909 resultados para Conflitos armados


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Este Estudio de Caso cruza las variables de conflicto interno armado en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, y territorio indígena Wiwa, con el fin de mostrar la influencia que llegó a tener el conflicto en todos los ámbitos de la vida individual y sobre todo grupal de los Wiwa, quienes presentan una especial relación con el territorio; la afectación fue tan grande que los llevó a ser considerados pueblo indígena en vía de extinción. La investigación está centrada en el primer periodo del ex-Presidente Álvaro Uribe, cuatrienio en el cual los actores armados del conflicto (FARC, AUC, Fuerzas Militares y de Policía) aumentaron su accionar, sobre todo por lo estratégico que resulta tener dominio territorial en la Sierra, ya que esta zona del país perteneciente ancestralmente a los cuatro pueblos indígenas serranos, sirve como zona de resguardo de grupos armados, tiene suelos aptos para la ganadería, el cultivo de banano, palma, pero también para los cultivos ilícitos, la salida al mar permite el tráfico de armas y drogas, además de poseer muchas fuentes hídricas. Se muestra entonces el conflicto de intereses entre los mismos grupos armados, y el de los grupos armados con los Wiwa, quienes denunciaron el desprecio absoluto por su cultura y su pensamiento territorial. Además de ello se evidencia como mediante actos de terror y violencia se violaron los derechos humanos y se infringió el derecho internacional humanitario.

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Este trabajo final de grado evalúa la existencia de la pena de muerte en Colombia en su visión formal y real, a través del estudio de caso de la masacre de El Salado, en la cual las Autodefensas Unidas de Colombia toman la justicia en sus manos ejecutando a más de 60 civiles. Inicialmente se hace una descripción de cómo se ha tratado el tema de la pena de muerte a lo largo de la historia, dando una breve apreciación de lo que representa y ha representado para la civilización occidental, así como del concepto y de los tipos de penas de muerte y ejecuciones. Seguidamente se describe la historia de la pena de muerte en Colombia; como ha sido planteada la discusión del tema y como ha sido abordada institucionalmente desde la Constitución colombiana. Posteriormente se hace una breve descripción de los hechos que acontecieron durante la masacre de El Salado, los juicios aplicados, los medios de eliminación bélica y no bélica que allí tuvieron lugar y las consecuencias psicosociales para la población. La masacre tuvo lugar entre el 16 y el 21 de febrero del 2000. Finalmente se evalúa el concepto de pena de muerte y cómo ha sido la visión formal de su aplicación, así como la responsabilidad del Estado ante la aplicación de esta por parte de actores armados no institucionales. Asimismo, se evalúa la existencia de la pena de muerte desde tres puntos de vista: desde el Estado, desde las victimas y desde los victimarios.

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El presente trabajo tiene como objetivo analizar la política pública de reintegración para grupos armados insurgentes, desde un enfoque diferencial de género. En este enfoque la investigación destaca el rol de madre cabeza de familia excombatiente.

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El volumen compila los materiales de cinco talleres desarrollados en el marco de la primera edición de la universidad de verano de estudios del género, dedicados respectivamente al nuevo código penal español y los delitos contra las mujeres; la vinculación entre mujer, trabajo y formación; la mujer en la literatura española contemporánea; el papel de la mujer en los distintos conflictos armados, organizaciones de mujeres y redes internaciones de información y apoyo; y la política de igualdad de oportunidades. Se incluye además una conferencia-coloquio sobre comunicación y géneros y la conferencia de clausura dedicada a la construcción psicológica del género.

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Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Pakistán se ha convertido en uno de los principales aliados de Estados Unidos para combatir las fuerzas terroristas de Al-Qaeda y los talibán en el centro y sur de Asia. La alianza bilateral no ha manifestado resultados determinantes para aliviar los problemas de seguridad en Pakistán, por el contrario, la yihad islámica se ha fortalecido en su población y los ataques terroristas que atentan contra la población civil y el aparato estatal se vuelven cada vez mas frecuentes, en razón de lo anterior, los grupos insurgentes en Pakistán han fortalecido su capacidad operativa y expandido su escenario de influencia.

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Esta monografía se realiza con el ánimo de analizar las relaciones militares entre Rusia y República Checa con el fin de valorar su incidencia en el reposicionamiento de Rusia como gran potencia y su repercusión en Europa Central. Se estudia cómo en los últimos años la relación de ambos países se ha definido por la inestabilidad política y la inseguridad que ha desembocado en un vínculo débil, lo cual trae consecuencias al proyecto ruso y le impide ejercer un liderazgo efectivo en la región. Dicho proyecto está sustentado en los elementos del poder nacional del Realismo Clásico que permiten hacer un recorrido por todos los aspectos relevantes de la construcción del proyecto ruso y dar cuenta de su efectividad frente a una República Checa inmersa en las dinámicas europeas.

