998 resultados para Estado social de derecho -- Colombia -- 2002-2006


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La migración forzada es un fenómeno de interés para las relaciones internacionales de Colombia y Ecuador debido a implicaciones subyacentes a su ubicación geográfica, al conflicto armado y su reconfiguración en la zona de frontera, y las vulneraciones de los derechos de la población. Nariño como departamento conserva distintos grupos étnicos, entre las cuales se encuentra el Pueblo Indígena Pasto, grupo que ha forjado relaciones profundas con su territorio a través de lazos construidosdesde su reconstrucción histórica como Pueblo Indígena, dando cuenta de una extensión histórica y cultural que supera las líneas fronterizas de los Estados, haciendo más compleja la forma en que los Estados abordan el incremento del fenómeno migratorio en esta zona. Las categorías de pensamiento que objetivan, imaginan y representan las acciones de regulación para la migración forzada en la zona de frontera se construyen desde acciones políticas paradójicas donde la premisa solidaria por la defensa de las poblaciones genera un reverso de la lógica biopolítica que orienta a las instituciones en ambos países. Así, el territorio Pasto se convierte en un escenario donde su cosmovisión y su vínculo con el territorio forjan dinámicas locales en coexistencia y disputa con las intervenciones externas,cuestión que pone en duda la noción de la migración forzada y las prácticas que se despliegan para hacer frente a la situación de este Pueblo Indígena. Esta investigación pretende analizar los modos de subjetivación del Pueblo Indígena Pasto en el periodo 2002–2010; periodo marcado por diferentes acciones de los gobiernos de Ecuador y Colombia ante el incremento del fenómeno y sus implicaciones. El estudio se orienta desde la perspectiva de una teoría crítica de la sociedad para analizar las tensiones generadas en un escenario en disputa entre los discursos propios y la irrupción de discursos externos en el territorio.

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Este artículo pasa revista a los principales aspectos que han afectado a las relaciones entre Ecuador y Colombia desde fines de los años noventa, poniendo énfasis en la etapa previa y posterior al incidente de Angostura, que llevó al rompimiento de relaciones diplomáticas. Paralelamente, se analizan los principales temas de interés tanto de Colombia como de Ecuador, que deberían tomarse en cuenta al momento de definir una agenda de política exterior.

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Este libro está dedicado al estudio minucioso de una de las instituciones que más discrepancias ha generado dentro la doctrina tributaria: la tasa. El objetivo principal es demostrar que, en Ecuador, este tributo ha sido desnaturalizado por las discrepancias existentes entre los autores al momento de establecer los elementos esenciales y los principios constitucionales rectores del mismo, una técnica legislativa deficiente y la falta de conocimiento de nuestras autoridades. La autora analiza los conceptos que se han formulado de la tasa, desde la doctrina clásica hasta la doctrina contemporánea; los elementos esenciales que le atañen como una especie del género tributo y también como un instituto independiente; para luego contrastarla con los impuestos, las contribuciones especiales y otras figuras similares, tales como los precios públicos, los derechos y las tarifas. Y concluye que, si bien los ecuatorianos tenemos la obligación constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos a través del pago de los tributos legalmente establecidos, sobre todo en un Estado social como el nuestro, estos no pueden ser tergiversados violentando nuestros derechos.

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Constitucionalizar el derecho resulta una tarea que involucra, no solo a los operadores de justicia, sino a los abogados y la sociedad en su conjunto, porque aquello significa desarrollar nuestra conducta, en armonía con la filosofía del Estado Constitucional de Derecho y Justicia, conforme así se define el Ecuador en el Artículo 1 de la Constitución de la República. Entonces, nuestro trabajo tiene como núcleo, llevar a consideración de ustedes, una serie de ideas, reflexiones, críticas con respaldo de estudios de varios autores, que han desarrollado el tema relativo a la constitucionalidad del derecho, para luego de la confrontación de ideas doctrinales con las nuestras, obtener una conclusión que permita afirmar cual “debe ser” la forma de interpretar y aplicar el derecho en los actuales momentos, teniendo como centro de regulación del ordenamiento jurídico a la Constitución que es la fuente de las fuentes del derecho contemporáneo, conforme lo vemos en nuestro trabajo.

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El derecho a la seguridad es una combinación de facultades y potestades que tiene la sociedad para requerir del Estado la adopción de condiciones propicias para una convivencia pacífica exenta de todo riesgo o peligro. En su significado semántico, la seguridad supone la exclusión de daño, peligro; en tal virtud, es una situación, estado social o mental con ausencia de todo riesgo o amenaza real. Dentro de este contexto, existen diferentes tipos de seguridad: integral, humana, ciudadana, pública, jurídica, social, entre otras. La Constitución de la República del Ecuador establece el ejercicio popular para la defensa y protección de los derechos colectivos, entre ellos, a la seguridad; por tanto, para satisfacerlo es fundamental adoptar políticas públicas que generen condiciones básicas que garanticen: 1. seguridad económica; 2. seguridad política; 3. seguridad ambiental; 4. seguridad de la salud; 5. seguridad alimentaria; y 6. seguridad ciudadana.

