826 resultados para Países de la Unión Europea
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Los países centroamericanos, con excepción de Guatemala, cuentan actualmente con una ley y una autoridad de competencia. Las primeras leyes promulgadas, poco conocidas y escasamente discutidas, reflejaban las dificultades que los gobiernos encontraron para alcanzar los consensos necesarios para su aprobación. Algunas limitaciones de las leyes de competencia iniciales, que afectan también la capacidad de las agencias de competencia, han conducido a la revisión del marco legal y de la coherencia entre las políticas públicas, sin la cual se limita la efectividad de la aplicación de las leyes. Al mismo tiempo, la exigencia del Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la Unión Europea, en el sentido de que todos los países deben contar con una política de competencia eficaz, también ha conducido a reformas legales. En este documento se exploran las transformaciones de las políticas de competencia en los países con ley de competencia en Centroamérica y se ponderan los avances alcanzados y sus persistentes limitaciones. También se aborda de manera especial el caso de Guatemala y los principales retos que enfrenta ese país en esta materia, considerando que es la única nación centroamericana que aún no cuenta con una ley ni una agencia de competencia.
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El sometimiento de una determinada manifestación de riqueza a más de una soberanía tributaria estatal constituye uno de los principales problemas que perjudican la movilidad de los factores productivos, distorsionando las relaciones comerciales que pueden establecerse entre operadores económicos que se encuentran situados en países diversos. Conscientes del carácter negativo que esta circunstancia puede representar para el desarrollo de sus relaciones económicas, e incluso políticas, con otros Estados, las autoridades nacionales han procedido a la fijación de ciertas reglas que tienen por finalidad establecer un reparto de la potestad impositiva correspondiente a una concreta manifestación de riqueza entre las soberanías tributarias concurrentes, determinando el sometimiento a gravamen en un único Estado o, en caso de que ninguna de las soberanías tributarias concurrentes renuncie a su consideración, articulando las medidas que permitan eliminar o atenuar el doble gravamen que se generaría. Hallándonos en un contexto internacional, la adopción de estas reglas no podía realizarse sino de una forma consensuada entre los sujetos soberanos que constituyen esta sociedad, sin admitir mayores ingerencias que las derivadas de las propias limitaciones establecidas para cada uno de los Estados contratantes en sus propias normas constitucionales y de la aceptación de los condicionantes que pudiera imponer el respeto al Derecho internacional. Así fue como los convenios de doble imposición internacional, que esencialmente revisten carácter bilateral, se convirtieron en el principal instrumento de los Estados para luchar contra este fenómeno, complementándose con las medidas unilaterales de carácter interno que cada uno de estos países adoptaba para perfeccionar y hacer efectiva la regulación contenida en los mismos. Sin embargo, la creación de la Comunidad Europea, con sus especiales características, ha supuesto la aparición de un nuevo nivel de normatividad que afecta a sus Estados miembros, imponiéndoles unas obligaciones que vienen a sumarse a las que estos mismos Estados hayan asumido en su calidad de actores de la sociedad internacional y que, en determinadas circunstancias, pueden resultar contradictorias, determinando el surgimiento de situaciones conflictivas entre instrumentos jurídicos que pertenecen a diversos planos de normatividad y presentan un diverso ámbito de aplicación. Este trabajo pretende abordar una especie concreta perteneciente al género de las situaciones conflictivas que pueden establecerse entre el Derecho comunitario y las normas internacionales, concretamente las relativas a las contradicciones existentes entre las normas pertenecientes al primero de los sistemas jurídicos mencionados y los convenios de doble imposición suscritos por los Estados miembros de la Unión Europea. No obstante, con carácter previo, consideramos oportuno abordar la problemática reseñada desde una perspectiva general, aspecto al que dedicamos el primer capítulo de nuestro trabajo, pues sólo una correcta determinación de las pautas que rigen las relaciones entre los sistemas normativos a los que nos vamos a referir, puede aportarnos el sustrato teórico necesario para afrontar nuestro particular estudio. Una vez establecidas esas reglas de alcance general, abordaremos la primera fase de nuestro estudio relativo a la incidencia del Derecho comunitario sobre los convenios de doble imposición, tratando de determinar el alcance de las limitaciones que las normas comunitarias originarias imponen a los Estados miembros al proceder a la eliminación de la doble imposición mediante normas convencionales, intentando identificar los aspectos de los convenios de doble imposición que presentan un carácter más problemático con las exigencias comunitarias. Esta labor de descubrimiento y depuración de los aspectos conflictivos de los convenios de doble imposición, a la que dedicamos el segundo capítulo de nuestro trabajo, se ha desarrollado por el Tribunal de Luxemburgo a través de una interpretación expansiva del contenido de las libertades comunitarias que recibe la denominación de “armonización negativa”, en función del carácter esencialmente destructivo que ha representado para los instrumentos normativos utilizados por los Estados miembros en la eliminación de la doble imposición. En una segunda fase de nuestro análisis, a la que dedicamos el tercer capítulo de nuestro estudio, intentaremos exponer el alcance que en materia de eliminación de la doble imposición pueden presentar las medidas de carácter positivo adoptadas por las Instituciones comunitarias, así como la incidencia de las mismas respecto a los convenios de doble imposición, tratando de clarificar cuál es el marco competencial existente sobre esta materia e intentando señalar cuáles serían las medidas más idóneas para resolver las situaciones conflictivas que pueden plantearse entre el Derecho comunitario y los convenios de doble imposición. La importancia que la eliminación de las situaciones de doble imposición reviste en un contexto que, como el comunitario, ha reconocido la necesidad de eliminar todas las trabas que perjudiquen la libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios, así como la inadecuación a las exigencias comunitarias de algunas de las medidas que actualmente se ocupan de resolver esta cuestión, son aspectos que, en nuestra opinión, justifican la realización del estudio que nos disponemos a desarrollar.