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La presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de los mecanismo de cooperación humanitaria utilizados por UNICEF y CICR en la protección de la niñez durante el conflicto en Uganda en el periodo 2008-2012. Se analiza y describen los proyectos implementados para proteger a la niñez en situación de conflicto, teniendo en cuenta las relaciones establecidas entre los actores del Sistema Internacional para generar la cooperación humanitaria. Se parte del hecho que la cooperación humanitaria genera efectos positivos en la población sin embargo se da un choque cultural cuando la cooperación internacional efectúa sus acciones en comunidades con tradiciones y costumbres diferentes.

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Las amenazas a las que se enfrenta la Comunidad Internacional se hacen cada vez más diversas, las fuentes de conflicto, menos convencionales y la imposibilidad de garantizar la seguridad a través de la protección material alrededor de unas fronteras es evidente. Riesgos y amenazas se caracterizan hoy por la extraterritorialidad hecho que debe conducir al Estado a reconocer cómo la lógica de la interdependencia determina el juego político internacional. En este contexto, el orden supranacional cobra un papel de vital importancia y se convierte en complemento así como instrumento para potenciar la acción estatal. La Organización de Naciones Unidas, máxima expresión del multilateralismo, cobra un papel determinante para enfrentar los presentes desafíos de la seguridad mundial. Garantizar la paz y la seguridad requiere de un trabajo concertado entre los distintos actores del sistema internacional que supere la noción clásica de seguridad definida en la figura del Estado. Esta investigación surge entonces como reconocimiento del protagonismo que este momento histórico exige al orden multilateral. La Organización de Naciones Unidas, ha desarrollado un esquema de seguridad colectiva orientado a dar respuesta a las limitaciones que el Estado, como actor unitario tiene en el momento de enfrentar los conflictos armados. Desde su creación, hasta hoy, este esquema ha sido objeto de diversas transformaciones y ha visto ampliar su agenda temática y sus escenarios de aplicación para ser pertinente en la atención de unas demandas de seguridad que exigen más que una protección militar.

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La cruel realidad de los niños víctimas del conflicto armado en nuestro país y alrededor del planeta, indica la urgencia de asumir esta problemática de manera prioritaria y convertirla en premisa especial de las políticas gubernamentales. Millones de niños y niñas están siendo afectados por fenómenos sociales derivados de los conflictos armados como lo son la invalidez, el desplazamiento, la violencia, los abusos, e incluso la muerte. Los datos arrojados por instituciones como la UNICEF, la Human Right Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hablan de que el 50% de la sociedad desplazada por la violencia y los conflictos sociales se ubica en el rango de edad niño; 80% de las muertes que se causan por los conflictos armados son de terceros pertenecientes a la sociedad civil y un tercio de estas corresponden a niños y niñas. Además, aproximadamente 300.000 niños y niñas están directamente involucrados en actividades milicianas en el mundo entero y cerca de 10.000 niños mueren anualmente por causa de minas antipersonales y demás actividades militares no convencionales

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Durante décadas, el tema indígena en Colombia estuvo marginado como producto de la proliferación del conflicto armado y de demás ejes de distinta índole que han marcado la intrincada realidad social en el país. Para nadie es un secreto que los indígenas han sido víctimas de distintos procesos, sobre todo en lo que a materia territorial respecta, y sus territorios han sido focos de violencia por parte de actores armados ilegales y por el accionar del Estado y de distintos sectores de carácter privado, que han vulnerado los derechos de estos grupos y que han impuesto un ordenamiento arbitrario sobre estas comunidades. A raíz del surgimiento de nuevos temas en la agenda internacional y por consiguiente, de la importancia de la baja política en la agenda interna de los Estados, se pone de manifiesto la importancia de incluir los temas ambientales y en especial lo referente a las minorías étnicas, como ejes importantes a tener en cuenta dentro de la formulación de políticas de los Estados Nación. Es así como después de décadas, el Estado ve la necesidad de concebir el multiculturalismo como una política necesaria para proteger los derechos de los grupos minoritarios quienes durante años, a través de movilizaciones sociales, venían consolidando un discurso de reivindicación identitaria. De esta manera surgen entonces en la década de los 70s las primeras organizaciones indígenas, las cuales a partir de la construcción de este discurso de reivindicación identitaria, empiezan a abogar por el reconocimiento y protección de sus derechos y de su identidad.

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El narcotráfico ha sido uno de los problemas más graves que ha afrontado Colombia en los últimos 30 años. El problema ha sido de tal magnitud que ha permeado todos los ámbitos de la vida social en una época en que la globalización signa la relación de cualquier Estado con el escenario internacional, por esa vía el narcotráfico no es entonces un problema exclusivamente colombiano sino también un problema que le compete a otros actores del sistema internacional, como es el caso de los Estados Unidos. Además la relación entre el narcotráfico y los actores armados ilegales ha complejizado la problemática colombiana y ha incidido en la securitización de las drogas en el país.