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En la actualidad, uno de los temas que presenta mayor relevancia en el contexto mundial es la crisis energética, cuyas manifestaciones se han representado en la escasez de reservas de petróleo generado altos costos en las explotaciones y volatilidad en los precios. Por tanto, los países dependientes han conducido sus propósitos a la búsqueda de fuentes de energía alternativa y renovable. La más importante la constituye los biocombustibles, los cuales se derivan de la biomasa de materia orgánica, proveniente de diversos cultivos, generalmente agrícolas y forestales, y que ha presentado un incremento de producción mundial a un ritmo anual del 10% desde el año 20101. Esta dinámica va acompañada del rol activo de los Estados que articulan instrumentos que favorecen la multiplicación de cultivos energéticos, ocasionando intensos debates en el ámbito mundial, que conllevan a revisar los efectos que en la actualidad estas políticas han generado en el mundo y en Colombia, país que desde el año 2002 ha realizado apuestas en torno a esta posibilidad de conseguir energía de forma alternativa.

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The temporal organization of mammals presents a daily adjustment to the environmental light/dark cycle. The environmental light detected by the retina adjusts the central clock in the suprachiasmatic nuclei, which innervate the pineal gland through a polysynaptic pathway. During the night, this gland produces and releases the nocturnal hormone melatonin, which circulates throughout the whole body and adjusts several bodily functions according to the existence and duration of darkness. We have previously shown that during the time frame of an inflammatory response, pro-inflammatory cytokines, such as tumor necrosis factor-a, inhibit while anti-inflammatory mediators, such as glucocorticoids, enhance the synthesis of melatonin, interfering in the daily adjustment of the light/dark cycle. Therefore, injury disconnects the organism from environmental cycling, while recovery restores the light/dark information to the whole organism. Here, we extend these observations by evaluating the effect of a mild restraint stress, which did not induce macroscopic gastric lesions. After 2 h of restraint, there was an increase in circulating corticosterone, indicating activation of the hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) axis. In parallel, an increase in melatonin production was observed. Taking into account the data obtained with models of inflammation and stress, we reinforce the hypothesis that the activity of the pineal gland is modulated by the state of the immune system and the HPA axis, implicating the darkness hormone melatonin as a modulator of defense responses.

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Este trabalho visa analisar as etapas da formação do Estado moderno, desde o Estado Absoluto até o Estado Social-Democrático, e relacioná-las com as formas correspondentes de organização e administração do aparelho do Estado que culminam na reforma da gestão pública.

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Esta monografia procura contribuir para a sustentação da proposição segundo a qual uma das condições de efetividade da modernização da administração brasileira reside no seu caráter associativo entre racionalidade política e racionalidade administrativa dos sistemas burocráticos estatais. Conforme este argumento, os processos e iniciativas de modernização da administração pública brasileira não podem, sob pena de tomarem-se disfuncionais, concentrar-se em medidas que VIsam a aumentar exclusivamente a racionalidade funcional do sistema administrativo estatal, restritas à aspectos instrumentais. Isto porque o estado, cuja natureza é essencialmente política, requer, para legitimar-se mediante a formulação e implementação de políticas públicas efetivas, uma estrutura administrativa permeável e integrada ao sistema político, ao qual cabe, pela prática democrática, a enunciação dos valores sociais da busca do bem estar. Há uma dialética na modernização político-administrativa do estado segundo a qual o incremento da racionalidade política da burocracia não decorre apenas da modernização política do País, mas depende essencialmente de atributos inerentes ao sistema burocrático. Esta proposição parte do delineamento de um quadro problematizante relativamente aos desafios do estado social contemporâneo, centrado no que se convencionou chamar de crise do estado e crise da administração pública. O delineamento deste quadro parte da elaboração das seguintes assertivas: a legitimidade do estado social, decorrente da efetividade de suas ações, é intimamente dependente da administração pública; a crise do estado se coloca essencialmente como uma crise de eficiência e efetividade do estado, não apenas de seu aparelho; e o equacionamento da crise do estado requer o enunciamento de seus requisitos funcionais enquanto ator social, promotor de transformações. O que se convencionou chamar de crise da administração pública, reporta-se à incapacidade político-administrativa ~ o estado em deliberar e, efetivamente, implementar aquilo que seja definido como certo para o bem-estar dos cidadãos. Em síntese, argumenta-se que a crise da administração pública não é uma crise puramente administrativa; e sua superação está condicionada ao incremento da racionalidade política e administrativa do estado de uma maneira integrada.

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O Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, foi recebido nesta sexta-feira (11) na sede da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV/DAPP) para uma reunião de avaliação de programas e tecnologias aplicadas no Estado. Participaram do encontro o Secretário-Geral do Governo, Vinicius Wu, o Diretor da FGV/DAPP, Marco Aurélio Ruediger, e os pesquisadores Ricardo Rotenberg, Pedro Lenhard e Amaro Grassi. Em junho, o governador Tarso Genro participou de reunião com o Presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal.

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Em um momento de opiniões fortes - cada vez mais categóricas - e crescente processo de polarização moral e política, alguns temas merecem um olhar mais cuidadoso. Com isso em mente, a ideia é fazer uma provocação: em que medida o Estado é responsável pelas decisões individuais de um cidadão. O tema das migrações é recorrente no cotidiano das pessoas, mas não é um tema que percorre a agenda pública. A Diretoria de Análises de Políticas Públicas (FGV/DAPP) há algum tempo vem acompanhando a temática das migrações e políticas migratórias ao redor do mundo, o que originou uma publicação denominada Imigração como vetor estratégico do desenvolvimento socioeconômico e institucional do Brasil.

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New technologies appear each moment and its use can result in countless benefits for that they directly use and for all the society as well. In this direction, the State also can use the technologies of the information and communication to improve the level of rendering of services to the citizens, to give more quality of life to the society and to optimize the public expense, centering it in the main necessities. For this, it has many research on politics of Electronic Government (e-Gov) and its main effect for the citizen and the society as a whole. This research studies the concept of Electronic Government and wishes to understand the process of implementation of Free Softwares in the agencies of the Direct Administration in the Rio Grande do Norte. Moreover, it deepens the analysis to identify if its implantation results in reduction of cost for the state treasury and intends to identify the Free Software participation in the Administration and the bases of the politics of Electronic Government in this State. Through qualitative interviews with technologies coordinators and managers in 3 State Secretaries it could be raised the ways that come being trod for the Government in order to endow the State with technological capacity. It was perceived that the Rio Grande do Norte still is an immature State in relation to practical of electronic government (e-Gov) and with Free Softwares, where few agencies have factual and viable initiatives in this area. It still lacks of a strategical definition of the paper of Technology and more investments in infrastructure of staff and equipment. One also observed advances as the creation of the normative agency, the CETIC (State Advice of Technology of the Information and Communication), the Managing Plan of Technology that provide a necessary diagnosis with the situation how much Technology in the State and considered diverse goals for the area, the accomplishment of a course of after-graduation for managers of Technology and the training in BrOffice (OppenOffice) for 1120 public servers

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The purpose of this dissertation is to analyze the role of Public Powers in the enforcement of fundamental social rights, according to the principle of prohibition to social regression. The Federal Constitution of Brazil, situated in a position normative hierarchical superior, disciplines the legal and political process of the country, determining how Public Powers (Legislative, Executive and Judiciary) should act to enforce fundamental rights (social). Thus, features a cast of fundamental rights that aim to ensure social justice, highlighting the concern to ensure social values aimed at reducing social inequalities. The will of the state should be prevented by controlling the constitutionality of measures which restrict fundamental social rights, assuming the principle of human dignity, pillar of Social and Democratic State of Right, a dual role in the brazilian legal system, acting as the presupposition of jurisdictional control of the constitutionality of restrictive acts and as supervisory of omission or insufficient action of the State in the fulfillment of their fundamental duties. The constitutional determinations remove from the legislator the option to create or not the law that prints effectiveness to the social rights, as well as from the Executive the option of to execute or not rules directed at realization of the constitutional parameters, and Judiciary to behave or not in accordance with the Constitution, being given to the Powers only the arbitrariness of "how" to do, so that all functions performed by public actors to use the Constitution as a repository of the foundational values of the collectivity. Any situation that does not conform the principle of proportionality in relation to the enforcement of fundamental rights, especially the social, represents an unacceptable social regression unconstitutional. The constitutional rules and principles postulated by the realization of the rights, freedoms and guarantees of the human person, acting the principle of prohibition to social regression to regulate a concrete situation, whenever it is intended to change, reducing or deleting, the content of a social right. This paper of limit of state action serves to provide to the society legal security and protection of trust, ensuring the core of every social right. This should be effected to be sheltered the existential minimum, as a guarantee of the inviolability of human life, respecting the constitutional will, not falling into social regression