845 resultados para Protección de los consumidores


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La entrada de nuevos competidores con grandes recursos de capital y mano de obra da lugar que las Pymes definan sus estrategias de producción y comercialización agregando valor adicional en las prendas de bebé. El estudio del subsector de la confección de ropa de bebé en la Ciudad de Quito se analizaron los componentes de la actividad económica de prendas de vestir para bebés, mercados internos y externos, como se comportan diferentes empresas al momento de elaborar las prendas de bebé, la calidad que utilizan y el segmento de personas a que ellos se dirigen como respuesta a los diferentes problemas que actualmente enfrentan las empresas del sector, existe una amplia gama de productos entre telas e insumos para la confección, lo cual el empresario tiene que estar en constante innovación para el agrado del cliente y con ello alcanzará más ventas y participación en el mercado. Existen pocas empresas que realizan un estudio técnico de la competencia, existe una competencia informal alto en el sector donde los empleados no poseen estabilidad laboral ni beneficios de ley, trabajan aisladamente para satisfacer una parte del sector o realizan trabajos parciales a otras empresas, la elaboración de esta tesis dio la oportunidad de entender como empresas de éxito legalmente administradas, pierden dinero por la presencia del mercado informal. Los principales hallazgos que se obtuvieron las cinco fuerzas competitivas Michael Porter son: barreras de entrada son bajas, el poder de negociación de los proveedores es alto, el poder de negociación de los consumidores en bajo, los sustitutos y la rivalidad que son altos, lo que permitió proponer estrategias para que las empresas puedan ser productivas y competitivas.

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El mercado automotriz en el Ecuador es uno de los sectores que dinamiza la economía; a través de la producción e importación de vehículos y la comercialización de estos. El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido constante y sostenido, al igual que el incremento de financiamientos otorgados a los consumidores o sujetos de crédito para la compra de un vehículo. El presente trabajo tiene como propósito el desarrollo de un score de crédito para el financiamiento automotriz que permita identificar a los buenos y malos solicitantes y así decidir entre otorgar o no el crédito. Para ello se han desarrollado cuatro capítulos. En el primer capítulo se realiza una introducción sobre el mercado automotriz su producción, niveles de importación, cadena de distribución, y otros; además de la composición del parque automotor y problemas de movilidad y el comportamiento de compra y los niveles de crédito automotriz. En el segundo capítulo se trata sobre la base de datos de las organizaciones y los tipos de variables que pueden contener y se explica los tipos de modelos de regresiones que se pueden realizar. En el tercer capítulo se define al modelo de score de crédito y los pasos a seguir para la construcción de este. En el cuarto capítulo se desarrollan todos los pasos para la construcción del score de crédito y en quinto capítulo se encuentran las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo.

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La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha fortalecido y mejorado el sistema multilateral de comercio, surgido en los años siguientes al final de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de garantizar la libre competencia entre los países miembros, eliminar las barreras al comercio internacional y permitir cada vez más el acceso de las empresas y de los consumidores a los mercados extranjeros de bienes y servicios.

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Desarrolla un panorama del trabajo de la Defensoría del Pueblo en sus ejes de protección y promoción de derechos. En materia de protección presenta cifras de las atenciones brindadas a nivel nacional y provincial, destacando aquellas peticiones que tienen alcance nacional. En promoción de derechos presenta los procesos de educación y formación, investigación, incidencia y transparencia. Presenta los informes temáticos desarrollados y el resultado del monitoreo defensorial respecto de la información pública.

