Análisis de las estrategias de cooperación sur-sur para el desarrollo económico y social binacional. Estudio de caso: proyectos en materia agropecuaria en el marco del convenio de cooperación técnica y científica entre Brasil y Colombia, periodo 2007-2011

Las desigualdades económicas y sociales entre los Estados del Norte y del Sur son evidentes, ante esta premisa surge la Cooperación Sur-Sur como una herramienta eficaz para potencializar el desarrollo económico y social de las naciones del Sur bajos los principios de horizontalidad, consenso y equidad. En este sentido, se analizan las estrategias de Cooperación Sur-Sur entre Brasil y Colombia y su aplicación en uno de los sectores prioritarios de los Estados del Sur como es el sector agropecuario.

La efectividad del control y de la regulación sobre la financiación electoral a las campañas políticas desde la expedición de la Ley 30 1994 hasta el año 2000

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Análisis de la repercusión del régimen internacional de la lucha contra las drogas en la formulación e implementación de políticas sobre la reducción de la demanda en Colombia, 1998-2006

Este estudio analiza la repercusión de las instituciones internacionales y el regimen al interior de éstas concerniente a la lucha contra drogas, en la política interna sobre reducción de demanda. Para esto nos debemos remitir al concepto de “Neoliberalismo Institucional” presentado por Robert Keohane quien afirma que aunque la política internacional carezca de un gobierno común, y se crea que prima la anarquía en las relaciones entre Estados, la política mundial está institucionalizada . Además, sostiene que “las variaciones en la institucionalización de la política mundial ejercen significativo efecto en el comportamiento de los gobiernos”10 Estas instituciones pueden tomar diferentes formas como: las organizaciones intergubernamentales formales o no gubernamentales internacionales, los regímenes internacionales, y las convenciones. Colombia no está exenta de la influencia emanada del institucionalismo internacional, y con base en ello se deben crear políticas que vayan de acuerdo a lo aceptado dentro de las diferentes instituciones; tal es el caso de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Comunidad Andina de Naciones (CAN); organizaciones con las que el Estado ha adquirido compromisos al respecto, y que serán analizadas en el transcurso de este estudio. Asimismo estas instituciones pueden afectar las decisiones de los líderes, ayudando a determinar como se definen los intereses y como se interpretan las acciones. No obstante, la presión de los intereses internos ejerce efectos muchos mayores en la política estatal que las instituciones internacionales. Esto explica por qué desde 1998 a 2006 en cada uno de los períodos presidenciales hay variaciones en la acción política en cuanto la reducción de demanda de drogas ilícitas, pero se sigue actuando en un marco general presentado por las instituciones internacionales.Por otra parte los "Regímenes Internacionales" son definidos por Stephen Krasner como: “conjunto de principios, normas, reglas y procesos de decisión implícitos y explícitos, por los cuales las expectativas de los actores convergen en una área determinada de las relaciones internacionales”.13Es decir que no solo las organizaciones de las que hace parte Colombia afectan en la creación de las políticas, sino el régimen contenido al interior, en este caso la lucha contra drogas es un área específica la cual incluye la demanda de drogas ilícitas.

Psicología y pobreza. Papel del locus de control, la autoeficacia y la indefensión aprendida

El estudio psicológico de la pobreza ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos diez años. Se han realizado investigaciones y publicado libros y artículos científicos en diversas áreas de la psicología. Los hallazgos más recientes han sugerido que existe una relación directa entre vivir en pobreza y el desarrollo o presencia de ciertas características psicológicas, entre ellas diferencias individuales (rasgos de personalidad, propensión a enfermedades mentales, diferencias en inteligencia y habilidades específicas), e igualmente diferencias en el desarrollo del lenguaje, en la adquisición de nuevos conceptos y en la motivación, entre otras variables. Dentro de las más importantes para la movilidad social se han encontrado el locus de control, la autoeficacia, el no tener depresión y ser parte de unas redes de apoyo positivas. En el presente trabajo se hizo una revisión de los aportes de la psicología al entendimiento de la pobreza. Se realizó un estudio descriptivo acerca de la autoeficacia, el locus de control y la indefensión aprendida, se planteó la hipotesis de que existe un gran nivel de desesperanza en personas de nivel socioeconómico (NSE) bajo. Los participantes en esta investigación fueron treinta personas de NSE 1 y 2, de acuerdo con el Sisben (sistema de clasificación de Colombia), en localidades de Bogotá (Bosa, San Cristóbal y Suba) y en los municipios cercanos de Anolaima y La Mesa (Cundinamarca). Se aplicaron dos escalas: autoeficacia general (de Baessler y Schwarzer) y locus de control (de Rotter); se realizaron entrevistas semiestructuradas a los participantes en sus contextos de vivienda, previo contacto con líderes comunitarios de la zona y establecimiento de confianza con la familia. Los resultados muestran consistencia con las investigaciones en otros contextos, en cuanto a locus de control y autoeficacia. Además, se encontró un nivel alto de desesperanza en sus verbalizaciones. Se establecieron otras categorías importantes como la dinámica familiar, la percepción del tiempo y la planeación que son discutidas a la luz de la literatura científica y las estrategias y políticas actuales de superación de la pobreza en el mundo. Así mismo, se encontraron como factores importantes las creencias religiosas y la percepción de la política y la democracia. Se discuten los resultados a la luz de las estrategias de superación de la pobreza en el mundo y el aporte de la psicología para la comprensión y modificación de las actitudes, conductas y cogniciones asociadas con la pobreza.

