773 resultados para Violación de derechos humanos


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El presente trabajo analiza el papel que deben jugar las finanzas en un mundo globalizado que vive una profunda crisis multidimensional, económica, financiera, energética, alimentaria, medioambiental, etc. que se manifiesta en graves problemas de pobreza, desigualdad, violación de derechos humanos, exclusión y deterioro ecológico. Esas nuevas finanzas deben constituirse en la herramienta básica de una nueva economía que tenga como objetivo el Desarrollo Humano Sostenible (DHS), que constituye el gran reto al que se enfrenta la humanidad en los próximos años. Todas las personas y las organizaciones tenemos la Responsabilidad Social de hacer frente a ese reto. El sector financiero por su poder e influencia tiene la gran responsabilidad social (RSE) de tener en cuenta, además de su rentabilidad económica, el impacto social y medioambiental de su actividad tanto en el diseño de productos de pasivo, en las estrategias de captación del ahorro y en las políticas de crédito e inversión, recuperando de esta manera el valor social del dinero. La Inversión Socialmente Responsable (ISR) al añadir criterios sociales y medioambientales a los tradicionales criterios financieros permite a las personas o entidades inversoras combinar objetivos financieros con valores sociales. La máxima expresión de la ISR lo constituye la Banca Ética ya que todo su negocio lo gestiona con criterios sociales y medioambientales además de los de rentabilidad económica y bajo una transparencia total. Dentro de la Banca Ética destaca el proyecto Fiare, único nacido en el Estado, que se desarrolla como cooperativa de crédito de ámbito europeo, sin ánimo de lucro, con escala salarial de 1 a 3 y sustentada en redes territoriales de organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la transformación de las estructuras generadoras de injusticia.

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El tráfico de personas especialmente el de mujeres para la explotación sexual en la región del Gran Mekong es un hecho que está afectando a la situación interna de los países, circunstancia que genera la necesidad de crear marcos de cooperación entre los gobiernos y las agencias de la ONU como mecanismo para tratar de dar solución al problema. Algunos países de la región como Tailandia, Camboya, Myanmar y Vietnam han iniciado este proceso como medida de prevención buscando así un mayor control judicial y laboral al igual que evitar una mayor violación de derechos humanos. Por esta razón Vietnam ha aprovechando las iniciativa de la ONU a través de sus agencias (OIT, UNODC y UNIAP) para emprender una lucha contra este problema y al mismo tiempo integrarse con los países de la región por que es a través de esto que se pueden lograr mayores resultados y beneficios. La cooperación internacional se ha convertido en uno de los mecanismos más utilizados por los estados para ayudar a darle solución a los problemas que no han podido resolver por ellos mismos. Este mecanismo ha permitido al gobierno vietnamita desarrollar algunas medidas contra el tráfico de mujeres para la explotación sexual. Esta investigación tiene como objetivo principal Analizar la cooperación entre la ONU a través de sus agencias especiales: OIT, UNIAP y UNODC y el gobierno vietnamita sobre el tráfico y explotación sexual de mujeres en la región de Mekong durante el periodo 2004 – 2008. Es por esto que en el primer capítulo se hace una descripción de la problemática sobre el tráfico y explotación sexual de mujeres en la región del Mekong, en el segundo se analiza la influencia de los proyectos de la ONU sobre la creación de políticas internas y externas en Vietnam lo que nos lleva a finalizar con una evaluación del alcance de las políticas que ha desarrollado Vietnam como resultado de la cooperación. La base teórica de este trabajado está planteada a través del enfoque básico del liberalismo y las teorías que lo abarcan son el Neoliberalismo Institucional de Robert Keohane y el Funcionalismo de David Mitrany, quienes analizan las instituciones internacionales y los temas de cooperación internacional entendidos como mecanismos que ayudan a resolver las falencias que el estado no puede suplir, de igual manera retoma la importancia de temas de la agenda mundial como lo son los derechos humanos, el medio ambiente y la economía.

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La región del Delta del Níger es uno de los territorios, sino el principal, en otorgarle a Nigeria numerosas regalías por la exportación de petróleo, sin embargo el escaso beneficio que recibe su población genera conflicto en la región. La alta contaminación provocada por empresas petroleras como la Royal Dutch Shell (RDS), la violación de Derechos Humanos y la estrecha relación que mantiene la multinacional con el Gobierno, se han convertido en los motores del conflicto. Es debido a esto que grupos armados como el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND), han emprendido acciones con el fin de controlar los recursos, cometiendo robos de petróleo y actos de violencia que constituyen represalias por el trato que la industria petrolera ha dado a la población del Delta. No obstante, el conflicto se ha ido alejando de sus objetivos iniciales en tanto que se ha convertido en un negocio lucrativo, ha producido mayores índices de pobreza y se ha generado un círculo de violencia entre las empresas petroleras, el gobierno nigeriano y los grupos armados. De ahí que el Delta del Níger constituya una región importante no sólo debido a sus altas producciones de petróleo, sino porque además representa una zona altamente compleja que envuelve a ciudadanos, gobiernos y petroleras.

