880 resultados para California. Supreme Court.


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Over the past 30 years, states have expanded minors’ authority to consent to health care, including care related to sexual activity. This trend reflects U.S. Supreme Court rulings extending the constitutional right to privacy to a minor’s decision to obtain contraceptives and concluding that rights do not “come into being magically only when one attains the state-defined age of majority.” It also reflects the recognition that while parental involvement is desirable, many minors will remain sexually active but not seek services if they have to tell their parents. As a result, confidentiality is vital to ensuring minors’ access to contraceptive services. Even when a state has no relevant policy or case law, physicians may commonly provide medical care to a mature minor without parental consent, particularly if the state allows a minor to consent to related health services.

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Since the Supreme Court handed down its 1973 decisions in Roe v. Wade and Doe v. Bolton, states have constructed a lattice work of abortion law, codifying, regulating and limiting whether, when and under what circumstances a woman may obtain an abortion. The following table highlights the major provisions of these state laws. More detailed information can be found by selecting the table column headings in blue. Except where noted, the laws are in effect, although they may not always be enforced.

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El día 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de los EE.UU. encontró que la ley de Texas era inconstitucional y decidió que el derecho constitucional a la privacidad era “lo suficientemente amplia para incluir la decisión de una mujer si desea o no desea abortar su embarazo”. Con la decisión de Roe, los estados ya no podían pasar leyes que le negaban el derecho al aborto a las mujeres

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Esta tesis doctoral, que es la culminación de mis estudios de doctorado impartidos por el Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid, aborda el análisis del uso de la matización (hedging) en el lenguaje legal inglés siguiendo los postulados y principios de la análisis crítica de género (Bhatia, 2004) y empleando las herramientas de análisis de córpora WordSmith Tools versión 6 (Scott, 2014). Como refleja el título, el estudio se centra en la descripción y en el análisis contrastivo de las variedades léxico-sintácticas de los matizadores del discurso (hedges) y las estrategias discursivas que con ellos se llevan a cabo, además de las funciones que éstas desempeñan en un corpus de sentencias del Tribunal Supremo de EE. UU., y de artículos jurídicos de investigación americanos, relacionando, en la medida posible, éstas con los rasgos determinantes de los dos géneros, desde una perspectiva socio-cognitiva. El elemento innovador que ofrece es que, a pesar de los numerosos estudios que se han podido realizar sobre los matizadores del discurso en el inglés general (Lakoff, 1973; Hübler, 1983; Clemen, 1997; Markkanen and Schröder, 1997; Mauranen, 1997; Fetzer 2010; y Finnegan, 2010 entre otros) académico (Crompton, 1997; Meyer, 1997; Skelton, 1997; Martín Butragueňo, 2003) científico (Hyland, 1996a, 1996c, 1998c, 2007; Grabe and Kaplan, 1997; Salager-Meyer, 1997 Varttala, 2001) médico (Prince, 1982; Salager-Meyer, 1994; Skelton, 1997), y, en menor medida el inglés legal (Toska, 2012), no existe ningún tipo de investigación que vincule los distintos usos de la matización a las características genéricas de las comunicaciones profesionales. Dentro del lenguaje legal, la matización confirma su dependencia tanto de las expectativas a macro-nivel de la comunidad de discurso, como de las intenciones a micro-nivel del escritor de la comunicación, variando en función de los propósitos comunicativos del género ya sean éstos educativos, pedagógicos, interpersonales u operativos. El estudio pone de relieve el uso predominante de los verbos modales epistémicos y de los verbos léxicos como matizadores del discurso, estos últimos divididos en cuatro tipos (Hyland 1998c; Palmer 1986, 1990, 2001) especulativos, citativos, deductivos y sensoriales. La realización léxico-sintáctica del matizador puede señalar una de cuatro estrategias discursivas particulares (Namsaraev, 1997; Salager-Meyer, 1994), la indeterminación, la despersonalización, la subjectivisación, o la matización camuflada (camouflage hedging), cuya incidencia y función varia según género. La identificación y cuantificación de los distintos matizadores y estrategias empleados en los diferentes géneros del discurso legal puede tener implicaciones pedagógicos para los estudiantes de derecho no nativos que tienen que demostrar una competencia adecuada en su uso y procesamiento. ABSTRACT This doctoral thesis, which represents the culmination of my doctoral studies undertaken in the Department of Linguistics Applied to Science and Technology of the Universidad Politécnica de Madrid, focusses on the analysis of hedging in legal English following the principles of Critical Genre Analysis (Bhatia, 2004), and using WordSmith Tools version 6 (Scott, 2014) corpus analysis tools. As the title suggests, this study centers on the description and contrastive analysis of lexico-grammatical realizations of hedges and the discourse strategies which they can indicate, as well as the functions they can carry out, in a corpus of U.S. Supreme Court opinions and American law review articles. The study relates realization, incidence and function of hedging to the predominant generic characteristics of the two genres from a socio-cognitive perspective. While there have been numerous studies on hedging in general English (Lakoff, 1973; Hübler, 1983; Clemen, 1997; Markkanen and Schröder, 1997; Mauranen, 1997; Fetzer 2010; and Finnegan, 2010 among others) academic English (Crompton, 1997; Meyer, 1997; Skelton, 1997; Martín Butragueňo, 2003) scientific English (Hyland, 1996a, 1996c, 1998c, 2007; Grabe and Kaplan, 1997; Salager-Meyer, 1997 Varttala, 2001) medical English (Prince, 1982; Salager-Meyer, 1994; Skelton, 1997), and, to a lesser degree, legal English (Toska, 2012), this study is innovative in that it links the different realizations and functions of hedging to the generic characteristics of a particular professional communication. Within legal English, hedging has been found to depend on not only the macro-level expectations of the discourse community for a specific genre, but also on the micro-level intentions of the author of a communication, varying according to the educational, pedagogical, interpersonal or operative purposes the genre may have. The study highlights the predominance of epistemic modal verbs and lexical verbs as hedges, dividing the latter into four types (Hyland, 1998c; Palmer, 1986, 1990, 2001): speculative, quotative, deductive and sensorial. Lexical-grammatical realizations of hedges can signal one of four discourse strategies (Namsaraev, 1997; Salager-Meyer, 1994), indetermination, depersonalization, subjectivization and camouflage hedging, as well as fulfill a variety of functions. The identification and quantification of the different hedges and hedging strategies and functions in the two genres may have pedagogical implications for non-native law students who must demonstrate adequate competence in the production and interpretation of hedged discourse.

