809 resultados para Etnografía de la justicia


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Al tema relativo a los sujetos procesales en el sistema procesal acusatorio que mantiene en la actualidad la República del Ecuador, resulta imperioso ponerlo sobre la palestra de investigación, especialmente por las consecuencias jurídicas que, en este caso tiene, la presencia de la Contraloría General del Estado, como una de estas partes, sin obtener tal calidad. Precisamente, el alcance de la presente investigación está destinado a establecer –sobre la base de disposiciones constituciones y legales, y los valiosos aportes doctrinales nacionales y extranjeros– cuáles son las personas naturales o jurídicas que pueden ser consideradas como partes procesales; sin embargo, en el ámbito nacional, las limitaciones están marcadas por la inoperante actuación de ciertos magistrados de la antigua Corte Suprema de Justicia que, sin considerar esas disposiciones constituciones y legales –mucho menos los aportes doctrinales– dieron un status especial a la Contraloría General del Estado, con una simple resolución, que inclusive reformó tácitamente el Código de Procedimiento Penal de entonces, además que se la atribuyó funciones que le correspondían a la Función Legislativa. Por lo que queda anotado, el tema es absolutamente justificado dentro de una actualidad jurídica que requiere una respuesta adecuada y oportuna de las diferentes instancias, especialmente de la Función Judicial –tal como lo dejamos planteado en la investigación–, y que se comprobó que la actuaciones pasadas están siendo corregidas. Por ello, la idea que se mantuvo como hipótesis –y que se deja planteada para los lectores– es que el órgano de control no puede ser considerado como parte procesal en el sistema procesal penal ecuatoriano. La presente investigación, a través de un análisis jurídico-crítico, pretende establecer una realidad jurídica que debe ser aplicada de forma inmediata, para buscar una adecuada aplicación de la justicia.

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En la presente investigación, se identifica un problema jurídico constitucional: el conflicto entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva en el proceso penal ecuatoriano, en virtud que en la práctica procesal, tanto la presunción de inocencia como la prisión preventiva crean nudos críticos, que colocan en entre dicho el valor jurídico del derecho a la libertad personal en el Estado constitucional de derechos y justicia; por tal razón en los objetivos investigativos se estableció la necesidad de dilucidar las causas por las cuales estas instituciones jurídicas producen visibles conflictos, con la finalidad de buscar soluciones que permitan subsanar las limitaciones observadas. Viabilizar el derecho de libertad personal y la concreción de los fines del proceso penal, premisa importante para edificar una justicia a tono con el Neoconstitucionalismo imperante en el actual paradigma estatal cuya tendencia garantista es impulsada por la Comunidad Internacional que motiva la practicidad del principio pro persona. El Capítulo I, contiene un estudio de la presunción de inocencia, sus referentes históricos, definiciones, su importancia en el Estado constitucional de derechos y justicia, así como su impacto en la realidad procesal y la justicia penal. El Capítulo II, contiene un estudio sobre la prisión preventiva, su evolución histórica, formas de implementación, su carácter de excepcional y medida de última ratio y su apreciación como una pena anticipada. El Capítulo III, contiene un estudio respecto del conflicto o colisión que presentan los institutos de la presunción de inocencia y la prisión preventiva, y las garantías en juego desde un enfoque legal y constitucional. Por esta investigación llegamos a la conclusión que el conflicto persistente entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva, radica por problemas normativos y de la praxis, en casos en concreto.

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El profundizar desde el Ecuador en el poco explorado campo de la justicia transicional y el derecho penal internacional es una labor necesaria, actual y relevante, partiendo de la problemática a la cual se enfrentan una gran cantidad de países del globo al intentar brindar verdad, justicia y reparación a las numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos sufridas durante dictaduras y regímenes autoritarios. En este contexto, la expedición en Ecuador de una Constitución garantista en 2008, la labor de la Comisión de la Verdad Ecuador con su Informe Final presentado en 2010, y la reciente actividad judicial emprendida por la Fiscalía General del Estado marcan un hito en el ámbito nacional en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos. Pese a lo anterior, estos avances son apenas los primeros pasos de un largo y arduo camino. Este libro pretende contribuir de forma crítica, con elementos teóricos y prácticos, al debate doctrinario sobre las comisiones de la verdad, la judicialización de las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, con especial referencia a la experiencia ecuatoriana, sin dejar de lado los valiosos aportes de otros países.

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Ensayo presentado en homenaje a Raúl Prebisch

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Breve presentacion del Director del ILPES, en la cual menciona tres problemas que considera principales, pues tienen especial relacion con la tematica de este Simposio; 1) la confusion que reina sobre cual debe ser el o los modelos economicos que sean mas propicios para asegurar el crecimiento y, con ello, la satisfaccion de las necesidades sociales; 2) la debilidad de los sistemas politicos para buscar la justicia social; 3) la deficiencia de conocimientos sobre las implicaciones economicas de los programas sociales y del cambio social mismo.

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This paper discusses the different forms and conditions of incorporating collections from the judiciary by executive bodies. For such, we use the custodial history of the Juízo de Órfãos de São Paulo archives as a reference. An instance of the Brazilian justice between the 16th and 20th centuries, the Juízo de Órfãos de São Paulo is currently fragmented in several institutions of custody and under different denominations. Similarly, other archives from judiciary bodies underwent similar processes for custody transfer. However, this type of situation is not restricted to the past: nowadays, even under legally established norms and guidelines for the implementation of document management programs, it is still possible to find, recurrently, the adoption of similar procedures for the incorporation of collections. We therefore intend to establish a parallel between these two moments and the Brazilian archival legislation in force.

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Una mejora del modelo de justicia juvenil para el procedimiento de evaluación del riesgo en los usuarios está basado en el juicio profesional o clínico y en el procedimiento actuarial, quedando patente en el trabajo que presentamos la según opción tal y como ha demostrado Andrews y Bonta (2003) y Garrido (2003). Se presenta la adaptación del YLS/CMI de Andrews y Bonta (2002) a población de justicia juvenil española, concretamente el IGI-J, que ayuda a planificar el PIEM dentro del marco de la justicia penal de menores.

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Programa de doctorado: Perspectivas científicas sobre el turismo y la dirección de empresas turísticas.

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[ES] La delincuencia de menores constituye un fenómeno social que sensibiliza y moviliza a la opinión pública y, especialmente, a los medios de comunicación. La prensa, en este sentido, adquiere la responsabilidad de exponer este discurso informativo en sus dimensiones reales y debe hacer todo lo posible, para que los derechos y deberes de los menores infractores sean conocidos y discutidos por el público receptor, y formando de este modo, un auténtico debate público en la agenda política insular. Los acontecimientos o sucesos violentos protagonizados por menores, o en los que estos resultan víctimas, impactan porque generan conmoción social y garantizan la atención mediática. La selección informativa efectuada por los rotativos de tirada provincial ha coadyuvado a construir en la sociedad canaria una percepción deformada sobre el sistema de gestión de la justicia penal juvenil, influyendo sobremanera en actitudes y comportamientos tales como el surgimiento generalizado de las oposiciones vecinales contra la instalación, construcción o reforma de los centros de ejecución de medidas judiciales.