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En los últimos 10 años, la Argentina se ha incorporado a los países exportadores de vinos, en el decimoprimer lugar con productos de excelente calidad (INV, 2011). Entre los atributos que conforman los aspectos de calidad e inocuidad de los vinos se destaca el cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas permitidos por las diversas legislaciones según el destino comercial de los mismos. Para los productos procesados, se considera como LMR el establecido para el producto en bruto. Por ejemplo, para productos procesados como el vino se aplica los LMR establecidos en la uva (The Australian Wine Research Institute, 2012). En Argentina, el Instituto Nacional de Vitivinicultura no establece LMR de plaguicidas para el vino por lo que se consideran los LMR establecidos para uva por SENASA en su Resolución 934/10. En la actualidad, benomil y carbendazim son los fungicidas bencimidazoles más utilizados en el cultivo de la vid para controlar la podredumbre de los racimos. El problema mayor se presenta cuando son necesarias aplicaciones en épocas muy cercanas a cosecha, permitiendo el pasaje de residuos de estos fungicidas desde uvas al mosto y luego al vino. En nuestro país está legislada la cantidad máxima de estos plaguicidas en uva en fresco, 3 ppm para benomil al igual que para carbendazim (SENASA, Resolución 934/10). El Codex alimentarius establece un LMR de 3 ppm para carbendazim en uva en fresco y no establece un LMR para el benomil. La Unión Europea establece un LMR de 0,5 ppm para el benomil y carbendazim (suma de benomil y carbendazim expresado como carbendazim). De esta manera es importante su determinación para evitar rechazos y de esta forma proteger la imagen y calidad de la producción nacional y garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores. El objetivo del presente trabajo fue evaluar una metodología analítica validada en vegetales, basada en el método de Jullie Fillion, 1998, para la determinación de residuos de plaguicidas bencimidazoles (benomil y carbendazim) en vinos. Este método consiste en una extracción con acetato de etilo, posterior conversión del benomil a carbendazim y concentración e inyección en cromatógrafo líquido de alta resolución y detector de arreglo de diodos (HPLC-DAD). Los parámetros que se evaluaron fueron: selectividad, linealidad, exactitud y precisión. Los valores obtenidos cumplieron con los criterios de aceptación establecidos por el SENASA en su Resolución 138/2002, el Codex alimentarius, 1999 y Quatrocchi, 1992. Con esto se puede concluir que se obtuvo un método confiable con el cual controlar los niveles de contaminación de benomil y carbendazim en los vinos. Esto es una herramienta importante para la industria vitivinícola ya que para proteger la imagen y calidad de sus productos y garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores, deberá implementar programas de monitoreo de residuos de plaguicidas para prevenir que éstos se encuentren en el producto terminado.
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En nuestros días, en países ubicados en latitudes medias con facahada marítima y estabilidad político-social el litoral es objeto de diversas presiones e influencias por lo que su equilibrio, que es de naturaleza frágil, complicada y variable, se ve amenazado. En estos paises son múltiples los intereses que confluyen en él, lo que hace que sea objeto de numerosas presiones económicas y políticas. Por ello, su gestión adecuada a uno de sus objetivos que se ha planteado la Unión Europea, intentando prevenir la creciente erosión favorecida por la presión humana (edificaciones, infraestructuras, etc) y la amenaza creciente de la posible influencia del calentamiento global con su efecto de cambio climático global, y muy discutible efecto sobre el litoral (cambio de régimen ciertos y variaciones de nivel ficticias). La gestión integrada sostenible del litoral es, por lo tanto, una de las herramientas que se presentan como más eficaz en la actualidad, unida a la gestión de riesgo, y a la evaluación ambiental estratégica (SEA). El adecuado uso de los Sistemas de Información Geográfica constituye una herramienta básica para una gestión integrada del litoral real tecnificada, en vez de una gestión basada en dogmas discutibles no cuestionados. De todo ello se plantea una perspectiva actualizada en el presente trabajo.