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En las situaciones en que se presenta un conflicto armado, por lo general surge una violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, lo que hace que los Estados en su afán por restablecer la paz en sus territorios, tengan como objeto principal la solución de los mismos, acudiendo a procesos de reconciliación, como lo son la negociación con los actores armados. En medio de los conflictos armados, la vida de las personas se ve afectada, ya que un conflicto armado produce víctimas de diversa índole, que tienen una característica especial, ya sea porque se encuentran en una situación de riesgo, pues son poblaciones que se encuentran en zonas donde se desarrolla la guerra o se encuentran cerca a objetivos militares y por tal motivo están en riesgo de convertirse en víctimas del conflicto, o porque son afectados directamente por el conflicto, es decir que ya son víctimas porque están heridos, enfermos, o se encuentran en manos del adversario y son considerados prisioneros de guerra. Es importante tener en cuenta que el sufrimiento de estas personas es muy grande y que en ocasiones puede llegar a prolongarse durante largo tiempo.

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La Convención de Ottawa de 1998 -sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas Antipersonal y sobre su destrucción- hace parte de la respuesta internacional a la crisis de índole humanitaria originada por la expansión mundial de este tipo de armamentos. Este tipo de enemigo invisible se encuentra en más de 70 países, generando uno de los problemas humanitarios más graves y acuciantes de todos los tiempos que el ser humano haya podido padecer. Por lo anterior, al menos 90 países de los cuales hizo parte Colombia, se reunieron voluntariamente en 1997 a negociar un Tratado (de Ottawa) y que a la postre se ha convertido en un gran logro ya que por vez primera los países acordaron de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario el cese total de la producción, almacenamiento, utilización de estos artefactos explosivos. Pese a la prohibición general impuesta por la Convención de Ottawa, la cual es válida de igual forma para todos los actores armados en el conflicto, hoy día se continúa registrando en el país un aumento generalizado en la utilización de minas. Es por ello, que el presente trabajo pretende identificar particularmente las principales limitaciones y obstáculos que se han presentado para que el Gobierno colombiano de cumplimiento satisfactorio en los tiempos estipulados con los compromisos adquiridos en dicho Tratado Internacional.

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¿De qué manera los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han hecho frente a la noción de “guerra”, concepto que ha ido cambiando con el tiempo, siendo la expresión utilizada hoy la de “conflicto armado”, ya sea interno o internacional? Esta pregunta se halla a la base del análisis desarrollado en la primera parte de este artículo, demostrando que el continente americano ha sido objeto de conflictos de todo tipo. La heterogeneidad de situaciones (conflictos armados, tensiones internas, terrorismo de Estado) ha engendrado una variedad de calificaciones jurídicas que tanto la Comisión como la Corte interamericanas han identificado con detalle en su jurisprudencia. Esta operación de conceptualización es aún más trascendente por su implicación para el Derecho Internacional aplicable a los conflictos armados. A través de este estudio, resurge el eterno debate de la relación entre dos ramas clave del Derecho internacional: la del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la del Derecho Internacional Humanitario. La segunda parte del análisis tiene por objeto explorar, pues, si el ius in bello ha encontrado su sitio en la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. En fin, los cambios que han acompañado buena parte de la historia política del continente americano demuestran igualmente la importancia de tener en cuenta el régimen aplicable a los estados de excepción, muy presente en el trabajo de la Corte y la Comisión Interamericanas.

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A veinte años de la Constitución de 1991, y después de padecer una violencia endémica durante la década de los noventa, y por qué no decirlo, también en la primera década del siglo XXI, es pertinente hacer una reflexión ponderada sobre los efectos que ha tenido la Constitución de 1991 sobre el comportamiento tanto del Estado como de los actores armados. En especial porque algunos críticos ven en la constitución un obstáculo para la terminación del conflicto debido a  su abundante carta de derechos, que según su entender están diseñados para proteger a los malos y maniatar al Estado. Para otros la Constitución se convirtió en una especie de fetiche que no debía ser reformado, pues de hacerlo, se perderían los espacios democráticos ganados y tendría como consecuencia una escalada de la violencia. El artículo demuestra que ni lo uno ni lo otro es cierto, es decir, ni la carta de derechos es la responsable de los problemas de violencia que sufre el país, ni los espacios de democratización abiertos por la constitución son la panacea para culminar con la violencia en Colombia. Este artículo pone en su justa medida los aciertos de los constituyentes como los dilemas no resueltos que conllevó la aprobación de la Constitución de 1991.