La concepción de los valores en la Psicología Social : las tensiones entre lo íntimo y lo público.

Desvelar las diferentes concepciones mantenidas, explícita o implícitamente, acerca de los valores desde el ámbito de la Psicología Social. Estudiar empíricamente los valores, sobre todo aquellos que tienen que ver con el mundo de la intimidad. 384 personas distribuídas proporcionalmente en tres zonas distintas según el nivel económico: zona marginal, zona media y zona alta. En cuanto al sexo, el 46 eran hombres y el 54 mujeres. Diseño correlacional cuyas variables con las que se trabajo fueron las siguientes. A) Valores, se analizaron 7 variables: privacidad, autocontrol, ecologismo, solidaridad, placer, seguridad y religiosidad; B) Actitudes políticas: dogmatismo, radicalismo, actitud democrática, impotencia política y posición ideológica; C) Ideologías éticas; D) Variables demográficas: edad, creencias religiosas, nivel de estudios, clase social y actividad que desempeñan; E) Comportamiento político: intención de voto, participación política y grado de sentimiento nacionalista. Cuestionario de identificación, escala de impotencia política, cuestionario de intención de voto, escala de actitud democrática, escala de participación política, escala de valores, escala de ideologías éticas, escala de autoestima, escala de intolerancia a la ambigüedad y escala de radicalismo-dogmatismo. En primer lugar aparece una proposición referida al valor 'solidaridad'; en segundo lugar, encontramos la proposición 'el derecho a la intimidad es sagrado'. Es significativo que haya aparecido esta contraposición en lo más alto de la jerarquía. De los diez primeros valores de la clasificación, cuatro de ellos son indicadores de autocontrol (constancia, control, coherencia e integridad), otros tres son indicadores de solidaridad (solidaridad, libertad e igualdad) dos lo son de ecologismo (unión con la naturaleza y paz) y uno se refiere a la defensa de la intimidad. Si deducimos de ellos el modelo de hombre ideal habremos de hacerlo contando con estas cuatro dimensiones señaladas, a saber: un sujeto que valora por encima de todo la solidaridad con el otro, el dominio de sí mismo, el respeto a la naturaleza, la paz y la intimidad. Nuestro único objetivo era el de estudiar con cierto detalle aquellos valores que desde nuestro punto de vista, centran la dicotomía público-privado. Consideramos que este objetivo se ha visto satisfecho. Las escalas construídas guardan al menos, las relaciones esperables con los constructos (actitudes) y las variables sociodemográficas con las que hemos tenido ocasión de compararlas, lo que consideramos signo de validez.

Gobierno y gobernancia de los territorios, sectorialidad y territorialidad de las políticas públicas

El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

El problema demográfico en Japón, y la incidencia en las políticas concernientes a la seguridad social del gobierno japonés. (periodo 2007 a 2012)

El interés de este estudio de caso es entender la incidencia de los problemas demográficos de Japón sobre las políticas concernientes al Sistema de Seguridad Social Japonés, así como la viabilidad de estas políticas ante la muy difícil situación que existe. Observando cómo los problemas demográficos han afectado el Sistema de Seguridad Social por medio de estudios demográficos del pasado y actuales, además de proyecciones poblacionales a futuro, para así poder comparar los mecanismos implementadas por el Gobierno Japonés y los resultados obtenidos con las necesidades reales del Sistema de Seguridad Social Japonés, abriendo la posibilidad de entender profundamente las debilidades y las posibles soluciones al problema que enfrenta este sistema.

Control de constitucionalidad en el estado social de derecho

La importancia del control constitucional, ha sido no sólo subestimada en nuestro país, sino que ha recibido reiterados ataques, hasta de otras ramas del poder publico, que sienten lesionadas sus facultades y su autonomía.

La salud ocupacional una estrategia para el control de pérdidas en el Banco Caja Social

El proceso de Control de Pérdidas está tomando mayor importancia a partir de los programas integrales de prevención de riesgos profesionales en las empresas de servicios, implementado desde la configuración y normalización de la Decreto 1295 de 1994

La brecha entre el reconocimiento y la implementación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas: análisis sobre su configuración en las normas, las políticas y los jueces, tras la aprobación de la Constitución Política de 1991

La del acceso a la tierra y su distribución, ha sido una problemática transversal a la historia de los conflictos sociales en el país. En el caso de los pueblos indígenas, la existencia de todo un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, así como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulación de tierras de resguardo en nuestro país, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinámicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en él se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Desde una perspectiva crítica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximación a sus antecedentes históricos y posterior configuración a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los años posteriores a 1991. Resultado de tal caracterización, se demuestra de qué manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, políticos, económicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro país, de una brecha de implementación de tales derechos.