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La estrategia i2010 de la UE tiene como objetivo garantizar el liderazgo europeo en materia de TIC y poner los beneficios de la Sociedad de la Información al servicio de la economía, la sociedad y la calidad de vida personal, teniendo presente que los éxitos de Europa hasta la fecha se han basado en favorecer la competencia leal en los mercados de las telecomunicaciones y crear un mercado sin fronteras para contenidos y medios de comunicación digitales. En esta línea, la Comisión Europea ha establecido que los distintos estados miembros deben contribuir activamente al desarrollo y uso seguro de los servicios telemáticos entre sus ciudadanos. Más concretamente, atribuye a las Administraciones Públicas, tanto a nivel nacional, regional como local, un papel dinamizador de la Sociedad de la Información que les obliga a ofrecer paulatinamente todos los actos administrativos a los ciudadanos a través de Internet. Como primer paso para el uso seguro de los servicios telemáticos que ofrecen las instituciones públicas se hace preciso dotar a los ciudadanos de una identidad digital que les permita identificarse ante un Proveedor de Servicio o ante otros ciudadanos de manera inequívoca. Por esta razón, la mayoría de países europeos – y otros en el resto del mundo – están promoviendo, sistemas fiables de gestión de identidad electrónica (eIDM), de tal manera que los ciudadanos, las empresas y departamentos gubernamentales (incluso en Estados miembros diferentes) pueden identificar y certificar sus operaciones con precisión, rapidez y sencillez. Sin embargo, la gestión de esta identidad por las Administraciones Públicas supone un importante desafío, acentuado cuando se hace necesaria la interoperabilidad entre Administraciones de diferentes países, puesto que personas y entidades tienen credenciales de identificación diferentes en función de su propio marco jurídico nacional. Consciente del problema, en la Unión Europea se han puesto en marcha una serie de proyectos con el objetivo de conseguir la interoperabilidad de los eIDMs entre las instituciones públicas de diferentes Estados miembros. A pesar de ello, las soluciones adoptadas hasta la fecha son insuficientes porque no prevén todos los posibles casos de interacción del usuario con las instituciones. En concreto, no tienen en cuenta un aspecto muy importante que se ofrece en los distintos sistemas jurídicos nacionales, a saber, la delegación de la identidad, mediante la cual un ciudadano puede autorizar a otro para que actúe en su nombre para acceder a determinados servicios prestados por las instituciones públicas. En esta tesis se realizan un conjunto de aportaciones que dan solución a distintos aspectos de los problemas planteados y que, de forma conjunta, permiten la interoperabilidad y la delegación de identidad en determinados Sistemas de Gestión de Identidad aplicados al entorno de las Administraciones Públicas. En el caso de la delegación, se ha definido un sistema de delegación dinámica de identidad entre dos entidades genéricas que permite solucionar el problema del acceso delegado a los servicios telemáticos ofrecidos por las Administraciones Públicas. La solución propuesta se basa en la generación de un token de delegación, constituido a partir de un Certificado Proxy, que permite a la entidad que delega establecer la delegación de identidad en otra entidad en base a un subconjunto de sus atributos como delegador, estableciendo además, en el propio token de delegación, restricciones en el conjunto de servicios accesibles a la entidad delegada y el tiempo de validez de la delegación. Adicionalmente, se presentan los mecanismos necesarios tanto para poder revocar un token de delegación como para comprobar sin un token de delegación ha sido o no revocado. Para ello se propone una solución para la identificación unívoca de tokens de delegación y la creación de una nueva entidad denominada Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación. Entre las características del sistema de delegación propuesto destaca el que es lo suficientemente seguro como para ser utilizado en el entorno de la Administración Pública, que no requiere el uso de mecanismos off‐line para la generación de la delegación y que se puede realizar la delegación de forma instantánea y sin la necesidad de trámites complejos o la participación de un elevado número de entidades. Adicionalmente, el token de delegación propuesto es perfectamente integrable en las infraestructura de clave pública actual lo que hace que, dado que gran parte de las Administraciones Públicas europeas basan sus sistemas de identidad digital en el uso de la PKI y certificados de identidad X.509, la solución pueda ser puesta en marcha en un entorno real sin necesidad de grandes cambios o modificaciones de comportamiento. En lo referente a la interoperabilidad, se realiza un análisis exhaustivo y la correspondiente evaluación de las principales propuestas de Sistemas de Gestión de Identidad orientados a conseguir la interoperabilidad realizadas hasta la fecha en el marco de la Unión Europea y se propone, a alto nivel, una arquitectura de interoperabilidad para la gestión de identidad en las Administraciones Públicas. Dicha arquitectura es lo suficientemente genérica como para poder ser aplicada tanto en el entorno pan‐Europeo como en los entornos nacionales, autonómicos y locales, de tal forma que la interoperabilidad en la gestión de la identidad esté garantizada en todos los niveles de la Administración Pública. Por último, mediante la integración de la solución de delegación dinámica de identidad y la arquitectura de interoperabilidad propuestas se presenta una solución al problema de la delegación en un escenario pan‐Europeo de gestión de identidad, dando lugar a una arquitectura global de interoperabilidad pan‐Europea con soporte a la delegación de identidad. SUMMARY The i2010 European Union Plan aims to ensure European leadership in ICT and to promote the positive contribution that information and communication technologies can make to the economic, social and personal quality of life, bearing in mind that, to date, success in Europe has been based on promoting fair competition in telecommunications markets and on creating a borderless market for contents and digital media. In this line, the European Commission has established that the different member states should contribute actively to the development and secure use of telematic services among their citizens. More specifically, it is attributed to national, regional and local Public Administrations to have a supportive role of the Information Society, requiring them to gradually provide the citizens with Internet‐based access to all administrative procedures acts. As a first step for the secure use of telematic services offered by public institutions, it is