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La determinación del valor del suelo implicado en los procesos de urbanización se mueve en una compleja dialéctica en la que algunos fenómenos de naturaleza morfológica como el modelado del espacio social, o el que se deduce de las determinaciones del planeamiento (aprovechamiento especialmente) se enfrentan a instrumentos de regulación que se rigen por normas de carácter administrativo (urbanísticas y expropiatorias, fiscales, financieras-hipotecarias etc.). En ese marco en el que las discrepancias son frecuentes se pretende analizar las posibles actuaciones encaminadas a influir sobre la formación de ese valor en el sentido de limitar las expectativas de aprovechamiento tradicionalmente vinculadas al sistema urbanístico establecido, destacando al respecto la implantación de criterios de sostenibilidad y participación ciudadana, así como que la utilización de normas administrativas de valoración con la finalidad de reducir tales expectativas y tratar de influir sobre el sistema urbanístico en su conjunto, no se considera suficiente para conseguir el logro de tales objetivos. Añadiendo, respecto del conjunto de normas administrativas de determinación del valor del suelo, que si bien las reglas urbanísticas y expropiatorias establecen actualmente reglas objetivas de valoración, a través de la normativa de valoración destinada a entidades financieras, o de carácter fiscal, se introducen criterios subjetivos que tratan de aproximarse al mercado, incluso en el caso del valor catastral, estructuralmente reglado. Esta separación de criterios ha llevado a un enfrentamiento al que ha venido a dar respuesta la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, que impone los criterios urbanísticos de consideración de situaciones básicas de suelo, frente a los fiscalmente regulados en relación con la normativa catastral en cuanto a la consideración de suelo urbanizable sin desarrollar, que pasa a ser considerado como en situación rural, siendo por tanto aplicables sobre el mismo las reglas de valoración que la normativa catastral establece para esta categoría de suelo (rústico) que no considera, incluso con la posterior modificación, de junio de 2015, incorporada para adaptarse a la mencionada sentencia, expectativas de aprovechamiento. Pero como se ha señalado, la exclusiva utilización de la normativa urbanística de valoración no se considera suficiente para evitar los efectos que sobre el valor de suelo produce la asignación de tales aprovechamientos, por lo que acuerdo con la actual legislación de suelo, deben asimismo potenciarse actuaciones encaminadas a un desarrollo sostenible así como a la participación ciudadana, la transparencia y el control, con la finalidad de lograr un mayor rigor en la utilización del suelo que ha de traducirse en su valoración. ABSTRACT Determining the land value involved in the urbanisation process implies a complex dialectic in which certain morphological natural phenomena like the modelling of social space or that deduced from planning determinations (especially land use) face regulatory instruments governed by administrative norms (urban planning and expropriator, tax, financial-mortgage etc.). In this context where discrepancies are common, the purpose is to analyse the possible actions geared to influence the formation of that value in the sense of limiting land use expectations traditionally linked to the established urban planning system, highlighting the implementation of sustainability criteria and citizen participation, as well as to consider that the administrative standards of evaluation for reducing said expectations, and trying to influence the urban system as a whole, are not considered sufficient for achieving these objectives. We might add, with respect to the set of administrative norms for determining the land value, that while urban and expropriations norms currently provide objective rules of valuation, subjective criteria are introduced trying to approach the market, including the structurally regulated cadastral value through valuation rules aimed at financial or fiscal institutions. This separation of criteria has led to a confrontation to which the recent ruling of the Supreme Court of May 30, 2014 responds. The aforementioned judgement imposes the urban core criteria for basic land use situations against those fiscally regulated in relation to cadastral regulations regarding the consideration of undeveloped building land, which is considered to be in a rural situation, making it subject to the same rules that cadastral valuation norms established for this category of land use (rustic) which do not consider, even with the subsequent amendment of June 2015, introduced to fit that judgment, use expectations. But as noted, the exclusive use of valuation planning regulations is not considered sufficient to avoid the effects on the land value produced by the allocation of said uses, so that according to the current land use legislation, actions aimed at sustainable development as well as citizen participation, transparency and control, shall be enhanced in order to achieve greater rigor in the use of land which should be translated in their valuation.

