906 resultados para Pacto de Teodomiro
Resumo:
Resumen basado en el de la publicaci??n
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Este artigo discute o modelo Nórdico ou o modelo de Estado-Providência e a educação. Mostra como os processos de reestruturação estão acontecendo a nível político e a nível institucional e, ainda, como é que as estruturas básicas do modelo e exemplo nórdico, especialmente os princípios subjacentes às comprehensive schools e às escolas locais, estão a ser abandonados. Pela abordagem institucional, está a emergir um novo pacto geracional ou um modelo institucional, mas a sua legitimação e estabelecimento levarão muito tempo. As mudanças na política e na organização ocorrem de forma muito mais rápida do que nos contextos sócio-culturais. Exemplos de histórias de sucesso, como a reforma dinamarquesa do mercado laboral e o crescimento do cluster finlandês do conhecimento intensivo em TIC, abriram o caminho para esta transformação. Há ainda a possibilidade de uma estratégia de Estado-Providência e de uma estratégia de Estado Competitivo poderem coexistir.
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La democracia representativa, expresada fundamentalmente en el voto para elegir unos representantes que, deben “interpretar” la voluntad del pueblo que los ha elegido. Esto es, lo que se conoce como modelo clásico liberal. Es también la manifestación más clara de la soberanía de los partidos políticos. Los que en Colombia no aprovecharon, el inmenso poder que este sistema les confería y por el contrario, abusaron del mismo y terminaron corrompiéndose hasta los niveles que hoy conocemos. Esos fueron los presupuestos teóricos de los Constituyentes, autores intelectuales de la actual carta que rige a los colombianos. El gran propósito era superar el estrecho marco de la democracia (electorera) representada y gestar un nuevo ethos político, que diera un nuevo significado al Estado colombiano. El nuevo modelo pretendía mayor igualdad en el ejercicio de la política para los nuevos sectores y movimientos independientes de las tradicionales colectividades “históricas” liberales y conservadoras. Era desde luego fundamental superar desde luego la marginalidad, la exclusión y la pobreza a la que habían sido sometidos la mayoría de los colombianos. Y para lograrlo se pacto un nuevo compromiso político.
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El derecho humano a la paz ha sido definido en la actualidad como "[...] la ausencia no sólo de conflictos armados, sino también como la ausencia de toda violencia estructural causada por la negación de las libertades fundamentales y por el subdesarrollo económico y social". Esta definición que hoy nos parece moderna y acorde a las tendencias de nuestro tiempo, ha sido lograda mediante una gran cantidad de debates que datan de varías décadas atrás. Tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamadas ambas en 1948, fueron incluidos una serie de derechos humanos que por esos tiempos ya habían sido reconocido como tales por la comunidad internacional. Sin embargo, al paso del tiempo se han ido descubriendo nuevas "generaciones" de derechos inherentes a la dignidad humana y que poco a poco se han anexado a los instrumentos internacionales, así como en los diversos textos constitucionales. Fue de este modo como surgieron los derechos económicos, sociales y culturales que, aunque ya eran reconocidos algunos de ellos desde antes de la Segunda Guerra Mundial, su consolidación internacional fue indudablemente con motivo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. En este orden de ideas, con el transcurrir de la segunda mitad de siglo XX, fueron surgiendo nuevos derechos que tenían profundas diferencias con los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, principalmente en lo que se refiere a sus titulares, así como su forma de ser protegidos. Entre estos nuevos derechos se encontró el derecho humano a la paz.
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El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, fue ideado con la finalidad de cumplir con la insoslayable labor de promover y proteger los derechos de la persona humana en el continente americano, en el marco de los instrumentos internacionales especializados suscritos y ratificados a tal efecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (La Corte), como órgano principal del Sistema Interamericano, tiene a su cargo la misión de determinar la responsabilidad internacional de los Estados partes del Pacto de San José, en materia de violación de derechos humanos, pero más allá de eso tiene la importantísima labor de disponer reparaciones justas y adecuadas para las víctimas de tales violaciones. Cuando las víctimas son comunidades indígenas, surgen grandes dilemas relacionados con la aplicación de los principios y preceptos sobre los cuales se cimienta la doctrina internacional de los derechos humanos, y en consecuencia con las bases mismas del Sistema Interamericano, con sus pretensiones de universalidad, frente a las especiales características culturales e identitarias de los pueblos originarios. Estos dilemas se extienden a la fase de reparaciones en la Corte que, una vez que ha determinado la responsabilidad del Estado por incumplimiento de sus obligaciones convencionales, dispondrá una reparación en virtud de los daños sufridos por las víctimas; de lo anterior surgen varias interrogantes ¿Cómo puede aplicar la Corte un enfoque de diversidad en las reparaciones a comunidades indígenas? ¿Al aplicar un enfoque de diversidad a los casos de comunidades indígenas, estaría legitimando la Corte la doctrina del relativismo cultural? ¿La aplicación de criterios de diversidad permite que la Corte disponga reparaciones justas y adecuadas? Estas interrogantes, y el debate que suponen, guiarán el análisis que desarrollaré en las líneas siguientes, en las que la diversidad, los pueblos indígenas y el desarrollo del Sistema Interamericano, en cuanto a las reparaciones, constituyen ideas centrales.