necessary to provide the citizens with a digital identity to enable them to identify themselves unequivocally to a Service Provider or to other citizens. For this reason, most European countries ‐ and others in the rest of the world ‐ are promoting reliable systems for managing electronic identity (eIDM), so that citizens, businesses and government departments (even in different Member States) can identify and certify their operations with precision, speed and simplicity. However, the identity management by Public Administrations is a major challenge that becomes more difficult when interoperability between administrations of different countries is needed, due to the fact that individuals and entities have different identification credentials according to their own national legal framework. Aware of the problem, the European Union has launched a series of projects with the aim of achieving interoperability of eIDMs between public institutions of different Member States. However, the solutions adopted to date are insufficient because they do not foresee all possible cases of user interaction with the institutions. In particular, solutions do not take into account a very important aspect that is offered in different national legal systems, namely, the delegation of identity, by which a citizen can authorize another to act on his/her behalf to access certain services provided by public institutions. In this thesis a collection of contributions that provide solution to different aspects of the aforementioned problems are carried out. The solutions, in global, enable interoperability and identity delegation in some of the Identity Management Systems applied to Public Administration environment. In the case of delegation, a dynamic identity delegation system between generic entities is defined. This system makes it possible to solve the problem of delegated access to telematic services offered by Public Administrations. The proposed solution is based on the generation of a piece of information called delegation token. This delegation token, derived from a Proxy Certificate, allows the establishment of identity delegation by an entity that delegates (delegator) in other entity (delegatee) making use of a subset of delegator attributes. It also establishes restrictions on services that can be used by the delegated entity and the expiry date of delegation. In addition to this, the mechanisms necessary to revoke and check the revocation status of a delegation token are presented. To do this, a solution to univocally identify delegation tokens and the creation of a completely new entity, called Token Delegation Revocation Authority, are proposed. The most remarkable characteristics of the proposed delegation system are its security, enough for it to be used in the Public Administration environment, the fact that it does not require off‐line processes in order to generate the delegation, and the possibility of performing the delegation instantaneously and without neither complex processes nor the intervention of a large number of entities. The proposed delegation token can be completely incorporated into current Public Key Infrastructure (PKI). Thus, since most of the European Public Administrations base their digital identity systems on PKI and X.509 identity certificates, the solution can be adopted in a real environment without great changes or performance modifications. Regarding interoperability, an exhaustive analysis and evaluation of most significant proposals on Identity Management Systems that aim to achieve interoperability carried out in the European Union framework until now are performed. A high level identity management interoperability architecture for Public Administrations is also proposed. This architecture is sufficiently generic to be applied to both pan‐European environment and national, regional or local environments, thus interoperability in identity management at all Public Administration levels is guaranteed. Finally, through the integration of the proposed dynamic identity delegation solution and the high level interoperability architecture, a solution to the problem of identity delegation in a pan‐European identity management environment is suggested, leading to a pan‐European global interoperability architecture with identity delegation support.
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En los últimos años se ha incrementado la competencia a nivel mundial en los mercados, creando un entorno más turbulento, cambiable y más interrelacionado que tiene consecuencias directas en las operaciones de las compañías y la organización de la producción de las mismas y ha sido clave en el incremento del comercio internacional en productos intermedios o acabados que son diseñados, producidos y ensamblados en diferentes localizaciones a lo largo de diferentes países debido principalmente a los siguientes motivos: • La globalización económica ha posibilitado a las compañías tener más facilidad de acceso a potenciales mercados, a la adquisición de capacidades, conocimientos y tecnología en países extranjeros y a la realización de alianzas estratégicas internacionales con terceros. • El desarrollo de las tecnologías de la información. • La reducción de los costes de transporte. • La liberalización de los mercados de capitales. • La harmonización de factores institucionales, la integración económica, social y política regional tales como la Unión Europea, Mercosur, La Comunidad Andina, Comunidad Sudamericana de Naciones, el incremento de tratados de libre comercio tales como el tratado de libre comercio de America del Norte, Área de libre comercio, Asociación de naciones del sudeste Asiático-China, Espacio económico Europeo etc. que implican la reducción, la eliminación de las barreras y la desregulación del comercio internacional. • El desarrollo económico de los países emergentes (Brasil, China, India y Rusia). • El uso de economías de escala que desencadena la especialización de los países en ciertos productos y servicios
