789 resultados para Derechos humanos – Venezuela


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La crisis política que vivió Venezuela en abril pasado tuvo en papel protagónico a los medios de comunicación y a los propios periodistas. Ello generó un clima importante de debate sobre el papel de los medios y los comunicadores, el rol del Estado y la defensa de la libertad de expresión. Este trabajo realiza una aproximación desde los parámetros del derecho a la información que, en un horizonte mayor de reflexión, se inscribe en la construcción del derecho a la comunicación.

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Debido a la agudización del conflicto colombiano, a partir del año 1999 se evidenció una mayor movilización de personas que huían de la violencia desde Colombia hacia Venezuela, en especial hacia tres estados fronterizos: Zulia, Apure y Táchira. Como consecuencia, en Venezuela existen 1875 personas solicitantes de la condición de refugiados, y la situación en la que se han mantenido los solicitantes, algunos desde 1999, se ha caracterizado por una tolerancia de estadía por parte del Estado venezolano pero sin ningún reconocimiento de su condición y sin la posibilidad de ejercer derechos tales como personalidad jurídica, trabajo, asilo, recurso efectivo, entre otros.

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La diversidad racial y cultural presente en los países latinoamericanos es minimizada y ridiculizada tanto en los medios de comunicación como en los ámbitos cotidianos del quehacer de los pueblos, incluido el lenguaje hasta los estereotipos físicos. Más allá de pronunciamientos oficiales y constituciones políticas, el ejercicio de la igualdad es un largo camino para transformar los paradigmas imperantes.

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La realización de proyectos de protección ambiental y de control de contaminación en Venezuela ha estado inscrita en un marco legal sujeto a cambios importantes, y ya se ha anunciado que vienen otros. Si bien es cierto que este fenómeno no es exclusivo del caso venezolano, no es menos cierto que, en el caso de este país, esta situación ha tenido gran incidencia en la manera de abordar dichos proyectos. La preocupación internacional, por el impacto ambiental causado por la aceleración de las actividades de industrialización en el mundo a partir de la segunda guerra mundial, tiene menos de treinta y cinco años. La Primera Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo, convocada por la Organización de las Naciones Unidas, tiene lugar en Estocolmo, Suecia, en 1972. El Primer Congreso Internacional de Ecología se celebra en La Haya, Holanda, en 1974. Los resultados de esta actividad, en el caso de Venezuela, comienzan a sentirse en 1976, cuando se promulga la Ley Orgánica del Ambiente, y en 1977, cuando se crea el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables, MARNR. Sin embargo, las primeras regulaciones que requieren inversiones en adecuación, y que establecen plazos de cumplimiento, aparecen hacia 1985, acompañadas de decretos con incentivos positivos, de naturaleza financiera y fiscal.

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El conflicto político que actualmente se vive en Venezuela ha sido caldo de cultivo para el surgimiento de lo que suele denominarse “polarización social”; puede definirse como el posicionamiento radical de las personas y grupos en alguno de los “bandos” que participan de un conflicto. Dicho posicionamiento es excluyente, es decir, cada parte involucrada niega la legitimidad o la existencia de las otras, generalmente con una fuerte carga emocional que involucra la vida personal dentro del conflicto político. La polarización alcanza todas las instancias de la vida social y política, siendo al mismo tiempo causa y consecuencia de “la deslegitimación de las instituciones que, dentro del Estado, están capacitadas para intervenir en la resolución de los conflictos: poder electoral, poder judicial, poder legislativo, etc., dejando a los/as ciudadanos/as en una especie de mezcla explosiva entre deriva, desesperanza, desconfianza y pesimismo” que puede tener, entre otras, dos salidas: el recrudecimiento de la polarización y la violencia, o la apatía absoluta frente a la política y la participación en la vida pública. Cualquiera de estos dos caminos produce el deterioro y obstaculiza el ejercicio de la ciudadanía. De todo esto se deduce la necesidad de intervenir la sociedad en su conjunto, para de esta manera disminuir los niveles de conflictividad y polarización que se presentan en todos las capas sociales, sin distinción de credo, color, sexo o edad. Así la sociedad venezolana podrá garantizar la transformación efectiva de la forma en que tradicionalmente se ha entendido el conflicto en el país.

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El Código Penal venezolano vigente desde 1915 prohíbe el aborto en sus diversas formas, excepto cuando corre riesgo la vida de la parturienta, no obstante, esta penalización no ha reducido la realización de abortos. Si bien se han dado varios intentos por modificar esta penalización no se han logrado avances efectivos. El trabajo que se presenta a continuación es una primera entrega sobre el marco conceptual de una investigación en curso dirigida a analizar los temas centrales del debate sobre la despenalización del aborto para los diferentes actores claves, con miras a desarrollar argumentos teóricos que favorezcan su despenalización.