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La importancia de ésta tesis titulada Diseño de un Plan de Posicionamiento de la Empresa Proyectos y Servicios Group, radica en que el posicionamiento se refiere a cómo se percibe una compañía y cómo se definen estrategias para ser atractiva al público, de modo que la compañía pueda provocar un interés entre los consumidores, se posesione en su mente, genere riqueza de marca y facilite así ventas del producto. Así el presente trabajo esta conformado por cuatro capítulos. Parte de un diagnóstico de la situación actual en el cual se analiza la misión, la cartera de productos, las fuerzas competitivas con base al modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, como también se realiza un análisis del proceso de compras. En el segundo capitulo se desarrolla la investigación de mercado, realizando un análisis del problema de investigación. Se determinan los objetivos de la investigación así como el diseño y metodología de la investigación. Además se analizan los resultados obtenidos con los diferentes instrumentos de recolección de información. En el tercer capitulo se desarrolla el plan de posicionamiento, determinando el segmento de mercado al cual se van a dirigir los esfuerzos de la empresa, el tipo de posicionamiento, el concepto de posicionamiento como propuesta única de ventas, al igual que las estrategias para lograr los objetivos planteados en el plan. Y en el capitulo cuatro se desarrollan las conclusiones y recomendaciones resultado de trabajo investigativo considerando que la problemática principal de este trabajo es el desarrollo de un plan de posicionamiento que nos permita desarrollar ventajas competitivas y como resultado de ello; un incremento en las utilidades de la empresa.

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Con la aprobación de la nueva Constitución de la República en el año 2008, la competencia para el trámite del hábeas corpus se trasladó del ámbito de las alcaldías municipales a los jueces y juezas de la Función Judicial; su histórica presencia en la legislación ecuatoriana denota la importancia en la protección de los derechos ciudadanos en especial el de la libertad. Con la presente investigación pretendemos demostrar si continúa siendo efectiva desde el campo del derecho procesal, esta acción constitucional en la protección de la libertad así como sus derechos conexos, en especial desde los cambios introducidos en la Constitución del 2008. El estudio delimita como campo de acción a dos ciudades específicas del Ecuador: Tulcán e Ibarra, cuyas jurisdicciones permiten comparar los procesos de hábeas corpus realizados por parte de las Alcaldías y los jueces y juezas, del año 2006 al 2011, tomando como referencia el mes y año en el cual se aprobó la Constitución.

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Los años finales de la década de los noventa y el inicio del nuevo siglo, marcan el final de la reproducción del videoclip en la televisión como mecanismo de la Industria Cultural para la reproducción y estrategia de comercialización de los grandes autores del formato audiovisual. Con el aparecimiento de canales IRC (Internet RelayChat), los mismos que consisten en un protocolo de comunicación entre dos o más usuarios, se da el inicio la experiencia de compartir contenidos de videos musicales en línea. Este fenómeno da pie al comienzo de la experiencia del videoclip en la web, el cual tiene un origen con la apropiación del consumidor que, por cuenta propia, digitaliza a sus artistas preferidos para compartirlos en distintos portales y organizar foros acerca de el debate del producto audiovisual que comparte junto con la posibilidad de un intercambio masivo en las redes, momento clave de reorganización de las lógicas de comercialización del formato y de la promoción de los grandes sellos discográficos en su afán de promulgar a los artistas que trabajan bajo su firma. Este proceso conlleva a que el video clip como suerte de consumo cultural, incorpore la experiencia sensitiva de la comunidad global a través de portales como You Tube, Blip TV o Vimeo, y produzca un fenómeno conocido como el fan video: el mismo que consiste en la capacidad de los consumidores de productos audiovisuales (fans) especializados en adaptar herramientas tecnológicas para re-visionar productos y promoverlos en distintas plataformas virtuales.

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Más allá de las debilidades que tiene la administración centralizada del espectro radioeléctrico, se reconoce que los agentes del mercado: operadores y fabricantes de equipos, poseen más conocimiento sobre el espectro que requieren, así como también, más información con respecto a las tecnologías apropiadas para desplegar redes, proveer servicios y las preferencias de los consumidores, en este sentido, puede pensarse que algunas de las decisiones que le correspondería a la administración, deberían ser tomadas por los que usan eventualmente el espectro. Para hacer frente a la presión de los mercados y al rápido cambio tecnológico, un número creciente de países han empezado a desregular partes de sus regímenes de la gestión del espectro, sustituyendo su acción tradicional centralizada de comando y control sobre este recurso, por un acercamiento basado en el mercado. Su objetivo fundamental es llegar a gestionar el espectro radioeléctrico como recurso limitado, asegurando su disponibilidad para usos públicos y privados, bajo los principios de eficiencia, técnicos, económicos y sociales. En Ecuador, particularmente para la prestación de los servicios de radiodifusión, se identifica, que hay una demanda creciente, tanto para el acceso a las frecuencias principales como para las frecuencias auxiliares de dicho servicio, las que al momento han agotado en un gran porcentaje su disponibilidad, no obstante, también se aprecia, que ciertos operadores han empezado a utilizar de manera más eficiente algunos segmentos del sistema de transmisión inalámbrico, como es el caso de los enlaces que transportan las señales de radiodifusión de televisión, desde las estaciones matrices hacia las estaciones repetidoras o relevadores, agregando el audio de operadores de radiodifusión sonora, a la subportadora de sus enlaces.