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El transporte marítimo, responsable de la canalización del 90% de los flujos comerciales internacionales, se organiza en torno a los puertos. Éstos, que resultan plataformas indispensables para el desarrollo de la economía, compiten entre sí para maximizar el tráfico atraído hacia sus instalaciones. El papel estratégico de los puertos tiene un expreso reconocimiento en el contexto de la Unión Europea, tanto desde la óptica del comercio como bajo el prisma del transporte. No en vano, por los puertos europeos transita más del 90 % del comercio de la Unión con terceros países y aproximadamente, el 40 % del tráfico intracomunitario. Los puertos españoles configuran un eje neurálgico en el desarrollo del transporte marítimo a nivel internacional y una plataforma logística para todo el sur de Europa. Sus más de siete mil novecientos kilómetros de costa y un emplazamiento geográfico estratégico, confirman al territorio nacional como un punto de especial interés por sus establecimientos portuarios. La actividad del Sistema Portuario Español con una cifra de negocio de más de 1000 millones de euros, representa anualmente un 20 % del Producto Interior Bruto específico del sector transporte, aporta un 1.1% al Producto Interior Bruto Nacional y genera 145.000 empleos directos e indirectos. Debido a la actual coyuntura económica ahora, más que nunca, la competencia interportuaria se ha intensificado y sólo aquellos puertos que sean capaces de adaptarse a las nuevas necesidades y que puedan prestar unos servicios portuarios de calidad, fiables y a precios competitivos estarán en condiciones de mantener sus tráficos. La entrada en vigor de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, marca como uno de sus objetivos principales el fomento de la eficiencia y la competitividad de nuestros puertos a través de la promoción de la competencia. La Ley avanza en la liberalización de los servicios portuarios, en particular, destaca el servicio portuario de manipulación de mercancías en donde se introducen algunas modificaciones con las que pretende dotar de transparencia, así como normalizar el acceso a la profesión y a la formación. Surge por tanto, la conveniencia de investigar las condiciones de prestación de los servicios portuarios, su impacto en la competitividad del sistema portuario y sobre cada uno de los agentes que forman parte de la cadena global del transporte marítimo. En primer lugar, la Autoridad Portuaria, como organismo público que tiene entre sus competencias la gestión y control de los servicios portuarios para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad. Al analizar el sector mediante el modelo de “Cinco Fuerzas de Porter” descubrimos que el creciente poder de los proveedores de servicios portuarios, especialmente el de manipulación de mercancías y el proceso de descentralización en la gestión de los puertos de interés general está restando atractivo y competitividad al sector. Además según la encuesta realizada a los representantes de las Autoridades Portuarias, existe prácticamente unanimidad acerca de la importancia de los servicios portuarios en la competitividad del puerto y la falta de transparencia existente, particularmente en el servicio de manipulación de mercancías. Por otro lado, pone de manifiesto los aspectos considerados más importantes, que son el coste y la fiabilidad en la prestación del servicio. A continuación se investiga la repercusión del coste de los servicios portuarios en el precio final del producto, es decir, cómo inciden éstos en la competitividad del tejido empresarial al que sirven los puertos y su impacto en el consumidor final. Concluyendo que el coste de los servicios portuarios tiene de media un peso del 12 % frente al coste global del transporte marítimo y aproximadamente un 0.5% respecto al precio del producto. Posteriormente se realiza una exhaustiva investigación de las principales empresas prestadoras de servicios portuarios en España, se sintetizan los principales datos y se realiza un análisis de la estructura y evolución del sector. Se observa una tendencia a la integración en grandes grupos empresariales vinculados al sector marítimo y a la concentración sectorial. Siendo conscientes de la importancia de la optimización de los servicios portuarios para las empresas operadoras de terminales y navieras, se ha procedido a contrastar la hipótesis inicial de que el servicio de manipulación de mercancías es el responsable de la mayor parte (65 %) del coste del paso de la mercancía por el puerto. Por tanto, a la vista de los resultados obtenidos, por la importancia manifestada tanto por parte de las Autoridades Portuarias como por las empresas operadoras de terminales, a partir de éste punto se particulariza la investigación para el servicio portuario de manipulación de mercancías. Se selecciona una muestra significativa de empresas estibadoras, se procede a homogeneizar sus cuentas de pérdidas y ganancias y sus balances. Posteriormente se calcula y analiza un elevado número de ratios económico-financieros que tendremos en cuenta a la hora de evaluar una solicitud para el otorgamiento de una licencia para la prestación del servicio de manipulación de mercancías. Asimismo se ha procedido a realizar una cuenta de pérdidas y ganancias y un balance modelo, tanto para la empresa media, construida a partir de los ratios medios, como para una empresa ideal desde el punto de vista empresarial, construida a partir de los mejores ratios obtenidos. Ante la necesidad detectada en el estado del arte de la falta de mecanismos para dotar de transparencia al sector, mediante esta estructura la Autoridad Portuaria dispondrá de una herramienta que le permita objetivizar el proceso de toma de decisiones a la hora de establecer sus condiciones en los Pliegos de Prescripciones Particulares y otorgar las licencias, así como evaluar la rentabilidad de la empresa a lo largo del periodo de prestación del servicio. Por un lado, una empresa prestadora de servicios portuarios, debe obtener una rentabilidad acorde con las expectativas de sus accionistas y como mínimo superior al coste de capital de la misma. Al mismo tiempo, la Administración que tutela la prestación del servicio, la Autoridad Portuaria, debe verificar la viabilidad de la propuesta, pues ello será garantía de éxito de la empresa y por tanto de continuidad de prestación del servicio en el puerto pero también debe asegurar una competitividad en costes. Al proceder a la extracción de conclusiones a partir de los ratios económico-financieros obtenidos para las empresas estibadoras (Ratio medio Beneficios/Ventas=4.68%) se pone de manifiesto que claramente el problema de ineficiencia y sobrecostes no está siendo provocado por unos elevados márgenes de rentabilidad de éstas. Por tanto, se analizan otros agentes integrantes en el proceso y se detecta la particular situación de la mano de obra del estibador portuario. Se investigan las ventajosas condiciones laborales que disfrutan y se proponen una serie de medidas que producirían una mejora en la competitividad del servicio que conllevarían una reducción de un 30 % sobre los costes totales del paso de la mercancía por el puerto. En un sector global como es el marítimo, con un escenario cada vez más dinámico y competitivo, con la presente tesis doctoral se trata de asegurar que los factores clave de éxito identificados se cumplan, siendo uno de éstos el liderazgo en costes, que necesariamente se deberá equilibrar con la viabilidad económica de la empresa en la prestación del servicio de la manera más eficiente y productiva, haciendo el puerto más atractivo tanto para los clientes actuales como potenciales.
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El objetivo de la presente Tesis está dirigido a analizar diversas opciones de diversificación que la pesca marítima profesional puede tener, poniendo el acento en el respeto al medio ambiente. En concreto la Pesca-turismo aparece como una de las alternativas más viables tanto por su respeto al medio ambiente como por su relativamente sencilla posibilidad de implantación en España. A fin de poder desarrollar la misma se proponen los cambios legislativos necesarios para su implantación en nuestro país procediéndose, para ello, al estudio de la situación actual de la actividad pesquera en nuestro país desde un punto de vista jurídico, con una especial consideración de la gestión y conservación de los recursos pesqueros. El estudio de su posible implantación en España, comienza analizando cuáles son las diferentes administraciones que influyen en dicha actividad y en qué medida lo hacen, tanto en el ámbito nacional como en el supranacional, con una especial referencia a la Unión Europea, así como la organización de las mismas. Acto seguido se procede al examen, tanto de la normativa sobre la materia, como de la jurisprudencia y la doctrina aplicables a la actividad de pesca marítima en España para, una vez llevado a cabo dicho estudio, comenzar con el examen de los requisitos exigidos, ya sean éstos de índole material o humana, a aquéllos que quieran llevarla a cabo. A continuación, se estudia el régimen de infracciones y sanciones, entrando, por último, en el terreno más propiamente de conservación de los recursos, donde se examinan las medidas que, a tal fin, se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico. Más adelante se analiza, siquiera sea brevemente, la pesca deportiva, que, aunque con una incidencia muy inferior, no deja de ser otra forma de actividad extractiva. La existencia de otras experiencias parecidas a la propuesta de pesca-turismo en el ámbito internacional es objeto de estudio a fin de determinar cuál es la situación en otros países donde se hayan implantado con anterioridad. Para ello se lleva a cabo un análisis de las distintas soluciones que a este mismo problema se han dado en otros países también con amplia tradición en este campo procediendo, a tal fin, a un estudio de la legislación sobre la pesca-turismo, fundamentalmente en Italia, pero también en Francia y Portugal. A la vista de cuanto antecede es posible concluir que al día de hoy no es factible la realización de las actividades de Pesca-turismo con los instrumentos jurídicos de los que se dispone en España, dado que existen puntos sustanciales en los mismos que o bien impiden o bien no permiten su desarrollo. Por tanto el planteamiento de tales actividades necesariamente conlleva una serie de modificaciones normativas. El siguiente paso y en relación con las modificaciones normativas a efectuar, se ofrece un texto alternativo al texto legal a modificar (Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado) y al Real Decreto 1027/1989, mientras que se dejan efectuados los apuntes precisos de cual debería de ser el marco reglamentario que, en desarrollo de las modificaciones anteriores, posibilitasen el ejercicio de la Pesca-turismo en España. Por último se ha optado por efectuar un análisis de la opinión del sector, tendente a verificar si los datos obtenidos empíricamente quedaban asimismo reflejados en las actitudes de los destinatarios finales de tales normas, que no serían otros que los pescadores profesionales. A tal fin se ha procedido a recoger las opiniones de diversos colectivos del sector, a través tanto de las cofradías de pescadores como de las Federaciones, acerca de las actividades de pesca-turismo, buscando la representación de todas las zonas geográficas. Fruto de tal investigación se ha llegado a la conclusión de que el desarrollo de las actividades propuesta de pescaturismo cuenta con una opinión favorable dentro del sector que, con una mayoría aplastante se manifestó a favor de desarrollar la posibilidad de ejercicio de la mismas. SUMMARY The objective of this thesis is aimed to analyze various options of diversification that commercial maritime fishing can have, with an emphasis on respect for the environment. Specifically, fishing-tourism appears as one of the most viable alternatives because of its environmental friendliness as well by its relatively simple possibility of implementation in Spain In order to develop it, it is proposed the necessary changes legislative for implementation in our country proceeding to study of the current situation of fisheries in our country from a legal perspective, with special consideration of the management and conservation of fisheries resources. The study of their possible implementation in Spain, begins by analyzing which are the different administrations that influence in that activity and to what extent they do, both at the national field as well at the supranational field, with special reference to the European Union and organization of thereof. Then proceeds to an examination, both of the relevant legislation as well as of the jurisprudence and doctrine applicable to maritime fishing in Spain for, once conducted this study, to begin with the consideration of the requirements, be they human or material, to those who want to carry out. Then studies the regime of offences and penalties, entering, finally, in the field conservation of resources, where discusses measures which, to this end, are in our legal system Later analyzes, even briefly, sport fishing, which, although with a much lower incidence, it is another form of extractive activity. The existence of other similar experiences to the proposal of fishing-tourism in the international arena is object of study in order to determine which is the situation in other countries where it has been implemented previously. For that it is carried out an analysis of the different solutions that to this same problem have been given in other countries with long tradition in this field, to proceed to study about legislation on fishing-tourism, fundamentally in Italy, but also in France and Portugal In view of the above it can be concluded that today is not feasible to implement the fishing-tourism activities with the legal instruments that are available in Spain, as there are substantial points which prevent them or not allows its development. Therefore the approach to such activities necessarily entails a series of normatives changes. The next step and in relation to normatives changes to do, it is offered an alternative text to the legal text to modify (Law 3/2001 of the State Marine Fisheries) and to the Royal Decree No. 1027 / 1989, while we leave made accurate notes about which ought be the reglamentary framework that, in developing of the above modifications, can be enable exercise of fishing-tourism in Spain. Finally, it is been opted to carry out an analysis of the opinion of the sector, aimed at verifying if data obtained empirically were also reflected in the attitudes of the final recipients of such standards, who would not be other than the professional fishermen. For this purpose it has been collected the opinions of various groups of the sector, through of fishermen's associations and federations, about of the activities of tourism-fishing, looking for the representation of all geographical areas. The result of such an investigation has concluded that the development of this proposed activities fishing-tourism has a positive opinion within the sector because an overwhelming majority was in favor of developing the possibility of exercise of the same.