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Este informe fue elaborado por el Taller de Comunicación Mujer. Presentado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento del Pacto Interna cional de Derechos Civiles y Políticos. Autoras: Tatiana Cordero y Natalia Marcos. Analiza el período 2008- 2009. Septiembre de 2009. Texto completo en: ‹http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/TCM_ Ecuador97_sp.pdf›.
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Se enfoca en el inicio del nuevo milenio, las Normas Internacionales de Calidad se han actualizado, basados en experiencias, indicaciones, sugerencias y adaptándose a las necesidades empresariales, con esta visión la presente investigación en su contenido presentará lineamiento aplicables a una industria textil cuyos procesos y estructura sea similar a la organización en la que se desarrolló el modelo "Diseño de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 en una empresa textil de Quito". Con la firma de Acuerdos Comerciales con el Pacto Andino, acuerdo de Cartagena, A.T.P.D.E.A. (andean Trade Promotion and Drug Eradication Act) y el G.S.P. (Generalizad System of Preferences) se consolidó el ingreso de nuestros productos a mercados internacionales, por lo que en la actualidad encontramos en las perchas de almacenes como: Sears, Jc Penny, etc. marcas ecuatorianas compitiendo por permanecer en la preferencia del consumidor. Sin embargo algunos de ellos poseen una ventaja competitiva: un Certificado Internacional de Calidad, de esta desventaja para el producto nacional nace la necesidad de diseñar un Sistema de Gestión de Calidad que sea posible implementarlo en los procesos productivos internos, con el objetivo, de que al ser aplicado en una organización se continúe con el proceso para ser reconocido por un organismo que permita Certificar Internacionalmente, la calidad de las prendas textiles.
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La excepcionalidad de la prisión preventiva se encuentra vigente con la nueva Constitución de la República del Ecuador en el Art. 77 numerales 1 y 11, guarda relación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en atención a lo dispuesto en el Art. 424 inciso 2º., de la Ley Fundamental, está regulada por el Art. 159, inciso 2º., del Código de Procedimiento Penal. En el capitulo primero he orientado la investigación a la libertad personal como derecho fundamental, y su relación con otros derechos; la limitación de la libertad personal y los derechos de los privados de la libertad, en base a la Constitución, la Ley y pronunciamientos doctrinarios. En el capítulo segundo lo dedico al análisis de las medidas privativas de libertad ambulatoria, como son: la detención y la prisión preventiva, la presunción de inocencia, la responsabilidad del Estado frente a estas medidas, el plazo razonable, concluyendo con la audiencia de formulación de cargos, acudiendo a estudios de autores que tratan sobre la materia. En el capítulo tercero se ha investigado la excepcionalidad de la prisión preventiva, con sus características especiales, su revocatoria, y, análisis de la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el capítulo cuarto analizo las medidas alternativas a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez y la prohibición de salida del país, finalizo realizando conclusiones y recomendaciones sobre el tema investigado, que a mi juicio son pertinentes.