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La Defensoría del Pueblo en Ecuador se consolida como la Institución a nivel nacional, llamada a proteger y tutelar los derechos humanos, de la naturaleza y de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior. Además, participa en el control de las entidades y organismos del sector público y particulares. Este mandato se encuentra establecido en la Constitución vigente, su carácter garantista le ha dotado de un nuevo contexto de actuación, incluyendo en su contenido las atribuciones principales dentro de las cuales surge la vigilancia del Debido Proceso. Por tratarse de una atribución exclusiva de la Defensoría del Pueblo e interesante en el ámbito jurídico ecuatoriano, la presente Tesis procura realizar un acercamiento al desarrollo y tratamiento de esta competencia, para lo cual se inicia con un breve recorrido en los orígenes de la Institución a nivel general, intentado esbozar las fuentes que dieron lugar a su aparecimiento. Posteriormente se profundiza en el estudio de la Institución a nivel nacional para ir descubriendo la plataforma en la que se ha desarrollado la vigilancia defensorial, el tratamiento que ha recibido, la importancia que obtuvo desde su incorporación en el texto constitucional y, las limitaciones que ha enfrentado para funcionar de manera eficaz. Finalmente, se destaca la relación que existe entre Corte Constitucional y Defensoría del Pueblo, consagrándose como verdaderas garantías de los derechos fundamentales. No obstante, se evidencia que existen divergencias entre ambas Instituciones provenientes del ejercicio de la atribución de vigilancia del debido proceso en sede constitucional, debiendo ser superadas a través del trabajo conjunto y coordinado en pro de los derechos fundamentales.

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Distintas instancias del Sistema de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas, han recomendado al Estado ecuatoriano que adopte una serie de medidas encaminadas a lograr el cumplimiento del derecho a la educación y de la protección efectiva contra la discriminación en la educación en todos sus niveles; especialmente orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de grupos menos favorecidos como son pueblos indígenas y afrodescendientes; población rural y de zonas fronterizas; migrantes y refugiados; grupos en situación de pobreza, marginación y riesgo, y personas con discapacidad. También han manifestado la importancia de implementar acciones sostenidas en el tiempo para reducir el analfabetismo; garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación, considerando la diversidad cultural; contar con la normativa, institucionalidad, política y presupuesto necesario; y producir información que permita dar cuenta de los progresos alcanzados.

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Durante el 2006, en el marco del proceso de reforma de la Organización de Naciones Unidas, surgió ante las limitaciones que los Estados encontraron en la antigua Comisión de Derechos Humanos, particularmente, en cuanto a los dispositivos disponibles, para influir en el mejoramiento de la situación de los derechos humanos en los distintos países, así como para dar seguimiento a su evolución en el tiempo. En reemplazo de la Comisión, se creó el actual Consejo de Derechos Humanos y se le proveyó del Examen Periódico Universal como herramienta para realizar una revisión periódica y mandatoria de todos los Estados en materia de derechos humanos. A diferencia de otros mecanismos de derechos humanos, en los que intervienen expertos independientes, dentro del Sistema Universal de Protección de Derechos, el EPU se caracteriza por ser un espacio de diálogo a nivel de los Estados. Es decir, promueve un diálogo entre pares, situación que contribuye a crear nuevos niveles de responsabilidad estatal y de compromiso con la comunidad internacional.