Recomendaciones para la institucionalización de una política pública: diagnóstico de la naturaleza de las políticas en educación superior en Colombia. 1992-2011

Este trabajo busca, en primer lugar, por medio de una investigación diagnóstica, demostrar por qué las políticas de autonomía universitaria, financiación y calidad constituyeron desde 1992 hasta 2011 una política de Estado en materia de educación superior. Y, en segundo lugar, con base en ese diagnóstico, brindar algunas herramientas para la institucionalización de políticas públicas en esa materia sustentadas en la construcción participativa de las mismas. Para su desarrollo se tomaron como marco los conceptos de políticas públicas, políticas de Estado e institucionalización planteados por diferentes autores, lo que permitió realizar un estudio transversal e integrado de los contextos, actores e instrumentos de las precitadas políticas.

Fumando mañas: construcción del sentido de la realidad social en un contexto de ilegalidad

Este texto ilustra la interacción entre violencia estructural y actores marginales para ver cómo lo primero crea lo segundo, y cómo, a su turno, la dinámica de estos actores les permite articularse y/o fugarse de sus condiciones. Si los actores de un espacio social determinado pueden llevar a cabo una acción que mínimamente los reproduce, sus condiciones y las relaciones de poder, esto es, una acción reflexionada, podría generar un cambio. Pero para no quedarse en los extremos viendo las maquinarias del poder sobre unos sujetos y sus acciones diarias, siempre condicionadas por aquellas, se puede comprobar el ámbito de autonomía de las decisiones que movilizan su acción, y medir el poder de esta tanto individual como colectiva, amarrada a unos fines: hacia la reafirmación de la identidad o en procura de lograr un cambio

La influencia del crimen organizado transnacional en el proceso de formulación de políticas públicas. Estudio de caso: Argentina 2001-2013

Este estudio de caso analiza la influencia del Crimen Organizado Transnacional en la formulación de Políticas Públicas de seguridad en Argentina entre 2001 y 2013. En contraste con otros estudios, se considera que la relación de estos dos fenómenos debe recoger aspectos fundamentales de un enfoque de seguridad integral y multidimensional. En el caso de Argentina, durante 2001 el Crimen Organizado Transnacional ocupó el primer lugar en la agenda pública, lo cual derivó en una serie de acciones públicas llevadas a cabo por los distintos gobiernos. Sin embargo, los casos de Santa Fe en 2012 y Córdoba en 2013 demostraron la debilidad institucional en la formulación de Políticas Públicas de este país. Por lo tanto, este trabajo pretende demostrar con los casos anteriormente mencionados que debilidades estatales como la corrupción estatal y la indiferencia ciudadana son obstáculos para la formulación de políticas públicas.

El fin de la operación minera: implicaciones jurídicas desde lo ambiental y social

Algunos de los efectos ambientales y sociales que se pueden apreciar luego del cierre de una mina son la desaparición de acuíferos, la existencia de aguas superficiales contaminadas con sustancias químicas y la afectación a la salud de las personas que viven cerca de minas abandonadas. Esta investigación busca analizar los principales aspectos jurídicos relacionados con la terminación y cierre definitivo de la operación minera desde el punto de vista social y ambiental. Para ello, se presentan los principales efectos ambientales y sociales de ésta terminación; se mencionan los aspectos jurídicos más relevantes del contrato de concesión minera y de la licencia ambiental; se exponen las obligaciones jurídicas que están a cargo tanto del concesionario minero como de las autoridades competentes respecto del cierre de la mina y el papel que asumen los entes de control frente a la terminación y cierre de la mina. Así mismo, se hace un breve análisis de derecho comparado de la regulación en España y Estados Unidos sobre éste tema. Finalmente, se presentan los resultados de la revisión de los expedientes administrativos que fueron proporcionados por la Agencia Nacional de Minería, en los cuales se determina la aplicación y cumplimiento en la práctica de estas obligaciones jurídicas del concesionario minero al término del contrato. Con base a los resultados obtenidos, se puede concluir, en primer lugar, que las obligaciones a cargo de los concesionarios mineros no están claras por parte de la regulación minera y ambiental; en segundo lugar, que la regulación en cuanto al cierre de minas en España y Estados Unidos es más ordenada, completa y específica y; en tercer lugar, en relación con los expedientes analizados, se puede observar que los concesionarios y las autoridades competentes no están cumpliendo sus respectivas obligaciones.

Análisis de perdurabilidad de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), especializadas en tratamiento de enfermedades de alto costo en el departamento de Antioquia, frente a las políticas de regulación de precios por medio de la Ley 1438 en Colombia

A partir de la reforma al sistema de salud, por medio de la Ley 1438 de 2011, se implementa en Colombia la política de regulación de precios de medicamentos y el ingreso al país de medicamentos biosimilares. Esta investigación analiza la perdurabilidad en las Instituciones de Prestación de Salud (IPS) especializadas en tratamiento de enfermedades del alto costo, como: Medicarte, Clínica Astorga, Clínica Vida, Helpharma, Audifarma, y Medex, para identificar finalmente, la cadena de valor en el departamento de Antioquia, buscando proponer alternativas para la toma de decisiones de tipo estratégico.