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La genealogía de la integración andina realizada en esta investigación recoge el papel fundamental de los ideólogos, teóricos y actores presentes a lo largo de las etapas de teorización en torno a la integración latinoamericana y andina. En un primer momento se abordan las teorizaciones por parte de Felipe Herrera, Raúl Prebisch, Gustavo Lagos entre otros, quienes las llevan a la práctica en la ALALC en 1960 y aportan para la conformación del Acuerdo de Cartagena de 1969, el cual es consolidado a partir de la teorización realizada por Eduardo Frei Montalva, Carlos Lleras Restrepo y Germánico Salgado entre otros, de ahí que en el Pacto Andino se comience a evidenciar la construcción teórico-práctica de la integración andina. Lo anterior, nos lleva a un segundo momento de consolidación del Pacto Andino durante la década de los setenta. Un tercer momento es el estancamiento del proceso de integración andino en la década del ochenta causado por la crisis de la deuda de esta época, a partir de allí se empezó a pensar en un rediseño del proceso de integración. De esta manera, se produjo un cuarto momento de transición hacia finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, donde se hizo un rediseño del Pacto Andino. En consecuencia se da como resultado un nuevo dinamismo de la integración andina lo que permite la consolidación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en la década del noventa, y este dinamismo del proceso andino se detiene a principios del siglo XXI cuando la CAN comienza a entrar en una nueva etapa de estancamiento que sigue hasta el día de hoy. Al final de la investigación se formulan una serie de reflexiones en torno al estado actual de la CAN.
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Venezuela desde la década de 1960 cuando se iniciaban los gobiernos democráticos, el de Pacto de Punto Fijo, ha tenido una política exterior muy activa, en un principio se basó en promover como modelo político la democracia representativa en América Latina, a través de la OEA, con el uso del petróleo como una herramienta de esta política exterior, igualmente realizó contactos con países productores de petróleo para formar la Organización de Países Exportadores de petróleo (OPEP), la formación de programas de cooperación como fue el acuerdo de San José en el cual entre México y Venezuela se comprometían a vender petróleo con precios preferenciales a países de Centroamérica y El Caribe. El país se ha considerado como andino, amazónico, caribeño y occidental. Es por ellos que en los 1970’s el país fue activo en cuanto a las relaciones con los países del tercer mundo en grupos como los No Alineados, en los 80 y 90, este perfil bajó; pero a partir de 1999 con la llegada de Chávez al poder se da el desplazamiento de los actores que habían estado presentes en el escenario político desde 1959, la política exterior venezolana continuó siendo activista con el petróleo como su mecanismo de promoción, sólo que ahora es la democracia participativa, y mantiene varios esquemas de cooperación energética y solidaridad como Petrocaribe con varios países de Centroamérica y el Caribe, siendo esta región la mayor receptora de ayuda en energía que otorga Venezuela. Hasta ahora la ayuda consta solo de proveer crudo y derivados, muchos de los proyectos que anuncia el gobierno venezolano a través de Petrocaribe están por concretarse aún; de igual manera Nicaragua y Cuba son los mayores beneficiarios de la ayuda venezolana.
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El presente trabajo se desarrolla en CHEM, que es una empresa joven, innovadora y con muchos deseos de triunfar dentro de la prestación de servicios de consultoría en las áreas de Registros Sanitarios, Aseguramiento y Gestión de la Calidad, Capacitación y Estudios de Ingeniería, este trabajo se lo realiza en virtud de la necesidad de analizar el plan estratégico actual y replantear las acciones estratégicas que le lleven a lograr una ampliación de su cartera de clientes y consolidar su posicionamiento en el mercado de la consultoría nacional y proyectar sus operaciones en el mercado del Pacto Andino. Una vez ejecutado el análisis y diagnóstico, se ha podido identificar las oportunidades de mejoramiento y se ha replanteado el plan estratégico buscando crear un sistema flexible e integrado de los objetivos empresariales y de sus correspondientes estrategias, siendo la ejecución de las mismas responsabilidad de los directivos de CHEM.
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El teme central de nuestra investigación, es la actual crisis política venezolana. Hemos denominado este trabajo como Crisis y Cambio del Discurso de la Democracia en Venezuela, porque precisamente nuestra intención es aproximarnos a un estudio de la actual coyuntura política desde una perspectiva del análisis del discurso político que nos permita dar cuenta de cómo se descompuso el viejo orden político (1958-1998) y cómo se intenta imponer un nuevo orden político en Venezuela (Revolución Bolivariana). Nuestra tesis central es que la actual crisis política venezolana puede interpretarse como un periodo de luchas discursivas y simbólicas entre bandos políticos por imponer un proyecto político hegemónico donde la incapacidad de fijar parcialmente alguno de los proyectos, deja abierta la lucha por la aprehensión de significantes que definan el orden político actual, caracterizando el escenario político contemporáneo, de permanente lucha, como post-democrático. El trabajo se compone de tres Capítulos, en el Primero damos cuenta de la Democracia Representativa que bajo el modelo del Pacto de Punto Fijo se construyó y desarrollo en Venezuela de 1958 a 1998. Para ello hacemos un recorrido desde sus antecedentes, para adentrarnos en los pormenores de la forma de la “política” bajo el modelo, sus practicas formales, informales y finalmente el advenimiento en crisis y quiebre del pacto que da paso al gobierno actual, el de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. El segundo capitulo da cuenta del proyecto de Democracia Participativa que encarna Hugo Chávez, de igual manera repasamos sus antecedentes y procesos de formación y acción política hasta llegar al poder en 1998. Posteriormente analizamos los grandes momentos del nuevo gobierno por intentar imponer su proyecto político, expresado en la Constituyente, y finalmente las manifestaciones de disputa política por fijar el orden político entre la oposición y el gobierno (luchas discursivas) que encuentra como punto máximo en nuestra tesis en los hechos del 11 al 14 de Abril de 2002. En un tercer Capitulo de conclusiones, proponemos las diversas ideas centrales que se desprenden de nuestra investigación así como una profundización acerca de nuestro argumento central para comprender este tipo de fenómenos políticos transaccionales.