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La nueva tendencia socio jurídica se inclina al establecimiento de Estados en los cuales todo esté supeditado a la Ley y se implementen principios y derechos fundamentales en las constituciones políticas, todo lo cual los lleva a que se les denomine Estado democrático y social de derecho. Eso conduce a que en materia jurídico penal se adopte el sistema acusatorio, sustituyendo al inquisitivo que imperó por muchos años. De otra parte, ha surgido la idea de la integración entre los países relacionados histórica, geográfica y culturalmente y ello abarca una comunidad económica, jurídica y política en el ámbito internacional. En este estudio, se analiza comparativamente el tratamiento que legal, doctrinal y jurisprudencialmente se da en países vecinos como Colombia y Venezuela, a las pruebas documental, pericial y testimonial, para apreciar sus diferencias y similitudes. Con esa comparación, se llegó a la conclusión de que en ambos países se adopta el sistema acusatorio, con la abolición del mixto inquisitivo, se sustituye la prueba tarifada por la apreciación según la sana crítica y se incita a un estudio más amplio en otras pruebas y aspectos procesales, llevados, incluso, a otros países del continente. Con todo ello, se pretende abrir una puerta a nuevas investigaciones en ese sentido, para poder comprender cuál es la verdadera tendencia en la América del Sur en materia probatoria penal, para ampliarla a los recursos, incluso Casación y con los aciertos y desaciertos de cada legislación, llevar a hacer perfectible el sistema que verdaderamente garantice los derechos humanos.

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Resumen: El propósito de este trabajo es definir con precisión el concepto de derecho subjetivo y examinar a cuál de las categorías aristotélicas pertenece para, sobre la base de estas precisiones, establecer en qué sentido es válido afirmar que los llamados derechos humanos son derechos subjetivos atribuibles con inherencia intrínseca a la persona humana.

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[ES] La crisis económica ha agravado la situación de pobreza y precariedad en las familias españolas y vascas. Ejemplo de ello es el aumento de las familias que han sufrido o están sufriendo un proceso de desahucio. Con esta investigación, además de contextualizar este fenómeno de la pérdida de vivienda, queremos analizar los derechos de la infancia que se vulneran; cómo actúan los distintos agentes encargados de salvaguardar los derechos humanos de las/os menores cuando éstos están inmersos en un proceso de desahucio. En el marco teórico exponemos el fenómeno del desahucio de los derechos de la infancia. La metodología utilizada es cualitativa, y para ello nos basaremos en entrevistas en profundidad y semi-estructuradas a diferentes agentes implicados (dos familias que están viviendo un proceso de desahucio, dos abogadas y una trabajadora social). A partir de las conclusiones del estudio, hemos elaborado unas propuestas de mejora de la situación de las y los menores y la defensa de sus derechos.

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The aim of this paper is to show that only in a society where human rights are honored and democracy is vigorous, the process of subjectivation be possible. It is a critical sociology research. The article is presented in two parts, the first, subject and subjectivity in contemporary times, analyze the obstacles that individuals have for subjective process, and the second, subject and human rights and subject and democracy we argue about the need for human rights and democracy for the process of subjectivation.

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Tesis (Maestro en Ciencias con Especialidad en Derecho Público) U.A.N.L.

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Una de las etapas procesales de mayor importancia en las nuevas acciones populares corresponde a la denominada audiencia especial para pacto de cumplimiento. En apariencia se trata de una audiencia similar a la de conciliación, pero sus antecedentes, interpretación jurisprudencial práctica y judicial, muestran novedosos aspectos que vale la pena conocer e investigar. La audiencia especial para pacto de cumplimiento es, ante todo, la oportunidad para analizar los acuerdos que permitan la protección efectiva de los derechos colectivos y, si es posible, el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de ser perturbadas. La ventaja de esta audiencia es que en ella se pueden obtener soluciones reales, discutidas entre los intervinientes, con el compromiso respaldado por sus firmas de levar a cabo las medidas convenidas y con el seguimiento de un comité o de una auditor para apoyar al juez en la búsqueda del cumplimiento de los acuerdos plasmados en la sentencia.

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Esta monografía está dedicada a estudiar dos conflictos que tuvieron lugar en África tal como fueron los conflictos de Liberia y Sierra Leona, los cuales se prolongaron por muchos años y se caracterizaban por el uso de la fuerza en contra de la población civil como método de terror que en términos de Mary Kaldor pueden ser caracterizados como Nuevas Guerras, y como resultado de estos temores infundados, la población civil se convierte en desplazados o refugiados a causa de la violencia, los cuales no encuentran una fácil acogida en los países o lugares en los que buscan refugio y protección y así Zygmunt Bauman los caracteriza como Residuos Humanos como sinónimo del rechazo que recibe esta población y de las condiciones poco dignas humanamente a las que se enfrentan para sobrevivir ya que parecieran no tener cabida en las sociedades de acogida.

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Han pasado ya más de diez años en los cuales, la otrora República de Venezuela, vive un clima de “Revolución Bolivariana” y que al mando de Hugo Rafael Chávez Frías, se vió soportada en sus cimientos por el apoyo y simpatía de millones de personas en el ámbito doméstico, regional e internacional. Sin embargo, y en el transcurso de su gestión, las amplias atribuciones que se ha tomado el poder ejecutivo sobre los demás poderes de la república han provocado arbitrariedades atentando en contra de Derechos Civiles y Políticos. Qué ha hecho o qué ha dejado de hacer la oposición venezolana y algunos sectores que la conforman, en la lucha contra la violación de los Derechos Civiles y Políticos? ¿Cuál ha sido el rol de los estudiantes de la educación superior venezolana? ¿Tienen estos estudiantes algún tipo de coalición transnacional fuera del país que les acompañe?

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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.