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El propósito de esta monografía es analizar el rol de la ONUCI en la crisis política de Costa de Marfil, en el periodo 2010-2011. Para ello se realizará, en primer lugar, un estudio histórico y político de la situación del país, con precisión en los años 2010-2011. Luego se indagará sobre los objetivos, la instauración de la Operación, las alianzas y la efectividad de su mandato en Costa de Marfil, para poder tener más claridad sobre el sujeto de estudio y su rol preciso. Finalmente, siguiendo con la teoría constructivista de Alexander Wendt y sus aportes conceptuales sobre la identidad y el interés, se examinará el rol de la ONUCI frente a sus dos dimensiones de trabajo: la paz y la lucha contra la violación de Derechos Humanos.

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El presente estudio de caso busca analizar, de manera crítica, la influencia que la ONG Human Rights Watch (HRW) tuvo frente al manejo de la práctica de reclutamiento de niños en Liberia y Sierra Leona durante el periodo 1989 – 2003. Con este fin se analiza la participación de la ONG en el reconocimiento internacional de dicha práctica como una problemática de derechos humanos, al tiempo que se contrapone a las perspectivas de los contextos socio-políticos y culturales de ambos países frente a la vinculación de niños en los conflictos armados. Este estudio mostró que la difusión de las ideas de derechos humanos por parte de HRW, a pesar de enfrentarse a conceptos distintos del „deber ser‟ de los niños en distintos contextos, termina siendo aceptada por ambos países mediante el reconocimiento de la normatividad internacional y por tanto, de esta práctica de vieja data como una violación de derechos humanos.

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El interés de la presente investigación está sostenido en analizar la estructuración de la política pública minero-energética, los instrumentos utilizados para su posterior implementación en el municipio de Segovia, Antioquia, y la incidencia que tiene en las tensiones de los actores que tienen presencia en este lugar. Se utiliza la Acumulación por Desposesión para la interpretación de los hechos ocurridos en Segovia, donde se procede a evidenciar que la imposición o inclusión de nuevos modos de producción, genera resistencias que entran en disputa entre sí y que producen la reconfiguración espacial del municipio.

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La pregunta central que busca responder la presente investigación es: ¿Cómo se considera la violencia doméstica en América Latina y qué respuestas genera? Después de la introducción del tema a través de una panorámica que toma en consideración su definición, percepciones y respuestas a nivel general, se realiza un análisis a nivel regional, considerando las respuestas generadas por actores como instancias estatales, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos normativos y de políticas públicas. Finalmente, se comparan dos países específicos, Ecuador y Panamá. El enfoque académico de referencia del presente trabajo considera la violencia doméstica contra la mujer como una violación de los derechos humanos, siguiendo las tendencias que van estableciendo los principales organismos y foros internacionales a través de sus decisiones, resoluciones, declaraciones, etc. A pesar de las complejidades conceptuales que genera el tratar la violencia doméstica como violación de los derechos humanos, la evolución del movimiento tradicional de los derechos humanos y los logros alcanzados, ya hacen que el fenómeno adquiera reconocimiento creciente. Además, dicho reconocimiento se refuerza cuando se comparan las características fundamentales de la violencia doméstica con aspectos similares que caracterizan otros fenómenos, los cuales se suelen incluir sin margen de duda entre las violaciones de derechos humanos y por esto implican claras responsabilidades por parte del Estado. Este trabajo de investigación se propone seguir entonces la corriente académica antes descrita, recolectando y confrontando los principales análisis que se han realizado con respecto a aspectos diferentes de la violencia doméstica contra la mujer. El propósito del trabajo es, en primer lugar, confirmar las teorías según las cuales la violencia doméstica constituye una violación de derechos humanos en larga escala, con respecto a la cual los Estados nacionales no están cumpliendo adecuadamente con su papel. Partiendo del análisis de cómo el fenómeno de la violencia doméstica se considera a nivel global, se pasará a confrontar los trabajos que han analizado las concepciones del mismo, específicamente en la región latinoamericana, para luego dar seguimiento a este tipo de análisis profundizando de forma aún más puntual a nivel de dos países.

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El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, fue ideado con la finalidad de cumplir con la insoslayable labor de promover y proteger los derechos de la persona humana en el continente americano, en el marco de los instrumentos internacionales especializados suscritos y ratificados a tal efecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (La Corte), como órgano principal del Sistema Interamericano, tiene a su cargo la misión de determinar la responsabilidad internacional de los Estados partes del Pacto de San José, en materia de violación de derechos humanos, pero más allá de eso tiene la importantísima labor de disponer reparaciones justas y adecuadas para las víctimas de tales violaciones. Cuando las víctimas son comunidades indígenas, surgen grandes dilemas relacionados con la aplicación de los principios y preceptos sobre los cuales se cimienta la doctrina internacional de los derechos humanos, y en consecuencia con las bases mismas del Sistema Interamericano, con sus pretensiones de universalidad, frente a las especiales características culturales e identitarias de los pueblos originarios. Estos dilemas se extienden a la fase de reparaciones en la Corte que, una vez que ha determinado la responsabilidad del Estado por incumplimiento de sus obligaciones convencionales, dispondrá una reparación en virtud de los daños sufridos por las víctimas; de lo anterior surgen varias interrogantes ¿Cómo puede aplicar la Corte un enfoque de diversidad en las reparaciones a comunidades indígenas? ¿Al aplicar un enfoque de diversidad a los casos de comunidades indígenas, estaría legitimando la Corte la doctrina del relativismo cultural? ¿La aplicación de criterios de diversidad permite que la Corte disponga reparaciones justas y adecuadas? Estas interrogantes, y el debate que suponen, guiarán el análisis que desarrollaré en las líneas siguientes, en las que la diversidad, los pueblos indígenas y el desarrollo del Sistema Interamericano, en cuanto a las reparaciones, constituyen ideas centrales.

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El presente trabajo busca ubicar aproximaciones teóricas respecto de la reparación a víctimas civiles en conflictos armados, por la importancia del tema tanto para el Derecho Internacional Humanitario de los Derechos Humanos, como para las víctimas en sí, que necesitan conocer de mejor manera el universo de derechos de los cuales se encuentran revestidos ante el cometimiento de violaciones al Derecho Humanitario, por grupos armados irregulares al margen de la ley, en términos de guerrilla y paramilitarismo al interior de un conflicto armado interno, así como las medidas a tomarse por parte del Estado como expresión de su voluntad de reparar el hecho que no pudo prevenir. La importancia del tema radica en su relevancia actual, así como en su novedad y en la falta de conocimiento por parte de quienes pudieren verse beneficiados por la reparación o que actualmente estuvieren en situación de violación de Derechos Humanos y pudiesen tener en sus manos un documento que a simple vista y sin ser abogados puedan comprender y llevar a la práctica para la reclamación de sus derechos, dentro de la asimetría de fuerzas que representa la violencia de grupos armados al margen de la ley como una forma de violencia invasiva que busca disminuir al otro, para apoderarse de recursos, tierra, agua, territorios, drogas, armas, etc. Así, el objetivo es simplificar los conceptos y construcciones que se encuentran dispersos, a fin de unificar las ideas constitutivas de reparación y presentarlas como tales al lector, independientemente de su cumplimiento ó no, no obstante de que se analizan casos concretos a fin de dar uniformidad al tema.

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En el presente artículo se aborda la relación entre justicia y memoria en el Perú en relación al periodo de violencia política. A partir de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú se abrió un proceso de justicia para juzgar los delitos cometidos durante el periodo de violencia política (1980-2000). Específicamente, el análisis aborda el caso de la matanza de Parcco Pomatambo (Vilcashuamán, Ayacucho) perpetrada por dos patrullas del ejército en 1986. Este artículo se centra en la perspectiva, concepciones, impresiones de los familiares en relación a la judicialización del caso y cómo reconstruyen sus memorias a partir del mismo

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En el presente artículo se aborda la relación entre justicia y memoria en el Perú en relación al periodo de violencia política. A partir de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú se abrió un proceso de justicia para juzgar los delitos cometidos durante el periodo de violencia política (1980-2000). Específicamente, el análisis aborda el caso de la matanza de Parcco Pomatambo (Vilcashuamán, Ayacucho) perpetrada por dos patrullas del ejército en 1986. Este artículo se centra en la perspectiva, concepciones, impresiones de los familiares en relación a la judicialización del caso y cómo reconstruyen sus memorias a partir del mismo

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En el presente artículo se aborda la relación entre justicia y memoria en el Perú en relación al periodo de violencia política. A partir de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú se abrió un proceso de justicia para juzgar los delitos cometidos durante el periodo de violencia política (1980-2000). Específicamente, el análisis aborda el caso de la matanza de Parcco Pomatambo (Vilcashuamán, Ayacucho) perpetrada por dos patrullas del ejército en 1986. Este artículo se centra en la perspectiva, concepciones, impresiones de los familiares en relación a la judicialización del caso y cómo reconstruyen sus memorias a partir del mismo

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La presente investigación pretende demostrar que existe responsabilidad del Estado en los casos en que se produce la muerte o la lesión de miembros de la fuerza pública constitucional, cuando se cumplen los requisitos Constitucionales y Convencionales, por prestar el servicio militar obligatorio, o el servicio de seguridad del Estado. Así mismo se analizará la política pública de seguridad integral para la prosperidad para verificar si en ella se incluyeron elementos suficientes para prevenir la violación de derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, como consecuencia de los actos de guerra o de terrorismo, teniendo como antecedentes la revisión de la existencia o no de un conflicto armado interno y, determinando, en que casos se está frente a actos de guerra en virtud del conflicto o si, por el contrario, se trata de actos terroristas. OBJETIVO GENERAL: Determinar si existe responsabilidad del Estado como consecuencia de la guerra, con relación a los miembros de la fuerza pública constitucional, teniendo en cuenta la evolución de la responsabilidad del Estado al incorporar en la Constitución Política de Colombia el control de Convencionalidad. Determinar si existe una política pública preventiva para evitar la violación de derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Militares como consecuencia de los hechos de guerra y terrorismo, dada la obligación convencional de implementar políticas públicas...