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El derecho a la seguridad es una combinación de facultades y potestades que tiene la sociedad para requerir del Estado la adopción de condiciones propicias para una convivencia pacífica exenta de todo riesgo o peligro. En su significado semántico, la seguridad supone la exclusión de daño, peligro; en tal virtud, es una situación, estado social o mental con ausencia de todo riesgo o amenaza real. Dentro de este contexto, existen diferentes tipos de seguridad: integral, humana, ciudadana, pública, jurídica, social, entre otras. La Constitución de la República del Ecuador establece el ejercicio popular para la defensa y protección de los derechos colectivos, entre ellos, a la seguridad; por tanto, para satisfacerlo es fundamental adoptar políticas públicas que generen condiciones básicas que garanticen: 1. seguridad económica; 2. seguridad política; 3. seguridad ambiental; 4. seguridad de la salud; 5. seguridad alimentaria; y 6. seguridad ciudadana.

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El derecho a la consulta previa se encuentra consagrado desde la Constitución de 1998. Desde su vigencia, el Estado ha venido ignorando este derecho, ya que su interés prioritario ha sido el desarrollo económico, ocasionando graves prejuicios culturales y ambientales a las comunidades indígenas y a la sociedad en general. La Constitución del 2008 amplia la protección de estos derechos colectivos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, tomando como punto de partida el hecho de introducir en el artículo primero la noción del "estado constitucional de derechos y justicia", caracterizado no solo por la extensa gama de derechos sino por la protección que se da a los mismo a través de las garantías. En la misma línea, esta nueva noción de estado, para mayor protección de los Derechos, coloca a la par tanto a las normas constitucionales como aquellas que se encuentran dentro de los instrumentos internacionales de derechos humanos y que sean más favorables a los derechos humanos. Por lo que, el derecho a la consulta previa a pesar de encontrarse determinado de una forma más explícita en nuestra actual Constitución, todavía nos deja incógnitas acerca de la aplicación y cumplimiento de este derecho, por lo que debemos recalcar que de conformidad a la Constitución ecuatoriana vigente debe ajustarse a los términos señalados a la misma, así como también al Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior.

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En este artículo me enfoco en analizar el tratamiento que el Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas ha dado en sus informes de visitas públicos a los riesgos específicos de sufrir malos tratos y tortura en el caso de mujeres privadas de la libertad utilizando aportes de metodologías feministas para el análisis de género del derecho. Para el efecto he estudiado las normas internacionales más pertinentes para el mandato de visitas que cumple el Subcomité en contraste con los hallazgos y recomendaciones realizados por este órgano de tratado en la visita a 11 Estados parte de los cinco continentes. Finalmente he ubicado los límites y aportes encontrados con relación a la prevención de la tortura y los malos tratos en mujeres privadas de la libertad y he propuesto algunos elementos a tener en cuenta para la inclusión de un enfoque de género en la labor de visitas del Subcomité.

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Constituye una investigación que comprende en primer lugar un recuento histórico de lo que ha sido esta institución desde su creación hace más de doscientos años en Suecia y su posterior expansión en casi toda Europa, hasta llegar a España. Es desde este país, España, donde comenzó a trasladarse la idea de instituir la Defensoría del Pueblo en algunos países latinoamericanos, pero de forma diferente a como había sido concebida en sus inicios: el Defensor del Pueblo es entendido como un garante de los Derechos Humanos, es más, hasta se convierte en sí mismo en una garantía constitucional reconocida en muchas legislaciones y constituciones. Por medio de un estudio comparativo de las experiencias de la Defensorías del Pueblo en países como Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú y Colombia, se aborda el tema central de esta investigación que es precisamente evaluar y comparar el funcionamiento de esta institución en nuestro país luego de más de diecisiete años de reconocimiento constitucional. Finalmente, se realizará, a modo de conclusión, una evaluación de la misión de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, como garante de los derechos humanos y como garantía constitucional. Igualmente, se incluirán los desafíos que tiene la Defensoría del Pueblo dentro de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia.