lisbon Treaty’s expansion of the jurisdiction of the CJEU to interpret and review EU AFSJ legislation, this area can be seen as an excellent test case for the analyses at hand. The final section puts forth a set of policy suggestions that can assist the CJEU in the process of adjusting itself to the new fundamental rights context in a post-Lisbon Treaty setting.

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This policy brief illustrates that both the conceptualisation of democracy and the means to achieve it remain vague, and explains why this is problematic. It points out the risks that stem from a lack of clear understanding about how human rights, governance, civil society and socio-economic development relate to democratisation. It concludes that the EU should reflect on the substance of its external democracy promotion policies and conceptualise the relationship between the different elements of democracy promotion cited above and democratisation. While ongoing reforms of international democracy promotion should continue, a wider debate on substance could help identify what the EU should support in the future. The EU should also establish a reflective external democracy promotion policy where the assessment of actions on democratic development becomes systematic and is institutionalised.