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When Juanita Kidd was growing up in Wewoka, Oklahoma, she never saw a female lawyer, never mind a black female lawyer. At 16, Stout graduated from high school, but had to leave Oklahoma to find an accredited college, and later a law school that would accept her. Stout made an appearance at Lincoln University from 1935-1937, when she reigned as Queen of the Quill in 1936, but completed her Bachelor’s of Arts degree in Music from the University of Iowa. In 1948, Stout graduated from Indiana University’s School of Law. Juanita Stout paved the way for many aspiring female lawyers. In 1959, Stout was the first black female to be elected to a court of record in the United States. She also became the first black woman in history to serve on a state (Pennsylvania) Supreme Court.

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The NAACP’s legal team, which eventually included Thurgood Marshall, had a strategy in mind for confronting the Plessy v Ferguson “separate but equal” Supreme Court decision of 1896. Walter White, the NAACP President assisted Houston in developing the plan. By concentrating on the “equal” aspect of Plessy, the NAACP would attempt to make “separate but equal” a financial impossibility for states toeing the line of “Jim Crow” laws. In the words of Charles Hamilton Houston, “we are going to bleed them white.”

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Although Houston had scored a minor victory in the 1935 Murray v Pearson case which allowed African Americans to attend the University of Maryland Law School, the case only affected that state’s jurisdiction due to the decision originating from the Maryland State Supreme Court. It was Houston’s intention to move to the national level. For the NAACP, Lloyd Gaines was the ideal client; well spoken, intelligent and humble; and he was a citizen of the state of Missouri where the laws in question were enforced. Gaines’ case would be the main focus for Houston and the NAACP for the next three years.

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While Lloyd Gaines, who was now enrolled at the University of Michigan, worked on a Masters degree in Economics, Houston, Redmond and Espy planned their next step. The decisions in Missouri were not made on a level playing field, so to speak. They needed to take their case to place where justice was blind and unbiased; the Supreme Court of the United States.

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Lloyd Gaines had won his case. Speaking to reporters, Gaines said he was pleased with the result and looked forward to attending the Missouri School of Law in the fall of 1939. The Gaines v Canada decision was a major triumph and significant steppingstone for the Civil Rights movement. No longer did African-Americans in Missouri have to choose to be educated elsewhere when seeking degrees not offered to them in their home state. This was decided in the Murray v Pearson case three years prior, but the Gaines case had national implications since it was decided by the US Supreme Court.

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Another dilemma also had to be dealt with; Lloyd Gaines was determined to attend law school, not just anywhere but at the University of Missouri. Shortly after the Supreme Court decision, Lloyd Gaines left his civil service job in Michigan and returned home to St. Louis, arriving on New Year’s Eve, 1938. In the meantime, to pay his bills, he took a job as a filling station attendant. On January 9, 1939, Gaines spoke to the St. Louis chapter of the NAACP. He told them he stood “ready, willing, and able to enroll at MU.” Gaines later quit his gas station job. He explained to his family that the station owner substituted inferior gas and that he could not, in good conscience, continue to work there. In the meantime, the state Supreme Court sent the Gaines case back to Boone County to determine whether the new law school at Lincoln would comply with the US Supreme Courts requirement of “substantial equality.”

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Pesquisa realizada nos principais veículos da mídia impressa nacional, entre os meses de julho e dezembro de 2007, com o objetivo de verificar qual é a imagem do Poder Judiciário Brasileiro divulgada pelos veículos, interpretando os principais temas abordados nas publicações e a angulação das matérias. Utilizou-se a análise de conteúdo e a ferramenta da auditoria de imagem na mídia. Concluiu-se na pesquisa que o Poder Judiciário Brasileiro é foco da mídia impressa principalmente quando analisa processos relativos a pessoas públicas, especialmente parlamentares. Também por esse motivo, observou-se que a maior parte das matérias citava a atuação do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo da justiça brasileira e responsável pelo julgamento de senadores, principais focos das matérias e autoridades com di-reito a foro privilegiado. Além disso, chegou-se à conclusão de que a maioria das matérias re-fere-se a processos ainda em curso, evidenciando-se que não há um acompanhamento fre-qüente das decisões e sentenças dos órgãos do judiciário. Embora a análise seja referente a um período delimitado, evidenciaram-se falhas na comunicação do judiciário e foram apresenta-das sugestões para aprimorar essa comunicação. (AU)

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Pesquisa realizada nos principais veículos da mídia impressa nacional, entre os meses de julho e dezembro de 2007, com o objetivo de verificar qual é a imagem do Poder Judiciário Brasileiro divulgada pelos veículos, interpretando os principais temas abordados nas publicações e a angulação das matérias. Utilizou-se a análise de conteúdo e a ferramenta da auditoria de imagem na mídia. Concluiu-se na pesquisa que o Poder Judiciário Brasileiro é foco da mídia impressa principalmente quando analisa processos relativos a pessoas públicas, especialmente parlamentares. Também por esse motivo, observou-se que a maior parte das matérias citava a atuação do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo da justiça brasileira e responsável pelo julgamento de senadores, principais focos das matérias e autoridades com di-reito a foro privilegiado. Além disso, chegou-se à conclusão de que a maioria das matérias re-fere-se a processos ainda em curso, evidenciando-se que não há um acompanhamento fre-qüente das decisões e sentenças dos órgãos do judiciário. Embora a análise seja referente a um período delimitado, evidenciaram-se falhas na comunicação do judiciário e foram apresenta-das sugestões para aprimorar essa comunicação. (AU)

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A presente pesquisa tem por objetivo analisar o uso do método da proporcionalidade para decidir questões acerca de direitos sociais. Nesse sentido, antes relacionada somente à proibição do excesso (Übermaßverbot), a proporcionalidade passa a ter reconhecida sua outra face, denominada proibição da proteção insuficiente ou deficiente (Untermaßverbot). O legislador e o administrador passam a ter suas ações balizadas pela proibição do excesso de intervenção e pela imposição da intervenção para proteção de direitos. O termo pouco usual se refere ao controle judicial das omissões do legislador e administrador, na medida em que orienta a atividade deles quando da conformação e implementação dos direitos sociais. Os escassos estudos na doutrina não permitiram o desenvolvimento do método em relação aos direitos sociais no Brasil, em que pese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se utilizar da proporcionalidade como proibição da proteção insuficiente ou deficiente em alguns de seus julgados, especialmente em época recente. Mas se a utilização de tal método na argumentação judicial passa a ser vista de forma recorrente, o Tribunal deve primeiro ter clareza de seus elementos quando pretende invocá-lo em suas decisões e até mesmo firmeza da utilidade de seu uso quanto a esses direitos. Ainda, tem-se que o transplante de métodos de revisão judicial dos direitos de defesa para os direitos sociais merece estudo específico, tanto em relação à concepção desses direitos quanto à possível aplicabilidade da proporcionalidade, pois as diferenças entre eles apontam que nem sempre ambos os direitos comportarão argumentações idênticas para os problemas que enfrentam.

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A tese analisa a produção jurisprudencial dos direitos humanos no Supremo Tribunal Federal (STF), defendendo o argumento de que, no quadro brasileiro, o STF ao interpretar a normativa vigente atua na construção desses direitos. Reconstruindo o cenário de afirmação dos direitos humanos a partir da Carta da ONU (1945) e da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o estudo questiona o consenso em torno dos direitos humanos propondo uma leitura ampliada que os vincula aos debates sobre justiça. São objetivos do trabalho, que faz uso de pesquisa bibliográfica e documental (i) aferir qual enquadramento os direitos humanos recebem no STF, o que envolve investigar, no recorte selecionado entre 1988 e 2012, como tem sido construída a categoria jurídica direitos humanos no tratamento jurisprudencial desse Tribunal e (ii) investigar com base em quais fundamentos esse enquadramento se apresenta. O marco teórico da Teoria Integrada da Justiça de Nancy Fraser é utilizado para problematizar a concepção contemporânea de Direitos Humanos, bem como o desenho institucional do STF. A análise dos acórdãos coletados é feita com tratamento quantitativo e o adensamento do material é feito por meio de uma tipologia de casos, que orienta a abordagem qualitativa. O trabalho é concluído apontando a existência de concepções de direitos humanos que não condizem com a conjuntura de aceitação na qual esses direitos estariam assentados.