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El bienestar animal es un aspecto de la producción pecuaria que ha adquirido enorme importancia en la Unión Europea en los últimos 10-15 años, lo que ha dado lugar a una amplia legislación, tanto en lo que concierne a manejo y condiciones de los alojamientos como en lo referente a condiciones de transporte de animales y de sacrificio.
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La evolución tecnológica surgida especialmente a partir de finales del siglo XX ha posibilitado la introducción de nuevos modelos de tarificación y sistemas de cobro de peaje en las redes de carreteras de distintos países. Algunos de los más representativos países de Europa (Alemania, Eslovaquia, República Checa, Portugal, Austria y Suiza entre otros), a diferencia de otros países en los continentes americano y asiático, han optado por introducir una tarificación global en sus redes de carreteras, bien mediante sistemas electrónicos de cobro de peajes free flow, o mediante la aplicación de viñetas, con el fin de financiar la inversión necesaria, tanto para la construcción de nuevas infraestructuras como para el mantenimiento de las ya existentes. Por otro lado, algunos países europeos no sólo han introducido la tarificación por razones económicas sino también lo han hecho con el fin de introducir políticas de road pricing, y por motivos ambientales, motivando con ello una mayor aceptabilidad social de la misma. Esta ponencia argumenta por qué la introducción de un nuevo modelo de tarificación en la red de carreteras de un país no tiene por qué suscitar un rechazo social, siempre que se haga de una manera ordenada, correcta, se expliquen sus ventajas y se introduzca dentro de un marco de interoperabilidad de estándares tecnológicos a nivel global.
Resumo:
Para definir estrategias de mitigación del cambio global y poder plantearse objetivos para la estimación de energía procedente de la biomasa a nivel nacional y Europeo, así como para apoyar la propuesta de un aumento del uso de madera como una decisión posterior al Protocolo de Kioto, es necesario conocer la disponibilidad de madera en Europa sobre una base sostenible. Además, escenarios futuros en el ámbito de la UE destacan un déficit en el abastecimiento de madera en comparación con su consumo. Dicha información armonizada es urgente para mejorar la base de cálculo para la toma de decisiones sobre los sistemas forestales, el medio ambiente y el sector de la energía. Con ese objetivo se ha creado la Acción Cost FP1001 USEWOOD ?Mejora de datos e información sobre el suministro de los recursos madereros: una aproximación europea desde los inventarios forestales nacionales multi-recursos?. En este trabajo se presentan además de las líneas de acción de este proyecto, las diferentes aproximaciones de los países europeos para la determinación de la superficie forestal disponible para suministro de madera y/o leña, las restricciones que consideran los diferentes países para su determinación y las posibilidades de armonización a nivel europeo.