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Estudiar el rol que tienen actualmente las Empresas Transnacionales en el proceso de integración del Pacto Andino, resulta de gran interés, en virtud a la nueva dinámica de concepción integracionista que se aprecia en la ahora novísima Comunidad Andina. Por estas razones, el presente estudio pretende conocer con mayor profundidad el grado de significación e importancia de las Empresas Transnacionales en la Comunidad Andina, observando sus perspectivas futuras e intentando reconocer el tipo de integración que apoyan y promueven. A este efecto se ha considerado oportuno encontrar en el análisis básico de las Decisiones 24 y 291 del Acuerdo de Cartagena, el modelo de integración asumida. Como corolario se intenta formular las bases para un Proyecto de Código de Conducta que regule las actividades de las Empresas Transnacionales que operan en los países miembros del Grupo Andino. Son estos los elementos o rasgos característicos que conforman la investigación del presente trabajo, que como se advertirá en los capítulos respectivos, constituyen la justificación misma del trabajo.
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Este trabajo investiga sobre la ejecución de las sentencias dictadas en contra del Ecuador por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, configurado como un mecanismo supletorio al que se recurre si los órganos, instituciones y poderes de un Estado no cumplen su función de garantizar la vigencia de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuya jurisdicción es reconocida por el Ecuador. Se estudia los contenidos de la tutela judicial efectiva entre los cuales se encuentra la ejecución de la sentencia y los obstáculos que se presentan en el momento de ejecutar la sentencia, buscando de esta manera responder la siguiente pregunta ¿Qué mecanismos procesales existen para obligar al Estado a cumplir las sentencias? De esta manera se busca conocer si la falta de ejecución de la sentencia total o parcial constituye vulneración al derecho de tutela judicial efectiva por parte del Estado ecuatoriano, afectando nuevamente a las víctimas o sus familiares, ya que al no ejecutarse la sentencia tampoco se procede a la reparación integral.
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El presente texto busca dilucidar las tratativas diplomáticas entre García Moreno y la Santa Sede que ocurrieron entre el 1861 y 1866 y cuyo fin era conseguir el Concordato: un pacto que el Presidente ecuatoriano consideraba fundamental para la realización de su proyecto de reformas. Frente a un país lacerado por luchas internas y dividido entre sí, era necesario un cambio enérgico para establecer el orden social y la unión nacional. Paladino de la reforma debía ser, según García Moreno, el clero a su vez reformado y vuelto ejemplo de virtud para restituir el orden y la moral al país entero. Entonces, era primordial un Concordato con la Santa Sede para imponer la reforma del clero y establecer los límites entre poder religioso y estatal. No obstante el Concordato no representó una solución fácil e inmediata al cambio, en cuanto planteó una serie de contrastes, discusiones, reformulaciones y cambios que desvelaron los intereses que rodeaban al poder estatal y religioso en el país. En este contexto la Santa Sede iba a representar una fuente legitimadora del poder religioso, demostrando su preferencia en tratar las cuestiones con el Presidente ecuatoriano y su legítimo gobierno, marginando el parlamento. El Concordato resultó ser un documento que permitió a García Moreno fortalecer su control sobre la Iglesia ecuatoriana y mediar con la Santa Sede algunas cuestiones, sobre todo la inherente el diezmo, obteniendo una mayor ventaja económica para el Estado. Soluciones que, no fueron definitivas, sino que dejaron abierta la discusión para ulteriores tratativas.