Resumo:
En el sector de la edificación, las grandes constructoras comienzan a considerar aspectos medioambientales, no limitándose a lo establecido por la legislación vigente, y buscando la implementación de buenas prácticas. Si bien este hecho es una realidad para las grandes empresas constructoras, todavía falta que la gran mayoría de las empresas del sector (pequeñas y medianas) adopten ésta tendencia. En este sentido, las publicaciones y estadísticas consultadas revelan que el sector de la construcción sigue siendo el sector con menor número de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) certificados en comparación con otros sectores industriales, debido principalmente a las peculiaridades de su actividad. Por otra parte, el sector de la construcción genera grandes cantidades de residuos de construcción y demolición (RCD). Aunque, en los últimos años la actividad de la construcción ha disminuido, debido a la crisis económica del país, no hay que olvidar todos los problemas causados por este tipo de residuos, o mejor dicho, por su gestión. La gestión de los RCD actual está lejos de alcanzar la meta propuesta en la Directiva Marco de Residuos (DMR), la cual exige un objetivo global para el año 2020 en el que el 70% de todos los RCD generados deberán ser reciclados en los países de la UE. Pero, la realidad es que sólo el 50% de la RCD generados en la Unión Europea se recicla. Por este motivo, en los últimos años se ha producido una completa modificación del régimen jurídico aplicable a los RCD, incorporando importantes novedades a nuestro ordenamiento interno como son: la redacción de un Estudio de gestión de RCD (en fase de diseño) y un Plan de gestión de RCD (en fase de ejecución). Entre estas medidas destaca el poder conocer, con la antelación suficiente, la cantidad y el momento en que los RCD son generados, para así poder planificar la gestión más adecuada para cada categoría de RCD. Es por ello que el desarrollo de cualquier instrumento que determine la estimación de RCD así como iniciativas para su control debe ser considerado como una herramienta para dar respuestas reales en el campo de la sostenibilidad en la edificación. Por todo lo anterior, el principal objetivo de la Tesis Doctoral es mejorar la gestión actual de los RCD, a través de la elaboración e implementación en obra de un Sistema de gestión de RCD en fase de ejecución que podrá ser incluido en el Sistema de Gestión Ambiental de las empresas constructoras. Para ello, se ha identificado la actividad que más residuo genera, así como las diferentes categorías de RCD generadas durante su ejecución, a través del análisis de nueve obras de edificación de nueva planta. Posteriormente, se han determinado y evaluado, en función de su eficacia y viabilidad, veinte buenas prácticas encaminadas a reducir la generación de RCD. También, se han identificado y evaluado, en función de su coste económico, cinco alternativas de gestión para cada categoría de RCD generada. Por último, se ha desarrollado e implementado un Sistema de Gestión de RCD en una empresa de construcción real. En definitiva, el Sistema de Gestión de RCD propuesto contiene una herramienta de estimación de RCD y también proporciona una relación de buenas prácticas, según su viabilidad y eficacia, sobre los aspectos más significativos en cuanto a la gestión de RCD se refiere. El uso de este Sistema de gestión de RCD ayudará a los técnicos de la construcción en el desarrollo de los documentos "Estudio de gestión de RCD " y "Plan de gestión de RCD " - requeridos por ley -. Además, el Sistema promueve la gestión ambiental de la empresa, favoreciendo la cohesión del proceso constructivo, estableciendo responsabilidades en el ámbito de RCD y proporcionando un mayor control sobre el proceso. En conclusión, la implementación de un sistema de gestión de RCD en obra ayuda a conseguir una actividad de edificación, cuyo principal objetivo sea la generación de residuos cero. ABSTRACT Currently, in the building sector, the main construction companies are considering environmental issues, not being limited to the current legislation, and seeking the implementation of good practices. While this fact is a reality for large construction companies, still the vast majority of construction companies (small and medium enterprises) need to accept this trend. In this sense, official publications and statistics reveal that the construction sector remains with the lowest number of certified Environmental Management Systems (EMS) compared to other industrial sectors, mainly due to the peculiarities of its activity. Moreover, the construction industry in Spain generates large volumes of construction and demolition waste (CDW) achieving a low recycling rate compared to other European Union countries and to the target set for 2020. Despite the complete change in the legal regime for CDW in Spain, there are still several difficulties for their application at the construction works. Among these difficulties the following can be highlighted: onsite segregation, estimating CDW generation and managing different CDW categories. Despite these difficulties, the proper CDW management must be one of the main aspects considered by construction companies in the EMS. However, at present the EMS used in construction companies consider very superficially CDW management issues. Therefore, current EMS should go a step further and include not only procedures for managing CDW globally, but also specific procedures for each CDW category, taking into account best practices for prevention, minimization and proper CDW management in order to achieve building construction works with zero waste generation. The few scientific studies analysing EMS implementation in construction enterprises focus on studying the benefits and barriers of their implementation. Despite the drawbacks found, implementing an EMS would bring benefits such as improving the corporate image in relation to the environment, ensuring compliance with the law or reducing environmental risks. Also, the international scientific community has shown great interest in defining models to estimate in advance the CDW that will be generated during the building construction or rehabilitation works. These studies analyse the overall waste generation and its different CDW categories. However, despite the many studies found on CDW quantification, analysing its evolution throughout the construction activities is a factor that must be further studied and discussed in greater depth, as results would be of great significance when planning the CDW management. According to the scientific studies analysing the implementation of good environmental practices in construction sites, it seems that, in general, the CDW collection system is done in a decentralized manner by each subcontracted company. In addition, the corporate image generated when poor practices are done may adversely affect the company's reputation and can result in loss of contracts. Finally, although there are numerous guides and manuals of good practices for CDW management, no references have been found implementing these measures in the Environmental Management System of the construction companies. From all the above, this thesis aims to provide answers to reduce the environmental impact caused by CDW generation in building construction works, in order to get a building process with zero waste generation. In this sense, is essential to generate new knowledge in order to implement a system which can carry out comprehensive management of CDW generated onsite, at the design stage until the end of its life cycle, taking into account both technical and economic criteria. Therefore, the main objective of this thesis is to define and implement a CDW management system for residential building construction works, helping construction agents not only to manage the CDW in accordance with current legislation, but also minimizing their generation on site by applying best practices, resulting in achieving the goal of zero waste in building works.